Matan al regidor de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Franco Palomera, en Jalisco; crece la presión por inseguridad en el estado.
El regidor de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Franco Palomera, fue asesinado la mañana de este 30 de abril en el municipio de Talpa de Allende, en la región Sierra Occidental del estado. El funcionario, conocido como“Kito” Franco, murió tras recibir un disparo de arma de fuego en la colonia San Rafael, lo que evidencia la inseguridad que se vive en el estado de Pablo Lemus.
De acuerdo con el coordinador estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, policías municipales acudieron al sitio ubicado en la calle 5 de Febrero luego de escuchar una detonación mientras realizaban labores de vigilancia. Al llegar, encontraron al regidor sin signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.
Tras el ataque, un agente del Ministerio Público abrió una carpeta de investigación, mientras peritos forenses realizaron el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles responsables ni el móvil del crimen, debido a lo reciente de los hechos.
El homicidio de Franco Palomera se suma a una serie de hechos violentos contra funcionarios locales en Jalisco. En febrero pasado, fue asesinada la regidora Blanca Esthela Álvarez Chávez en Manzanilla de la Paz, lo que pone sobre el reflector el papel del gobernador Pablo Lemus, pues no logra controlar la seguridad y prosiguen los hechos violentos.
El gobernador de Jalisco ha gastado más de 21 millones de pesos en la difusión de su primer informe de gobierno, campañas ambientales y obras; también ha destinado casi la mitad de los recursos a cubrir su “huella digital”, pagándole a Estrategia de Creación y Contenido, ligada a Badabun, más de 8 millones de pesos para eliminar de internet todo contenido que lo comprometa o contradiga.
En el primer bimestre de 2026, el Gobierno de Jalisco derrochó 21 millones 796 mil 551 pesos en publicidad. Un gasto ejercido, principalmente, en la difusión del Primer Informe de Gobierno de Pablo Lemus, gobernador de la entidad.
Entre los proveedores mejor pagados destacan Televisa S. de R.L; TV Azteca S.A.B de C.V; Puerto Vallarta Opina Ediciones, Radiodifusoras de Occidentes, entre otros influencers y televisores a quienes Lemus pagó millones para difundir su informe, transmitido el 6 de noviembre de 2025.
Además de ello, el gobernador de Movimiento Ciudadano ha invertido unos 8 millones de pesos en estudios de mercado, que van desde el análisis de la conversación pública hasta el monitoreo de medios especializados en política y finanzas.
Entre enero y febrero de 2026, la administración de Pablo Lemus desembolsó 254 mil pesos para pagar a TV Azteca y Televisa la difusión de su primer informe. A esto se sumó el pago millonario por la difusión de una campaña llamada “Cuidado con el Aire”, además de otros 8 millones en servicios de análisis de mercado. El gobierno de Jalisco, al igual que el de Nuevo León, ha utilizado la publicidad como un arma de guerra y posicionamiento político.
El objetivo de los gobernadores emanados de MC es generar un impacto positivo entre las audiencias, aun cuando sus administraciones, en los hechos reales, han dejado de lado los problemas reales de la ciudadanía.
Desde que se desempeñaba como alcalde de Zapopan, Pablo Lemus y su esposa María Elena Villa (Maye) utilizaron el poder de las redes sociales para catapultar su imagen pública.
De ahí que el gobernador de Jalisco, quien cuenta con una aceptación de 53%, de acuerdo con la empresa de encuestas Mitosfsky, no escatima dinero a la hora de “invertir los recursos públicos” en casas encuestadoras.
Al gobernador emecista parece interesarle mucho dónde está la atención de la conversación pública. El primer mandatario de Jalisco también pone especial interés en presumir sus obras y sus viajes de trabajo al extranjero. También le interesa mucho conocer las debilidades de sus adversarios políticos.
En lo que va de 2026, Lemus ha contratado los servicios de al menos tres consultoras para dichos fines. Entre ellas Creación de Contenido y Estrategia 360 S.A de C.V, que figura como una de las proveedoras mejor pagadas en materia de comunicación y marketing.
