El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, reafirma su compromiso con la libertad de expresión. Destaca que criticar a funcionarios o debatir en el ámbito público no debe considerarse un delito.
La administración apoya las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, enfatizando la protección de mujeres, niños, periodistas y activistas. Este enfoque busca fortalecer el diálogo social entre los ciudadanos y sus representantes.
En este sentido, se hace un llamado al Congreso del Estado. Se solicita que se considere incluir un criterio que respalde la Ley de Ciberseguridad. Esta ley debe garantizar el libre ejercicio periodístico, siguiendo el ejemplo de países como España, Brasil, Argentina y Chile.
El Gobierno de Puebla afirma que la expresión artística, la investigación y la protesta social están protegidas. Este avance combina el respeto a los derechos humanos con la urgente necesidad de justicia y protección digital. La administración de Alejandro Armenta Mier continúa trabajando para construir una sociedad digital ética, responsable y respetuosa.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a varios alcaldes y diputados de Guanajuato por posibles nexos con el crimen organizado. Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno del estado, confirmó esta noticia.
El secretario declaró que el gobierno estatal apoya la investigación de la FGR. “Estamos arropando lo que se nos ha solicitado”, afirmó.
Jiménez Lona no pudo ofrecer detalles sobre el proceso, ya que esto podría afectar el debido proceso. “Es un tema que está revisando la federación”, agregó.
Hasta ahora, no se han judicializado casos, aunque el funcionario no especificó cuántos alcaldes y diputados están bajo investigación. “Es importante llevar a cabo una investigación cuidadosa. A veces vemos casos mediáticos que no generan consecuencias reales”, comentó.
El gobierno de Guanajuato espera que la FGR realice la investigación de acuerdo con la ley. “Que se actúe en su momento cuando se tengan los elementos necesarios”, concluyó.
El 6 de junio de 2024, el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reveló que había ocho alcaldes y diputados electos vinculados al crimen organizado. En esa ocasión, indicó que los expedientes serían enviados a la FGR.
“Cuidado al elegir candidatos vinculados a grupos delincuenciales. Ocho candidatos electos tienen algún vínculo o relación con estos grupos”, resaltó el mandatario. Sin embargo, no reveló los nombres ni los municipios implicados, señalando que es un tema “muy delicado”.
La organización Iniciativa Sinaloacuestionó la opacidad con la que el Gobierno estatal ha manejado el préstamo millonario solicitado en el presente 2025 para obras públicas, y advirtió que no hay avances en la investigación contra los responsables de la deuda que hoy compromete las finanzas del estado.
El crédito, por más de mil 626 millones de pesos, fue gestionado con tres instituciones bancarias para hacer frente a una multa federal de 2 mil 300 millones impuesta por el SAT, derivada de auditorías deficientes realizadas durante la administración de Quirino Ordaz Coppel. Estas auditorías, a empresas como Coppel y Grupo Ahre, provocaron la pérdida de ingresos para la Federación.
“El Gobierno estatal no ha rendido cuentas claras sobre cómo se ejerce el préstamo, cuánto se está pagando y qué intereses se están generando”, declaró Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa. Señaló que tanto el Ejecutivo como el Congreso local tienen una responsabilidad pendiente con la ciudadanía, y criticó la falta de inclusión ciudadana en los mecanismos de vigilancia.
El préstamo fue formalizado por el actual secretario de Finanzas, Joaquín Alberto Landeros Güicho, y deberá pagarse en un plazo de 20 años. Fue aprobado por el Congreso del Estado, sin que hasta ahora se hayan presentado sanciones públicas contra exfuncionarios involucrados.
Aunque el gobernador Rubén Rocha Moya ha declarado que la investigación ya fue judicializada, no se han revelado nombres ni avances concretos, lo que ha generado inquietud. “Sin sanciones no hay garantía de que estas prácticas no se repitan”, advirtió León Fontes.
Además, el pago de la multaobligó a redirigir recursos del presupuesto estatal, reduciendo drásticamente los fondos para la Secretaría de Obras Públicas, que pasó de 1,742 millones en 2024 a solo 400 millones en 2025.
La Presidenta Claudia Sheinbaum, se expresó esta mañana durante la Mañanera del Pueblo de este miércoles 28 de mayo, con respecto a la reunión que tuvo con los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Declaró que fue un buen encuentro de acercamiento.
