La ex presidenta del DIF de Veracruz es señalada por el presunto desvío de 112 millones de pesos; fue detenida en Londres y enfrentó un proceso de extradición impulsado por la FGR.
El nombre de Karime Macías Tubilla quedó ligado a uno de los mayores escándalos de corrupción en Veracruz durante el gobierno de su entonces esposo, Javier Duarte de Ochoa, exgobernador hoy en prisión.
Aunque oficialmente ocupó un cargo honorario al frente del DIF estatal, la Fiscalía sostiene que habría participado en el presunto desvío de recursos públicos destinados a programas sociales.
La acusación central señala un fraude por 112 millones de pesos, que habrían sido transferidos a empresas fantasma durante la administración de Duarte (2010-2016). La investigación forma parte del entramado de irregularidades que también salpicó a la llamada “Estafa Maestra”, esquema documentado por organizaciones civiles y medios nacionales.
El caso tomó relevancia internacional cuando Karime Macías fue detenida en Londres en octubre de 2019. Posteriormente quedó en libertad bajo fianza tras pagar 150 mil libras esterlinas, mientras México solicitaba su extradición. La Fiscalía General de la República (FGR) buscó llevarla a juicio por el presunto daño al erario veracruzano.
Uno de los episodios más mediáticos fue el hallazgo de libretas donde escribió repetidamente la frase “Sí merezco abundancia”, además de anotar cuentas bancarias y propiedades. Las autoridades señalaron que dichos bienes habrían sido adquiridos con recursos públicos, aunque su defensa ha insistido en que no ocupó un cargo formal con manejo presupuestal y que no existe prueba directa de responsabilidad penal.
Testimonios de excolaboradores apuntaron que Macías participaba en reuniones de gabinete y tenía influencia en decisiones administrativas, versión rechazada por su equipo legal. Mientras tanto, el sexenio de Duarte quedó marcado por acusaciones de empresas fantasma, desvío millonario de recursos y graves violaciones a derechos humanos, incluyendo desapariciones y asesinatos de periodistas.
El caso de Karime Macías continúa siendo símbolo del saqueo institucional que golpeó a Veracruz y uno de los expedientes más polémicos del combate a la corrupción en México.
La Fiscalía Anticorrupción busca una condena de 21 años de prisión por el presunto desvío de 5 millones de pesos destinados a obras de salud en Veracruz.
Este martes, un juez federal determinará la situación jurídica de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el delito de peculado agravado relacionado con el presunto desvío de recursos públicos destinados a obras de salud en 2012.
La audiencia se llevará a cabo a las 10:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, bajo la conducción del juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor. En esta etapa procesal, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) solicitará una pena de 21 años de prisión contra el exmandatario priista.
De acuerdo con la imputación presentada la semana pasada —diligencia que se extendió por más de siete horas— la autoridad ministerial expuso 38 datos de prueba, entre ellos transferencias bancarias realizadas desde cuentas que administraban recursos federales. Según la acusación, la Secretaría de Salud federal transfirió 10 millones de pesos para la construcción y mejora de dos centros de atención: uno para niños y otro para personas adultas mayores en Veracruz; sin embargo, solo se habrían aplicado 5 millones, mientras que el resto fue presuntamente desviado.
El expediente fue judicializado a finales de 2025, derivado de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2016, relacionadas con múltiples desvíos de recursos federales en el sector salud y obra pública durante la administración de Duarte.
Mientras avanza este nuevo proceso penal, Javier Duarte permanecerá en prisión preventiva justificada, a la espera de que el juez resuelva si lo vincula a proceso por este nuevo cargo.
La FGR busca frenar la liberación del exgobernador de Veracruz con una nueva imputación por el presunto desvío de recursos federales destinados a personas con discapacidad.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentará una nueva acusación contra Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el presunto delito de peculado, relacionado con el supuesto desvío de cinco millones de pesos en subsidios federales durante su administración.
