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  • EL SUPREMO PODER CONSERVADOR

    EL SUPREMO PODER CONSERVADOR

    La semana pasada, mientras escribía la columna de opinión anterior ocurrió algo inédito, Norma Piña Hernández, Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió un recurso del Partido Acción Nacional (PAN) para revertir la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y para ello asignó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el anfitrión de la escandalosa cena de la Ministra Presidenta con los magistrados electorales y Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, el Ministro González Alcántara Carrancá aclaró que se tomará el “tiempo debido” para proponer un proyecto en el pleno de la corte y reconoció que “este no podrá tener efecto reemplazar las decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lo que a su competencia corresponda”. 

    Por otro lado, cuatro jueces de Distrito con residencia en Chiapas, Ismael Arróniz Palacios, Jorge Alberto Orantes López, Mario Felipe Mata Ríos y Mario Alberto Rivera Rivera; y Martha Eugenia Magaña López, jueza Quinta de Distrito en Morelos, solicitaron un amparo para impedir que el Poder Legislativo no discuta la Reforma al Poder Judicial de la Federación a un día del último Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador llevado a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. Cito lo siguiente:

    “Los quejosos solicitan la medida cautelar para efecto que el acto que se reclama: Dictamen de reforma Constitucional en materia judicial aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales no sea sujeto a discusión ni votación por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ni mucho menos, de ser el caso, se turne al ejecutivo para ser sancionado (momento en que se podrá hacer uso del derecho de veto) y promulgado…Es legalmente factible conceder la suspensión de oficio solicitada por los quejosos y previo a establecer los efectos, es preciso los motivos de procedencia”.

    A través de su cuenta de X (antes Twitter), el Diputado federal de Morena Hamlet García Almaguer, denunció que el Poder Judicial pretende rescatar una idea de hace más de 188 años para usurpar facultades y así suspender las sesiones en el Congreso, el Supremo Poder Conservador. 

    ¿En qué consiste esta idea? Recordemos que México nació como una nación independiente con gran extensión territorial tras una costosa y sangrienta guerra de independencia, aunque era una nación económicamente exhausta. La construcción de la nación enfrentaba grandes problemas, así como la necesidad de definiciones sobre la organización política del país, sus instituciones y sus leyes. Conservadores y liberales se enfrentaron durante más de 50 años por la República o la monarquía o el estado laico la monarquía española.  

    Los conservadores tomaron el poder y establecieron el centralismo, restituyendo sus derechos y bienes que fueron afectados por las reformas liberales de 1833-1834. Con la declaración de las Siete Leyes Constitucionales, existieron cuatro poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y un Supremo Poder Conservador. Éste último, era un órgano-jurídico-político colegiado impulsado por Mariano Bustamante y Francisco Manuel Sánchez Tagle, era compuesto por cinco personas, con el fin de ejercer un control de constitucionalidad dentro del régimen centralista y mantenerse como una institución independiente que conserva el equilibrio y las competencias del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No obstante, sólo duró de 1837 hasta 1841 y fue eliminado por la Constitución de 1843.

    Si bien creían que el nuevo orden acabaría los problemas atribuidos al sistema federal, no lograron alcanzar la tan deseada estabilidad política, pues ocurrieron desgracias como el intento de separación de Yucatán y la pérdida de Texas, en la que Antonio López de Santa Anna encabezó una expedición militar para someter a los rebeldes que rechazaban la Constitución de 1824, con la sangrienta batalla del Álamo. Posteriormente, fue derrotado en San Jacinto y obligado a firmar los Tratados de Velasco con las que finalizó la guerra con Texas. 

    Actualmente, el Poder Judicial de la Federación enfrenta numerosas críticas serias por prácticas que han minado la confianza de su imparcialidad y eficacia. Problemas como una rampante corrupción y decisiones cuestionables que han generado la necesidad de una profunda reforma para así garantizar un sistema de justicia más equitativo. Más aún, se han exhibido la complicidad de ministros, magistrados y jueces con corporaciones extranjeras y el crimen organizado. 

    Durante estas últimas semanas, personajes deleznables de la derecha, trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de las escuelas privadas y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han realizado paros y manifestaciones en contra de las propuestas de reformas o recortes presupuestales en diferentes partes del país, con el temor de que socaven la independencia del Poder Judicial al “reducir su autonomía, su presupuesto y autonomía financiera”. Por el contrario, lo que defienden son los privilegios de los ministros y que prevalezcan “las redes familiares en tribunales”, juzgados federales, según información del Padrón Electrónico de Relaciones Familiares del Plan Integral de Combate al Nepotismo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

    No quieren discutir los juzgadores, ni sus patrocinadores del PRIAN, porque ellos apuestan a viejas ideas rancias para conservar todo tal como está a la medida de los intereses políticos, económicos y criminales que la defienden. Es condenable las pretensiones arbitrarias de los jueces y de la débil oposición, porque según el artículo 135 constitucional, establece un procedimiento para las modificaciones o adiciones a la Constitución, en el que además de la aprobación del Congreso de la Unión se debe contar con la aprobación de la mayoría absoluta (la mitad más uno) de los congresos de los Estados de la República. Además, el artículo 61 de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia del Poder Judicial impiden que esta instancia pueda involucrarse para detener los procesos legislativos para aprobar reformas constitucionales. No enfrentamos la misma situación que el siglo XIX, porque se está construyendo una nación con organización política, instituciones y leyes que sean capaces de enfrentar problemas. 

  • DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE

    DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE

    El artículo 97 de nuestra Constitución establece que, al igual que cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado en la siguiente forma:

    “Presidente: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”
    “Ministro: Sí protesto”.
    “Presidente: Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”.

    Desde que Norma Lucía Piña Hernández asumió la presidencia de la Suprema Corte en enero del 2023, el Poder Judicial de la Federación ha asumido funciones que no le corresponden, para oponerse de forma sistemática a las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, incluso hasta el grado de convertirse en un supra poder. De acuerdo con un estudio titulado “La tasa de aprobación de las iniciativas del Ejecutivo Federal 2018-2024: entre el gobierno dividido y la falta de oficio político”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, detalla que la tasa de aprobación de las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador fue del 63.36%, frente a un 79.84% de Enrique Peña Nieto, 79.55% de Felipe Calderón y 74.70 de Vicente Fox Quezada; mientras que de 1917 hasta el año 2000, la tasa de aprobación de las iniciativas del Ejecutivo fue superior al 98%.  

