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Etiqueta: Iván Gómez

  • EL MENESTER DEL PARLAMENTO ABIERTO

    EL MENESTER DEL PARLAMENTO ABIERTO

    El pasado domingo 23 de junio, se inauguró el primer foro informativo sobre la Reforma Judicial organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP), llevada cabo en el Parque Sur 165 de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco. A este foro fueron invitados Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Hamlet García Almaguer, Diputado Federal de Morena del estado de Jalisco; Francisco Sánchez, Diputado Federal de Morena del Distrito 13; y Federico Alcalá, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y colaborador del INFP. Este foro se llevó a cabo en un espacio público para que el debate fuera popular y estos personajes tuvieran más cercanía con la gente. 

    La exposición de la ministra fue bruscamente interrumpida por trabajadores del Poder Judicial (PJ), encabezados por Fernando Migues, individuo identificado por el periódico La Jornada. Él y los demás trabajadores cuestionaron a la ministra cuando se le pregunto sobre cómo se elegían a los ministros actualmente, además de acusarla de “mentirosa” por haber mencionado que los magistrados eran elegidos por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

    Después que estos supuestos trabajadores intentaran “reventar” el foro informativo, acción que no les resulto porque gracias a las y los compañeros organizadores del INFP calmaron los ánimos, el foro informativo continúo. La ministra puso importantes ejemplos de cómo la máxima corte se extralimita de sus facultades en beneficio de algunas empresas y en contra del interés público. Así mismo, explicó cómo utiliza indebidamente el debido proceso para liberar delincuentes, como en el caso de Cesar Duarte, ex gobernador de Chihuahua, quien fuera liberado después de permanecer dos años en prisión preventiva y así enfrentar en arraigo domiciliario, el juicio en su contra por los presuntos delitos de peculado y asociación delictiva, ambos con penalidad graves.

    “¿Ustedes creen que se va a meter el narco?, actualmente el único que hace propuestas es el presidente de la República, y el único de ministros, y el único que aprueba a los ministros y ministras es el Senado de la República, y los magistrados son 100 por ciento determinados por el Consejo de la Judicatura Federal que es presidido por la Ministra Presidenta del Poder Judicial de la Federación”, dijo la ministra. Lo más importante, destaco los requisitos indispensables para ser ministro de la SCJN: ser licenciado en Derecho, tener 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, no haber sido secretario de Estado, gobernador o legislador en los últimos dos años.  

    ¿Quién minó la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial en México? La respuesta es sencilla, el mismo Poder Judicial. La función política principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es “dar esperanza a los grupos y personas que puedan utilizar este recurso, de salvar en lo particular sus intereses o derechos”, así lo menciona el fallecido ideólogo Pablo González Casanova en su libro La Democracia en México, en el que examina el sistema político mexicano en su totalidad. El fondo de legitimidad de este poder de la Unión yace en la “honradez” de los jueces que son los interpretes de las normas jurídicas, estudian los documentos legales, se empapan de la idea de justicia de cada época y dan sus decisiones de manera “imparcial”. Pero en realidad, estos jueces hacen un mal funcionamiento de la administración de la justicia en favor de los poderes fácticos, para salvar los intereses de las empresas transnacionales, las elites, la oposición y del crimen organizado.

    Ahora con la obtención de la mayoría calificada en el Legislativo, se podrá aprobar esta iniciativa de elegir a los a los ministros con el voto popular. De modo que el parlamento abierto tiene como intención que se abra la discusión para que se plantee, se tenga conocimiento de la reforma y que se abra el espacio de diálogo a las barras de abogados, jueces y funcionarios del Poder Judicial.

    No obstante, analistas, comentócratas y voces afines a la derecha que ni siquiera han leído la reforma, han infundido temor y dando imprecisiones para boicotear esta reforma constitucional, tales como “si Morena y la presidencia de México impondrán a ministros, jueces y magistrados para que cuiden únicamente sus intereses”, “que cualquier persona podrá llegar a ser juez o sin preparación ni experiencia”. También han proliferado mensajes en la que se convoca a trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial a movilizarse en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo acontecido con la ministra Batres el domingo pasado.

    Gracias a la formación política, más de 36 millones de mexicanos y mexicanas votaron para garantizar una justicia pronta y expedita, porque sus impartidores de justicia son deshonestos y parciales. No se trata de someter o darle más poder al presidente López Obrador, se trata de dialogar para avanzar en la construcción de un país más justo y más igualitario, y podrá modificarse la iniciativa del presidente, siempre y cuando existan argumentos sustentables de peso.

  • REFORMA JUDICIAL EN MARCHA

    REFORMA JUDICIAL EN MARCHA

    A la memoria de Rosalinda López Hernández. 

    En 1893, una vez fuera de prisión tras participar en una tumultuosa y sangrienta manifestación en contra de Porfirio Díaz, Ricardo Flores Magón comenzó su labor periodística en el periódico de oposición El Demócrata, y su primer objetivo fueron los jueces: “Nada repugna más que el juez desvergonzado que vende la justicia y trafica con ella. De la recta aplicación de la ley en México, dependerá que no prosperen en nuestro suelo las doctrinas disolventes…Urge que haya defensores y no cómplices, que haya togados y no fantoches, que no se ultraje a la justicia haciendo la apología de los delitos; no se tuerza lamentablemente a la ley para hacer resaltar la inocencia del bandido” agregaba la pluma valiente y viril de Flores Magón.

    Lamentablemente 131 años después que el precursor de la Revolución mexicana denunciara en sus publicaciones las arbitrariedades e inmoralidades cometidas por los jueces de aquel entonces, el Poder Judicial se mantiene como un bastión donde operan las fuerzas conservadoras que buscan desvirtuar el cambio político iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde que la ministra Norma Piña Hernández presidiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en enero del 2023, ha usurpado las facultades del Poder Legislativo para que los ministros trafiquen con la justicia y tuerzan la ley para resaltar la apología de los delitos, es decir, lleven a cabo atropellos como la exoneración de ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el descongelamiento de las cuentas de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, el perdón a Emilio Lozoya por Agronitrogenados, la liberación de Juan Collado, Rosario Robles, de secuestradores y huachicoleros. También no hay que olvidar la escandalosa cena organizada por la ministra presidenta de la SCJN con magistrados electorales para acercarlos con Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A través de una investigación periodística hecha por Salvador Frausto, periodista y director de investigaciones especiales de Milenio, esta reveló el acuerdo entre Piña Hernández y Reyes Rodríguez Mondragón, entonces presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para mantenerlo en su puesto hasta la conclusión del proceso electoral.

    La Cuarta Transformación (4T) se ha propuesto reformar la naturaleza del país heredado del régimen neoliberal, es decir, usar los instrumentos disponibles del ejecutivo para deshacer, debilitar enclaves dentro del propio aparato gubernamental, que se han convertido en faros de defensa de los intereses de los poderes fácticos. Sin embargo, esto fue inviable al no contar con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.  

