El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó avances en las investigaciones relacionadas con el homicidio de Valeria, caso que derivó en nuevas líneas de investigación vinculadas con otro hecho en Morelia, el secuestro y homicidio de Rusbert, originario de Sonora.
Carlos Torres Piña señaló que los actos de investigación desarrollados dentro del caso de Valeria permitieron identificar elementos de coincidencia, creando posibles vínculos entre ambos hechos, por lo que las investigaciones continúan bajo una misma línea de análisis criminal y ministerial.
La Fiscalía recordó que Alexander “N” fue detenido inicialmente por el delito de cohecho, luego de intentar sobornar a agentes de la Policía de Investigación; posteriormente se obtuvo orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro agravado en perjuicio de Valeria.
El pasado 2 de junio, un Juez de Control lo vinculó a proceso por cohecho, ese mismo día fue cumplimentada en reclusión la orden de aprehensión por secuestro agravado, imponiéndole prisión preventiva oficiosa.
Respecto a Rusbert, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que la víctima llegó a Morelia en septiembre de 2025 para visitar a unos amigos, posteriormente, sus familiares comenzaron a recibir mensajes vía WhatsApp mediante los cuales se exigían 15 mil dólares a cambio de su libertad.
Su cuerpo sin vida fue localizado el 9 de octubre de 2025 en el predio conocido como “La Nopalera”, en Morelia, sitio relacionado también con las investigaciones del caso de Valeria.
Como resultado de las investigaciones, el 1 de junio se obtuvieron órdenes de aprehensión contra tres personas por su probable participación en estos hechos. El 2 de junio fue detenido Rigoberto “N”, padre de Alexander “N”, lo que refuerza la línea de investigación sobre los posibles vínculos entre ambos crímenes.
Valeria es la adolescente de 15 años víctima de secuestro agravado, localizada sin vida el pasado 26 de mayo en el predio La Nopalera, en La Aldea. La Fiscalía reveló que familiares de la víctima recibieron mensajes exigiendo 300 mil pesos a cambio de su presunta liberación.
El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, a través de la Fiscalía Especializada de Feminicidios, en coordinación con el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, llevó a cabo la jornada académica “Fenomenología de la Violencia Feminicida”.
La ponencia estuvo a cargo del Maestro en CriminologíaManuel Jesús Trujeque Parra, Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, quien compartió experiencias, enfoques y herramientas técnicas en materia de investigación criminal.
La actividad tuvo como propósito mejorar las capacidades del personal encargado de investigar y atender estos delitos.
Los temas abordados incluyeron herramientas para la comprensión de las dinámicas criminales actuales vinculadas a la violencia contra las mujeres, así como criterios metodológicos orientados a fortalecer las capacidades institucionales
Participaron fiscales, peritos, agentes investigadores y auxiliares litigantes adscritos a diversas fiscalías especializadas, así como personal del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM).
La fiscalía corrigió la versión inicial y confirmó que el caso se investiga como operación criminal; cinco personas murieron y el vehículo llegó desde Colima.
La Fiscalía General de la República (FGR) corrigió la información difundida tras la explosión ocurrida en Coahuayana, Michoacán, y confirmó que el hecho no se investiga como terrorismo, sino como delincuencia organizada, luego de que la participación de áreas especializadas generara confusión en el comunicado oficial.
Según autoridades federales, la carpeta fue atraída por la Fiscalía Especial en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) después de que una camioneta Dodge Ramproveniente de Colima explotó frente a la base de la policía comunitaria, dejando cinco muertos —tres elementos comunitarios y dos civiles— además de siete heridos y 12 vehículos dañados, incluidos dos blindados.
El fiscal estatal Carlos Torres Piña detalló que el vehículo ingresó a Michoacán por la carretera federal 200, permaneció en San Vicente y posteriormente avanzó hacia el centro de Coahuayana, donde estalló con una onda expansiva de 300 metros. La zona es resguardada por la corporación comunitaria dirigida por Héctor Zepeda Navarrete, “El Comandante Teto”, conocida por su confrontación con Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tras el malentendido inicial, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, precisó que la investigación reúne a un equipo de peritos especializados, así como a elementos de la Sedena, Semar, SSPC y la Guardia Nacional, quienes trabajan de forma coordinada para esclarecer la estructura criminal detrás del ataque.
