Etiqueta: investigación federal

  • Marina da de baja a excontralmirante ligado al huachicol

    Marina da de baja a excontralmirante ligado al huachicol

    Fernando Farías Laguna perdió su grado naval tras su captura en Argentina, mientras enfrenta cargos por contrabando de combustibles.

    La Secretaría de Marina dio de baja definitiva al excontralmirante Fernando Farías Laguna. El exmando naval enfrenta ahora una investigación federal por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

    Autoridades detuvieron a Farías Laguna en Argentina durante abril de 2026. El exfuncionario es sobrino político de Rafael Ojeda Durán y permaneció fuera del país mientras las fuerzas de seguridad seguían su rastro.

    Actualmente, Farías Laguna permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano. La prisión se ubica en Almoloya de Juárez, Estado de México, y ahí el exmilitar enfrenta un proceso penal por delitos relacionados con hidrocarburos.

    La Marina rompe todo vínculo institucional

    El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles encabeza la Secretaría de Marina, institución que emitió la resolución de baja definitiva. Con esta decisión, Farías Laguna dejó de pertenecer formalmente a la Armada de México.

    El exmando perdió también el grado de contralmirante y el derecho a portar el uniforme naval. Además, ya no cuenta con las prerrogativas que otorga la condición militar ni puede representar a la SEMAR de forma oficial.

    Fuentes consultadas por medios de comunicación señalaron un dato clave sobre el caso. Cuando ocurrió su detención en Argentina, Farías Laguna ya no pertenecía a la institución naval. La baja administrativa avanzó de forma independiente a la investigación penal que lleva la Fiscalía General de la República.

    La FGR investiga una presunta red de contrabando

    La Fiscalía acusa a Farías Laguna de formar parte de una organización dedicada al contrabando de combustibles. Este delito se conoce popularmente como huachicol fiscal en México.

    La investigación abarca operaciones de ingreso irregular de hidrocarburos. Las autoridades detectaron movimientos sospechosos a través de aduanas marítimas y puertos mexicanos.

    Un caso relevante puso bajo la lupa a esta presunta red criminal. Las autoridades aseguraron un buque en Tampico, Tamaulipas, que transportaba millones de litros de combustible. Ese cargamento habría ingresado al país de manera irregular.

    La FGR también investiga a otros integrantes de la estructura criminal. Entre ellos figura Manuel Roberto Farías Laguna, hermano del exfuncionario y también exintegrante de la Armada.

    De la fuga en Argentina a la prisión mexicana

    Farías Laguna permaneció fuera de México mientras las autoridades lo buscaban activamente. Finalmente lo localizaron y detuvieron en territorio argentino.

    Después de su captura, las autoridades lo trasladaron de vuelta a México. El exmando naval debía enfrentar la orden de aprehensión girada en su contra.

    Tras llegar al país, ingresó de inmediato al penal de El Altiplano. Ahí permanece bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.

  • Justicia de EUA oculta archivos clave en investigación que vincula a Trump con el caso Epstein

    Justicia de EUA oculta archivos clave en investigación que vincula a Trump con el caso Epstein

    Documentos del FBI sobre una denuncia por agresión sexual cuando la víctima era menor no fueron incluidos en la publicación oficial del Departamento de Justicia.

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos omitió documentos relevantes en la difusión de archivos sobre sus investigaciones al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, particularmente aquellos relacionados con una acusación contra el presidente Donald Trump, de acuerdo con una revisión realizada por The New York Times.

    El reporte señala que no se publicaron memorandos clave del Federal Bureau of Investigation (FBI) que resumen entrevistas realizadas en 2019 a una mujer que acusó haber sido agredida sexualmente por Trump y por Epstein décadas atrás, cuando era menor de edad. La denunciante se presentó después del arresto de Epstein, lo que detonó una serie de diligencias federales.

    La existencia de cuatro entrevistas del FBI fue confirmada por un índice oficial de materiales de investigación hecho público. Sin embargo, solo uno de los resúmenes fue difundido, y se limita a describir acusaciones contra Epstein. Los otros tres memorandos no aparecen, pese a estar enlistados en el inventario.

    Además, tampoco se incluyeron las notas originales de las entrevistas, que el propio índice identifica como parte del expediente. Esto contrasta con otros casos, ya que el Departamento de Justicia sí publicó notas similares correspondientes a entrevistas del FBI con otros testigos y posibles víctimas del entramado de Epstein.

    Las razones de la omisión no han sido aclaradas. En un primer posicionamiento, el Departamento de Justicia aseguró que solo se retuvieron materiales “confidenciales o duplicados”. Posteriormente, añadió que algunos documentos podrían mantenerse reservados por una “investigación federal en curso”, sin explicar de forma directa por qué los memorandos vinculados a la denuncia contra Trump no fueron divulgados.

  • Explosión en Waldo’s Hermosillo: FGR investiga posible responsabilidad federal y de la CFE

    Explosión en Waldo’s Hermosillo: FGR investiga posible responsabilidad federal y de la CFE

    La Fiscalía General de la República indaga presuntos delitos culposos tras la tragedia que dejó 24 muertos, con énfasis en fallas eléctricas y omisiones en la supervisión del transformador.

    A más de tres meses de la explosión e incendio en una tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación federal para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales, particularmente de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

    El delegado de la FGR en Sonora, Francisco Sergio Méndez, confirmó que el Ministerio Público federal recibió recientemente el desglose del caso por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, lo que permitió iniciar formalmente las indagatorias. La investigación contempla posibles delitos culposos de homicidio, lesiones y daños, derivados de una falla en un transformador de energía eléctrica que operaba con apoyo de paneles solares dentro del establecimiento.