La mandataria federal aseguró que se están desarrollando nuevos métodos de investigación, los cuales son distintos de los que han sido implementados hasta ahora. De igual forma, estos nuevos mecanismos con los que se procederá, se les están informando a los padres y familiares de los normalistas desaparecidos.
“Estamos buscando nuevos métodos de investigación, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la FGR, ha desarrollado nuevos esquemas de investigación pero diferentes a los que han seguido hasta ahora”.
De igual forma, la Presidenta Sheinbaum Pardo informó que se sumará al equipo de trabajo Mauricio Pazarán, que es un Ministerio Público de la Ciudad de México que trabajó con la ahora exfiscal de la ciudad, Ernestina Godoy y quien conoce estos nuevos métodos de investigación y la forma de aterrizarlos en las carpetas de investigación.
Claudia Sheinbaum aseguró que se encuentra considerando la petición de los familiares de los 43 desaparecidos, de remover al fiscal designado al caso, Rosendo Gómez Piedra y que, de así llevarlo a cabo, se designará a una persona que sea de la entera confianza de padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa.
Finalmente, la mandataria del Ejecutivo sentenció la expresión de Gómez Piedra sobre estar “buscando los cadáveres” de los desaparecidos. La calificó de muy desafortunada y dijo que el Gobierno Federal sigue trabajando para esclarecer los hechos al rededor de este caso.
Tras las falsedades que andan circulando con respecto a que las cámaras del C5 no funcionaron durante el atentado a los colaboradores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) ya informó de manera oficial que sí sirven.
Mediante una tarjeta informativa, el C5 precisó que las cámaras de videovigilancia sí estaban funcionando en la zona donde tuvo lugar el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz y que las tarjetas de almacenamiento, ya fueron extraídas y resguardadas para realizar las investigaciones correspondientes. El movimiento fue realizado el día de ayer, por parte de la empresa proveedora del servicio y personal del C5.
El C5 detalló en su información que seguirá colaborando cuanto sea necesario para esclarecer los hechos:
“El sistema de videovigilancia aporta elementos a las investigaciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México. Continuaremos con la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos”.
El centro también reconoció el proyecto que impulsó la Jefa de Gobierno Clara Brugada, de establecer conexión con equipos privados, destacando la participación ciudadana, que fue muy importante en este caso y en general, para la estrategia de seguridad.
“El video de una cámara en particular, evidencia la importancia de la participación ciudadana en la estrategia de seguridad a partir de la conexión de equipos privados”.
Carmen Aristegui ha levantado una polémica con sus declaraciones recientes. La periodista critica la sección “Detector de Mentiras” de la Mañanera del Pueblo. Aristegui exige que el gobierno de México monitoree su serie de reportajes sobre Televisa, conocida como “Televisa Leaks”.
📹 #Vídeo | La periodista Carmen Aristegui se lanza contra la sección "Detector de Mentiras" de la Mañanera del Pueblo y pide que se use dinero del pueblo para monitorear su serie de reportajes contra Televisa, también conocidos como los "Televisa Leaks".
En su programa, Aristegui cuestionó al gobierno por ignorar su investigación. Afirmó que los impuestos de la sociedad mexicana se utilizan para que el gobierno monitoree a los medios. Sin embargo, su enfoque parece más un intento de llamar la atención que una búsqueda genuina de verdad sobre la televisora.
La periodista señala que el gobierno debería referirse a su trabajo sobre “Televisa Leaks”. Argumenta que el contenido de su serie es significativo y no puede pasarse por alto. No obstante, su insistencia en que el gobierno debería reaccionar a su trabajo se siente arrogante.
Además, Aristegui ha descalificado el trabajo del gobierno al señalar que ataca a otros medios, como TV Azteca y no a la televisora de su interés. Esta actitud sugiere que busca un trato preferencial para su propia narrativa. La libertad de prensa no debe usarse para imponer agendas personales.
El gobierno tiene otras prioridades y no puede atender todas las demandas de los periodistas. La insistencia de Aristegui en ser el centro de atención puede desviar el foco de temas más urgentes. La responsabilidad de un periodista es investigar y presentar información, no dictar lo que el gobierno debe hacer.
Es fundamental que Aristegui respete el papel del gobierno y las decisiones que toma. La presión que ejerce por atención puede socavar su propia credibilidad. En lugar de exigir, debería permitir que su trabajo hable por sí mismo. Así, el verdadero valor de su investigación podría ser reconocido sin la necesidad de imponer exigencias.