La FEMDO asumirá el caso en seguimiento permanente con el gabinete de seguridad federal, mientras continúan los análisis periciales en criminalística, balística, explosivos y genética para determinar responsabilidades.
La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, con sus 39 años de existencia y más de 800 mil asistentes anuales, es el festival editorial más importante de Latinoamérica.
Sin embargo, al investigar a sus patrocinadores y detectar la identidad ideológica de sus participantes, ReporterosMx ha dejado al descubierto que, en la FIL de Guadalajara, un evento editorial y literario ha sido instrumentalizada como una herramienta de poder político y económico.
Pero déjeme contarle la historia, con datos duros:
Aunque Marisol Schulz, directora de la FIL, ha dicho que no se trata de un evento “conservador”, su afirmación contrasta brutalmente con la recurrente presencia de intelectuales y patrocinios de la derecha.
Pero hay más detrás de todo esto.
Sí revisamos concienzudamente el listado de patrocinadores nos damos cuenta de que no solo es una lista de mecenas, sino un mapa de las élites económicas mexicanas con vínculos históricos y claros intereses políticos.
Y es que dentro de los Patrocinadores FIL 2025 encontramos como auspiciantes a un par de compañías del poderoso empresario Carlos Slim: Infinitum y Telcel.
También encontramos a W Radio, propiedad de la familia Alemán, que acarrea sobre sus espaldas un turbio historial priista y nexos con el PAN.
Su patrocinio exhibe la conexión que existe entre medios de comunicación corporativos, la élite intelectual y la FIL, evidentemente.
Por si fuera poco, la FIL cuenta como uno de sus principales auspiciadores a Total Play, propiedad del usurero y evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego. Esto devela que, detrás de la FIL, asoma el financiamiento del dueño de TV Azteca, uno de los principales orquestadores de la campaña sucia contra la presidenta Sheinbaum.
Y la cosa no para ahí.
Otro de los patrocinadores de este foro donde se da cita la derecha para despotricar contra la Transformación, aparece Grupo Femsa / Coca Cola.
No olvidemos que esa empresa pertenece a una de las familias más poderosas e influyentes de Monterrey, con vínculos históricos con el PRI y el PAN.
Pero hay algo más que llama la atención: La participación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que, de hecho, ya tiene su propia feria del libro (Palacio de Minería). Y aquí se abre un cuestionamiento: ¿por qué las autoridades de la máxima casa de estudios querrían pagar un costoso stand en la FIL, con los metros cuadrados más costosos que cualquier otra feria en México?
Y es que hablando de costos…
La FIL 2025 tiene tarifas de que oscilan entre 271 y 370 dólares por metro cuadrado, dependiendo del tipo de espacio y de si el expositor fue cliente en la edición anterior. ¿A qué me refiero? A que las empresas que participaron en 2024 pueden acceder a la tarifa de pronto pago, que ofreció $271 por m² en stands sin equipar y $322 por m² en stands equipados, siempre que hubiesen cumplido con los plazos de pago antes del 20 de marzo.
Evidentemente, para quienes no participaron en las emisiones anteriores, las tarifas suben: la regular A, por ejemplo, cuesta 285 dólares por m² sin equipar y 352 dólares por m² equipados, mientras que la regular B, aplicable a pagos tardíos o nuevas contrataciones, alcanzó 292 dólares por m² y 370 dólares por m², respectivamente. Y si los expositores se demoran, la FIL los penaliza. Es decir, que los retrasos en los pagos pueden derivar en reubicación, reducción de metros o incluso cancelación del stand.
Y no todos tienen el mismo trato.
Los miembros de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana recibieron descuentos especiales: 242 por m² en stands sin equipar y 292 por m² en equipados, siempre que hubiesen presentado su afiliación antes del 20 de marzo.