    Las iniciativas del presidente López Obrador encaminadas a favorecer a la sociedad mexicana, enfrentaron oposiciones no sólo del Poder Legislativo, sino también las invalidaciones de la Suprema Corte, a partir del concepto “Democracia deliberativa” con el que ha estado invadiendo las facultades de los poderes de la Unión, para así anular 74 leyes por “vicios en el proceso legislativo, entre 2019 y el 2023. 

    El pasado lunes 26 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la reforma en Constitución en materia del Poder Judicial de la Federación (PJF), mediante el cual se permitirá la elección popular de jueces y magistrados, y reducir de 11 a 9 los integrantes de la Suprema Corte, como lo propuso el titular del poder Ejecutivo y los nuevos togados saldrán de una elección extraordinaria, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el primer domingo de junio del 2025 para periodos de ocho, 11 y 14 años. Tras un acalorado debate de más de seis horas, el dictamen fue aprobado con 22 votos a favor de Morena y sus aliados, mientras que la oposición obtuvo 17 votos en contra.

    Además, con esta reforma se acota que los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, no tendrán efectos de carácter general, como ocurrió con la controversia contra la reforma en materia eléctrica. Hay que recordar, que la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) tenía como finalidad mitigar los efectos causados por la reforma energética de Enrique Peña Nieto, misma que manejó un falso discurso de fortalecimiento para Pemex y la CFE. Avalado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf con ocho votos a favor, fue promulgada el 9 de marzo del 2021. No obstante, fue tumbada por el ministro Alberto Pérez Dayan, quien ha beneficiado a todas las multinacionales y todas trasnacionales para que no se les aplicara las reformas a la Ley Eléctrica. 

    ¿Qué ha pasado a partir de las elecciones del 2 de junio? “Hay quienes piensan que aún pueden parar la Reforma al Poder Judicial, incluida Norma Piña” afirmó la ministra Lenia Batres Guadarrama en una entrevista para SinEmbargo Al Aire. Las Empresas Globales en México y los embajadores Ken Salazar de Estados Unidos y Graeme C. Clark de Canadá expresaron su preocupación por su eventual aprobación. En un comunicado, este organismo que representa los intereses de 63 firmas trasnacionales que operan en el país, expresaron su “preocupación ante el riesgo de perder su certeza jurídica” para los capitales que tienen en México, y que según su propia afirmación equivalen al 40% total de la inversión extranjera directa que llega al país. Al igual que los comentócratas y los trabajadores del Poder Judicial, las elites económicas estadounidenses y canadienses buscan ejercer presión financiera con el fin de tumbar la iniciativa constitucional que va encaminada a favorecer a la sociedad mexicana. 

    Hoy los jueces, no tienen que justificarse, ni explicar más allá de lo que dicen las sentencias, por lo que se espera que nuestros impartidores de justicia apliquen la ley, habrá la oportunidad de que haya debates sobre lo resuelto y tenga más cercanía con la gente, una vez electos.  

  • RESISTIR ES VENCER

    RESISTIR ES VENCER

    El pasado domingo 18 de agosto, los historiadores Pedro Salmerón Sanginés, Alexandra Rodríguez Medina y Héctor Strobel presentaron en la 35° Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, un libro titulado Resistir es vencer. Historia de la Intervención francesa. 1862-1867, escrito por el doctor Strobel y editado por Grano de Sal. 

    Con respecto al título, pudo ser tomado de una proclama escrita por Víctor Hugo, autor de Nuestra Señora de París y Los Miserables, quien desde su exilio el Bélgica, expresó su solidaridad con el pueblo mexicano después que el emperador Napoleón III enviara tropas francesas a México para cumplir sus ambiciones imperialistas en el continente americano. Esta dice lo siguiente: “¡Mexicanos! Tenéis la razón y yo estoy con vosotros. Podéis contar con mi apoyo.

    Y habéis de saber que no es Francia quien os hace la guerra, es el Imperio. Estoy de veras con vosotros porque todos estamos frente al Imperio; vosotros en México y yo en Europa. Vosotros en la patria y yo en el destierro. Combatid, luchad, sed terribles y si creéis que mi nombre vale para algo, servíos de él. ¡Apuntad a ese hombre en la cabeza y que la bala que lo mate, sea vuestra libertad! ¡Valientes hombres de México! Resistid a la perfidia y a la traición. Y si lo hacéis, venceréis. Pero sabed que vencedores o vencidos, Francia será siempre vuestra hermana, hermana en vuestra gloria como en vuestra desgracia. Yo por mi parte, envió a los vencedores mexicanos, mi fraternidad de ciudadano libre; y si vencidos, mi fraternidad de proscrito”. No obstante, Salmerón sugiere que el título fue tomado de una frase de Juan Negrín, el último presidente de la república española, que argumentó: “Aunque vayamos perdiendo terreno, hombres, ejército, ciudades. Mientras no nos rindamos, con ello venceremos”.  

    ¿Por qué es importante un libro sobre la Segunda Intervención francesa en México? Héctor Manuel Strobel del Moral es doctor en historia por el Colegio de México, investigador posdoctoral del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM e investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Está especializado en historia militar, social y política de la Reforma liberal y de la intervención francesa en México. En el 2021 se le entregó de forma compartida el premio Gastón García Cantú por “El ejército liberal durante la revolución de Ayutla y la Reforma, 1854-1861”. También es autor de obras como El ejército liberal en la Reforma. Guardia nacional, fuerzas militares y movilización popular, 1854-1861 y El ejército liberal en la Reforma y Xalapa durante la intervención. 

    Esta obra es el resultado de una minuciosa investigación de varios archivos en México, Francia y Estados Unidos, en la que realiza una historia general muy necesaria de la confrontación de dos fuerzas militares desiguales, el ejército mexicano y el ejército francés. Va más allá de estudiar las batallas, a los soldados y el choque de los ejércitos; estudia el género, a la sociedad, la economía y todo lo que tiene que ver con la guerra. De modo que se beneficia la metodología y el enfoque de la nueva historia militar, el enfoque historiográfico que consiste en examinar cualquier conflicto bélico desde una amplia perspectiva.

    En particular, Strobel analiza la leva, es decir, el reclutamiento forzoso como una forma violenta de formar a los ejércitos en México. Los militares tomaban mediante la leva a personas en situación vulnerables (indígenas, vagabundos, marginados y personas consideradas “inútiles”) incapaces de hacer presión para liberarse. Los hombres reclutados a la fuerza tanto por los liberales como los conservadores, eran controlados con disciplina severa y crueles mecanismos de dominación para evitar la deserción, como castigos, encierros, amenazas de muerte, ataduras de manos, vigilancia continua o fusilamientos. Considerada como uno de los mayores males estructurales de México, no solamente por arrastrar problemas poscoloniales de clase, de etnia, sino porque las fuerzas armadas formadas por este medio, que debían garantizar la seguridad nacional, acababan integrándose con personas que no deseaban pelear y usaban las armas en contra de la población civil.