    Gracias a la movilización de las masas en los actos masivos y en las urnas electorales, la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) obtuvo la mayoría calificada en el Congreso y así aprobar las 20 iniciativas de reforma constitucional presentadas por el presidente López Obrador el 5 de febrero. Desde San Lázaro, el diputado Hamlet García Almaguer explicó que, de acuerdo con la cuarta fracción del artículo 54 de la Constitución, existen dos candados que limitan la sobrerreprentación de algún partido político, contrario a como lo opinan los opositores al presidente “La mayoría calificada está garantizada conforme a los criterios que actualmente se aplican y que se han aplicado en los últimos procesos electorales. Sólo que ahora que no les gustan las reglas, quieren cambiarlas” explicó el diputado.  

    EncuestadoraPor elección del pueblo de MéxicoPor la Cámara de SenadoresNo sabe. No contestó
    De las Heras68%25%7%
    Enkoll75%21%4%
    Comisión de encuestas de Morena75%18%7%

    Por otro lado, Mario Delgado, presidente de Morena, hizo entrega de los resultados de las encuestas nacionales sobre la reforma al Poder Judicial a la Dra. Claudia Sheinabum Pardo, virtual presidenta electa, para que fueran presentados en su conferencia de prensa el lunes pasado y así conocer la opinión de la ciudadanía sobre la reforma en materia judicial. Para ello, las empresas contratadas por el partido guinda fueron Enkoll y De las Heras, de un ejercicio de sondeo más aplicado por la encuestadora de Morena. Entre el 65% y el 75% de los mexicanos piensa que los ministros de la SCJN deben de ser elegidos por el voto popular. Una de las preguntas formuladas por estas encuestadoras a los ciudadanos fue la siguiente ¿Cómo cree usted que deberían ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Y los resultados son contundentes

    Como es sabido, uno de los objetivos de esta reforma, es la elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces. Para el 2025 se llevará a cabo una elección extraordinaria para renovar a todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial. Quienes ocupen actualmente el cargo, podrán participar en las elecciones en igualdad de condiciones. 

    Las y los ministros de la SCJN, Magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres poderes de la Unión. El Poder Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas; el Poder Legislativo propondrá hasta 5 candidaturas por cada cámara (Diputados y Senadores) por mayoría calificada; y el Poder Judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte, por mayoría de 6 votos. Los 1,633 magistrados de Circuito y Jueces de Distrito deberán ser elegidos en cada uno de los 32 circuitos judiciales en elecciones ordinarias a partir de 6 candidaturas paritarias por cargo (2 por cada Poder de la Unión). El organismo que organizará la elección es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sustituirá al Instituto Nacional Electoral (INE), en caso de aprobarse la reforma constitucional en materia electoral. Durante el proceso electoral y los resultados de la elección, el Senado de la República verificará que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley, como contar con la licenciatura en Derecho y experiencia en la materia. 

    No obstante, las voces opositoras han reaccionado a la iniciativa presidencial, como el ministro Luis María Aguilar Morales, “Si no hay Suprema Corte independiente que se haga respetar la Constitución y los derechos humanos, esto está acabado, entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable” afirmó el ministro en entrevista para la revista Abogacía. Más aún, la Academia Mexicana de Ciencias Penales (AMCP) manifestó su rechazo absoluto al proyecto que pretende remover de su cargo a las y los jueces del país para sustituirles por otros provenientes de una elección popular. Miguel Ontiveros Alonso, presidente de la AMCP, afirmó que resulta inaceptable la pretensión de “instrumentalizar a los poderes judiciales de la República, empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que ha sido valladar contra los actos de poder y las normas que violan los derechos humanos”.  

    La movilización popular en los actos masivos y el triunfo en las urnas electorales el pasado 2 de junio, fueron suficientes sólidos para otorgarle legitimación democrática y legal al Plan C para aprobar la reforma más importante en materia judicial. No pretende entrar a una etapa de autoritarismo, como menciona el ministro al servicio de los intereses de Ricardo Salina Pliego. Se busca que el voto popular corte los tentáculos de los poderes fácticos en este bastión que ha resaltado la apología de los delitos al defender los intereses de las elites, de las trasnacionales y del crimen organizado. Por lo cual, se logrará el ideal de Ricardo Flores Magón de que existan defensores y togados que cumplan con la recta administración de la ley en México. 

  • JUSTICIA MÁS EXPEDITA. ESCUCHAR A LA GENTE CANTAR (PARTE II)

    JUSTICIA MÁS EXPEDITA. ESCUCHAR A LA GENTE CANTAR (PARTE II)

    Ha pasado una semana desde que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo se convirtiera en la ganadora virtual de la elección presidencial llevadas a cabo el pasado 2 de junio. Por otro lado, Claudia Edith Suárez Ojeda, encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer que luego de los cómputos digitales de la elección presidencial, la votación total cuantificado es de 60 millones 115 mil 184 votos, lo que equivale al 61.04% de la participación de la ciudadanía inscrita en la Lista Nominal de Electores. En la sesión extraordinaria del Consejo General también detalló que se contaron 116 mil 397 paquetes electorales, lo que representa al 68.16%, así como la sumatoria de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de la elección de la Presidencia de México. En primer término, Suárez Ojeda precisó los votos por candidatura: Jorge Álvarez Maynez de Movimiento Ciudadano (MC) contó con un 10.4191%; Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz de la coalición Fuerza y Corazón por México con un 27.9054%; y la coalición la Sigamos Haciendo Historia (Morena-Partido del Trabajo-Partido Verde Ecologista de México) con un porcentaje de 59.3577%.  

    Analistas y los políticos de derecha quedaron atónitos y muy furiosos ante esta estruendosa derrota que prefirieron aferrarse a la narrativa de una “elección de Estado” e insultar a la gente llamándoles “imbéciles” hasta “hijos de puta” que se dejaron manipular por los programas sociales de un líder carismático.  Así, por ejemplo, la senadora Kenia López Rabadán resaltó “No nos hagamos, fue una elección de Estado, es un hecho que se usaron los programas sociales con fines electorales, es claro y público que López Obrador metió las manos en la elección”. Más aún, la analista Denisse Dresser en su participación en una mesa de Latinus sobre las elecciones presidenciales consideró las pasadas elecciones como una regresión política “Me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos en los 80 y los 90. Volvieron a votar para que hubiera un solo partido, una sola voluntad. En nombre de la justicia social, de la soberanía, de los pobres, por cualquier razón, pero políticamente es una regresión a un país que pensábamos superado” dijo la académica. 

    Sin duda, él logró más importante de estas elecciones no fue haber obtenido la presidencia, sino haber concretado el Plan con 35 millones 923 669 votos a favor de la Dra. Sheinbaum y un voto masivo para coalición la Sigamos Haciendo Historia en el Congreso de la Unión. De acuerdo con el conteo del INE, la coalición de la Cuarta Transformación tendrá mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mientras que se calcula que en el Senado de la República le hace falta de uno a tres votos para alcanzarla, lo que hace viable reformar la Constitución. Por lo tanto, el precepto del pueblo es bastante claro, cambiar la carta magna en los términos en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó el pasado 5 de febrero. El presidente sostuvo el pasado 5 de febrero al conmemorar el 107 aniversario de la Constitución, de ser aprobadas las 20 reformas a la carta magna para profundizar el Estado de bienestar, modificar artículos impopulares y darle poder al Pueblo. 