Entre enero y febrero, el Gobierno de Jalisco entregó a Creación de Contenido y Estrategia un total de 5 millones 555 mil 555 pesos, que fueron diferidos en cinco partidas por distintos conceptos. Dos de ellos atribuidos a la filmación de un “cortometraje”, cuyo precio se fijó en 10 millones de pesos, pero que, hasta el momento, el gobierno de Jalisco no ha especificado de qué se trata.
Lo más alarmante es que, de acuerdo con la adjudicación directa AD/025, el Gobierno de Jalisco deberá entregas otros siete millones y medio para cubrir el total del pago por el cortometraje.
Es importante destacar que Creación de Contenido y Estrategia es una empresa mexicana ligada a Badabun, otra promotora con sede en Tijuana, Baja California, especializada en la creación y viralización de contenido sensacionalista.
En 2019, la empresa enfrentó una serie de señalamientos que se vitalizaron luego de que varios de los YouTubers que colaboraban con la marca denunciaron al CEO, César Morales Jiménez, por acoso sexual y laboral.
Tras el escándalo, Badabun comenzó a buscar clientes entre la clase política a quienes promete “borrar” contenido comprometedor de la red.
En octubre de 2025, la Red de Defensa de los Derechos Digitales documentó cómo Harry Rodríguez, diputado plurinominal en Yucatán, y Andrés Fernández, diputados del Verde Ecologista, recurrieron a Badabun para retirar de X un video en el que aparecían en estado de ebriedad.
Finalmente, Rodríguez perdió su cargo como dirigente estatal del PVEM.
Otro político que ha recurrido a Badabun para eliminar de la red contenido comprometedor es Jorge Álvarez Maynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, quien pagó para retirar en 2024 un video -que él mismo subió- y en el que aparecía junto a Samuel García en estado de ebriedad.
Desde el proceso electoral de 2024, Creación de Estrategia y Contenido ha prestado servicios al Partido Verde Ecologista de México y a Movimiento Ciudadano para eliminar de plataformas y buscadores información que pudiera perjudicar a algunos de sus miembros.
En un momento en el que la realidad se mezcla con la ficción en el universo del internet, la estrategia de los partidos políticos y sus miembros ha evolucionado para enfocarse en la creación de una narrativa de hombres exitosos que hacen todo bien.
La situación en Guadalajara cada vez es más preocupante, servicios deficientes, calles en mal estado y falta de atención a la ciudadanía. Mientras el enojo social crece y se habla de revocación de mandato, las autoridades son señaladas por no dar soluciones y mantenerse alejadas de los problemas reales.
En Guadalajara el descontento ya es más que claro, puesto que vecinos de distintas colonias coinciden en lo mismo: la ciudad está descuidada y nadie se hace cargo. Lo que antes eran quejas, hoy son reclamos contra quienes gobiernan.
Verónica Delgadillo y Pablo Lemus se encuentran en el centro de las críticas. Son señalados por la gente, piden puntualidad y exigen pagos, pero no son buenos para resolver problemas básicos. ¿Qué se espera de un gobierno egoísta-emecísta que exige pero no responde?
Una de las grandes problemáticas es el agua. Existen reportes de agua sucia en varias colonias, algo que afecta directamente a las familias. Aún así, no hay explicaciones claras ni soluciones visibles aumentando las quejas.
A esto se añade la actitud de las autoridades, mientras la población exige respuestas, las declaraciones restan importancia al enojo social. Es por ello que el hartazgo ha llegado al punto de hablar de una revocación de mandato. Es una señal de que la gente ya no confía en un gobierno privilegiado y clasista y quiere un cambio.
Guadalajara se encuentra viviendo un momento complicado, cuando la gente siente que nadie la escucha y que los problemas crecen sin solución, se convierte en presión, y hoy esa presión va directamente contra quienes están al frente del gobierno.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación puso fin a la práctica que obligaba a las autoridades del Registro Civil de Jalisco a registrar los matrimonios y divorcios directamente en las actas de nacimiento de las personas.