Estos costos abren una serie de cuestionamientos cuya pregunta contiene la respuesta: ¿favorece la FIL a las grandes editoriales consolidadas, dejando de lado a los pequeños editores que pueden aportar diversidad o nuevo talento? Infelizmente, sí.
Un evento de tales dimensiones debería ser escaparate de lectura, y promover nuevas obras y autores, sin embargo, los costos parecen más un filtro económico que una promoción literaria y cultural.
Y, por si fuera poco, es un foro de derecha financiado por el empresariado. ¿Sabe usted quiénes serán los invitados, los personajes que presentarán libros y que darán conferencias? Usted seguro los conoce: Roger Bartra, Carlos Bravo Regidor, Jorge G. Castañeda, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, Leonardo Curzio, Héctor Aguilar Camín, los moneros de derecha: Calderón y Alarcón y otros insignes personajes de la derecha.
Un elemento adicional: el invitado especial de la FIL 2025 es Barcelona. Y el año pasado el invitado especial de la emisión 2024 fue España. Fuentes al interior de la FIL Guadalajara sostienen que el año próximo planean que su invitada especial sea Madrid. Es curioso que la campaña sucia vs. la presidenta Claudia Sheinbaum provenga de España y que Salinas Pliego sea uno de los principales patrocinadores de este evento donde se ha dado cita la derecha.
La Presidenta aseguró que se buscará la participación de algunos ex integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y recordó que se reportan más de 10 detenciones recientes y nuevos lugares de búsqueda.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que sólo se contactará a algunos ex integrantes del GIEI para que puedan reincorporarse a la investigación del caso Ayotzinapa, y subrayó que los avances son “no como quisiéramos”, aunque incluyen 10 detenciones recientes y nuevos lugares de búsqueda.
Durante la Mañanera del Pueblo, explicó que el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, se comunicará con los ex expertos, aunque no confirmó si se trata de Ángela Buitrago o Carlos Beristain, cuyos nombres mencionaron padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Sheinbaum puntualizó que el GIEI ya no existe como grupo, pero algunos padres han solicitado que ciertos integrantes puedan regresar a la investigación bajo condiciones específicas.
La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) explicó que se reunió con los padres de los 43 normalistas desaparecidos e informó que, gracias al trabajo de investigación, se han realizado más de 10 detenciones recientes. Además, aseguró que con el nuevo titular de la FGR… pic.twitter.com/21xSPnqXE5
La mandataria destacó que estas detenciones recientes derivan de un trabajo exhaustivo, utilizando herramientas científicas como el análisis de llamadas telefónicas de celulares de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, un recurso que no se había aplicado previamente en la fiscalía. Este método permitió identificar vínculos y llamadas entre personas ya detenidas, lo que condujo a la captura de nuevos implicados.
Sheinbaum también mencionó la posibilidad de que expertos internacionales, con la anuencia de los padres, participen en la investigación, y confirmó que han detectado nuevos lugares de búsqueda. Señaló que, aunque los avances no son los deseados, se continúa avanzando en la revisión de carpetas, declaraciones y averiguaciones previas para acercarse a la verdad y la justicia.
Finalmente, la Presidenta reiteró su compromiso con los padres y madres de los estudiantes: “con relación a las personas que en su momento participaron en el GIEI se va a hablar con ellos para ver si quisieran regresar y en qué condición”, confiando en que pronto se logren resultados significativos.
La nueva solicitud contra el dirigente priista revive señalamientos de corrupción que lo han perseguido por años, pese a sus constantes intentos de victimizarse.
El expediente de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas volvió a prender fuego en San Lázaro.
A pesar de sus discursos de “persecución política”, el líder priista enfrenta ahora una nueva solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que lo acusa de desviar 83.5 millones de pesos cuando fue gobernador. El proceso podría dar un paso clave antes de que termine el periodo ordinario, y esta vez el priista no tendrá tan fácil esquivar el golpe.
De acuerdo con Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora, la petición previa —aquella que “Alito” presumió haber derrotado— simplemente desapareció porque la Fiscalía la retiró, no porque él hubiera probado inocencia alguna. Es decir: no ganó, le hicieron el favor.