    “Nada repugna más que el juez desvergonzado que vende la justicia y trafica con ella. De la recta aplicación de la ley en México, dependerá que no prosperen en nuestro suelo las doctrinas disolventes…Urge que haya defensores y no cómplices, que haya togados y no fantoches, que no se ultraje a la justicia haciendo la apología de los delitos; no se tuerza lamentablemente la ley para hacer resaltar la inocencia de un bandido” exclamó Ricardo Flores Magón al comenzar su labor periodística en el periódico opositor al régimen de Porfirio Díaz El Demócrata. 

    En el caso de la reforma al Poder Judicial, la Doctora Sheinabum se mostró abierta al diálogo con todos los sectores para discutirla y que se conozca, incluso reunirse con los trabajadores de ese poder. Esta reforma tiene por objetivo constituir una nueva integración del máximo tribunal para hacerla eficiente, austera y transparente; que establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces mediante un proceso electoral similar para Presidente de la República y legisladores; sustitución del Consejo de la Judicatura Federal; y nuevas reglas procesales para que la justicia sea más expedita. A partir de esta posibilidad, ningún impartidor de justicia ganará más que el primer mandatario, a la vez los ministros o magistrados estarán sometidos a los intereses de los poderes fácticos a los que han defendido históricamente.  

    “Las coyunturas críticas en la vida pública del México independiente han dividido a su comunidad intelectual. Hoy el fenómeno se repite, pero al final el grueso de la sociedad mexicana ni se de por enterada de este choque de ideas (e intereses) entre ‘los poquitos’” fue lo que escribió el historiador Lorenzo Meyer en sus redes sociales. Podemos interpretar, que el proyecto de cambio de naturaleza de la estructura de poder, dividió a la sociedad entre los que respaldan este proyecto y los que defendían el status quo. Y, las urnas proporcionaron una radiografía de que cómo México está polarizado políticamente, por este choque de ideas e intereses.

  • ESCUCHAR A LA GENTE CANTAR. PARTE I

    ESCUCHAR A LA GENTE CANTAR. PARTE I

    Esta es una breve reflexión de lo vivido en estos últimos seis años, no podre abordar muchos temas. Para cuando ya se haya publicado esta columna, México habrá elegido por primera vez en la historia de México, una mujer presidenta.

    La tarde del 1° de julio del 2018, recuerdo haber hojeado un libro de política ilustrado para niños en una librería Porrúa, no recuerdo su título. Pero me llamó la atención una pregunta muy interesante que indicaba ¿Aquellos que se dedican a la política son muy ricos? Y la respuesta fue la siguiente “Las personas no se hacen políticos para enriquecerse, sino para dar un servicio a los demás. Los representantes que elegimos tienen un salario y las prestaciones que conlleva su empleo. Por otra parte, a los partidos políticos se les asigna un presupuesto para pagar las campañas electorales: hay que hacer carteles, organizar reuniones, viajar, etc. Cuando el Presidente va a empezar su gobierno debe jurar su lealtad a México ante el Congreso. Y cada año debe entregar al Congreso un informe de lo que ha hecho”. 

    A partir de esto, podemos interpretar que durante 36 años, desde José López Portillo hasta Enrique Peña Nieto, los presidentes juraban lealtad ante las elites económicas, políticas y culturales para salvaguardar sus intereses, sin dar un servicio a los demás. Además, estos mismos presidentes y las mismas élites se volvieron obscenamente ricos mediante la privatización de sectores estratégicos y empresas públicas, todo está documentado en el libro de Ana Lilia Pérez Los Hijos del Neoliberalismo. Pero todo dio un giro radical el día que Andrés Manuel López Obrador triunfó en las elecciones del 2018.

    Una vez en el poder, se puso en marcha un proyecto de cambio de naturaleza de la estructura de poder, en el que centraron sus políticas en los excluidos, es decir, la mayoría de los mexicanos que se encuentran en la base de la pirámide social fueron beneficiados con el aumento al salario mínimo, programas sociales (Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Sembrando Vida). Como resultado, el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta alimentaria (pobreza laboral) a nivel nacional mostró una disminución anual de 1.9 puntos porcentuales, al pasar de 37.7% a 35.8%, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Nuevas políticas energéticas centradas en el control gubernamental de la industria y la inversión en infraestructuras relacionadas con el petróleo se echaron a andar, como la refinería Dos Bocas y 15 centrales eléctricas de generación de gas y diesel. Además de contar con 8 refinerías (incluida la inaugurada de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, y la de Deer Park, adquirida en el 2021 por la administración actual), el Gobierno de México invirtió en fuentes de energía renovables, como la modernización de las centrales hidroeléctricas y la construcción del parque fotovoltaico Puerto Peñasco, en el estado de Sonora. 

    Por otro lado, el PRI, el PAN, el PRD y las elites económicas, formaron una alianza política conocida como Va por México, comandada por el empresario Claudio X. González Guajardo, que tenía como objetivos restaurar todos los privilegios perdidos y vengarse de López Obrador. Desde campañas mediáticas que en cierta forma perforaron las mentes de los mexicanos que creyeron las mentiras de la prensa prostibularia o los medios de comunicación masiva, moratorias legislativas que trataban de impedir las políticas sociales del presidente en el Congreso, escándalos políticos, guerra sucia, guerra judicial, hasta vincular al presidente López Obrador y a su colaboradores más cercanos con el narcotráfico, acusaban al presidente de usar sus conferencias matutinas para marcar y defenestrar a las personas que lo criticaban, lo acusaban de autoritario, incapaz de negociar y de construir una estructura clientelar de la pobreza y desesperanza. 

    Por todo esto, los condujo a una humillante derrota en las elecciones federales llevadas a cabo el pasado domingo 2 de junio, en el que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la virtual candidata de la elección presidencial, de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-Partido del Trabajo-Partido Verde Ecologista de México) con un porcentaje de 59.3577%, dejando en segundo lugar a Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz con un 27.9054% y en tercer lugar a Jorge Álvarez Maynez con un 10.4191%. 

    Aparte de esta victoria, lograron convocar a más de millones de mexicanos que la elección del 2018 para ratificar el proyecto de la Cuarta Transformación y respaldar a una mujer que ocupara el cargo de Presidente de México y Comandante Supremo De Las Fuerzas Armadas, por primera vez en la historia de México. Ella dará un servicio a las y los mexicanos, jurando lealtad ante el Congreso, para cumplir con sus principales propuestas: una estrategia de seguridad de cuatro ejes atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación y coordinación; educación científica, humanista y accesible; regulación en el uso de agua ante la fuerte sequía que azota a México; acceso a la salud de manera gratuita; transición energética y más energías renovables; y economía con orientación social del gasto y aumento del salario mínimo. ¿Qué le espera a la doctora Sheinbaum? ¿Será el propio Waterloo de aquellos que se creyeron emperadores de México?