En sesión del Pleno, la Corte declaró inconstitucional, con efectos generales, la norma que imponía estas anotaciones. La medida entrará en vigor de inmediato y se aplicará a nivel estatal.
Hasta ahora, la ley de Jalisco exigía que, al celebrarse un matrimonio o un divorcio, se anotará esta información en el acta de nacimiento del interesado. Esto obligaba a las personas a revelar públicamente su estado civil, vulnerando sus derechos a la privacidad, la protección de datos personales y la no discriminación.
La SCJN determinó que esta exigencia era innecesaria y contraria a la Constitución, ya que exponía información sensible sin justificación legítima.
La declaratoria general de inconstitucionalidad 3/2025 surge de un caso previamente resuelto por la entonces Primera Sala de la SCJN y de la omisión del Congreso de Jalisco, que no corrigió la norma dentro del plazo constitucional establecido.
A partir de esta resolución, ninguna autoridad del Registro Civil de Jalisco podrá exigir ni mantener anotaciones de matrimonio o divorcio en las actas de nacimiento. Las actas ya existentes que contengan estas anotaciones no podrán ser utilizadas para divulgar el estado civil de las personas.
Con el fin de facilitar la revocación del mandato de Pablo Lemus, legisladores de Morena y PT impulsan reformas que disminuirían los requisitos y critican la gestión del gobernador en Jalisco.
Legisladores de Morena y del Partido del Trabajo presentaron este lunes una propuesta en el Congreso de Jalisco. Su objetivo es facilitar la revocación del mandato del gobernador Pablo Lemus Navarro. En rueda de prensa, destacaron la necesidad de eliminar “candados” legales que limitan la supervisión de su gestión.
La propuesta incluye cambios al artículo 11 de la Constitución del estado y a la Ley del Sistema de Participación para la Gobernanza. Los legisladores quieren reducir el porcentaje de firmas requeridas para iniciar el proceso de revocación, de un 3% a un 1% del padrón de electores. También buscan bajar el umbral de asistencia a las urnas, del 40% al 30%.
El diputado Almaguer Castañeda comentó que la actual norma dificulta el acceso de la población a la consulta ciudadana. Entre los motivos de esta iniciativa se encuentra la contaminación del agua, que, según los legisladores, causa enfermedades en comunidades de El Salto y Juanacatlán.
La falta de acción del gobernador y las medidas que favorecen la gentrificación también fueron mencionadas como razones de peso. Los legisladores aseguran que el alto costo de las rentas ha forzado a muchas familias a abandonar sus hogares y barrios. Esto, a su vez, ha incrementado el riesgo de la niñez ante la violencia de grupos criminales.
Erika Pérez y José Luis Sánchez, líderes de Morena y del PT en Jalisco, respaldan esta medida. Con esta propuesta, buscan fortalecer las herramientas de acción ciudadana y promover una evaluación del desempeño del gobernador.
Con un municipio donde cerca de 170 colonias reportan agua color café, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, no solo admite la gravedad del problema, sino que lo reduce a un tema “repetido”. Mientras tanto el costo de vivir en la zona se dispara hasta 29 mil 050 pesos mensuales en promedio, rentas que alcanzan los 100 mil pesos.
Lejos de asumir responsabilidades, el edil ha optado por confrontar a la prensa y desestimar las denuncias ciudadanas. En una entrevista, ante cuestionamientos por la mala calidad del agua, respondió de forma grosera y evitó hablar de la problemática, pese a que miles de familias llevan semanas reportando el problema sin solución. La molestia de los ciudadanos también es por la evidente falta de respuesta de las autoridades.
El propio Frangie ha reconocido que la situación es “crítica” y que las fugas y fallas en la calidad del servicio han ido en aumento. Aún así, su narrativa contrasta con la cotidianidad de colonias enteras que al abrir la llave significa recibir agua sucia.
Por otro lado, Zapopan se ha convertido en el municipio más caro de la zona metropolitana de Guadalajara. La renta promedio ronda entre los 29 mil 050 pesos hasta los 100 mil pesos hasta en zonas exclusivas, lo que refleja un círculo inmobiliario que deja fuera a miles de habitantes sin la posibilidad de una vivienda digna. Pero para el alcalde, su explicación es simple: “lo bueno cuesta caro.
