Ricardo Anaya, ex candidato presidencial y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no postergue hasta el martes la votación del proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
En entrevista, Anaya mencionó su apoyo para incluir los programas sociales en la Constitución como derechos garantizados, aunque también llamó al gobierno a asegurar los recursos necesarios para estos.
Sin embargo, criticó fuertemente la postura de Morena respecto a la renuncia de los ministros, que los legisladores morenistas han condicionado pese a lo establecido en el artículo transitorio séptimo de la reforma constitucional.
Según Anaya, la reciente reforma que prohíbe las acciones de inconstitucionalidad sobre iniciativas aprobadas por el Congreso podría llevar al país a una “crisis constitucional”.
Finalmente, solicitó a la SCJN acelerar la votación para evitar, en sus palabras, una profundización de dicha crisis.
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron que el 5 de noviembre se discutirá el poyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la cual busca invalidar parcilamente la reforma judicial.
De acuerdo con la propuesta de Juan Luis Alcántara busca anular la elección popular de jueces y magistrados, sin embargo mantener elecciones para los integrantes del pleno de la Corte, del Tribunal Electoral del Podjer Judicial y de Tribunal de Disciplina.
Se esperaba que la propuesta se discutiera en la sesión pública del jueves, sin embargo se programó la fecha de discusión hasta el próximo martes, ya que los ministros al momento siguen con la discusión del Comité de Evaluación del PJF que participará en la elección a candidatos, jueces, ministros y magistrados.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, descalificó el proyecto del ministro Juan Luis González, asegurando qu está violando la Constitución en un nuevo intento por frenar la reforma judicial, presentó un nuevo plan de acción para declarar la reforma como inconstitucional.
Esta tarde Ricardo Monreal aseguró que el Congreo de la Unión no acatará la invalidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que continuarán con la puesta en marcha de las elecciones del Poder Judicial.
El legislador descalificó el proyecto del ministro Gónzalez Alcántara que busca plantear como inconstitucional la elección de jueces y magistrados por votación.
“Nosotros no nos vamos a detener. Habrá elecciones de jueces y magistrados, porque él (el magistrado González Alcántara) no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional; viola el principio de legalidad, ciola la doctrina, viola la jurisprudencia y asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal“, destacó Monreal.
Asimismo, mencionó que la SCJN no puede aceptar que un ministro cancele una reforma que ya fue aproabada por el Congreso de la Unión y la mitad más una de las legislaturas locales.
“Eso es lo que nos da razón para que fijemos límites a las arbitrariedades del Poder Judicial de sus jueces y de sus ministros“, aseguró Monreal.
El exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha presentado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un esfuerzo por detener la reciente reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión. Esta medida ha sido vista por varios sectores como un intento desesperado de proteger intereses personales y políticos, en lugar de defender la justicia y la autonomía del Poder Judicial.
El recurso fue admitido por el ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien procederá a elaborar un proyecto de sentencia que será discutido por el Pleno de la Corte. Sin embargo, la admisión del trámite no garantiza que las acusaciones de Sinhue tengan sustento jurídico. De hecho, este tipo de maniobras son interpretadas como una resistencia al progreso en un momento en el que se busca fortalecer la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF).
¿Defensa de la autonomía o defensa de intereses?
Diego Sinhue ha justificado su impugnación argumentando que la reforma afecta la autonomía del PJF y la división de poderes. Sin embargo, estas afirmaciones carecen de fundamento. La reforma busca precisamente garantizar que el Poder Judicial opere sin las influencias que tradicionalmente han favorecido a ciertos grupos políticos.
Guanajuato, bajo su gobierno, fue un bastión de la influencia política conservadora, y esta impugnación podría es un intento de mantener ese poder. En lugar de promover una verdadera independencia judicial, parece que busca frenar reformas que fortalecen la transparencia y la justicia para todos los ciudadanos.
El papel de la SCJN y las dudas sobre Carrancá
El ministro Carrancá ha aceptado el trámite de la controversia, aunque muchos dudan de la imparcialidad en este caso. Su participación en eventos polémicos, como la cena organizada por la ministra Norma Piña con líderes de los partidos PRI y PAN en plena campaña electoral, ha generado cuestionamientos sobre su verdadera posición respecto a la independencia judicial.
Incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado a Carrancá como un posible saboteador de la Cuarta Transformación, a pesar de haber sido él mismo quien promovió su candidatura a la SCJN. Las críticas hacia el ministro reflejan las tensiones políticas que rodean la discusión sobre la reforma judicial y el papel que juegan ciertos actores en la protección de sus propios intereses.
Una reforma que busca fortalecer la justicia
La reforma judicial que Diego Sinhue intenta revertir tiene como objetivo principal fortalecer la independencia del Poder Judicial y garantizar que opere de manera transparente, libre de influencias políticas. En lugar de ser una amenaza para la autonomía, la reforma busca eliminar la corrupción y asegurar que el Poder Judicial sirva a los intereses de la ciudadanía, no a los de unos pocos.