  • JUDICIALIZAR Y ANULACIÓN DE LA ELECCIÓN

    JUDICIALIZAR Y ANULACIÓN DE LA ELECCIÓN

    En el cierre del tercer debate presidencial, los contendientes se manifestaron en favor de una reforma al Poder Judicial, al mismo tiempo criticaron los atropellos de actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El tema surgió de la pregunta a cargo de Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano ¿Cuál es el papel que debe desempeñar el Poder Judicial en una democracia? El papel del Poder Judicial fue motivo de acusaciones y golpeteos por parte de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, quien aprovecho la oportunidad para acusar al ex ministro Arturo Zaldívar de dictar resoluciones en favor del presidente. 

    Por otro lado, fue la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Morena-PT-PVEM, quien destacó que “muchos ministros se han extralimitado en sus funciones, incluso han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México y a la nación. Vamos a tener que decirlo, perdón, pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia amagando a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en lo oscurito con Alito (dirigente del PRI) eso no es división de poderes. Lo que nosotros queremos es una Suprema Corte, un Poder Judicial que responda a la nación y que responda a los intereses del pueblo de México y que haga su función y no se dedique a las politiquerías”. Y Álvarez Máynez reconoció a los trabajadores que integran el Poder Judicial y consideró que “este sistema que no quieren tocar también es pésimo. Por ejemplo, si el Senado rechaza una terna, el Presidente de la República tiene la facultad de designar unilateralmente, como sucedió en el último caso, a una ministra o ministro. Pasó con el caso Medina Mora en el sexenio de Peña Nieto, pasó con el caso Zaldívar, necesitamos autonomía verdadera al servicio de ciudadanas y ciudadanos de México”. 

    En medio de intensas olas de calor, la derecha mexicana está muy desgastada ante el indiscutido respaldo popular que recibe Sheinbaum por parte de la población y del terrible desempeño de Gálvez Ruiz, que lo único que ha hecho desde el inicio de sus campañas es atacar, mentir y sin exponer un proyecto alternativo de nación, siendo fiel a la doctrina de Jorge Castañeda de hacer la guerra sucia en serio, es decir, “ir a atacar, a a destruir, a debilitar y a matar al adversario, porque para eso son los debates y no para presentar proyectos de nación”. Más aún, este lunes fue difundido un manifiesto en el que llamaron a votar abiertamente por Gálvez y así responder a “la enorme urgencia de defender la democracia ante la polarización instigada por el gobierno”. Entre los firmantes de este manifiesto, están los principales intelectuales opositores al gobierno del como Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastretta, Guillermo Sheridan y Roger Bartra.

    Con respecto al tema del Poder Judicial, hay que explorar un reciente acontecimiento que mencionó Sheinbaum durante el debate, la escandalosa reunión de la ministra presidenta Norma Piña Hernández con Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Gracias al reportaje periodístico de Salvador Frausto de Milenio y a los mensajes de texto a los que tuvo acceso, reveló cómo la ministra presidenta intentó controlar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mediante amenazas que envió a altas horas de la noche y por la madrugada a sus integrantes, a quienes pidió no revelar estas comunicaciones en la víspera de una cena privada del 12 de diciembre del año pasado, a la que invito a su “amigo” y “aliado” Alito Moreno.  

    “Nos cuentan que hay una molestia en el entorno de la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que se conoce en sus oficinas que intimida, que manda este tipo de mensajes a gente del Poder Judicial y en el caso de los tres magistrados electorales involucrados en esta cena, no solo no les avisó que iba a ir ‘Alito’ Moreno a la cena, sino que hay una molestia de intromisión en un poder, en un organismo autónomo, como lo es el Tribunal Electoral, y hay una intención de injerencia en tratar de mantener al Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que es de las simpatías de las cúpulas del PRI y del PAN, entonces vemos a la presidenta de la Corte gestionando, cabildeando un acercamiento entre líderes del PRI y PAN con el Tribunal Electoral”, profundizó en entrevista Salvador Frausto para SinEmbargoAlAire.

    No es una coincidencia, es bien sabido que Norma Piña y los ministros del máximo tribunal han cometido una serie de malos manejos en la administración de justicia, sobre todo en contra de las políticas y reformas del presidente López Obrador. Existe la posibilidad que Norma Piña pretende acorralar a los magistrados del Tribunal Electoral para anular el proceso y dictar una resolución favorable a los intereses de las cúpulas del PRI y el PAN. 

    Ante estas amenazas de anulación, jóvenes integrantes del Instituto Nacional de Formación Política (INFP), encabezado por el caricaturista y escritor Rafael Barajas El Fisgón, han salido a recorrer las calles de la Ciudad de México para compartir información y a platicar con la gente sobre la importancia de votar masivamente en las elecciones más importantes de la historia del México contemporáneo, porque el voto masivo es la mejor herramienta en contra de los fraudes electorales, la guerra sucia y las narrativas de anulación. Es importante reconocer la capacidad organizativa del INFP, porque no se dejan confundir por los medios masivos de comunicación y de las narrativas de los intelectuales orgánicos, porque responden a los intereses de la nación.

  • LOS JOVENES Y LA DEMOCRACIA MEXICANA

    LOS JOVENES Y LA DEMOCRACIA MEXICANA

    Para las y los jóvenes de México. Merecemos ser escuchados.

    El pasado martes 7 de mayo, se llevó a cabo el Simulacro Electoral Universitario en más de 400 universidades del país, donde alumnos, alumnas, profesores y trabajadores practicaron su voto para elegir la Presidencia de la República. Los resultados mostraron que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo (Morena-PT-PVEM) obtuvo el 63-5% de los votos; Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano obtuvo el 23%; y por último Xóchitl Gálvez Ruiz (PRI-PAN-PRD) obtuvo el 8.5% del total. Por otro lado, en la Ciudad de México se realizó el Simulacro por la Jefatura de Gobierno, donde Clara Brugada Molina obtuvo el 58.4%; Santiago Taboada el 22.7%; y Salomón Chertorivski el 13.3%. De acuerdo a Pamela Guevara Estrella, vocera del Simulacro Electoral Universitario y alumna de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, se instalaron 623 casillas en 480 planteles universitarios de todo el país. “Nuestro objetivo fue articularnos porque los movimientos sociales nacen en las universidades, es donde debe realizarse los debates, tenemos que politizar estos espacios. A mí se me hace que nos subestiman en nuestra capacidad de organización, el partido puede hacerlo mil veces mejor pero no, este es un ejercicio que como jóvenes estamos sacando adelante” afirmó Guevara.

    No obstante, Guevara indicó que después de realizar este ejercicio, ella y sus compañeros recibieron una serie de despiadados ataques e insultos, y en especial de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, y de Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, quienes menospreciaron el trabajo de miles de estudiantes, asegurando que el ejercicio estuvo financiado por Morena. “Alito Moreno dijo que eran encuestas patito. Hay muchos personajes emblemáticos tirándonos comentarios que van desde lo clasista, hasta comentarios muy fuertes. A mí lo que me enoja y lo que le ha de enojar a todos mis compañeros de todas las universidades es que piensen que nos pagaron, si nosotros sacamos dinero para poder armar las urnas, para poder armar las boletas. Yo creo que subestiman el poder de la organización de los jóvenes, desconocen de las redes sociales su poder, si están en Twitter presentes, pero desconocen la comunicación entre los jóvenes y las redes sociales y eso es muy crítico porque nos habla de que no están viendo las cosas, no entienden cuál es la propuesta, la crítica a estas elecciones y en vez de tomar esa crítica constructiva la hacen un discurso de odio” respondió la vocera del Simulacro Electoral Universitario en entrevista con “Los Periodistas”.

