La alcaldesa Nancy Núñez impulsa el fortalecimiento de artesanas, artesanos, emprendedores y pequeños negocios mediante el programa Hecho en Azcapo, con nuevas capacitaciones en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
La Alcaldía Azcapotzalco puso en marcha un programa de capacitación para artesanas y artesanos de Hecho en Azcapo, en coordinación con el IPN, con el objetivo de brindarles herramientas que contribuyan a fortalecer sus emprendimientos.
La iniciativa busca respaldar a emprendedores y pequeños negocios, reconociendo su importancia para la actividad económica de la demarcación y para la generación de nuevas oportunidades para las familias de la comunidad.
Con estas acciones, la administración local apuesta por fortalecer la economía de Azcapotzalco desde los negocios y emprendimientos locales, mediante capacitación y acompañamiento que permitan impulsar el talento y los productos elaborados en la alcaldía.
Estudiantes paristas del IPN negaron haber dañado Canal Once tras el desalojo, aunque la prolongada toma de una televisora pública vuelve a poner en entredicho los métodos de presión empleados por el movimiento.
Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que mantenían tomadas las instalaciones de Canal Once rechazaron haber causado daños al material audiovisual o a la infraestructura de la televisora pública durante el paro. Tras el desalojo realizado el pasado domingo, los jóvenes aseguraron que nunca tuvieron acceso a las áreas donde se resguardan los archivos y afirmaron que únicamente utilizaron espacios como el pasillo principal, el comedor y los sanitarios.
Sin embargo, sus argumentos difícilmente disipan las dudas que dejó una ocupación que nunca debió prolongarse hasta comprometer el funcionamiento de un medio público. Aunque sostienen que no fueron testigos del estado en que quedaron las instalaciones porque no se les permitió ingresar durante la inspección posterior, el hecho es que quienes deciden apropiarse de un edificio oficial también asumen la responsabilidad política y moral de las consecuencias derivadas de esa acción.
Los paristas informaron además que ya no buscan retomar Canal Once y que permanecerán en las instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, mientras este martes sostienen una nueva mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación Pública y del IPN. Entre sus demandas figuran un mayor presupuesto para el Politécnico, recursos extraordinarios y la liberación de fondos autogenerados por la institución.
El conflicto vuelve a exhibir una estrategia de presión que termina afectando a terceros y deteriorando la imagen del movimiento estudiantil. Las protestas son un derecho, pero la ocupación de instalaciones públicas, la interrupción de servicios y la incertidumbre sobre el estado del patrimonio institucional terminan debilitando la legitimidad de las demandas, especialmente cuando la ciudadanía exige soluciones mediante el diálogo y no mediante acciones que paralizan espacios financiados con recursos públicos.
Trabajadores del canal volvieron a ingresar al inmueble después de que los estudiantes decidieran retirarse de forma gradual. La salida ocurrió tras perder confianza en sus liderazgos.
La recuperación del espacio se dio de manera paulatina durante los últimos días. Los estudiantes que mantenían la toma comenzaron a desalojar el lugar poco a poco. Este proceso avanzó conforme crecía el descontento hacia quienes los representaban en las negociaciones.
El personal técnico y administrativo regresó a sus áreas de trabajo. Ahora buscan restablecer por completo la programación y las capacidades operativas del canal. La emisora había señalado semanas atrás que la ocupación prolongada afectaba sus transmisiones.
El siguiente paso consiste en revisar el estado del acervo histórico. Canal Once resguarda una videoteca con casi 70 años de material audiovisual mexicano. Especialistas y personal interno deberán confirmar si existen daños o pérdidas dentro de este archivo.
La toma había comenzado en mayo pasado, cuando estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas ocuparon el inmueble. Exigían la destitución del director general del IPN y respuestas a un pliego petitorio. Con el tiempo, el respaldo al movimiento y a sus representantes se fue debilitando entre los propios manifestantes.
Las autoridades del Politécnico y del gobierno federal habían insistido reiteradamente en la entrega pacífica del espacio. Ahora la prioridad es garantizar que la infraestructura y el patrimonio histórico del canal no hayan sufrido afectaciones irreversibles.