El intento de frenar esta reforma es una muestra de resistencia al cambio. En lugar de avanzar hacia un sistema judicial más justo y equitativo, la controversia de Sinhue representa un esfuerzo por mantener un status quo que ha beneficiado a ciertos sectores durante años.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han compartido los proyectos sobre las consultas abiertas de la ministra presidenta, Norma Piña, con el objetivo de que se revise la constitucionalidad y si es procedente interponer recursos en contra de la recién promulgada reforma al Poder Judicial.
La tarde de este martes, la SCJN hizo público los proyectos del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, con los que se resuelven las consultas cuatro, cinco, seis y siete, que fueron ingresadas por jueces y magistrados que se oponen a la transformación del Poder Judicial.
En ese sentido, la ministra Yasmin Esquivel, una de las ponentes sobre las consultas abiertas, y cuyo proyecto propone que la SCJN deseche la consulta abierta y que declare que no puede pronunciarse sobre la Reforma Judicial, puesto que se trata de una modificación constitucional.
Su petición rebasa las atribuciones que tiene esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para velar por la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Indica el proyecto de Esquivel Mossa.
Por su parte, el ministro Alcántara Carrancá plantea en su proyecto la admisión de estas consultas con las que se busca echar atrás la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que fortalece el sistema de justicia en el país.
En el proyecto el togado plantea que los recursos sean turnados a otra ponencia y que sean analizados bajo la fracción XVII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde se valorará si la promulgada Reforma Judicial respeta la independencia y autonomía de este poder de unión.
Procede que la ministra presidenta (Norma Piña Hernández) dicte un acuerdo en el cual reencauce la petición de los promoventes y sea turnada al ministro que corresponda.
Luego de que la ministra Lenia Batres advirtió sobre que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, admitió un recurso de “contradicción de criterios” para analizar la asignación de las diputaciones y senadurías de representación proporcional. El ministro Alcántara Carrancá aseguró que será respetuoso de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ante ello, el ministro Luis González Alcántara Carrancá, a quien se le turnó la queja interpuesta por el PAN, mostró cordura y no siguió el juego de Norma Piña, por lo que aclaró que respeta la competencia del TEPJF y que su proyecto no afectará la determinación del máximo tribunal en materia electoral.
🔴 #ÚltimaHora⚡| 📹 #Vídeo | El ministro Luis González Alcántara Carrancá pone alto en seco a Norma Piña y le recuerda que es al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a quien le corresponde repartir los escaños y curules plurinominales, no a la Suprema Corte. pic.twitter.com/W71GE5mzp0
La Sala Superior [del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación] es el órgano especializado, competente, para conocer en última instancia sobre la debida asignación de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional.
Afirmó Alcántara Carrancá.
En ese sentido, el ministro señaló la SCJN es competente para admitir los recursos de “contradicción de criterios”, además detalló que tardará en presentar el proyecto y que la resolución que se pongan a votación en el Pleno de la Corte no afectará la distribución de los espacios de representación proporcional en el Congreso de la Unión.
Asimismo, el ministro subrayó que el TEPJF es la máxima autoridad para resolver y conocer las asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional, así como expresó que respetará lo que establece la Constitución y que no interferirá en los asuntos del Tribunal Electoral.
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su intención de reformar el Poder Judicial sea un capricho personal motivado por el descontento generado cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impidió que la Guardia Nacional quedara bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esta declaración fue en respuesta a los comentarios del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien afirmó durante el séptimo foro sobre la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados que la iniciativa de reforma del presidente surgió a raíz de esa frustración.
“Escuché a un ministro de éstos cuyo nombre es preferible olvidar, diciendo que lo mío es un capricho querer reformar el Poder Judicial porque ellos no aceptaron que la Guardia Nacional perteneciera a la Sedena, y que por eso me enojé”, respondió López Obrador. Además, enfatizó que la Guardia Nacional debería formar parte de la Sedena para encargarse de la seguridad pública y evitar la corrupción dentro de la institución. “Queremos que sea una rama de Sedena para encargarse de la seguridad pública y proteger a todos los mexicanos, no queremos que se corrompa”, afirmó.
El mandatario mexicano también expresó su preocupación por la situación actual del Poder Judicial, señalando que está “completamente echado a perder” y dominado por la corrupción, con algunas excepciones. “Estoy molesto porque se han dedicado a liberar presuntos delincuentes y porque está completamente echado a perder el Poder Judicial, donde impera, predomina la corrupción con honrosas excepciones y hace falta una reforma”, destacó.
Por su parte, el ministro González Alcántara Carrancá sostuvo en el foro que la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente es una reacción al fallo de la Corte que invalidó la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. “No podemos simular que no molestó una resolución que se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional”, señaló. Según el ministro, cambiar todo el sistema judicial en respuesta a esta resolución es una decisión que la sociedad mexicana debe reflexionar con detenimiento. También reiteró que la reforma no resolvería los problemas de impartición de justicia en México y podría abrir la puerta a la designación de personas cercanas al poder.
