Etiqueta: Irving Espinosa Betanzos

  • La Corte revoca sanción millonaria a Actinver

    La Corte revoca sanción millonaria a Actinver

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación ampara a Banco Actinver y anula una sanción de 1.1 mil millones de pesos que debía pagar a Rafael Zaga Tawil.  

    Este 3 de junio de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión importante al amparar a Banco Actinver. La Corte revocó una condena que obligaba al banco a pagar 1.1 mil millones de pesos a Rafael Zaga Tawil. Este empresario había acusado a la institución de incumplir sus obligaciones fiduciarias al bloquear su acceso a recursos de un fideicomiso.  

    El conflicto surgió tras una orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que restringió las operaciones de Zaga Tawil. Hasta el momento, él se encuentra detenido en Estados Unidos por no contar con una visa vigente. Además, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su supuesta participación en un fraude al Infonavit que supera los 5 mil millones de pesos.  

    Bajo la dirección del ministro Irving Espinosa Betanzos, la Corte concluyó que Actinver actuó con la diligencia legal requerida al administrar el fideicomiso. Asimismo, la Corte determinó que el banco tomó medidas adecuadas al seguir las instrucciones de la UIF y al solicitar protección judicial. Por ello, no había fundamento para las sanciones impuestas previamente.  

    Esta decisión no solo afecta al caso específico de Actinver, sino que establece nuevos criterios para el sistema financiero en México. La SCJN redefinió el concepto de “buen padre de familia”, que debe ser entendido como un estándar objetivo de diligencia. Esta interpretación es fundamental para las fiduciarias, que deberán actuar con prudencia y conforme a la ley.  

    Aunque la mayoría de los ministros apoyó el proyecto, Giovanni Figueroa Mejía expresó su preocupación. Argumentó que esta decisión podría poner en riesgo a los usuarios de servicios financieros y facilitar un actuar indebido de las instituciones. En respuesta, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, defendió la postura de la Corte. Señaló que Actinver no tomó decisiones por su cuenta, sino que cumplió con órdenes de la UIF.  

    El amparo directo 9/2024 nace de un juicio oral mercantil presentado por Zaga Tawil. En diciembre de 2022, un juzgado había determinado que Actinver era responsable de daños y perjuicios, lo que dio pie a la sanción millonaria. Ante esa resolución, el banco promovió un juicio de amparo que finalmente llegó a la SCJN. La resolución de hoy representa un cambio significativo en la interpretación de las responsabilidades fiduciarias en México.

  • SCJN publica declaraciones patrimoniales de sus ministros

    SCJN publica declaraciones patrimoniales de sus ministros

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación difundió las declaraciones patrimoniales de sus nueve ministros, pero no revelaron montos de cuentas bancarias.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo públicas las declaraciones patrimoniales de sus nueve ministros a través de su página web. Sin embargo, ninguno aceptó compartir los montos de sus cuentas bancarias.

    Entre los ministros, la ministra María Estela Ríos González reportó la posesión de cinco fondos de inversión. Ella aclaró que, por error, omitió un inmueble en su declaración. Este bien, que adquirió en 1967, tiene un valor de 120 mil pesos y se localiza en Dolores Hidalgo, Guanajuato. También mencionó que cuenta con una concesión de agua para esa propiedad.

    El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, no declaró ningún inmueble. Sin embargo, sí indicó que posee menaje de casa adquirido en 2023, valorado en 400 mil pesos, y un vehículo comprado en 2017 por 60 mil pesos.

    El ministro Irving Espinosa Betanzos reportó un departamento de 64 metros cuadrados adquirido en 1997 por 3 mil 712 pesos. También declaró un automóvil de 2012, con un valor de 260 mil 342 pesos, y menaje de casa por 100 mil pesos, adquirido en 2025.

    Por su parte, Sara Irene Herrerías Guerra presentó su declaración en la que mencionó la compra de un departamento de 182 metros cuadrados para el que pagó 5 millones 550 mil pesos en 2018. Además, posee otro departamento de 360 metros cuadrados a través de un crédito de 2004.

    Aristides Rodrigo Guerrero García informó sobre un crédito hipotecario de 4 millones de pesos, adquirido en 2022. Giovanni Azaél Figueroa Mejía declaró ser dueño de tres bienes inmuebles, incluyendo dos departamentos y un terreno.

    Lenia Batres Guadarrama reportó la adquisición de menaje de casa por 300 mil pesos en 2023 y devolvió un millón 479 mil pesos, siguiendo la ley que prohíbe a los funcionarios ganar más que el presidente.

    Loretta Ortiz Alhf reveló la posesión de una casa y un departamento, además de joyas y obras de arte heredadas, mientras que Yasmín Esquivel Mossa no reportó ningún activo.

    La publicación de estas declaraciones patrimoniales busca fomentar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del máximo tribunal del país.

  • Corte invalida acuerdo que endurecía controles ganaderos en Chihuahua

    Corte invalida acuerdo que endurecía controles ganaderos en Chihuahua

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por unanimidad el Acuerdo 156/2024, emitido por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Este acuerdo, que había endurecido los controles e inspecciones ganaderas en la entidad desde noviembre de 2024, fue considerado una invasión a la competencia federal en materia de salud y control sanitario.

    La impugnación se presentó a través de la controversia constitucional 374/2024, interpuesta por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal bajo la administración de Claudia Sheinbaum. El ministro Irving Espinosa Betanzos fue el encargado de presentar el proyecto que llevó a esta decisión.

    El acuerdo, según explicó el ponente, no solo se limitaba a la supervisión. En realidad, establecía un sistema completo para regular la movilización de ganado y productos pecuarios en el estado. Esto incluía revisiones obligatorias, documentos específicos y sanciones impuestas por la Secretaría de Desarrollo Rural.

    El ministro Giovanni Figueroa Mejía subrayó que el control sanitario, incluida la movilización de ganado, es competencia exclusiva de la federación. Las entidades estatales solo pueden colaborar en funciones de vigilancia y verificación, siempre dentro del marco del sistema federal.

    Además, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz analizó si existía algún convenio que justificara las acciones de Maru Campos. Dijo que hay un Convenio de Coordinación para acciones de verificación en el control agropecuario, pero este no otorgó al estado las atribuciones necesarias para llevar a cabo las medidas del acuerdo impugnado.

    La decisión de la Corte destaca la importancia de mantener las competencias claras entre los distintos niveles de gobierno, sobre todo en materia de salud pública animal. Con esta medida, se refuerza la estructura de control sanitario a nivel federal.