De avanzar esta imputación y ser vinculado a proceso, Duarte podría permanecer en prisión más allá de abril, fecha en la que concluiría la sentencia de nueve años que actualmente cumple por lavado de dinero y asociación delictuosa. El caso quedó en manos del juez Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien citó a audiencia inicial el próximo 12 de febrero a las 09:00 horas.
La acusación fue presentada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) y se refiere al presunto desvío de recursos destinados al Fondo de Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz, correspondiente al año 2012.
No obstante, la audiencia celebrada este lunes no avanzó luego de que Duarte solicitara un aplazamiento, argumentando que sus abogados se encuentran hospitalizados. Ante ello, la FGR acusó a la defensa del exmandatario de recurrir a “prácticas dilatorias”, recordando que en ocasiones anteriores el proceso ya había sido pospuesto por motivos similares.
El juez recordó que no es la primera vez que se difiere una audiencia por inasistencias o razones de salud, por lo que determinó reprogramarla en el transcurso de esta semana.
De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito de peculado contempla penas de hasta 14 años de prisión y amerita prisión preventiva oficiosa, lo que podría impedir cualquier beneficio de libertad anticipada.
Cabe recordar que Duarte también enfrenta un proceso penal por desaparición forzada, lo que previamente ya frenó su intento de obtener libertad anticipada. A ello se suma que, según una resolución judicial, no cumplió con los requisitos legales para acceder a dicho beneficio, entre ellos el plan de actividades dentro del reclusorio.
La FGR judicializa nueva carpeta por desvío de recursos durante la gestión del ex gobernador veracruzano.
El gobierno de Guatemala autorizó a la justicia mexicana imputar nuevos cargos contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en un caso relacionado con desvíos de recursos federales entre diciembre de 2010 y octubre de 2016.
La Fiscalía General de la República (FGR) ya judicializó la nueva carpeta y fijó fecha para la audiencia inicial; sin embargo, la defensa del ex mandatario no se presentó, argumentando que Duarte se encontraba enfermo de COVID-19.
El expediente se integra a partir de denuncias recibidas desde 2016 sobre recursos destinados a obras públicas y adquisición de insumos de salud, entre otras actividades. Las autoridades federales confirmaron que el Ministerio Público Federal solicitó meses atrás a Guatemala la autorización para agregar cargos, conforme a los acuerdos internacionales que rigen la extradición.
Duarte fue considerado prófugo de la justicia en octubre de 2016, pocos días antes de concluir su mandato. Fue detenido el 15 de abril de 2017 en el hotel La Riviera de Atitlán, en Panajachel, Guatemala, tras una orden internacional de localización y aprehensión. El ex gobernador rechazó la entrega voluntaria, y el 17 de julio de 2017 Guatemala aprobó su extradición a México, donde permanece en el Reclusorio Norte.
Semanas atrás, la defensa de Duarte solicitó que cumpliera los últimos cuatro meses de su condena bajo libertad vigilada, pero la jueza Ángela Zamorano Herrera desechó el recurso, argumentando que enfrenta un proceso por desaparición forzada que aún no concluye y no acreditó el cumplimiento de actividades culturales, educativas y recreativas dentro del Reclusorio.
Con información de Gustavo Castillo y César Arellano para La Jornada
Colectivos exigen que el exgobernador sea procesado antes de que termine su condena por corrupción; aplazamiento prolonga la incertidumbre para familias veracruzanas.
La audiencia para decidir si se persigue a Javier Duarte de Ochoa por desaparición forzada en Veracruz fue aplazada por el Tribunal Superior de Justicia del estado. Inicialmente programada para este 26 de noviembre, la cita se reprogramó para el 16 de enero de 2026.
El caso, registrado como causa penal 103/2018, busca determinar si existen motivos suficientes para procesar al exgobernador, luego de que un juzgado sobreseyó el proceso en 2024 por considerar inválidas las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado. Tras la interposición de recursos de revisión, el Tribunal deberá evaluar nuevamente los datos de prueba.