Esa postura ha provocado críticas por su tono insensible frente a una población que enfrenta una vivienda impagable con servicios deficientes. El gobierno municipal se deslinda de cualquier responsabilidad sobre el encarecimiento del territorio y sus efectos en la vida diaria.
La diferencia se vuelve aún más clara al considerar el perfil del propio Frangie, empresario del sector restaurantero cuyos negocios han crecido con base en los gobiernos de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Mientras algunos prosperan, la mayoría enfrenta costos cada vez más altos por vivir en un municipio que no garantiza servicios básicos de calidad.
A pesar de haber ganado la elección con una ventaja de 16 puntos y de presumir 12 años de continuidad política, la realidad comienza a sobrepasar el discurso oficial.
Zapopan no solo es caro, y actualmente es un municipio donde pagar más no garantiza ni siquiera agua limpia. Frente a eso, la evasión y la soberbia del gobierno municipal pesan más que cualquier justificación.
Juan José Frangie justifica precios elevados en vivienda mientras evade reclamos por agua sucia y confronta a medios críticos.
El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, volvió a colocarse en el centro de la polémica tras defender el alto costo de las rentas en el municipio con una frase que encendió críticas: “Lo bueno cuesta caro”. Sin matices, el edil emecista dejó claro que su visión de gobierno se rige por la lógica de mercado, aun cuando Zapopan se ubica entre las zonas más caras del país para vivir.
Durante una entrevista, Frangie fue cuestionado sobre el impacto de los precios inmobiliarios en la población. Su respuesta fue tajante: “El que quiera venir aquí, pues le va a costar”, desestimando cualquier posibilidad de regulación o intervención para equilibrar el acceso a la vivienda. Para el alcalde, todo se reduce a oferta y demanda, como si gobernar fuera administrar un negocio privado y no atender un problema social.
Pero la incomodidad del edil creció cuando se le señalaron fallas en servicios públicos, particularmente el agua sucia que denuncian habitantes. Lejos de responder con datos o soluciones, Frangie calificó el tema como “trillado” y prefirió desviar la atención, respaldándose en explicaciones previas del gobierno estatal.
La escena escaló cuando el alcalde arremetió contra la reportera, acusando a medios de “golpeteo” y cuestionando la intención de las preguntas. “¿Cuál gente? Yo la veo aquí muy contenta”, respondió, en un intento por desacreditar las denuncias ciudadanas con base en su percepción personal y resultados electorales.
El episodio dejó más que una declaración polémica: exhibió una postura que minimiza problemáticas reales mientras se prioriza una narrativa de éxito. Entre rentas impagables y servicios cuestionados, el discurso del alcalde parece desconectado de la experiencia cotidiana de quienes viven en Zapopan.
Al final, la frase no solo retrata su visión económica, sino también una forma de gobernar donde si no puedes pagar, simplemente no perteneces. Una lógica que, más que resolver, profundiza la desigualdad urbana.
El caso que conmocionó al país por transmitirse en vivo sigue sin justicia, evidenciando fallas graves en la estrategia de seguridad estatal.
El feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, permanece sin detenidos a casi un año del ataque, lo que ha desatado críticas contra el gobierno estatal encabezado por Pablo Lemus, señalado por la falta de resultados en la investigación.
La joven de 23 años fue asesinada a tiros dentro de su negocio mientras realizaba una transmisión en vivo, en un crimen que impactó a todo México por su brutalidad y difusión en redes sociales. A pesar de la evidencia videográfica y testimonios clave, las autoridades no han logrado capturar a ningún responsable.
La Fiscalía del Estado de Jalisco inició la investigación bajo el protocolo de feminicidio y recabó más de 30 declaraciones, además de analizar videos de cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de escape del agresor. Sin embargo, los avances han sido insuficientes y no han derivado en detenciones.
El caso incluso escaló a nivel internacional cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó al presunto criminal Ricardo Ruiz Velasco, asociado al CJNG, como posible responsable. Aun con esta línea de investigación, las autoridades estatales no han concretado acciones efectivas.