La nueva querella está lejos de ser menor: incluye cuatro carpetas judicializadas, propiedades que de pronto brotaron en su patrimonio como hongos después de la lluvia —11 casas, tres terrenos y una residencia valuada en 130 millones de pesos— y la participación de 17 presuntos cómplices que habrían colaborado en su trama de desvíos. Todo esto mientras él insiste en que vive modestamente y que todo es un “ataque”.
A diferencia de 2022, el expediente actual ya tiene detenidos y personas bajo criterio de oportunidad, como Domingo José “N” y Pablo “N”, exfuncionarios señalados por desviar millones del presupuesto estatal. Ellos ya comenzaron a hablar. Y cuando los subordinados hablan, los jefes tiemblan.
La Sección Instructora solo espera más información para decidir si admite la solicitud. Si lo hace, “Alito” tendrá que enfrentar un proceso formal en el pleno.
La seguridad de la máxima casa de estudios será entregada a un personaje que es experto en cárceles. El terror de las cárceles mexiquenses llegará mañana al campus universitario.
El polémico Raúl Arcenio Aguilar dejó hoy la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria.
En su lugar, el rector Leonardo Lomelí Vanegas designó a Manuel Palma Rangel como titular de la SPAMSU, quien asumirá el cargo a partir de mañana.
Cabe recordar que, el pasado 25 de octubre, la muerte de un aficionado del equipo de futbol Cruz Azul a las afueras del Estadio Olímpico Universitario, enfatizó la crisis de seguridad que impera en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sin embargo, la nueva designación del rector Leonardo Lomelí vuelve a encender las alarmas en la comunidad universitaria.
Y es que llama poderosamente la atención que el rector, ahora, haya decidido poner la seguridad universitaria en manos de un personaje como Manuel Palma Rangel, un priísta de hueso colorado.
Y es que Manuel Palma Rangel, además de tener un plaza en la Facultad de Economía de la UNAM y ser colaborador de le revista Nexos, también fue subsecretario de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Le platico más.
En teoría, el nombramiento que hizo el rector Lomelí debería ser una respuesta contundente para enfrentar la falta de seguridad que padece la máxima casa de estudios.
Sin embargo, la experiencia de Manuel Palma Rangel está muy lejos de lo que, en estos precisos momentos, necesita la UNAM.
Y es que la experiencia del nuevo titular de la SPAMSU se centra en el control de poblaciones cautivas y sistemas de máxima seguridad (es decir: cárceles y centro penitenciarios), un modelo de seguridad que, para ser honestos, es completamente opuesto al ambiente de autonomía, libertad de cátedra y prevención social que deberían caracterizar a la UNAM.
Pero eso no es todo.
Y es que, durante la gestión de Palma Rangel al frente de la Subsecretaría de Control Penitenciario del Edomex, diferentes informes periodísticos señalaron que, en los 22 penales mexiquenses que dependían del ahora nuevo titular de la SPAMSU, existían cobros múltiples a los internos, corrupción en todos los niveles, y negocios millonarios con la venta de alimentos y los lugares para dormir.
Y eso es sumamente preocupante.
Porque estos señalamientos asocian directamente al nuevo titular de la seguridad universitaria con un historial de presunta corrupción sistémica y fallas gravísimas en el control y la ética institucional en un entorno de alta vulnerabilidad.
Y le digo más: No deja de llamar poderosamente la atención que, en algún momento, Manuel Palma Rangel haya celebrado un convenio con el actor y ultraderechista Eduardo Verástegui para la reinserción social de adolescentes.
Francamente, el rector Lomelí debería comprender que la UNAM, como universidad libre y autónoma, debe operar bajo un modelo de seguridad comunitaria y de prevención social, y no como una cárcel.
Sin embargo, al designar a un exfuncionario con experiencia en el modelo de control y punitividad carcelaria, la UNAM ha optado por una estrategia de mano dura. Y eso es terriblemente preocupante.