    La intervención francesa (1862-1867) es uno de los periodos más importantes de la historia de México, no sólo en las conmemoraciones oficiales, los planes educativos y la construcción del nacionalismo mexicano. Sino porque es el primer momento en el que México derrotó a sus enemigos y empieza a destacar como nación independiente en busca de un sólido aparato legal. Resistir es vencer nos ayuda a comprender cómo Juárez entendió la invasión francesa y sobre todo cómo resistió la guerra. Con cuatrocientas treinta y una páginas, es una lectura que se pronuncia en contra de la historia de bronce y apasionante en la que es imposible dejar de leer y lo involucran a uno en el tema. En palabras del Dr. Lorenzo Meyer “resulta de mucha utilidad para meternos de lleno en la muy violenta forja de las primeras etapas de la construcción de un Estado mexicano viable”. 

    BIBLIOGRAFÍA

    Strobel, Héctor, Resistir es vencer. Historia militar de la intervención francesa. 1862-1867, primera edición, México, Grano de Sal-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2024, 413 p.

  • CONSOLIDAR LA AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA

    CONSOLIDAR LA AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA

    Para el Doctor Esgar Carrascosa, un maestro al que siempre escuchábamos. 

    Con una producción inicial de 170 mil barriles diarios, es decir, el 50% de su capacidad, la Refinería Olmeca comenzó formalmente sus operaciones el pasado 3 de agosto, aseveró Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex). Además, destacó que cuando opere en su totalidad, tendrá capacidad de procesar 340 mil barriles al día, y a partir del 21 de este mes produciría 175 mil barriles de gasolina ultra azufre diariamente, para un total de 305 mil.

    “Es un día especial; ¡histórico!”, resumió el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el inicio de operaciones de la Refinería Olmeca, en la comunidad de Dos Bocas, “en su agua”, como lo llama. En el acto de arranque, fue invitada la virtual presidenta electa, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien elogio la política energética de esta administración. “Decían que no se podía construir una refinería y hoy inició sus operaciones la mejor obra de ingeniería civil, petroquímica petrolera. Con voluntad y tesón, sin corrupción y mucha convicción, el presidente López Obrador nos ha enseñado que todo es posible. Mi gobierno va a continuar con el legado de López Obrador. Seguiremos fortaleciendo la política petrolera en México. Ese orgullo nacional que nos heredó Lázaro Cárdenas y nos devolvió el presidente López Obrador”. 

    Además, se informó que la inversión total fue de 16 mil 816 millones de dólares y se concluyó en un tiempo record de cinco años, comparado con otras construcciones similares. Refirió que el costo de una refinería de Kuwait, con capacidad de producción de 600 mil barriles diarios costó 35 mil 154 millones de dólares en un tiempo de 11 años. Y una en China, con la capacidad de 400 mil barriles costó 29 mil 517 millones de dólares terminada en seis años. También participaron más de 160 empresas contratistas, entre las que se encuentran ICA Flour, Samsung, Techint, Honeywell, Siemens, entre otras. 

    En una entrevista con el periodista Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas trasmitido el 1° de julio del 2022 por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el Dr. Lorenzo Meyer aseguró que el presidente López Obrador apostó gran parte de sus fichas a la construcción de la refinería de Dos Bocas, pues sabía que era un proyecto viable y que podría lograrse durante su sexenio, como parte de su defensa por la soberanía del petróleo mexicano. Pero esta lucha no culminaría con la construcción e inauguración de la primera etapa de pruebas, continuara aún después de concluir su sexenio pues sus críticos siempre “buscaran peros”, aseguró el profesor emérito del Colegio de México (Colmex). 

    ¿En qué consisten esos peros? Un artículo de Forbes México puso en duda la capacidad de producción dela refinería de Dos Bocas, así como su operación, destacando que “fue inaugurada en julio de 2022 sin producir un solo barril de combustibles, pero sí ha sido un barril sin fondo en el uso de recursos públicos”. Recordemos que Xóchitl Gálvez Ruíz, ex candidata por la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, aseguró que faltan “más inversiones” para hacer operativa la refinería, pues “no hay cómo sacar la gasolina”, debido a una “mala planeación” de la obra, que catalogó de “monumento a la corrupción”. 

    En el 2018, en el marco del 80 aniversario de la expropiación petrolera se publicaron diversos estudios y artículos de opinión en los que coincidieron que no había nada que explorar a profundidad sobre dicho acontecimiento, porque el petróleo mexicano era un “cuerpo sin vida” asesinado por varios verdugos: la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex); la aprobación de la reforma energética aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en el 2013, en el que los medios de comunicación lo presentaron como un “proyecto modernizador del sector energético nacional para disminución del precio de los energéticos”, pero en realidad fue una contrarreforma neoliberal para entregar combustibles y electricidad a las compañías internacionales, con resultados de descomposición, pobreza y marginación; la caída de los precios internacionales; y el auge de las energías renovables. De modo que el gobierno procedió a llevar a cabo adjudicaciones directas y licitaciones para que las empresas nacionales y extranjeras adquirieran derechos de explotación dándose por concluidos un capítulo más en la lucha por el petróleo mexicano.

    Sin embargo, la lucha por el petróleo mexicano se reanudaría con el triunfo de un proyecto, que se buscaba la recuperación de la rectoría del Estado de las industrias eléctrica y petrolera. Una vez iniciada la administración de López Obrador se dejó en claro que el gobierno daría a Pemex el apoyo para aliviar su deuda, y devolverle su papel de actor central de la economía mexicana, para consolidar la soberanía energética. Al final se impuso la fuerza del nacionalismo, con lo cual puede decirse, con seguridad, que el espíritu de Lázaro Cárdenas sigue más vivo que nunca. 

    Ante la incertidumbre de una recesión, por el desplome de las bolsas de Asia, Europa y en Estados Unidos, las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación (SNR) procesarían en promedio un millón de barriles, más 160 mil de la Olmeca que, al cierre de 2024, así lo reporto Pemex. De modo que la economía mexicana estaría protegida y no tendríamos un aumento de precio en los combustibles.

    Todavía cabe señalar, que la doctora Sheinbaum anunció la creación de un Plan Nacional de Energía en el que permitirá desarrollar fuentes renovables de energía y ampliará la electromovilidad. “Los recursos energéticos de este país son fundamentales para el desarrollo, pero sobre todo son fundamentales para el bienestar y el futuro del país. ¿La soberanía se mantiene? Por supuesto, el objetivo central de la política energética tendrá que seguir siendo la soberanía nacional”, así lo informó la economista Luz Elena González Escoba, futura titular de la Secretaría de Energía (SENER) en su gabinete.