La académica Paola Castillo Juárez habría registrado como inventora independiente un medicamento desarrollado con financiamiento del IPN y, posteriormente, cedido el 50% de los derechos a un particular.
Lo que en 2021 fue presentado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) como un importante avance científico en la lucha contra el COVID-19, hoy se encuentra en el centro de una fuerte controversia.
La investigadora Paola Castillo Juárez, profesora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), es señalada de haber registrado a título personal un fármaco desarrollado con recursos públicos, en lugar de hacerlo a nombre de la institución.
De acuerdo con documentos oficiales, la académica dirigió el proyecto “Desarrollo de péptidos antivirales dirigidos al tratamiento de COVID-19”, identificado con la clave SIP 20211504, el cual fue financiado en su totalidad por el IPN y concluyó con un avance del 100%, según una constancia emitida por la Dirección de Investigación del Instituto.
Sin embargo, la polémica surgió tras revisar expedientes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), donde la invención aparece registrada en tres solicitudes de patente, presentadas en 2022, 2025 y 2026. En todas ellas, Paola Castillo Juárez figura como “inventora independiente”, sin que el IPN aparezca como titular de los derechos.
Habría cedido la mitad de los derechos a un particular
La documentación también señala que, una semana antes de presentar la primera solicitud de patente, la investigadora firmó un contrato privado con Dimas Jiménez Mendoza, mediante el cual cedió el 50% de los derechos del desarrollo, argumentando que el pago recibido serviría para apoyar la investigación y el funcionamiento del invento.
Este punto resulta especialmente relevante porque las normas internas del IPN establecen que toda invención desarrollada con financiamiento institucional debe tramitarse a través de la Oficina del Abogado General, con el objetivo de garantizar que la propiedad intelectual permanezca en manos del Instituto y beneficie al interés público.
Hasta ahora, no existe información pública que indique que dichos procedimientos hayan sido seguidos en este caso.
Señalan posible afectación al patrimonio público
Los hechos descritos han generado cuestionamientos debido a que el desarrollo del medicamento fue financiado con recursos públicos y presentado originalmente como un logro científico del IPN.
De acuerdo con la información disponible, el caso podría ser revisado por las autoridades competentes, ya que, de acreditarse alguna irregularidad, los hechos podrían encuadrar, en principio, en figuras previstas por el Código Penal Federal, como peculado o uso ilícito de atribuciones y facultades. No obstante, hasta el momento no existe una resolución judicial ni una determinación oficial que establezca responsabilidades.
Su nombre también aparece ligado al paro estudiantil en el IPN
En medio de la controversia, Paola Castillo Juárez también ha sido mencionada por participar e impulsar el actual movimiento de protesta de estudiantes del IPN, el cual mantiene tomadas diversas instalaciones, entre ellas Canal Once, según versiones difundidas en redes sociales y diversos espacios informativos.
Estas publicaciones sostienen que la académica forma parte del grupo que respalda el paro estudiantil y han retomado las acusaciones relacionadas con el registro del medicamento para cuestionar su actuación dentro del conflicto universitario.
Hasta el momento, la investigadora no ha emitido un posicionamiento público sobre los señalamientos relacionados con el registro de la patente ni sobre las versiones que la vinculan con el movimiento estudiantil.
Mientras tanto, el caso continúa generando debate sobre el manejo de la propiedad intelectual en instituciones públicas, el uso de recursos destinados a la investigación científica y la obligación de proteger desarrollos financiados con dinero de los contribuyentes para que sus beneficios permanezcan en el ámbito público.
El Instituto Politécnico Nacional advirtió que la ocupación de Canal Once desde mayo pone en peligro más de 67 años de patrimonio audiovisual.
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) alertó que el acervo histórico de Canal Once enfrenta un riesgo creciente debido a la toma de sus instalaciones por un grupo de paristas desde mayo pasado. La institución señaló que esta situación impide realizar labores de mantenimiento y conservación de miles de documentos audiovisuales que forman parte de la memoria histórica del país.