Colectivos de búsqueda, como Solecito de Veracruz y Belén González, reclamaron que la resolución garantice los derechos de las víctimas y permita que Duarte sea procesado y condenado por las desapariciones forzadas ocurridas durante su administración. “La audiencia no solo revisa un dato de prueba. Revisa la credibilidad del sistema de justicia, la dignidad de las víctimas y el compromiso del Estado con la verdad”, señalaron los colectivos.
Durante su gestión, Veracruz vivió episodios de violencia con centenares de desapariciones, fosas clandestinas y una crisis forense que persiste hasta hoy, recordaron los grupos de búsqueda. El Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda hizo un llamado al Tribunal para que la resolución proteja los derechos de las víctimas y establezca precedentes para la justicia en casos de desaparición.
Actualmente, Javier Duarte cumple condena por delitos de corrupción y malversación de fondos, la cual concluirá el próximo año. Las familias de personas desaparecidas advierten que es necesario que también sea imputado y procesado por delitos de lesa humanidad, para garantizar que no quede impune el sufrimiento causado.
La jueza federal rechaza la solicitud del exgobernador priista de Veracruz, quien enfrenta un proceso pendiente.
El exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no podrá salir del Reclusorio Norte. Este viernes, la jueza federal Ángela Zamorano Herrera rechazó su solicitud de libertad anticipada. Durante una audiencia que duró más de una hora, la jueza explicó que Duarte no cumplió con los requisitos necesarios establecidos en la Ley de Ejecución Penal.
La jueza mencionó que el argumento más relevante para su decisión fue que el expriista aún enfrenta un proceso penal. En particular, se trata de un caso relacionado con la desaparición forzada de un taxista. Aunque se dictó un auto de no vinculación a proceso, la Fiscalía de Veracruz ha impugnado esta resolución. Por lo tanto, la situación de Duarte permanece en un limbo legal, mientras se espera la decisión de un tribunal sobre el caso.
Esta negativa a la libertad anticipada llega en un momento crucial para el exgobernador, quien busca dejar atrás sus problemas legales. A pesar de sus intentos, la justicia sigue su curso, y Duarte deberá continuar en prisión mientras estos asuntos se resuelven.
La FGR pidió no ceder a la “petición navideña” del ex gobernador, mientras testigos señalaron presuntos intentos de entorpecer procesos por desaparición forzada.
La jueza Ángela Zamorano Herrera, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, aplazó para este viernes la resolución sobre la libertad anticipada de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz condenado por asociación delictuosa y lavado de dinero. La audiencia, que se prolongó casi 12 horas, estuvo marcada por confrontaciones entre la defensa y la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la diligencia, el fiscal Manuel Granados Quiroz pidió a la juzgadora no conceder “esta petición navideña” al ex mandatario, mientras Duarte acusó a la FGR de convertir el proceso en un “circo mediático”, luego de que se mencionara un presunto desvío de 60 mil millones de pesos. “Es una falta de respeto para usted y para la institución”, reclamó.
El abogado del ex gobernador, Pablo Campuzano, insistió en que Duarte cumple los criterios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como haber purgado más del 70% de su condena y mantener buena conducta. Sin embargo, este punto detonó el mayor debate de la jornada.
La FGR presentó a seis testigos, entre ellos cuatro funcionarios de la fiscalía de Veracruz, quienes afirmaron que Duarte entorpeció en diversas ocasiones la audiencia inicial por desaparición forzada. La fiscal Denisse Moreno Córdova relató que en seis ocasiones el ex gobernador retrasó la comparecencia; una de ellas en 2022, cuando abandonó la sala alegando náuseas y vómito, para luego ser regresado en una silla por personal penitenciario.
La defensa respondió acusando que Duarte fue forzado a comparecer pese a un episodio de presión baja y que incluso se le inyectó adrenalina para reingresarlo a la audiencia. Granados Quiroz sostuvo que estos episodios evidencian “una actitud que afecta directamente la evaluación de buena conducta”.
La determinación final se dará a conocer este viernes, en una audiencia que definirá si el ex gobernador obtiene o no el beneficio preliberacional.