    ¿Por qué es relevante la participación de los jóvenes? La semana pasada aborde cómo los centros universitarios son el principal escenario de recientes protestas y debates políticos, como las protestas estudiantiles ocurridas en todo el mundo, exigiendo un alto al fuego en Gaza, en el que han muerto más de 34,000 personas, incluidos niños y bebes. A los jóvenes se nos atribuye de manera despectiva, el desinterés, apatía y el desinterés por la política, porque según un artículo publicado por Enrique Krauze para Reforma “La democracia mexicana tiene la edad de los jóvenes, pero los jóvenes votan poco. Esto se ve claro en el similar comportamiento en las siete elecciones del siglo XXI… Los muchachos de 18 años estrenaron su ciudadanía votando, pero al paso de los años tendieron a abstenerse cada vez más hasta cumplir los 30. Entonces despertaban lentamente a la necesidad de participar hasta entender –cerca de los 40– que la forma de hacerlo es mediante el voto”.

    No puede estar más equivocado el intelectual y director de la revista Letras Libres. Para comprender mejor la participación juvenil en muchos movimientos y proyectos, hay un breve artículo escrito por la psicóloga argentina Candela Yatche para la UNESCO, en el que detalla cómo el uso de las nuevas tecnologías les ayuda a difundir, intercambiar opiniones y organizarse para abordar diversos temas desde una perspectiva distinta, lo que les permite cuestionar ciertos parámetros establecidos socialmente. Además, destaca la relevancia de repensar el papel que ocupamos los y las jóvenes en la construcción de soluciones a las problemáticas que nos atraviesan en la actualidad.

    Por todo esto, la elites políticas y económicas no dudaran en ayudar a Gálvez Ruiz tras reprobar el simulacro estudiantil y para ello contaran de nuevo con Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, XV marquesa de Casa Fuerte y representante de los intereses de las elites de ultraderecha española, quien criticó las políticas de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo pasado. Acompañada de personajes deleznables como el caricaturista de derecha Paco Calderón y María Scherer Ibarra, se presentarán en el área metropolitana de Monterrey, con el fin de convencer a las y los jóvenes de defender la democracia y a exigir al Gobierno la máxima contundencia contra las mafias y los carteles del narcotráfico.

    Los jóvenes entre 18 y 34 años representan el 37% de la Lista Nominal del INE, con 36 millones 896 mil 176 personas que podrán ejercer su voto, lo que tendrá un peso significativo en las próximas elecciones federales que se llevaran a cabo el próximo domingo 2 de junio del 2024.  Es importante reconocer que los jóvenes están más activos que nunca en la vida política y no se dejaran confundir por las narrativas que los grandes medios de comunicación construyen. Porque, así como los jóvenes tiene la capacidad organizativa para constituir movimientos sociales, como el movimiento estudiantil de 1968 y el movimiento YoSoy132, pueden construir soluciones a las problemáticas que atraviesan la actualidad.

  • DONDE HAY GUERRA, HAY QUIEN SE BENEFICIA

    DONDE HAY GUERRA, HAY QUIEN SE BENEFICIA

    Bajo las consignas de “Palestina Libre” o “Detengan el genocidio”, centenares de estudiantes en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, Reino Unido, España, Francia e incluso México han tomado los campus educativos en protesta de las violentas ofensivas militares israelíes en la franja de Gaza. Algunas de las protestas están ocurriendo en prestigiosas universidades de elite Estados Unidos que son el mejor reflejo de la tensión generada por este conflicto en aquella nación y los estudiantes llaman a boicotear a aquellos que se benefician de ella.

    A principios de mayo, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) llevó a cabo un operativo y usando equipos antidisturbios, para desalojar con violencia el Hamilton Hall, un edificio de la Universidad de Columbia que había sido ocupado el día anterior por estudiantes. Como resultado, la policía subió a 50 detenidos a un autobús, cada uno de ellos con las manos atadas a la espalda con bridas. En respuesta, 54 profesores de la Escuela de Derecho de Columbia enviaron una carta a los directivos condenando la decisión de suspender a los estudiantes que protestaban y autorizar una redada policial en el campus. “La irregularidad procesal de las suspensiones, la falta de transparencia sobre cómo se tomaron las decisiones y la participación del Departamento de Policía de Nueva York amenazan la legitimidad de la universidad internamente y ante los ojos del público. Si bien nosotros como profesores, no estamos de acuerdo sobre las cuestiones políticas, relevantes y no expresamos ninguna opinión sobre los méritos de la protesta, escribimos para instar a que se respeten los valores básicos del estado de derecho que deberían regir nuestra universidad”, así es como se lee en la carta, cuyos firmantes son miembros permanentes de la Escuela de Derecho.

    Más aún, Robert Kraft, propietario del equipo de futbol americano New England Patriots, con una fortuna de 11,100 millones de dólares, emitió un comunicado para informar que dejaría de apoyar económicamente a la Universidad de Colombia debido al “odio virulento” que se está difundiendo en el campus en contra de los estudiantes, en especial estudiantes judíos. “Me entristece profundamente el odio virulento que continúa creciendo en el campus y en todo nuestro país. Ya no confío en que Columbia pueda proteger a sus estudiantes y personal y no me siento cómodo apoyando a la universidad hasta que se tomen medidas correctivas”, agregó el multimillonario.

    ¿Cuál es la importancia de protestar en los centros de estudios universitarios? En las últimas décadas, los centros universitarios han sido el escenario de protestas y debates políticos, lo que están pidiendo en todo el mundo es un alto al fuego en Gaza, en el que han muerto más de 34,000 personas, incluidos niños y bebes, tras los ataques de Hamas del 7 de octubre del año pasado. Además, piden a las universidades cortar sus vínculos financieros con las empresas y centros educativos israelíes que están lucrando con la guerra. “Lo que pedimos es que la universidad deje de invertir fondos en aquellos que lucran con el genocidio de Gaza. Y nonos vamos a marchar hasta que lo consigamos” dijo un alumno de la Universidad de California a BBC Mundo, que prefirió no dar su nombre.

    En una entrevista a Kurt Hackbarth, periodista y escritor estadounidense naturalizado mexicano, para el medio SinEmbargoAlAire, menciona cómo las universidades son grandes negocios en los Estados Unidos, ya que dependen de donaciones para el financiamiento de aspectos clave de su funcionamiento como las investigaciones y las becas. En este caso, las universidades aportan investigaciones científicas al Departamento de Defensa y a las agencias de inteligencia (CIA, FBI, NSA, DEA y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos), de modo que los centros universitarios son piezas fundamentales para el desarrollo tecnológico de la maquinaria militar estadounidense. Además, Hackbarth agregó que las violentas represiones ocurridas en Nueva York fueron dirigidas por Rebecca Weiner, quien funge como profesora en Columbia y comisionada adjunta de la Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York, con oficinas en Tel Aviv, donde coordina en conjunto con el aparato de seguridad israelí el espionaje a alumnos que participan en manifestaciones en favor de Palestina.