    Académicos, analistas y políticos se debaten por regresarles a las compañías petroleras extranjeras el derecho de explotación de hidrocarburos o darle al Estado mexicano el control total de la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional. Considerando que un país exportador desempeña un papel importante en el mercado petrolero internacional, porque consideran necesario la participación de capitales privados del exterior para ampliar su capacidad. 

  • UNA REFORMA FRANCAMENTE REVOLUCIONARIA

    UNA REFORMA FRANCAMENTE REVOLUCIONARIA

    El pasado sábado 3 de agosto, se llevó a cabo en el Centro Cultural del México Contemporáneo la clausura del curso internacional “Realidad Política y Electoral de América Latina”, organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP), en conjunto con el Instituto Lula, el Instituto Patria y otras instituciones de formación política latinoamericanas. En dicho se contó con la magistral participación de Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina; la senadora Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena; y Rafael Barajas El Fisgón, caricaturista y presidente del INFP. La ex mandataria argentina dio su respaldo a la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y sus aliados en el Congreso, a la que considero “francamente revolucionaria”, en especial por la propuesta de elección de las personas juzgadoras por voto popular. 

    Al participar en la clausura, Fernández de Kirchner destacó la necesidad de alcanzar una “utopía de la justicia” en América Latina, en un escenario donde las leyes han sido utilizadas de manera facciosa, como un instrumento de acoso político contra cualquier opositor político y así aniquilar su reputación como persona. Ella rechazó que el presidente López Obrador pretenda vulnerar la independencia judicial, como lo ha insinuado Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien envió una carta al presidente López Obrador advirtiendo que su aprobación incrementaría “el riesgo de captura política” de este organismo. Además, ella recordó que durante su mandato intento transformar al poder Judicial, pero la Corte Suprema de Argentina la declaró inconstitucional su iniciativa, por lo que celebró el triunfo obtenido por las mayorías de Morena y aliados lograd en las urnas el 2 de junio.

    “Celebro esta ambiciosa reforma de Morena. Estuve leyendo, acá obviamente en México la conocen, pero para los argentinos que nos están viendo, que propone la reforma constitucional para la elección popular de todos los magistrados desde la Corte de Justicia hasta los magistrados de tribunales inferiores, es francamente revolucionaria. Celebró las mayorías logradas en el acto eleccionario por Morena que van a garantizar esta utopía. Me encanta que puedan garantizar la utopía de la justicia. Creo que van a ser el segundo país, después de Bolivia, que reforma la Constitución e introduce la elección popular de magistrados, felicitaciones para todos ustedes”, dijo la ex mandataria. 

    La Reforma al Poder Judicial de la Federación sigue siendo un tema de enorme relevancia, no solo porque no tiene paralelo histórico, quizás desde la redacción de la Constitución de 1917. Porque está vinculado a una preocupación ciudadana, en que las personas tengan un acceso a la justicia y que los juzgadores estén más cercanos a la ciudadanía al informar de sus actividades. Durante los foros parlamentarios, organizados en diferentes estados de la República, se han contado con la presencia de especialistas, jueces, ministros y magistrados para compartir su punto de vista respecto al tema. Hasta el momento, faltan aclarar aspectos básicos para conocer las condiciones para que los jueces puedan participar como candidatos, así como la forma de realizar la elección y de limitar los periodos en que se pueden reelegir. Por lo cual, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados será la comisionada de dictaminar esta iniciativa durante todo el mes de agosto para que no se congele. Una vez discutida, eventualmente sería aprobada por el pleno de la nueva legislatura que iniciará sus tareas el domingo 1° de septiembre del 2024. 

    No obstante, hemos sido testigos de cómo barra de abogados, personas juzgadoras y comentócratas al servicio de los intereses de la derecha, lejos de elaborar una crítica constructiva o propuestas para la implementación de la reforma, han dedicado sus esfuerzos al resistirse al grado de cuestionar a las mayorías. Así, por ejemplo, Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), quien a través de sus redes sociales llamó a “una cruzada nacional” para que las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “hagan valer y respetar el voto popular y la pluralidad democrática de México, haciendo una justa asignación de los diputados de representación proporcional”, bajo el argumento que la coalición de Morena pretende con el 54% de los votos, tener el 75% de los curules en la Cámara de Diputados. “No permitiremos que se logren las pretensiones de Morena de contar con una mayoría calificada artificial para modificar la Constitución de manera unilateral, arbitraria y sin consensos”. Al igual que el dirigente del PAN, Enrique Krauze, historiador y editor de la revista Letras Libres, llamó a actuar en contra de esta sobrerrepresentación calificando a la reforma judicial como una “traición a Juárez y su legado” consecuencia del “primitivo concepto marxista del presidente sobre el derecho”. 

    Más aún, Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró que los jueces constitucionales deben permanecer ausente del debate político, pero no del debate técnico, detalló “porque son reformas que, de aprobarse, van a trascender en la manera de impartir justicia”. También destacó la necesidad de renovar al Poder Judicial; sin embargo, declaró que debe existir un ejercicio de autocrítica, en el cual se haga un análisis para determinar qué se puede cambiar para mejorar al organismo. 

    ¿Cómo podemos explicar estas actitudes de todos aquellos que se resisten a la reforma constitucional? En su reciente columna para SinEmbargo.Mx, Héctor Alejandro Quintanar, analista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, resume el modo de pensar y actuar de estos actores políticos a través de una frase atribuida al dramaturgo e intelectual alemán Bertolt Brecht (1898-1956) “No hay nada peor que un burgués asustado”. Quiere decir, que esta oposición conformada por PRI y el PAN al desdeñar todo lo que provenía del gobierno federal para evitar una “deriva autoritaria”, como parte de su estrategia, los ha llevado a caer en el autoengaño y la desesperación, incapaces de entender el tsunami que pasó por encima de ellos desde el día que perdieron las elecciones del 2018 y las del 2024. Esto va también para los jueces, magistrados que se creyeron los “pétreos e inalterables guardianes de la Constitución”.

    El artículo 39 de nuestra Carta Magna establece que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Por lo que podemos inferir que todos los órganos del Estado mexicano están sujetos a la Constitución, nada es intocable. Es a través de la legitimación social que el aparato judicial tiene su independencia, deben de existir jueces, ministros y magistrados obligados a cumplir con el mandato popular y no convertirse en un instrumento para la defensa del status quo. Y sólo así será posible alcanzar una utopía de justicia en México. 

  • ¡¿ERRADICAR LA AUTOCRACIA Y LA DICTADURA?!