La Fiscalía busca desacreditar los argumentos de buena conducta del ex gobernador y presentará a seis testigos clave para evitar que abandone el Reclusorio Norte antes de 2026.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentará este miércoles a seis testigos con los que busca impedir que Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, obtenga la libertad anticipada. Aunque su defensa afirma que ya cumplió más del 70% de su condena, mantiene buena conducta y no tiene prisión preventiva, la FGR intenta desmontar esos argumentos ante el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.
Tres de los testigos pertenecen a la Fiscalía de Veracruz, quienes no pudieron asistir a la diligencia anterior. La jueza Ángela Zamorano Herrera encabezará la audiencia que podría extenderse por más de ocho horas y definirá si Duarte permanece en prisión hasta abril de 2026, fecha en que concluye su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Hasta ahora, cinco testigos de la defensa —funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México y uno federal— declararon en favor del ex mandatario para acreditar avances en su proceso de reinserción social. Sin embargo, durante las comparecencias también se revelaron faltas graves cometidas por Duarte en 2019 y 2020, cuando fue sorprendido con latas de alcohol, un Blu-Ray modificado como módem, un bolígrafo con cámara oculta y otros objetos prohibidos, lo que derivó en 15 días sin visitas.
La FGR insiste en que estos incidentes, sumados a nuevos elementos aportados por la Fiscalía de Veracruz, justifican negar su salida anticipada. A ello se suma un recurso de apelación que aún podría reactivar un proceso por desaparición forzada, el cual también complicaría su liberación.
Duarte fue sentenciado en 2018 a nueve años de prisión y se le decretó el decomiso de 41 propiedades, entre ellas departamentos de lujo en Santa Fe valuados en más de 45 millones de pesos cada uno.
El exgobernador de Veracruz, condenado por lavado de dinero y asociación delictuosa, busca salir de prisión antes de cumplir su sentencia completa. La decisión fue pospuesta al 19 de noviembre.
La audiencia que definirá si Javier Duarte obtiene su libertad anticipada fue aplazada para el próximo 19 de noviembre, según determinó la jueza Ángela Zamorano Herrera, titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones del Centro de Justicia Penal Federal.
El exgobernador de Veracruz, condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa, solicitó este beneficio argumentando buena conducta, participación en actividades de reinserción y que incluso imparte cursos a otros internos. Duarte cumple su condena en el Reclusorio Norte, donde ya habría cumplido el 95% de su sentencia, equivalente a 3 mil 125 de los 3 mil 285 días impuestos por la justicia federal.
De acuerdo con los abogados defensores, encabezados por Pablo Campuzano, Duarte no enfrenta ningún otro proceso penal vigente, luego de que cuatro causas adicionales —tres del fuero común y una federal— fueron canceladas o declaradas prescritas. Entre ellas figuraban delitos como peculado, incumplimiento del deber legal y desaparición forzada, este último cerrado en noviembre de 2024.
Durante la diligencia, la jueza Zamorano explicó que analiza 11 testimonios y 23 pruebas documentales presentadas tanto por la defensa como por la Fiscalía General de la República (FGR). Rechazó eliminar evidencia de alguna de las partes al señalar que “sería absurdo suprimir las pruebas, pues sin ellas no habría elementos para pronunciarme”.
Si la resolución resulta favorable, Javier Duarte podría salir de prisión de manera inmediata, cinco meses antes de que concluya su condena formal, prevista para abril de 2026.
El exmandatario veracruzano fue detenido en abril de 2017 en Guatemala y extraditado a México tras ser uno de los símbolos más notorios de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Desde entonces, su figura ha representado para muchos la impunidad del viejo régimen, que hoy parece intentar reinsertarse, al menos jurídicamente, en la vida pública.
A casi nueve años de su detención en Guatemala, el exgobernador priista Javier Duarte podría recuperar la libertad pese a ser uno de los mayores símbolos de corrupción política en México. La Fiscalía se opone, pero la jueza ya analiza su caso.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría salir de prisión en cuestión de semanas. A casi nueve años de su detención en Guatemala, el político priista busca obtener libertad anticipada tras cumplir con más del 70% de su condena y argumentar “buen comportamiento”.