De acuerdo con el IPN, la videoteca de Canal Once resguarda 67 años de historia audiovisual de México, incluyendo el archivo de la periodista Cristina Pacheco, inscrito por la Unesco en el Registro Memoria del Mundo de México, además de programas emblemáticos y registros de acontecimientos como el movimiento estudiantil de 1968, el EZLN, el Fobaproa y diversos procesos electorales y sociales.
Especialistas, cronistas y escritores como Fabrizio Mejía Madrid y Pedro Miguel manifestaron su preocupación por el riesgo que enfrenta este patrimonio cultural. Advirtieron que la falta de acceso a las instalaciones podría provocar daños irreversibles al material histórico, considerado un testimonio único de la vida política, social, científica y cultural del país.
El IPN recordó que Canal Once ha sido reconocido en dos ocasiones por la Unesco como la mejor televisora educativa y cultural del mundo, además de recibir diversos premios nacionales e internacionales. La institución hizo un llamado a proteger este patrimonio audiovisual y resolver el conflicto mediante el diálogo, a fin de evitar afectaciones permanentes a uno de los archivos más valiosos de la televisión pública mexicana.
El 10 de junio de 1971, el grupo paramilitar Los Halcones, entrenado y financiado por el gobierno priista, atacó a estudiantes que marchaban en la Ciudad de México.
Este 10 de junio se cumplen 55 años del Halconazo o Matanza del Jueves de Corpus, uno de los episodios más violentos de la Guerra Sucia en México. En 1971, miles de estudiantes de la UNAM, el IPN y otras instituciones salieron a las calles de la Ciudad de México para manifestarse en favor de la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León y exigir mayores libertades democráticas. La movilización, que avanzaba de manera pacífica, fue brutalmente atacada por el grupo paramilitar conocido como “Los Halcones”.
Los Halcones fueron una organización de choque creada y financiada por el gobierno durante el régimen priista. Diversas investigaciones históricas han documentado que la mayoría de sus integrantes eran jóvenes de escasos recursos reclutados y entrenados con disciplina militar. Testimonios y documentos señalan que incluso recibieron capacitación especializada por parte de instructores militares mexicanos y extranjeros (estadounidenses), con el objetivo de actuar como fuerza represiva contra movimientos sociales y estudiantiles.
La agresión comenzó en las inmediaciones de la Calzada México-Tacuba y San Cosme. Armados con varas de bambú, palos, pistolas y rifles, los paramilitares persiguieron a estudiantes, transeúntes y periodistas. Los ataques se extendieron incluso a hospitales donde eran atendidos los heridos. Aunque el gobierno intentó minimizar la magnitud de la matanza, estimaciones independientes calculan que alrededor de 120 personas fueron asesinadas, además de registrarse decenas de desaparecidos y cientos de lesionados.
Las investigaciones revelan que la cadena de mando del “halconazo” está vinculada directamente al PRI. Entre los principales responsables se encuentra Luis Echeverría Álvarez, entonces presidente de la República; Mario Moya Palencia, responsable de la política interior; Alfonso Martínez Domínguez, regente de la capital; y el coronel Manuel Díaz Escobar, identificado como uno de los organizadores y coordinadores del grupo paramilitar. También ha sido mencionado el teniente coronel Edilberto Gil Cárdenas.
A más de medio siglo, el Halconazo continúa siendo símbolo de la represión ejercida por el Estado contra la disidencia política y estudiantil. Organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes sostienen que la justicia sigue pendiente, pues la mayoría de los responsables nunca enfrentó una sentencia firme. Cada aniversario renueva la exigencia de verdad, memoria y reparación para las víctimas de una masacre que marcó la historia contemporánea de México y evidenció el uso de grupos paramilitares por parte del gobierno priista.
La comunidad estudiantil rechazó una nueva propuesta de la SEP al considerar que no ofrece soluciones reales a sus demandas ni garantías de seguridad para quienes participan en la protesta.