La objetividad y la ética periodística deben prevalecer sobre la búsqueda de notoriedad personal.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el 90% de las propuestas de madres buscadoras es viable. Esta declaración se dio tras su reunión con el colectivo Red de Eslabones por los Derechos Humanos.
Rodríguez confía en que estas propuestas se incluirán en el próximo periodo de sesiones. La funcionaria subrayó la necesidad de mejorar las investigaciones y los sistemas de búsqueda de desaparecidos en el país.
“Parte de la atención a los familiares de las víctimas de desaparecidos incluye temas de salud y apoyos. También se necesita modernizar los sistemas con tecnología adecuada”, explicó Rodríguez. Aseguró que la mayoría de las propuestas presentadas son viables.
La secretaria destacó que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado incorporar estas ideas en las reformas. “Esperamos que para el próximo periodo de sesiones tengamos propuestas legales que obliguen a todos los niveles de gobierno a trabajar en la misma línea”, enfatizó.
Valentina Peralta, representante de los colectivos, presentó cuatro ejes fundamentales. El primero es la investigación y búsqueda, enfocado en las necesidades urgentes de las familias. El segundo eje se centra en el fortalecimiento y atención a las víctimas, con énfasis en la capacitación.
El tercer eje busca influir en las políticas públicas, resaltando la importancia de traducir las experiencias en acciones concretas. Por último, la prevención y la creación de conciencia social son esenciales para evitar que más personas sufran esta tragedia.
Con estas propuestas, las madres buscadoras esperan que el gobierno adopte éstas medidas para combatir las desapariciones.
Una presunta filtración masiva de más de cinco terabytes de archivos internos provenientes de Televisa ha destapado lo que podría convertirse en uno de los mayores escándalos mediáticos en la historia reciente de México. Conocida como Televisa Leaks, esta revelación realizada en el programa de Carmen Arisyegui, incluye chats, audios, guiones, documentos confidenciales y campañas diseñadas para atacar a periodistas, figuras públicas y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El caso comenzó con la denuncia de Germán Gómez García, exempleado de la televisora, quien reveló cómo el consorcio mediático diseñó campañas de difamación y desinformación, incluyendo el uso sistemático de cuentas falsas en redes sociales y la difusión de noticias manipuladas a través de múltiples plataformas.
Uno de los blancos más persistentes fue la misma Aristegui, contra quien se documentan más de 300 menciones internas en grupos de Telegram, además de estrategias de edición de video y campañas encubiertas para minar su credibilidad. La filtración también menciona cómo la gobernadora Layda Sansores fue blanco de campañas orquestadas, particularmente tras sus críticas a la relación entre Televisa y líderes del PRI.
Las revelaciones muestran además que, entre 2018 y 2024, un grupo interno identificado como Grupo Palomar presuntamente gestionó contenidos “a modo”, incluyendo perfiles positivos para ciertos personajes del ámbito judicial. Entre ellos figura el ministro Arturo Zaldívar, a quien se habría ofrecido apoyo en redes sociales y estrategia digital para reforzar su imagen como defensor de los derechos sociales. Si bien Zaldívar no es señalado como parte activa de estas campañas, el material filtrado lo muestra como beneficiario de una narrativa favorable que contrastaba con campañas negativas contra otros ministros.
Uno de los documentos más comprometedores expone un contrato por 47 millones de pesos adjudicado en 2019 a una empresa vinculada a la televisora para monitorear redes sociales y generar análisis de percepción pública hacia el Poder Judicial, firmado durante la gestión del exdirector de comunicación de la SCJN, César Castillejos Rangel.
La parte más oscura de la filtración apunta a la fabricación de denuncias falsas de abuso sexual infantil. El caso más grave: el del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, quien enfrentó un linchamiento mediático tras ser implicado falsamente mientras se encontraba enfermo de cáncer. Los materiales sugieren que los testimonios usados en su contra fueron grabados siguiendo guiones y editados para generar impacto mediático, con la participación de empleados de Televisa y la empresa Metrics.
Los documentos apuntan a una operación que no solo rebasó los límites éticos del periodismo, sino que puso en riesgo vidas y dañó profundamente la confianza en los medios. Si bien los documentos aún están en proceso de verificación independiente, la magnitud y el nivel de detalle han obligado ya a distintas figuras públicas a pronunciarse, mientras la televisora guarda silencio.