    ¡¿ERRADICAR LA AUTOCRACIA Y LA DICTADURA?!

    Hace unos días, se había circulado por WhatsApp un mensaje en el que destaca la importancia fundamental de la división de Poderes para hacerle frente a “la dictadura”. Este mensaje fue escrito por un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro del Instituto Mexicano del Amparo, esta asociación civil empeñada en litigar en contra de las políticas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no mencionare su nombre. Dice lo siguiente:

    “La división de Poderes en tres funciones fue fundamental para los fines referidos: control de gobernantes, pero ante una realidad en que los Poderes clásicos del Estado en México no garantizaron ese control, se crearon otros “Poderes”, con la denominación de organismos públicos o constitucionales autónomos entre ellos el Instituto de la Transparencia (gubernativa, “transparentado” el actuar de los servidores públicos) y del Acceso a la Información (pública, que permite conocer el quehacer de las instituciones y las políticas públicas, así como el destino del dinero del gobierno); ergo, éste se entiende como un organismo para tratar de erradicar la corrupción (hablando entonces de la creación del derecho a una vida libre de corrupción). 

    Obviamente el Instituto Electoral (equivalente al Cuarto Poder que se previó en las Bases de Organización Política de la República Mexicana de 1843), es resultado de un reclamo popular (reflejo de la idea del “ser y querer ser de un pueblo”, como sustancia de una Constitución); ese reclamo se basó en la necesidad de elecciones trasparentes, ciertas, autónomas o ajenas al Poder político por lo que son organizadas y calificadas por la ciudadanía; con ese organismo se garantizó el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas (y dio buenos resultados, que en el extranjero le reconocieron su actuación honesta y efectiva, basada en la ley) Con estos “Poderes” se buscó asegurar ese control que se necesita frente al tirano; luego entonces, luchar en contra de la división de Poderes es un acto contrario, a los ideales políticos del pueblo y a una función pública transparente, honrada y basada en la ley; de igual manera, atenta en contra de los intereses populares, al impedir que haya control entre entes gubernativos, amén de atentar en contra de la verdadera democracia (que no la de palabras huecas). 

    Conclusión: la división de Poderes es fundamental para erradicar la autocracia y la dictadura, dando paso a un gobierno democrático, en el que los titulares de los órganos gubernativos son “siervos de la Nación”, esto es, servidores públicos (en palabras de José María Morelos y Pavón, quien buscaba el bien social), más no dueños de tierra y almas y poseedores de la verdad absoluta. Un gobierno en el que realmente impere el estado de Derecho o la legalidad al apegar todos los servidores públicos sus actos a los mandamientos de la Constitución y de la ley (emanada de aquella) y, en caso contrario, que sean anulados por un Tribunal autónomo, profesional y técnico en su desempeño, aunque no sea popular ni de elección directa. Ahí del Poder basado en la división de Poderes y el ideal popular de aquel tiempo que hoy tristemente, parece ha sido corrompido con limosnas en forma de becas y pensiones (con obscuridad del origen del dinero con el que se pagan y, consecuentemente sin trasparencia ni acceso a la información, al tener trunca la integración de ese instituto)”.

    Hay puntos importantes en este largo mensaje, pero hay que analizarlos para ver lo que sugieren. Primero, “luchar en contra de la división de Poderes es un acto contrario, a los ideales políticos del pueblo y a una función pública transparente, honrada y basada en la ley; de igual manera, atenta en contra de los intereses populares, al impedir que haya control entre entes gubernativos, amén de atentar en contra de la verdadera democracia…”.

    Esto nos lleva a suponer que este profesor de derecho es afín a los intereses de la derecha, acusando al presidente López Obrador de tirano al “atentar contra la democracia” al desactivar a los otros poderes públicos, recordando la teoría de Montesquieu en el que plantea “todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites”. Más aún, él pertenece a esas mismas voces que se resisten a la Reforma Judicial de la Federación, porque ya no tendrían un andamiaje legal para defender los intereses de los poderes facticos, que los hacía intocables e inmunes a las críticas. 

    Segundo, la idea de un tribunal autónomo, profesional y técnico en su desempeño, puede referirse a los organismos autónomos como la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) del Departamento de Estado estadounidense y a la Organización de Estados Americanos (OEA) deberían de llevar a cabo acciones injerencistas para anular al gobierno de López Obrador porque “no respeta el estado de Derecho”, sin importar violar el artículo 39 de la Carta Magna, en el que establece que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

    Y tercero, el autor del mensaje infiere que los adultos mayores, los jóvenes de bajos recursos económicos y todos los afectados por el huracán Otis en Acapulco son limosneros por recibir programas sociales, lo que condujo a una corrupción del poder. No hay que dejarse manipularse por las narrativas de la derecha neoliberal, los programas sociales no son una forma de dar limosna o dadivas, son una forma de devolverle la dignidad al pueblo, que aporta al fortalecimiento de las personas que viven en situación de vulnerabilidad y a la reactivación del mercado interno. No hay que olvidar que los apoyos sociales fueron un factor fundamental en la reducción de la tasa de la pobreza multidimensional en México, de 51.9 millones en 2018 a 46.8 millones en 2022, de acuerdo con las cifras oficiales publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). “Si usted quiere entender o explicarle a alguien más el resultado de las elecciones recientes en México hay una cifra que debe tener muy presente: 100 mil pobres por mes. Este es el dato clave para entender por qué la gente votó en forma masiva por refrendar su apoyo a Morena y porqué rechazaron a los candidatos de la coalición opositora PRI-PAN-PRD” así lo explica el economista y académico Gerardo Esquivel para explicar los resultados de las elecciones del 2 de junio.  

    En conclusión, el autor usa las teorías de Montesquieu para construir un discurso maniqueo en el que acusa al presidente López Obrador de ser un autócrata, sólo porque el Poder Judicial no será un faro de defensa de los intereses de los poderes fácticos y los impartidores de justicia no sean vigilados para rendir cuentas. Además, está en manos de la Constitución y voluntad popular que exista un gobierno en el que se respete el estado de Derecho y no exista una dictadura. 

  • EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA NO REELECCIÓN

    EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA NO REELECCIÓN

    En 1876, tras el victorioso levantamiento emprendido contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, el general Porfirio Díaz se instaló en el poder manteniéndose como el presidente de la nación por más de treinta años, con excepción del intermedio de cuatro años en que le sucedió en la presidencia su compadre Manuel González. De modo que, los principios establecidos en la Constitución de 1857, fueron violentados por quien enarbolara esa bandera contra Lerdo de Tejada. Años después, estalló la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910, obligando a Díaz a renunciar al poder y en su lugar Francisco I. Madero fue elegido presidente.  Los derechos laborales fueron revindicados, el cual afectó de forma constante a las compañías extranjeras y la libertad de prensa y de palabra rebasaron la línea establecida por la irrestricta censura del autoritario régimen porfirista. 