El conflicto entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y las autoridades federales continúa escalando. A tres semanas de la toma de las instalaciones de Canal Once, integrantes del movimiento estudiantil rechazaron la más reciente respuesta presentada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), al considerar que el documento repite planteamientos anteriores y evade temas centrales de su pliego petitorio.
La inconformidad se intensificó luego de que la representante de la SEP, Araceli Durán, se negara a recibir los 11 mil pesos que, según los estudiantes, fueron entregados por un grupo de hombres que intentó acercarse a las instalaciones del canal días atrás. Los jóvenes también reprocharon que la funcionaria rechazara gestionar la presencia de la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer los hechos, los cuales califican como preocupantes y relacionados con posibles actos de intimidación.
Los estudiantes sostienen que la nueva propuesta gubernamental no responde a exigencias clave como la destitución del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, ni establece mecanismos vinculantes que garanticen la ausencia de represalias contra quienes participan en las movilizaciones. Además, denunciaron haber recibido amenazas derivadas de la ocupación de Canal Once, por lo que insistieron en la necesidad de una intervención formal de las autoridades ministeriales.
Por su parte, la SEP defendió su actuación mediante un comunicado en el que aseguró que su representante actuó conforme a los principios de legalidad y transparencia. La dependencia destacó como avances la emisión de un Acuerdo de No Represalias, la disolución del denominado Patronato Corazón Guinda y Blanco y el inicio de una auditoría externa para revisar el manejo de los recursos administrados por dicha asociación.
Sin embargo, los manifestantes consideraron insuficientes estas medidas y acusaron que la respuesta oficial llegó con tres horas de retraso y sin la presencia de funcionarios de alto nivel.
Asimismo, exigieron que la auditoría incluya un informe detallado sobre el ingreso, destino y estado actual de los recursos del patronato, además de un calendario claro para la devolución de posibles fondos observados. Mientras no existan respuestas concretas, advirtieron, la toma de Canal Once continuará y las movilizaciones seguirán activas.
Un video muestra el momento en que un individuo identificado como Edwin Corona entrega 11 mil pesos en efectivo a estudiantes que mantienen tomadas instalaciones del IPN; la presencia de presuntos escoltas armados generó temor entre los jóvenes.
Un video que circula en redes sociales ha desatado polémica luego de exhibir el momento en que un hombre identificado como Edwin Corona entrega 11 mil pesos en efectivo a estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que mantienen un plantón en el Casco de Santo Tomás. Lo que más llamó la atención no fue únicamente el dinero, sino que el sujeto llegó acompañado por dos hombres con apariencia de escoltas, portando chalecos antibalas, botas tácticas y distintivos con la bandera de México.
De acuerdo con las imágenes, Corona se presentó como egresado de la Escuela Superior de Contaduría y Administración (ESCA) Tepepan y expresó su respaldo a la movilización estudiantil. Frente a varios jóvenes, entregó los recursos en billetes de 500 pesos y les sugirió utilizarlos para comprar cobijas, alimentos o cualquier insumo necesario para sostener el plantón que mantienen desde el pasado 21 de mayo.
Los estudiantes mantienen tomadas instalaciones vinculadas al Canal Once y exigen el cumplimiento de diversas demandas, entre ellas la destitución de autoridades del IPN, incluido el director general Arturo Reyes, a quien acusan de presuntas irregularidades administrativas y actos de corrupción. En ese contexto, la aparición del hombre y sus acompañantes generó sorpresa e incertidumbre entre quienes participan en la protesta.
🚨#ULTIMAHORA | HOMBRES CON CHALECOS ANTIBALAS FINANCIAN A ESTUDIANTES DEL POLITÉCNICO EN MEDIO DE LA TOMA DEL CANAL 11.
Individuos con elementos tácticos de ataque y defensa les proveen recursos en efectivo a los estudiantes para seguir con la toma. pic.twitter.com/0lVGQR2O2i
Según testimonios captados en la grabación, una estudiante decidió transmitir en vivo el encuentro debido al temor que le provocó la llegada de personas con equipo táctico. Tras la entrega del dinero, varios jóvenes reconocieron que no conocían al individuo y expresaron dudas sobre su identidad y las razones detrás de su apoyo económico.