    Han sido mucho los analistas y medios de comunicación que comparan las actuales protestas estudiantiles con las acciones similares contra la Guerra de Vietnam (1955-1975). Hay que recordar Vietnam fue uno de los más sangrientos conflictos de la historia reciente, ante las graves atrocidades por el pueblo vietnamita, la opinión estadounidense comenzó a horrorizarse con imágenes brutales transmitidos en televisión y desmontaron la narrativa de una lucha por la democracia. Para 1968, un año recordado por el mayo francés, la matanza en la plaza de Tlatelolco, los asesinatos de Robert Kennedy y Martin Luther King y la elección de Richard Nixon, la guerra entró a su punto más crítico por las ofensivas de las fuerzas norvietnamitas y las guerrillas del Vietcong, bajo el nombre de “Ofensiva del Tet” atacaron las posiciones de EEUU y sus aliados, penetrando hasta Saigón, la entonces capital del sur de Vietnam. Las imágenes de este conflicto motivo a los estudiantes a protagonizar protestas masivas en sus escuelas como muestra de la oposición a la guerra, el cual produjeron violentos enfrentamientos con la policía al grado que cuatro jóvenes murieron por disparos de la Guardia Nacional en el estado de Ohio.

    “Las imágenes que todos hemos visto de Gaza durante los últimos meses son de una respuesta israelí increíblemente desproporcionada. Lo que hizo Hamás fue espantoso, asqueroso y horripilante. Pero es inaudito que Israel haya tomado este horrendo y terrorista incidente y lo haya convertido en una razón para generar el mayor odio contra Israel que yo haya visto en mi vida por la manera en que respondieron”, así opina el periodista y autor Charles Kaiser para el The New York Times.

    Ambos casos tienen sus similitudes, como el trato a los estudiantes como “terroristas” o “violentos” por parte de las autoridades policiacas, el papel de los medios de comunicación que permiten el acceso a brutales imágenes por televisión o por redes sociales y sobre todo los años electorales, así como las protestas en contra de la guerra en Vietnam ocurrieron durante las elecciones de 1968, las actuales protestas ocurren en medio de las actuales elecciones en las que se disputaran Joe Biden y Donald Trump por la Oficina Oval. Si bien no pueden influir en modificar la posición de Washington, contribuirá a abrir las puertas a los republicanos, lo que significaría un duro golpe para Biden y los demócratas. Mientras más tiempo se prolongue esta violencia en Gaza y las represiones, más crecerá la ola de descontento entre los jóvenes estudiantes de todo el mundo por este violento conflicto.

  • RECUPERAR LA VISIÓN SOCIAL E INTEGRAL DE LAS PENSIONES

    RECUPERAR LA VISIÓN SOCIAL E INTEGRAL DE LAS PENSIONES

    En los días recientes, hemos sido testigos de una histérica guerra sucia en contra de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, en el que plantea una reforma a la Ley del Seguro Social, la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Se van a robar el dinero de la gente…”, “Morena y sus aliados aprobaran una reforma para robarle todos sus ahorros a las familias mexicanas y usaran el dinero para manejarlo a su antojo”, “¿Por qué van a tomar lo que no es suyo?” fue así como políticos de oposición, empresarios y medios de comunicación corporativos expresaron su rechazo en redes sociales a la reforma del sistema de jubilaciones.

    Sin embargo, esta reforma trata de corregir un daño causado en materia de pensiones que hicieron los presidentes Ernesto Zedillo Ponce de León (Ley IMSS) y Felipe Calderón (Ley del ISSTE), porque un trabajador que recibía con un salario de diez mil pesos se pensionaba con dos mil setecientos, ni siquiera el 40% de lo que ganaban. Además, después de nueve horas de intenso debate y pese a las débiles estrategias de los opositores de hacer tiempo, el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la minuta con las reformas a diversas leyes que crean el Fondo de Pensiones para el Bienestar y la turno al Ejecutivo Federal para su promulgación.

    Uno de los principales opositores a la reforma al sistema de pensiones es el magnate Ricardo Salinas Pliego, quien debe más de 63 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Además de ser dueño de Televisora Azteca, es el propietario de Afore Azteca, la cual administra 428 mil 732.6 millones de pesos de 18 millones 201 mil 924 trabajadores, de acuerdo con información del columnista Roberto Fuentes Vivar. Esta afore cuenta con la mayor cantidad de cuentas en el primer lugar en plusvalías recibida durante el 2023, con 516 mil 213 millones lo que le dio un resultado neto de 147 mil 825 millones de pesos. Además de manejar los recursos de los Afores concentrados en una cuenta del Banco de México.

    ¿Por qué es importante recuperar la visión social del sistema de pensiones mexicano? Desde mediados del siglo XIX, los obreros y campesinos de México lucharon por mejores condiciones laborales.  Pero no sería hasta la Revolución mexicana que estas demandas se lograron plasmar en la Constitución de 1917, lo que marcó un momento trascendental en las garantías colectivas de México. En la Carta Magna se trazó el camino a un proyecto en el que el Estado sería garante no sólo de los individuos, también de los derechos colectivos de los trabajadores. El artículo 123 consagró al trabajador y a la previsión social de obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de todo contrato laboral. En su fracción XXIX, estableció que mediante la creación de Cajas de Seguros Populares, que se instaurarían mecanismos de prevención para casos de “invalidez, vida, cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y de otros fines análogos”.  

    Pero no fue hasta el sexenio del general Manuel Ávila Camacho, en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que el esfuerzo bélico de los países beligerantes tuvo una repercusión positiva en la economía mexicana. El país aprovechó las condiciones para impulsar el crecimiento económico y la industrialización, permitió la entrada de capitales repatriados y de capitales extranjeros que buscaban protegerse de los vaivenes provocados por la guerra. El gobierno federal manera utilizó la Nacional Financiera para financiar la instalación de nuevas industrias. Tras la promulgación de la Ley del Seguro Social de 1943, nació el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el propósito de brindar atención médica y jubilaciones a los trabajadores y a sus familias, con base en las aportaciones de patrones, trabajadores y gobierno. También, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fundado en 1959, administraría las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado.

    A partir de una visión social e integral, los trabajadores contribuyeron a la creación de sistemas de pensiones solidario, intergeneracional y de beneficios definidos. Estos tres componentes consisten en lo siguiente: el solidario, una parte del salario del trabajador va hacia las instituciones de seguridad social; el intergeneracional, unas generaciones aportan para las próximas generaciones; y de beneficios definidos, establece el monto de la pensión dependiendo de su salario y sus años de servicio. De modo que la seguridad social  fue establecida en México como un derecho humano.

    Así fueron los sistemas de pensiones en México hasta 1997, es decir, durante el avance del neoliberalismo en México. Durante el mandato de Ernesto Zedillo, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Seguro Social, en el que se articulo un esquema de capitalización individual para que las pensiones pasaran a ser manejadas por el libre mercado, bajo el argumento de que el IMSS estaba atravesando por crisis financiera. El Estado fue sustituido por un sistema denominado Administradoras de Fondo para el Retiro (Afore), para que todos los trabajadores una pensión si sus ahorros alcanzaban y entró en vigor el 1° de julio de 1997. De la misma manera ocurrió con los trabajadores del Estado tras la reforma a su sistema, que entró en vigor en 2007. 