    Madero había sido candidato presidencial en las elecciones de 1910, por parte del Partido Nacional Antirreleccionista (PNA), cuyo objetivo principal era cumplir con la demanda del retorno a la democracia y resolver los principales problemas del país a través de la vía institucional, bajo los postulados de “Sufragio efectivo y no reelección”. La incesante actividad de Madero y los antirreleccionistas como Roque Estrada, Juan Sánchez Azcona, Toribio Esquivel Obregón, Aquiles Serdán, José María Pino Suarez y Benito Juárez Maza (hijo del Benemérito de las Américas), llevó a la formación de decenas de clubes políticos el cual serían la médula espinal del Centro Antirreleccionista, que contó con la asistencia de delegados de casi todos los estados de la República, quienes trazaron y acordaron los principios políticos del Partido Antirreleccionista, materializados en la búsqueda de la efectividad del “sufragio” y la “no reelección”, es decir, la oportunidad de elegir de manera más civilizada a sus cuadros políticos y prohibir la reelección del Ejecutivo.

    La renovación periódica de los presidentes ha sido una particularidad del sistema presidencial, porque su propósito consiste en que la duración de mandato sea fija y predeterminada, para que la renovación sea posible mediante las elecciones populares. Aún cuando los Golpes de Estado, renuncias o muertes de los presidentes hayan alterado esta regularidad.

    Esta lucha por la democracia logró reflejarse en la promulgación de la Constitución de 1917, al prohibir la reelección del Ejecutivo y reducir el periodo presidencial a cuatro años. No obstante, muy pocos presidentes mexicanos terminaban su periodo o lo cumplían a cabalidad. Pero no fue hasta 1933, cinco años después del intento de reelección a la presidencia de Álvaro Obregón, que el Congreso aprobó un conjunto de reformas dirigidas a prohibir de manera absoluta la reelección presidencial. Esto dio comienzo al principio constitucional de no reelección absoluta del presidente de la República.

    ¿Por qué es importante mantener el principio fundamental de la no reelección? Aparte de ser una pieza fundamental en el fortalecimiento de la legitimidad democrática en México, funciona como un mecanismo preventivo ante una práctica que puede llevar a un engolosinamiento del poder, es decir, evitar que un funcionario extienda su mandato más allá de lo contemplado. Sin embargo,  con la aprobación de la reforma político-electoral de Enrique Peña Nieto en el 2014, se introdujo la reelección de legisladores tanto a nivel federal, como a nivel local hasta por cuatro periodos consecutivos de tres años (doce años), de senadores hasta por dos periodos de seis años. De manera que los neoliberales desecharon uno de los principios fundamentales enarbolados por la revolución al invocar al fantasma del Porfiriato.  

    Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los medios de comunicación afines a los intereses las élites políticas y económicas, proclamaban que el presidente buscaría la reelección, como parte de una campaña de desprestigio para socavar la credibilidad del mandatario. Él siendo fiel a sus principios democráticos, reiteró que no tenía ninguna intención de reelegirse. 

     En cambio, podemos ver como Alejandro Moreno Cárdenas “Alito” se registró como aspirante a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en fórmula con Carolina Viggiano en busca de la reelección de sus cargos.  La decisión fue anunciada el pasado 7 de julio, tras la operación de una Asamblea Nacional en la que más de 3 mil militantes votaron por reformar el artículo 178 de los estatutos del PRI. Estos cambios adelantaban que “Alito” podría ser reelecto hasta el 2032, lo que provocó rupturas al interior del partido tricolor por parte de militantes como Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Codwell y Enrique Ochoa Reza, quienes impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los cambios hechos en los estatutos.

    Por otra parte, el triunfo logrado por la Dra. Claudia Sheinbaum al obtener el respaldo de más de 36 millones de mexicanos y mexicanas en las elecciones del 2 de junio, lo que representó el innegable logró de la continuación de la Cuarta Transformación. En el arranque de su campaña en el Zócalo capitalino, la ahora virtual presidenta de México anuncio que enviaría una iniciativa de reforma constitucional para recuperar la consigna que dio origen a la revolución y quedo plasmada en nuestra Carta Magna, en la que no permitiría la no reelección en ningún cargo de elección popular a partir de la siguiente elección presidencial. La propuesta de la doctora Sheinabum nos invita a reflexionar que el principio de “no reelección” exorciza los fantasmas del Porfiriato al abrirles paso a una nueva generación de legisladores, así como lo hicieron Madero y los antirreleccionistas, quienes trazaron los principios políticos para la construcción de una legitimidad democrática. 

  • LA FACULTAD DE APLICAR LAS LEYES

    LA FACULTAD DE APLICAR LAS LEYES

    Durante la primera República Federal, se publicó Catecismo Político de la Federación Mexicana (1831) por José María Luis Mora, historiador, político y sacerdote mexicano, quien fuera uno de los principales ideólogos del liberalismo en México de la primera mitad del siglo XIX. Este documento consta de 16 capítulos, en los que se abordan temas relativos a la independencia de México, la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las facultades del congreso y la interpretación de las leyes constitutivas. Su intención era explicar la conformación de la nueva nación en su forma representativa, republicana y federal después de lograr la independencia de España, para ello tomo como base la Constitución de 1824.  En el decimotercer capítulo, Mora plantea algunas ideas acerca del Poder Judicial:

    “Pregunta: ¿Qué cosa es el Poder Judicial en una sociedad?
    Respuesta: La facultad de aplicar las leyes a casos particulares ocurrentes en materias contenciosas, y que versan sobre la adquisición, ejercicio o privación de los derechos particulares.

    Pregunta: ¿Qué no es lo mismo la aplicación que la interpretación de las leyes?
    Respuesta: No ciertamente, pues, aunque estas dos funciones se han confundido con bastante frecuencia, se distinguen esencialmente. Interpretar una ley es fijar en ella un concepto que no existía, y de consiguiente imponer una obligación nueva y anteriormente desconocida. La aplicación de la ley es el acto por el cual se declara que tal hecho está comprendido en ella, o lo que es lo mismo, que pertenece a los que la ley manda, permite o prohíbe, la interpretación de la ley tiene un efecto general, permanente y duradero. El efecto de la aplicación es singular y sólo para el caso determinado que la provocó, no pudiendo hacerse extensivo a todos los de su clase; por eso la interpretación pertenece al Poder Legislativo y la aplicación al Judicial”.