    De acuerdo con Méndez, la FGR solicitó peritajes especializados con tecnología de alta precisión, a fin de establecer el origen exacto del siniestro y detectar omisiones o negligencias en la instalación y operación del sistema eléctrico. Aunque reconoció que en la carpeta se analiza la actuación de trabajadores de la CFE, evitó precisar nombres o número de personas investigadas, al tratarse de una fase inicial del proceso.

    La tragedia ocurrió el 1 de noviembre de 2025, cuando el transformador explotó y provocó un incendio de gran magnitud, sorprendiendo a clientes y empleados que se encontraban en el lugar. El saldo oficial fue de 24 personas fallecidas y 15 lesionadas, varias de ellas con quemaduras graves.

    Desde entonces, las autoridades estatales han desarrollado investigaciones paralelas que derivaron en la vinculación a proceso de más de 20 funcionarios públicos estatales y municipales, así como directivos de la empresa, por presuntas irregularidades en supervisiones, permisos y medidas de seguridad, mientras ahora la FGR avanza en la línea federal del caso.

  • Anticorrupción indaga omisiones oficiales tras tragedia del Tren Interoceánico

    Anticorrupción indaga omisiones oficiales tras tragedia del Tren Interoceánico

    La Secretaría de Anticorrupción abrirá investigaciones específicas para determinar responsabilidades de funcionarios, empresas o proveedores por el descarrilamiento que dejó 14 muertos en Oaxaca.

    La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, confirmó que existen múltiples investigaciones abiertas para esclarecer posibles omisiones de servidores públicos, empresas o proveedores relacionadas con el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, tragedia que dejó 14 personas muertas y más de 100 heridas.

    Tras encabezar el lanzamiento del Programa Semilleros de la Honestidad, Buenrostro explicó que, aunque por ley su dependencia audita de manera regular a todas las instituciones, este caso amerita una revisión más profunda y focalizada, debido a la gravedad del accidente. “Es un hecho muy desafortunado y doloroso, por lo que vamos a actuar con mayor detalle para que se haga justicia”, afirmó.

    La funcionaria aclaró que la investigación no busca determinar las causas técnicas del descarrilamiento, sino identificar si existió alguna falla administrativa, negligencia u omisión en los procesos que debieron garantizar la seguridad del proyecto ferroviario. Recordó que la institución ya fue auditada en 2025, pero ahora se incrementará el énfasis y el rigor de las revisiones.

    Buenrostro señaló que, aunque la Secretaría no realiza auditorías forenses, sí tiene la facultad de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se practiquen este tipo de investigaciones especializadas, en caso de detectar irregularidades graves.

    En otro tema, la titular de Anticorrupción subrayó que su dependencia abre investigaciones de oficio ante cualquier vulneración de datos personales, como ocurrió con Telcel, y criticó que en el pasado, bajo el extinto INAI, muchos expedientes fueron archivados hasta prescribir sin seguimiento alguno.

    Finalmente, advirtió que se fincarán responsabilidades no solo contra quienes resulten directamente responsables, sino también contra funcionarios que hayan ocultado o dejado prescribir expedientes, al considerarlos corresponsables de la impunidad.

  • FBI ha prohibido al estado de Minnesota investigar muerte de Renee Good, mujer asesinada por el ICE

    FBI ha prohibido al estado de Minnesota investigar muerte de Renee Good, mujer asesinada por el ICE

    Autoridades estatales denuncian falta de transparencia tras quedar excluidas del caso y sin acceso a pruebas clave del tiroteo en Minneapolis.

    El FBI tomó el control total de la investigación por el asesinato de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, ocurrido durante una redada migratoria del ICE en Minneapolis, y prohibió al estado de Minnesota participar en las indagatorias, confirmó el superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal (BCA), Drew Evans.

    De acuerdo con Evans, inicialmente se acordó una investigación conjunta entre la BCA y el FBI, tras consultas con la Fiscalía del Condado de Hennepin y la Fiscalía de Estados Unidos. La BCA incluso respondió de inmediato a la escena, comenzó a recabar evidencia y coordinó entrevistas de buena fe. Sin embargo, horas después, el FBI notificó un cambio de decisión.

    “La investigación ahora estaría dirigida únicamente por el FBI, y la BCA ya no tendría acceso a los materiales del caso, la evidencia de la escena ni a las entrevistas necesarias para completar una investigación exhaustiva e independiente”, señaló Evans en un comunicado. Ante ello, la agencia estatal se retiró a regañadientes del proceso.

    La exclusión de las autoridades locales desató críticas y preocupación. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, calificó la decisión como “profundamente preocupante y extremadamente decepcionante”, y cuestionó públicamente la falta de una revisión independiente: “¿De qué tienen miedo? ¿Por qué temen a una investigación independiente?”.

    El caso ha generado protestas en Minneapolis, donde habitantes colocaron arreglos florales en memoria de Good frente a edificios federales. Mientras el ICE sostiene que la agente disparó al considerar una amenaza, organizaciones civiles y funcionarios estatales exigen transparencia, acceso a pruebas y rendición de cuentas.

    La determinación del FBI de centralizar la investigación reaviva el debate sobre la supervisión de operativos migratorios, el uso de la fuerza y los límites de la jurisdicción federal frente a los estados, en un contexto de creciente tensión por las políticas de inmigración en Estados Unidos.