La falta de resultados ha evidenciado una grave ineficiencia en la procuración de justicia en Jalisco, donde la impunidad persiste en casos de violencia contra mujeres. Colectivos y ciudadanos han cuestionado la estrategia de seguridad del gobierno de Pablo Lemus, al considerar que no ha habido avances reales.
A casi un año del crimen, familiares y seguidores de Valeria Márquez mantienen la exigencia de justicia, mientras el caso se convierte en símbolo de la impunidad y la incapacidad institucional para resolver feminicidios en el estado.
La falta de quórum y la ausencia de autoridades frenaron una decisión crucial sobre el rumbo del gobierno municipal.
La sesión extraordinaria del cabildo de Tequila, Jalisco, donde se definiría el futuro de la alcaldesa interina Lorena Marisol Rodríguez Rivera, fue aplazada tras no alcanzarse el quórum necesario, lo que mantiene en suspenso la continuidad de la actual administración municipal.
El encuentro, programado para este miércoles a las 19:00 horas, no pudo realizarse debido a la ausencia de la propia alcaldesa interina y del secretario del ayuntamiento, lo que impidió legalmente el desarrollo de la sesión, conforme a la normativa municipal vigente.
El síndico Fernando Contreras lamentó la falta de asistencia, señalando que la convocatoria se realizó en tiempo y forma desde el pasado 6 de abril. Sin embargo, únicamente acudieron cinco regidores, número insuficiente para validar acuerdos o tomar decisiones oficiales.
Contreras aclaró que el objetivo de la sesión no era destituir a la alcaldesa, sino realizar una evaluación del desempeño durante los 60 días de interinato y, con base en ello, decidir si se ratificaba su permanencia o se iniciaba un nuevo proceso para designar a otro titular.
Ante lo ocurrido, se levantará un acta para dejar constancia de los asistentes y se buscará a las autoridades ausentes para conocer las razones de su inasistencia, en un contexto que evidencia tensiones políticas al interior del cabildo.
El apoyo económico benefició a más de 31 mil agricultores en ocho estados del país, impulsando la producción de maíz blanco y amarillo.
El gobierno federal destinó un total de mil 897 millones de pesos para apoyar a productores de maíz blanco y amarillo. Este apoyo llegó a 31 mil 767 agricultores en ocho entidades del país: Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) confirmó esta inversión.
El pago corresponde a la comercialización de casi 2.5 millones de toneladas durante los ciclos agrícolas Primavera-Verano y Otoño-Invierno de 2025. Gracias a la simplificación de reglas operativas en febrero, muchos agricultores pudieron acceder a estos incentivos de manera más fácil.
Por ejemplo, en Campeche, mil 856 productores de maíz blanco recibieron 108 millones de pesos. En Guanajuato, 12 mil 077 productores se beneficiaron con 580 millones de pesos, mientras que en Jalisco, 8 mil 265 agricultores obtuvieron 498 millones de pesos. En total, estas cifras reflejan el compromiso del gobierno para respaldar a los agricultores.
En Michoacán, se apoyaron a 7 mil 752 labriegos con 375 millones de pesos. También se otorgaron recursos en Querétaro y Tlaxcala. En Tamaulipas, para el ciclo de maíz amarillo, se beneficiaron 51 agricultores con 5.7 millones de pesos.
Por otro lado, los productores de maíz blanco en Sinaloa también contarán con un respaldo, ya que se comenzará la comercialización de la nueva cosecha. La industria harinera, almidonera y pecuaria comprará hasta 3.5 millones de toneladas a un precio base de 65 dólares por tonelada.
Además de los incentivos para maíz, también se otorgaron apoyos para trigo y arroz. En el caso del trigo, se destinaron casi 1,891 millones de pesos, beneficiando a más de 7 mil agricultores. Por su parte, 1,248 productores de arroz recibieron 235 millones de pesos en apoyo.
Este impulso económico refleja el esfuerzo del gobierno por fortalecer la producción agrícola en el país y mejorar la calidad de vida de los productores.