Investigadores de la UNAM explicaron que las picaduras de abeja causan más muertes anuales que alacranes y serpientes, aunque cada tipo de veneno presenta riesgos particulares y requiere atención especializada.
En México, las picaduras de abeja provocan entre 80 y 90 muertes al año, cifra que supera la registrada por envenenamientos de alacrán o mordeduras de serpiente, destacó Edgar Enrique Neri Castro, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Los factores que aumentan el riesgo incluyen reacciones alérgicas severas, como el shock anafiláctico, y picaduras masivas de decenas o cientos de abejas.
Respecto a las serpientes venenosas, solo un 20% de estas especies puede causar daño grave. Los accidentes suelen ocurrir durante actividades agrícolas, cuando las serpientes reaccionan por defensa. Anualmente se registran cerca de 4 mil envenenamientos y 34 muertes, aunque los casos podrían ser mayores por falta de atención hospitalaria o uso de remedios ineficaces. México es líder mundial en producción de antivenenos, como Antivipmyn e Inoserp, aprobados por COFEPRIS, y los estudios recientes identificaron componentes neurotóxicos en varias especies de víboras.
En cuanto a los alacranes, México ocupa el primer lugar mundial en incidentes, con 300 mil casos al año, aunque no todas las especies representan riesgo médico. Además, se han identificado 42 especies del género Centruroides, de las cuales 22 son tóxicas para mamíferos.
Por su parte, las mordeduras de araña registran entre 2 mil y 4 mil casos al año, principalmente de viuda negra (Latrodectus) y araña violinista (Loxosceles). Aunque el dolor inicial puede ser leve, los síntomas se extienden con el tiempo y requieren atención médica o administración de antiveneno.
El trabajo del grupo de investigadores de la UNAM, dentro del proyecto “Venenos y antivenenos 30-30-45”, se centra en capacitar a médicos, paramédicos y personal de protección civil, así como difundir información sobre riesgos y tratamientos, lo que busca garantizar que la población conozca cómo actuar ante estos incidentes.
En el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, los padres exigen justicia y claridad en la revisión de la recomendación de la CNDH.
El 27 de septiembre de 2025, se conmemora el decimoprimer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este día, las familias de los estudiantes se reunieron con Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Durante el encuentro, se discutieron los avances en la revisión de una recomendación solicitada por los padres.
Desde enero de 2020, el Colectivo Nacional de Sobrevivientes del Caso Ayotzinapa ha pedido una nueva evaluación de la recomendación emitida en 2018. Consideran que el documento tiene fallas científicas y concluye de manera subjetiva. También cuestionan afirmaciones sobre supuestos vínculos de los estudiantes con la delincuencia organizada.
La revisión está a cargo de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política. Francisco Estrada Correa, secretario ejecutivo de la CNDH, lidera este esfuerzo. Durante la reunión, Estrada compartió que se espera una nueva recomendación para octubre.
El colectivo también solicitó apoyo de la CNDH en sus interacciones con las autoridades investigadoras. La presidenta de la CNDH prometió brindarles asesoría y acompañamiento en su lucha por justicia. Las familias continúan su búsqueda de respuestas y claridad sobre lo ocurrido hace más de una década.
El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, reafirma su compromiso con la libertad de expresión. Destaca que criticar a funcionarios o debatir en el ámbito público no debe considerarse un delito.
La administración apoya las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, enfatizando la protección de mujeres, niños, periodistas y activistas. Este enfoque busca fortalecer el diálogo social entre los ciudadanos y sus representantes.
En este sentido, se hace un llamado al Congreso del Estado. Se solicita que se considere incluir un criterio que respalde la Ley de Ciberseguridad. Esta ley debe garantizar el libre ejercicio periodístico, siguiendo el ejemplo de países como España, Brasil, Argentina y Chile.
El Gobierno de Puebla afirma que la expresión artística, la investigación y la protesta social están protegidas. Este avance combina el respeto a los derechos humanos con la urgente necesidad de justicia y protección digital. La administración de Alejandro Armenta Mier continúa trabajando para construir una sociedad digital ética, responsable y respetuosa.