La audiencia que definirá su futuro fue fijada para el 12 de noviembre, y estará a cargo de la jueza Ángela Zamorano Herrera, quien deberá resolver si procede su salida antes de abril de 2026, fecha en la que concluiría formalmente su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Aunque el beneficio legal podría concedérsele, la Fiscalía General de la República (FGR) ha impugnado la solicitud, al considerar la magnitud del daño económico y social causado durante su administración. Sin embargo, tras ser absuelto en 2024 del delito de desaparición forzada, Duarte ya no enfrenta procesos adicionales.
El símbolo de corrupción
Nacido en 1973, Javier Duarte pasó de ser un político con un currículum brillante a uno de los rostros más reconocibles de la impunidad mexicana. Gobernó Veracruz entre 2010 y 2016, bajo el amparo del PRI y de su mentor Fidel Herrera, prometiendo modernidad y desarrollo. Pero en realidad construyó una de las redes de saqueo público más grandes en la historia reciente.
De acuerdo con investigaciones de la extinta PGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante su gobierno se desviaron más de 73 mil millones de pesos del erario estatal. El dinero circuló a través de 73 empresas fantasma creadas para simular contratos por obras y apoyos sociales inexistentes. En los domicilios fiscales se hallaron casas vacías, terrenos baldíos y pequeños locales falsos.
A esto se suman 35 mil millones de fondos federales y estatales desaparecidos, y más de 14 mil millones de daño patrimonial. Incluso la Cruz Roja fue afectada, al no recibir nueve millones de pesos recaudados mediante la tenencia vehicular.
Infancias: el precio de la corrupción
Durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, se descubrió uno de los escándalos más indignantes de corrupción en el sistema de salud mexicano: el uso de agua destilada en lugar de medicamentos para niños con cáncer atendidos en hospitales públicos.
La denuncia fue hecha por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes, quien calificó el hecho como un “pecado brutal”. Además, exfuncionarios de salud revelaron que la administración de Duarte también habría comprado miles de pruebas falsas de VIH y medicamentos pirata o caducados, lo que evidenció una red de negligencia y desvío multimillonario de recursos públicos en perjuicio de la población más vulnerable.
Las investigaciones señalaron que el propio Duarte estaba al tanto de las irregularidades, pese a que su gobierno intentó encubrirlas. Se comprobó que, desde 2010, durante el mandato de su antecesor Fidel Herrera, ya se habían adquirido lotes falsos de medicamentos a empresas vinculadas con operadores políticos del PRI. Aún cuando la farmacéutica Roche advirtió que los productos eran falsos, el gobierno de Duarte continuó comprando y suministrando los fármacos hasta 2013.
El daño, además del financiero —más de 2,500 millones de pesos desviados de hospitales y centros médicos—, dejó una profunda huella ética y humanitaria que convirtió a Duarte en símbolo del abuso político y la descomposición institucional en México.
Huida, captura y juicio negociado
En noviembre de 2016, cuando las investigaciones lo cercaban, Duarte huyó del país. Fue detenido en abril de 2017 en Guatemala, junto a su esposa Karime Macías, recordada por su frase “Sí merezco abundancia”.
Tras su extradición, enfrentó cargos por delincuencia organizada, pero la acusación fue reclasificada a asociación delictuosa, permitiéndole un procedimiento abreviado. Fue condenado a nueve años de prisión y una multa de apenas 58 mil pesos, sin obligación de reparar el daño.
Organizaciones civiles, como TOJIL, calificaron el acuerdo como un acto de corrupción judicial, ya que el exmandatario recibió un trato preferencial pese a la magnitud del desfalco.
La sombra de la impunidad
Si la jueza concede la libertad anticipada, Duarte saldría libre sin devolver un solo peso de los miles de millones desviados y sin enfrentar nuevos cargos. La mayoría de sus excolaboradores siguen prófugos o protegidos por el fuero legislativo.
El caso Duarte no solo representa uno de los mayores escándalos financieros del “Nuevo PRI”, sino también un símbolo de cómo la impunidad sigue marcando la vida política mexicana.