    Con respecto al Fondo de Pensiones para el Bienestar del presidente López Obrador, adelantó que el próximo 1° de julio se entregara la primera compensación al primer trabajador beneficiado del recién aprobado fondo. Además, el 1° de mayo se va a publicar la ley y a establecer las reglas de operación para que las y los trabajadores tengan acceso a una jubilación completa. “Ese fue mi compromiso. Desde que estuve con los trabajadores en Río Blanco (Veracruz) el 7 de enero, ofrecí lo del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, el 1 de mayo, Día del Trabajo, vamos a presentarlo”, señaló el titular del Poder Ejecutivo. No obstante, reconoció que la oposición pueda acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidad esta reforma, aunque no existan fundamentos “el riesgo de que la declaren inconstitucional, sin fundamento, porque la Corte y todo el Poder Judicial, con honrosas excepciones, están al servicio de las minorías. Veremos qué actitud asumen”.

    Detrás de esta guerra sucia, hay intereses económicos por parte de empresarios, como el mismo Salinas Pliego que buscan disminuir la participación del Estado en asuntos públicos. Afore Azteca debió entregar al IMSS más de 1,847 millones de pesos por cuentas de pensiones no reclamadas. Y sólo ha regresado el 1%, es decir, 19 millones de pesos. No olvidemos que Hugo Salinas Price, padre de Salinas Pliego, confesó en su libro Mis años con Elektra, que Elektra fue creada para incumplir con el pago de las cuotas del Seguro Social de los trabajadores de Radiotécnica, S.A., la compañía fabricante de radios que fundó Hugo Salinas Rocha, abuelo del concesionario de Televisión Azteca.

    No hay que dejarnos engañar, es falso que el Gobierno de México quiera expropiar las pensiones de los trabajadores. La diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, afirmó que el nuevo fondo de pensiones se concibe como un fondo solidario y complementario al monto de la pensión que ofrecen las Afores, para que todas y todos los trabajadores se jubilen con el 100% de su salario base. En definitiva, esta reforma tiene como objetivo que el que el Estado restablezca la visión social e integral de la seguridad social, como un derecho humano y no como una mercancía.  

  • EL AGUA Y BARRIO CHINO

    EL AGUA Y BARRIO CHINO

    En 1974, el cineasta Román Polanski estrenó en cines la película Barrio Chino, protagonizada por Jack Nicholson, Faye Dunaway y John Huston, considerada el día hoy como una de las mejores películas del cine neonoir. Ambientada en la ciudad de Los Ángeles durante la década de los 30 en medio de una fuerte sequía, J.J. Gittes (Nicholson), un ex policía convertido en investigador privado, es contratado por la esposa del ingeniero jefe del Departamento de Agua y Electricidad de la ciudad para investigar una supuesta infidelidad.

    Sin embargo, la verdadera esposa del ingeniero jefe (Dunaway) aparece en su oficina quien amenaza con demandarlo por desprestigiar a su esposo, cosa que avergüenza al detective. Después que el ingeniero fuera asesinado, Gittes se ve obligado a investigar el caso hasta descubrir una red de corrupción inmobiliaria orquestada por un rico industrialista y señor del crimen de la ciudad (Huston), en la que granjeros del valle noroeste de la ciudad son desalojados de manera violenta para que sus tierras sean compradas e irrigadas con reservas de agua de la ciudad, con el fin de incorporar el valle a la ciudad de los Ángeles y así obtener jugosas ganancias. 

    La película está basada en una serie de conflictos políticos ocurridos a principios del siglo XX conocido como la Guerra del Agua de California, un caso real de corrupción política en el uso del agua. William Mulholland, ingeniero jefe del Departamento de Agua y Electricidad de los Ángeles, ideo un plan para construir un acueducto para llevar el río Owens del condado Inyo a la ciudad, descrita como una “hazaña de ingeniería sin precedentes”. Frederick Eaton, el entonces alcalde de los Ángeles, compró en 1905 a título personal, los derechos del agua y se los cedió a la ciudad, el cual afectó a los agricultores e indígenas americanos obligándolos a desplazarse. Con un presupuesto inicial de 26 millones de dólares, Mulholland construyó el acueducto de 375 km a través del desierto de Mojave para llevar agua del río al centro de los Ángeles. Las obras empezaron en otoño de 1908 y fue inaugurado en noviembre de 1913.

    A través de terribles esquemas de corrupción, terratenientes, directores de periódicos, agentes inmobiliarios y grandes comerciantes compraron tierras sin valor en el Valle de San Fernando y ejercieron presión para considerar al Valle parte de la ciudad y así beneficiarse de los derechos de agua que se compraban en su nombre. Como resultado, Los Ángeles paso de ser una ciudad seco a una ciudad inundada de agua. Mientras que el Valle de San Fernando paso de ser una comunidad productora de cereales dependiente de las lluvias intermitentes a ser una de las comunidades más ricas del país, uniendo todo el valle con la ciudad en 1915. No obstante, los granjeros locales intentaron dinamitar la tubería del acueducto en varias ocasiones, lo que obligó a Mulholland a desplegar a las fuerzas armadas para asegurar los derechos legales de Los Ángeles. El acueducto siguió creciendo hasta convertir lo que queda del lago Owens en la mayor fuente de contaminación por polvo tóxico en Estados Unidos. 

    El elemento central de la película y de la historia real es el agua, sin lugar a duda. Es un recurso vital utilizado por todo ser viviente en la Tierra, ya que es indispensable para el bienestar, para la salud humana y la preservación del medio ambiente. El uso de recursos hídricos va más allá de las necesidades básicas del ser humano, ya que el agua es parte fundamental para su uso en la agricultura y en los procesos industriales y, por lo tanto, necesaria para el desarrollo sustentable de los países. 

    En el caso de México, el 60% del agua potable proviene de los cuerpos de agua superficiales, principalmente de los principales ríos. Siete de estos ríos representan 71% del agua superficial del país, distribuidos en la zona centro y sur del país, mientras que sólo 29% del agua superficial se ubica en la zona norte según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. No obstante, el abastecimiento de agua potable en el país se ve amenazado por la mercantilización de este recurso aparte de las sequías y terribles olas de calor que afectan el nivel de agua de las presas.

    Con la promesa de hacer más eficientes y sostenibles el uso y manejo de este recurso vital, ha incumplido con esos propósitos, ya que la carencia líquida que afecta a millones de mexicanos de escasos recursos, contrasta con las innumerables concesiones otorgadas a particulares, es decir, empresas inmobiliarias, mineras, refresqueras y grandes productoras que acaparan el agua. A menudo, los usuarios terminan por pagar pipas y las tarifas del servicio. En entidades federativas como Querétaro y Jalisco, se ha traducido esto como en aumento de tarifas, escasez de líquido y malestar social.  