    En la actualidad, el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “No podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo, salvo en caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión”, según el Artículo 49 constitucional. Los tres poderes tienen la función material de crear, aplicar e interpretar las leyes de manera respectiva. Pero es el Poder Judicial de la Federación el único facultado para interpretar las normas, a través de sus órganos, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en Pleno y Salas, Plenos de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito. No obstante, los magistrados y ministros que son los únicos para crear la jurisprudencia, han abusado de sus facultades constitucionales para crear nuevos elementos de la norma o los suprimen. Me modo que se creó un abismo entre la sociedad en general y todo el funcionariado del Poder Judicial.

    El pasado viernes 12 de julio, en el marco del Día del Abogado, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron 250 integrantes del PJF en las afueras del Palacio de Justicia Federal San Lázaro en contra de la reforma judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En dicha manifestación, señalaron que preparan una estrategia jurídica para impugnarla en los tribunales mexicanos e internacionales. “Estamos plenamente capacitados y equipados, la vía jurídica está trabajando dos líneas de defensa, una a nivel internacional y otra a nivel país” así lo aseguró el magistrado Mauricio Barajas Villa, uno de los oradores de la manifestación.  

    En numerosas ocasiones, los medios de comunicación y los opositores a la reforma afirman que esta viola el derecho a la “estabilidad laboral” y la “garantía de la inamovilidad”. Por el contrario, Andrés Repper, abogado constitucionalista y una de los principales impulsores del dialogo por la reforma judicial, escribió en sus redes sociales que el argumento de inamovilidad de los jueces “porque así lo establecen los tratados internacionales”, equivale a decir, “somos intocables, estamos por encima del Poder Ejecutivo, del Legislativo, de la voluntad popular y de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. A parte de no respetar la Constitución, estos jueces y magistrados han estado relacionados con los poderes fácticos, haciendo favores para obtener esa inamovilidad, por lo que carecen de las herramientas de comunicación verbal para argumentar debidamente con fundamento.

     “Se necesita una reforma al Poder Judicial. Porque el acceso a la justicia es el máximo derecho fundamental que tenemos, si no tenemos un acceso a la justicia no podemos reclamar ningún otro derecho” esto lo afirmó la ministra de la SCJN Loretta Ortíz Ahlf en una entrevista para Milenio, quien se ha mostrado abierta al diálogo y a cumplir con la decisión soberana. El artículo 39 establece que “la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar la forma de gobierno”. El funcionariado del Poder Judicial está facultado para aplicar directamente una norma; pero cuando esta requiere una interpretación, acudes a otros métodos para hacerlo. De modo que, siendo elegidos y vigilados por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, que sustituirá el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), será más difícil que los jueces, magistrados y ministros se rehúsen a rendir cuentas. Dando el mensaje que no están por encima de la voluntad popular y están obligados a respetar la Constitución y a los principios que nos enseñó José María Luis Mora. 

  • ¿SE PUEDE RESTAURAR LA CONFIANZA EN LA SUPREMA CORTE?

    ¿SE PUEDE RESTAURAR LA CONFIANZA EN LA SUPREMA CORTE?

    La semana pasada, la Corte Suprema de los Estados Unidos se volvió objeto de crítica después que declarara que los ex presidentes gozaran de inmunidad por sus acciones oficiales, lo que significaría un triunfo para el ex presidente Donald Trump en su esfuerzo por evitar ser enjuiciado por delitos graves, incluyendo sus intentos de subvertir su derrota en las elecciones del 2020. No obstante, Sonia Sotomayor, jueza asociada de la Corte Suprema, redactó un disenso vehemente, al que se sumaron sus colegas liberales, en el que califico el fallo como “una marcada expansión del poder presidencial”, no sólo para Trump, sino para que todos los presidentes puedan sentirse más libres de abusar de su poder. Para ello, Sotomayor cito el histórico fallo de la Corte Suprema en favor de la detención de las personas estadounidenses de ascendencia japonesa, durante la Segunda Guerra Mundial ordenada por el presidente Franklin Delano Roosevelt, como una medida de seguridad nacional tomada en medio de la emergencia tras el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. 

    Por esto, la cadena televisiva CBS elaboró un reportaje en el que le preguntó a la población lo siguiente ¿Se puede restaurar la confianza de los estadounidenses en la Corte Suprema? La mayoría de los estadounidenses no estuvieron de acuerdo con las decisiones de la corte sobre el aborto, las donaciones ilimitadas de campañas y el fallo a favor del ex mandatario, quien buscara de nuevo llegar a la Casa Blanca en las próximas elecciones presidenciales de noviembre de este año.Más aún, el reportaje reveló que existen conflictos de interés entre los miembros de la corte, por ejemplo, el juez asociado Clarence Thomas es particularmente cercano a los millonarios conservadores involucrado en las decisiones del Poder Judicial estadounidense, al grado de aceptar obsequios de más de 4 millones de dólares. 

    A pesar de firmar un código de ética profesional, no existe un mecanismo para la aplicación de la sección 455, del título 28 del Código de Estados Unidos en el que establece que “cualquier magistrado o juez de los Estados Unidos deberá inhabilitarse en cualquier procedimiento en el que razonablemente pueda cuestionarse su imparcialidad”. Además, requeriría que ambos partidos (el demócrata y el republicano) en el Congreso trabajen juntos para llevar a cabo acciones para la restauración de la confianza de la corte. Sin embargo, eso es algo imposible de lograr. Por consiguiente, los jueces de la Corte Suprema creen que es un derecho incuestionable recibir regalos millonarios de las elites. 

    Para el caso judicial mexicano, podemos plantear la siguiente pregunta ¿Se puede restaurar la confianza de los mexicanos y mexicanas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)? Desde que Norma Piña Hernández en enero del 2023, se acrecentó la lejanía del Poder Judicial de la Federación (PFJ) al confrontarse con los dos poderes de la Unión al favorecer a las elites del poder económico, a la oposición y al crimen organizado. De modo que 36 millones de votos fueron suficientes para exigir una reforma al PJF “sensible, cercano a la gente, con humanismo y fundamentalmente un poder judicial más democrático”, como lo sostuvo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro en retiro de la SCJN, en el primer foro de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, organizado por la Cámara de Diputados. 

    Hay un malestar social con la corrupción que existe en jueces, magistrados y ministros. Como parte del ejercicio democrático e informativo, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP) llevó a cabo foros y asambleas en todo el país el pasado domingo 7 de junio, para impulsar la participación ciudadana y así difundir masivamente la reforma judicial para que la población tenga argumentos y refute sus mitos. 