Después de 12 años de litigio, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió revocar el amparo que impedía continuar la investigación contra los representantes de Zurich Pharma, acusados de fraude al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la venta de un medicamento oncológico sin registro sanitario, por un monto superior a 97 millones de pesos.
La resolución fue dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, que dio por concluido el juicio de amparo promovido por la farmacéutica, habilitando así a la FGR para retomar la indagatoria por el delito de fraude, el cual había sido previamente reclasificado a falsificación de documentos, lo que paralizó por años el avance del caso.
Los hechos se remontan a 2013, cuando el IMSS adjudicó un contrato por 97 millones 317 mil 520 pesos a la empresa SAVI Distribuciones para la compra de 29 mil 852 unidades de doxorrubicina lipsomal pegilada, medicamento utilizado en tratamientos contra el cáncer. SAVI, que no era fabricante sino distribuidora —una práctica común en el periodo neoliberal—, adquirió el producto a Zurich Pharma, presuntamente con base en un registro sanitario entregado por esta última.
Posteriormente, tanto la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) como el IMSS denunciaron ante la FGR que el registro sanitario número 224M2013SSA era falso. Como consecuencia, el Órgano Interno de Control del IMSS inhabilitó a SAVI Distribuciones por cinco años y le impuso una multa de 70 millones de pesos, aunque esta sanción fue posteriormente anulada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
En 2018, la propia SAVI denunció penalmente a Orlando Silva Fernández y Minerva Ugalde Herrera, representantes de Zurich Pharma, por presunto fraude, al haber entregado documentación falsa para un producto que no estaba autorizado por Cofepris y que por tanto no debía participar en licitaciones públicas.
Sin embargo, durante la investigación, la FGR decidió reclasificar el caso como falsificación de documentos, lo que motivó a SAVI a presentar un amparo que frenó la pesquisa. Ahora, tras la resolución del Tribunal, la investigación por fraude ha sido reactivada.
“El sentido en que se resolvió implica la continuación de la mencionada indagatoria por los hechos que fueron denunciados por la empresa moral quejosa (…) Ya que se itera, al no haber prosperado en definitiva, ante la autoridad que dictaminó la reclasificación del delito de fraude al de falsificación de documentos públicos, dicha indagatoria continúa su curso”, señala el fallo judicial.
Durante un procedimiento administrativo en 2014, los representantes de Zurich Pharma negaron haber suministrado el medicamento sin registro sanitario y rechazaron haber enviado a SAVI el documento identificado con el número 224M2013SSA. Indicaron que su empresa no era titular de ese registro y que no se comprometieron a proporcionar el fármaco sin la autorización correspondiente de Cofepris.
Contratos millonarios a proveedores cercanos al partido y despensas fantasma dejan a miles en pobreza extrema.
En 2021, el entonces alcalde de Durango, Jorge Alejandro Salum del Palacio (PAN), prometió instalar comedores comunitarios para alimentar a la población más vulnerable de la capital, donde más de 100 mil personas sufren inseguridad alimentaria y 13 mil viven en pobreza extrema. Sin embargo, una investigación del periodista Ricardo Sevilla Gutiérrez revela que los 16 millones de pesos (mdp) asignados a este fin terminaron en contratos opacos sin beneficiar a quienes más lo necesitan.
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El proveedor favorito del PAN: Óscar Prisciliano Esparza Chávez
Documentos oficiales muestran que Salum del Palacio canalizó los recursos públicos hacia Óscar Prisciliano Esparza Chávez, un proveedor cercano a los gobiernos panistas en Durango. El 30 de noviembre de 2021, la Secretaría de Bienestar Social del Estado le otorgó un contrato (SBS-DA-03/2021) por 9.1 mdp. Cinco meses después, en abril de 2022, el DIF municipal le entregó otros 7.1 mdp mediante el contrato DIFMPAL/2022/ABR-0001. En total, Esparza Chávez recibió más de 16 mdp sin que se acredite la entrega de despensas o servicios.
Foto: Vía X de @sevillacritico
Contratos opacos y desvío de recursos
La investigación de Sevilla Gutiérrez expone irregularidades en los contratos: no hay evidencia de licitaciones transparentes ni de cumplimiento en la entrega de apoyos. Esparza Chávez, vinculado históricamente al PAN, acumuló pagos millonarios sin fiscalización clara. El caso refleja un patrón de opacidad en el uso de fondos públicos destinados a programas sociales.