    Por otro lado, la gestión del agua fue el tema principal del segundo Debate Chilango llevado a cabo el pasado domingo 21 de abril. Por un lado, Clara Brugada Molina, candidata de la alianza Morena-PVEM-PT, propuso implementar un sistema de cosecha de lluvia, la creación del C5 del agua, una secretaria especializada y una línea telefónica *H20 para atender fugas de agua. Mientras que Santiago Taboada, de la coalición PAN-PRI-PRD, propuso utilizar la banca nacional y de desarrollo internacional para resolver el problema hídrico, en el que prometió invertir 26 mil millones de pesos, al mismo tiempo se aprovechó para acusar a Morena de ser corruptos e incompetentes. Y, por último, Salomón Chertorivski, abanderado del Movimiento Ciudadano, aseguró que es único con conocimientos en materia de agua y el que puede hablar de combate a la corrupción, señalando que sus contrincantes no tienen autoridad moral para hablar de esos temas.

    Más allá del conflicto político, el agua debe ser un recurso natural al que no se le puede negar a cualquier ser viviente del planeta. Los niveles de sequía en México han incrementado en días recientes, llegando a 26.03% del territorio nacional en estado de sequía extrema o excepcional. Es decir, que más de una parte del país enfrenta alarmantes niveles de sequía, misma que se concentra en el noroeste y centro del país, mientras que hay otro 31.47 por ciento del territorio que tiene sequía de moderada a severa. Las lluvias han vuelto, pero es necesario que los derechos del agua sean asegurados en México para su desarrollo sustentable y existan políticas que limiten concesiones a particulares para que no tengamos el mismo final que el valle de Owens.

    FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA

    Barrio Chino
    Director: Roman Polanski
    Guión: Robert Towne
    Año: 1974
    Duración: 131 minutos
    Elenco: Jack Nicholson (J. J. “Jake” Gittes), Faye Dunaway (Evelyn Mulwray), John Huston (Noah Cross), Perry López (Teniente Lou Escobar)

  • VENGANZA JUDICIAL

    VENGANZA JUDICIAL

    Por determinación de la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país, ordenó una investigación administrativa en contra de su antecesor, el ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y asesor de la candidata Claudia Sheinbaum para la Reforma al Poder Judicial. Más aún, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indaga a ex colaboradores de Zaldívar por presuntos actos de: “corrupción”, “enriquecimiento ilícito”, “vulneración de la independencia del Poder Judicial de la Federación (PDF)”, “abuso de funciones”, “violencia sexual” y presionar a jueces y magistrados para dictar resoluciones en favor de “intereses personales y de terceros”. Estas pesquisas se iniciaron con base en una denuncia anónima presentado el pasado 9 de abril ante el CJF; al mismo tiempo, la Ministra Presidenta ordenó la apertura del expediente J/108/2024 en los cuales ordenan a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas investigar a Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la presidencia del CJF, a Arely Gómez González, actual auditora especial de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y al abogado Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico del Ejecutivo federal desde el 1° de diciembre de 2018 hasta su renuncia el 2 de septiembre de 2021. 

    Se menciona que en los casos específicos en que existió presión de la presidencia del CDJ, que también ostentó el ex Presidente de la SCJN cometidas entre 2019 y 2022, se encuentran las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica; el proceso penal del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin por el caso Odebrecht; el fraude cometido al Infonavit por 5 mil millones de pesos y la creación de juzgados y tribunales a modo para resolver casos relacionados con telecomunicaciones.

    Por medio de sus redes sociales, Zaldívar afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de marco jurídico para sancionarlo después de la investigación ordenada por la Ministra Presidenta y que las acusaciones en su contra sólo demuestran que es un “problema político electoral” para demeritar al movimiento de la Cuarta Transformación (AT), impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018. “Esto confirma que tanto la investigación en mi contra, como la filtración masiva de la denuncia que ellos mismos fabricaron, tienen una intencionalidad exclusivamente político-electoral en contra del movimiento de la 4T” mencionó el ex ministro. En una entrevista para el medio SinEmbargo, el ministro en retiro relato cómo empezó a circular en chats de WhatsApp dicha denuncia a la cual le quitaron los metadatos para no identificar su procedencia. “Desde ahí, para mí, era obvio que eso se había enviado desde la presidencia de la Corte, pero pensé que se iba a quedar en una cuestión mediática, pero el miércoles inopinadamente la Ministra Presidenta admite a trámite esta denuncia violando la normatividad de la materia y además todos los precedentes” aseveró.

    ¿Qué intereses hay detrás de estas acusaciones? ¿Por qué juzgar al ministro en retiro y no lo hicieron mientras estaba en funciones? Durante su conferencia matutina del pasado lunes 15 de abril, el presidente López Obrador se posicionó al respecto, “Hay un debate en contra del ex ministro Zaldívar, y dejaron a diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita, y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ex ministro…” refirió.

    Poco después de salir a la luz pública la denuncia, los medios de comunicación y políticos de derecha inmediatamente juzgaron al ex ministro de ser culpable de los cargos que se le imputan. Por ejemplo, Héctor de Mauleón, escritor y columnista del Universal, acusó a Zaldívar de formar parte del “mayor robo cometido desde la Colonia” al amparar a las instituciones bancarias involucradas –Bancomer, Banco Internacional, Banco Nacional de México, Banco Mercantil del Norte. Más aún, Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, envió un breve mensaje al respecto “Se lo digo a Zaldívar desde aquí: las evidencias que hay, exministro, es que sí hubo tráfico de influencias. Las evidencias que hay es que usted abrió muchos procesos con simples denuncias anónimas” declaró. En definitiva, declararon culpable a Arturo Zaldivar de todos los cargos, sin una sola prueba fehaciente que lo incrimine.

    “Medios y jueces corruptos son instrumentos para defender el status quo” mencionó el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa en una entrevista para SinEmbargo, porque los medios manipulan la información para que las masas no tomen las decisiones correctas, mientras que los jueces acorralan al sector público que se dedican al bien común. Lo que ocurre con Zaldívar es igual cuando la Corte conspiro con el expresidente Vicente Fox, con el fin de arremeter contra al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, López Obrador. Existen muy fuertes intereses que no quieren la continuación de la Cuarta Transformación y disponen de todos sus recursos para usar facciosamente del Poder Judicial para utilizarlas ilegalmente y así lograr la inhabilitación o provocar el repudio público hacia un oponente, con la ayuda de los medios de comunicación.

    A esto se le conoce como Lawfare (una contracción gramatical de las palabras inglesas law y warfare, que significan ley y guerra), es decir, guerra jurídica, judicialización de la política a la utilización ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales. Para ilustrar esto mejor, los ministros de la corte Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán confrontados con el titular del Poder Ejecutivo, forman parte de la asociación civil Instituto Mexicano del Amparo, que han mantenido sus tácticas de guerra judicial contra el gobierno de la Cuarta Transformación, a tal grado que Aguilar buscó separarlo de su cargo de presidente de la República y a última hora se retiró. 

    Éticamente, ningún juez tiene las facultades jurídicas para condenar la ideología o trabajo político de una persona, porque emplear su criterio jurídico para beneficiar intereses particulares, como lo han hecho hasta ahora, los dejaría muy mal parados ante los ojos de la opinión pública como individuos que tuercen las leyes a su favor y niegan la presunción de inocencia, lo que llevaría a la inevitable la necesidad de una reforma judicial.