    Lo que se busca es democratizar la justicia, no querer apoderarse de ella, como lo dicen ciertas voces deleznables afines a la derecha, que siguen sin asimilar la derrota y buscan arrebatar todo lo que se gano en las elecciones del 2 de junio. La independencia de la Suprema Corte exige legitimación social, es decir, confianza popular en su aparato judicial y en la honradez de los jueces que son los intérpretes de las normas jurídicas. De lo contrario, la gente perdería su confianza en los tribunales y se desmoronaría el tejido de Estado de Derecho. “No sabremos cómo va a funcionar la reforma hasta que esté realmente este operando…Y si una vez que esté operando, nos damos cuenta que la gente se siente más representada, más cercana, con una mejor justicia, pues creo que ahí se habrá ganado la apuesta” fue lo que sostuvo el ministro Zaldívar en una reciente charla para El Chamuco Tv con los moneros José Hernández y Rafael Pineda Rapé. La reforma implica una reestructuración interna, con el fin de asegurar que tengamos un aparato judicial que funcione con eficiencia, austeridad y transparencia y dotar de legitimidad a los impartidores de justicia de nuestro país.

    VÍNCULOS

    Programa El Chamuco Tv, Charla con Arturo Zaldívar, ministro en retiro de la SCJN, subido el domingo 7 de julio del 2024.

    Reportaje de CBS Sunday Morning Can Americans’ trust in the Supreme Court be restored?

  • LECCIÓN DE UNIDAD

    LECCIÓN DE UNIDAD

    El pasado viernes 28 de junio se llevó a cabo la conferencia “La Izquierda latinoamericana frente a la derecha golpista” en la Biblioteca General de la Cámara de Diputados, organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP). Este evento fue realizado como un acto de solidaridad con el pueblo y el gobierno de Bolivia, tras un intento de golpe de Estado por parte del general Juan José Zúñiga, en el que movilizó a las fuerzas armadas para derrocar al gobierno del presidente Luis Arce, con la pretensión de “reestructurar la democracia” y “la liberación de todos los presos políticos”, incluida la ex mandataria Jeanine Áñez.

    Además, se contó con la participación del sociólogo argentino Atilio A. Boron; Tania Arroyo, comisionada del Archivo del Museo Nacional de las Intervenciones; y Rafael Barajas Durán El Fisgón, caricaturista y presidente del INFP. Durante el evento, el caricaturista hizo una férrea crítica a los militantes que rechazan la inclusión de Sergio Mayer Bretón, actor y ex integrante del grupo musical pop Garibaldi, en la lista de diputados plurinominales que se unirán a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, por su gestión como presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía del Congreso y su activismo en la Marea Rosa. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la unidad para asegurar la viabilidad de las 20 iniciativas de reforma constitucional presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.

    “Tenemos una serie de gentes que están pidiendo que se saque de una diputación a un diputado que no les gusta, que hizo una declaración, pero que ahorita está aquí…Nos ha costado un trabajal sacar adelante el Plan C, por lo que, si empezaban a correr a nuestros propios diputados, ¿a quién le estamos haciendo el favor? Es una estupidez del tamaño de una catedral. Hay que cerrar filas alrededor de toda esta historia y es importante entender que necesitamos hacer un frente amplio en contra de un proyecto muy duro, que es el proyecto neoliberal, un proyecto avasallador en todo el planeta. Tenemos que dar una lección de unidad…” declaró el caricaturista.

    A través de las redes sociales, se compartió el fragmento de esta conferencia con las declaraciones del caricaturista, produciendo la molestia entre los simpatizantes del obradorismo y a voces que no pertenecen al partido guinda, quienes exigieron la expulsión del caricaturista del Instituto, acusándolo de “traidor a los principios e ideales”, “de perder el piso” y de “insultar a la base y al pueblo”. La polémica desatada llegó a oídos del Presidente López Obrador, donde se le pregunto en su conferencia matutina del lunes pasado sobre su postura al respecto, “No soy objetivo, quiero mucho a Rafael. Es mucho lo que ha aportado al movimiento, desinteresadamente. Es una gente de primera. Además, es mi amigo, mi amigo, entonces no soy objetivo. Deseo lo mejor y que no se peleen. Y si se quiere pelear, que busquen a quienes se oponen a la transformación. Y hasta eso, si se pelean con ello que lo hagan con urbanidad política, sin odiar a nadie…”

    Recordemos que durante la década de 1940, México veía inevitable su incorporación a la Segunda Guerra Mundial tras el hundimiento de los buques petroleros Potrero del Llano y Faja de Oro por submarinos alemanes. El gobierno de México formó una alianza con los Estados Unidos e invito a los ex presidentes Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, Emilio Portes Gil,  Adolfo de la Huerta y Lázaro Cárdenas para desplegar una política que fuera, a la vez, aceptable para los estadounidenses y compatible con el “nacionalismo revolucionario” y su demanda de autodeterminación. Todavía cabe señalar, que Cárdenas fue nombrado secretario de la Defensa Nacional y comandante de la región militar del Pacífico, una extraordinaria maniobra para evitar que los estadounidenses establecieran una base militar en la península de Baja California. Todos ellos presenciaron al lado de Ávila Camacho, el desfile militar del 16 de septiembre de 1942 para lograr la materializaron la Unidad Nacional.

    ¿Cuál es la relación entre este dato histórico y la actual polémica? En la política hay que correr riesgos para avanzar, a veces uno tiene que pisar el lodo para lograr algo bueno y nuevo, cosa que no lo quieren conocer el grueso de la ciudadanía. En las páginas 63 y 64 del libro Gracias del presidente López Obrador destaca la importancia de equilibrar los principios con eficacia “Con más razón ahora, cuando existe una derecha neofascista y voraz, se requiere la unidad de todos los que nos situamos en el abanico de fuerzas progresistas. No estamos para ponernos exigentes, para exquisiteces para decir <Este compañero sí, este no. Este tiene una manchita, este otro no es puro>. Así no se puede. La política la hacen hombres y mujeres; no se hace con santos. Por eso hay que tener una visión amplia y abierta para preservar lo fundamental y no fijarse nada más en lo accesorio”. 

    Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es muy injusto condenar al Fisgón por comentarios que no tenían la intención de ofender a la base y al pueblo, sin tomar en cuenta su extraordinaria labor realizada en el INFP con la formación de cuadros, con sus conferencias y sus caricaturas en La Jornada y El Chamuco. Lo más importante es entender que todo tiene un propósito y un lugar. Por lo que debe de existir un equilibrio que sea aceptable para la base obradorista y a la vez compatible con los militantes de Morena, para la consolidación de la Cuarta Transformación ante el inminente crecimiento de la ultraderecha en Europa y el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.