Este 15 de noviembre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que comenzó una indagatoria en contra de Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta responsabilidad en lavado de dinero, tráfico de influencias y defraudación fiscal. Cabe recordar que en el pasado fue acusado por delitos relacionados con el caso Ayotzinapa.
El organismo presentó una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita ante la Fiscalía General de la República (FGR) un día antes.
Fueron detectadas irregularidades en licitaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con las cuales Karam se habría visto beneficiado.
A través de un comunicado, el organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda, detalló que “una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP (persona expuesta públicamente), resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”.
La unidad expuso que la compañía operó irregularmente debido a que declaró ganancias mínimas que no están acorde con las contrataciones públicas a las que accedió, por lo que podría ser un caso de defraudación fiscal. Asimismo, registró domicilios que no correspondían a las actividades que realizaba.
En relación al tráfico de influencias la UIF detalló detectó que el hijo del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes era secretario de Murillo, por lo que se sospecha que su compañía obtuvo contratos con la STC a través de influencias.
Por otra parte, el patrimonio del ex Procurador General de la República también es objeto de investigación de la UIF, ya que de 2020 a 2021 colocó 26. 5 millones de pesos (MDP) en el extranjero y en 2017 recibió 2.8 millones de dólares (MDD) bajo el concepto de retorno de inversión del extranjero.
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