Fuentes consultadas señalaron que el hecho habría ocurrido alrededor de las 15:00 horas. Antes de retirarse, Corona aseguró que seguiría atento a las necesidades del movimiento estudiantil y reiteró su respaldo a la protesta. Sin embargo, el episodio abrió interrogantes sobre el origen de los recursos entregados y la presencia de personas con características de seguridad privada en una movilización estudiantil.
Hasta el momento, ni el Instituto Politécnico Nacional ni las autoridades capitalinas han emitido una postura oficial sobre el incidente, que ya genera debate en redes sociales por la inusual combinación de apoyo económico, protesta estudiantil y la presencia de presuntos guardaespaldas con chalecos antibalas.
La comunidad politécnica participará en la definición de aspirantes, mientras el gobierno analiza aumentar el presupuesto y revisar posibles irregularidades internas.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que impulsará una consulta abierta en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para democratizar la elección de su próximo director general, cuyo relevo está previsto para diciembre, en un intento por dar voz directa a estudiantes, docentes y trabajadores.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que el proceso permitirá que la comunidad politécnica participe en la definición de una terna de aspirantes, de la cual se elegirá al mejor perfil mediante una comisión en la que también intervendrían instancias del ámbito científico. “Vamos a democratizar la elección del director del IPN”, enfatizó.
Sheinbaum instruyó públicamente al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, a presentar una propuesta concreta sobre el mecanismo, con el objetivo de romper con prácticas tradicionales marcadas por disputas internas y abrir el proceso a la participación colectiva.
La presidenta también expresó su respaldo al actual director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, a quien calificó como “una eminencia”, destacando su trayectoria académica y su decisión de regresar a México tras su paso por la Universidad de Oxford para encabezar la institución.
En materia educativa, subrayó que durante la actual gestión el IPN logró incrementar su matrícula en cerca de 30 mil estudiantes, pese a contar con recursos limitados, por lo que su administración analiza una posible ampliación presupuestal para fortalecer la operación de la institución.
Finalmente, Sheinbaum pidió transparentar el conflicto con la Fundación Politécnico y advirtió que, en caso de existir irregularidades, estas deberán ser investigadas por la Secretaría Anticorrupción, que ya revisa el actuar de diversos funcionarios del instituto.
Alumnos de varias escuelas del Politécnico irrumpieron en la televisora para visibilizar irregularidades financieras y exigir transparencia a las autoridades.
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) irrumpieron en las instalaciones de Canal Once en la Ciudad de México, donde, en plena transmisión, denunciaron un presunto mal manejo de recursos públicos y la crisis interna que, aseguran, afecta a la institución.
Los jóvenes, provenientes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), la Escuela Superior de Economía (ESE) y la Escuela Superior de Medicina (ESM), señalaron que el IPN enfrenta un deterioro estructural, agravado por la eliminación de fideicomisos, la centralización del presupuesto y la ruptura con la Fundación Politécnico.
Durante la lectura de su posicionamiento, también cuestionaron la creación de la Fundación Patronato Corazón Guinda y Blanco, al considerar que forma parte de un esquema opaco. En ese contexto, llamaron a la comunidad estudiantil a organizarse y exigir una educación de calidad, libre de corrupción.
De acuerdo con los propios estudiantes, la acción se definió tras una asamblea en la ENCB, donde concluyeron que su mensaje debía trascender el ámbito interno. Por ello, decidieron acudir a la televisora pública para amplificar su denuncia a nivel nacional.
El ingreso ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando un grupo de alumnos forzó uno de los accesos, mientras que el pronunciamiento se realizó cerca de las 18:08 horas. La acción se desarrolló sin que, hasta el momento, se reporten confrontaciones.
Hasta ahora, autoridades del IPN no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos ni sobre la toma de las instalaciones, lo que mantiene la tensión entre la comunidad estudiantil y la administración.