Hace unos días se dio a conocer que un juez federal ordenó restituir la pensión que Petróleos Mexicanos (Pemex), retiró a María Amparo Casar por haber incurrido en falsificación de datos y actos de corrupción para obtenerla desde el 2004. Ahora los “impartidores de justicia”, señalan que sin dicha pensión, la subsistencia de la conservadora está en riesgo.
Tras esto el periodista Luís Guillermo Hernández publicó un post en X donde revela los posibles nexos del juez Ricardo Guzmán Wolffer, responsable de regresar la ilegal pensión a Amparo Casar, con el magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alcántara Carrancá, personaje que es abiertamente anti AMLO.
😾GATO ENCERRADO😾 🧵2/2
¿Una mujer con ingresos MILLONARIOS queda desprotegida sin una pensión de @Pemex?
El Juez Guzmán Wolffer es PROTEGIDO de un reconocido antiAMLO: el Ministro Alcántara Carrancá @SCJN
— Luis Guillermo Hernández (@luisghernan) May 13, 2024
Como evidencia, Hernández muestra que incluso en una publicación de temas selectos de Ricardo Guzmán Wolffer, el prólogo fue escrito por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Ente esto el comunicador cuestiona si esa posible relación entre ambos “impartidores de justicia” habría tenido que ver con la decisión de favorecer a María Amparo Casar con su pensión.
AMLO revela que fallo a favor de Amparo Casar se resolvió el 24 horas
En su conferencia matutina de este lunes, el Presidente López Obrador mencionó que el amparo para regresar su pensión a María Amparo Casarfue resuelto en 24 horas con la excusa de que “se afecta su subsistencia”.
El mandatario reveló que la coordinadora de medios de Claudio X. González amenazó a Pemex con que si no regresaba la pensión a María Amparo Casar en ese mismo tiempo, se procedería penalmente contra la paraestatal.
#ConferenciaPresidente | Luego que juez concediera amparo a María #AmparoCasar para seguir recibiendo pensión de 124 mil 948 pesos mensuales, “quienes defendieron eso, el 90% dependen del presupuesto público, que es del pueblo, ¡pero no defienden al pueblo!, defienden a las… pic.twitter.com/oDsMsldyVb
“El abogado de la señora sostiene de sus argumentos que si le quitan la pensión, los 120 mil pesos se queda sin recursos, se afecta su existencia (…) Está en las redes puede encontrar que en ese instituto para combatir ‘la corrupción’ le pagan 250 mil pesos mensuales. ¿cómo se va a quedar sin subsistencia?“
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) podrá sesionar con menos de cinco miembros hasta que el Senado designe a dos de los tres comisionados faltantes, según lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con ocho votos a favor y dos en contra, el Pleno aprobó la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien señaló que el Senado de la República incurrió en una omisión al no nombrar nuevos comisionados para cubrir los cargos que dejaron vacantes Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña Llamas.
La sentencia ordena al Senado que durante el actual periodo de sesiones lleve a cabo la designación de dos comisionados. En el caso del tercer comisionado faltante, se debe esperar porque existe un juicio de amparo promovido por Ana Yadira Alarcón Márquez, quien fue designada comisionada por los senadores, tras la vacante que dejó Oscar Mauricio Guerra Ford.
“…existe una facultad de ejercicio obligatorio a su cargo (del Senado) para nombrar a las y los comisionados del INAI y aunque no se prevea un plazo para su ejercicio, se ha excedido lo que se considera un plazo razonable”, expresó el ministro Alcántara Carrancá, quien elaboró un nuevo proyecto, luego de que el pasado 13 de julio se ordenó el returno, tras desechar la propuesta de la ministra Loretta Ortiz Ahfl.
Alcántara enfatizó que pasaron 342 días respecto de las vacantes creadas en 2022 a raíz de las renuncias de los comisionados Monterrey Chepov y Guerra Ford.
“…dicho plazo por sí solo excede cualquier plazo razonable, por un lado, supera el plazo de referencia de los 60 días que se otorgan de forma improrrogable el Senado para cubrir las vacantes del INAI en los supuestos de que ésta se genere por una razón distinta a la conclusión del período de un comisionado o de una comisionada”, apuntó.
Este martes, ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron para invalidad el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), pero ¿Quiénes fueron?
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Originario de Morelos, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votó a favor de invalidad la reforma propuesta por López Obrador.
Juan Luis González Alcántara Carrancá
Juan Luis González fue quien presentó el proyecto para invalidar la adscripción de la GN a la Sedena. Este señaló que la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López obrador viola la Constitución. Tras proponer este proyecto, el ministro fue el primero en darle la espalda al pueblo.
Luis María Aguilar
Luis María Aguilar es otro de los ministros que votó para invalidar la reforma del presidente López Obrador
El ministro se vio envuelto en una polémica tras publicar su proyecto en donde declaraba inconstitucional la consulta popular para enjuiciar a expresidentes.
En redes sociales se desató la discusión del porqué consideraba esta propuesta como una violación a los derechos humanos, muchos consideraban que se trataba por el hecho de que era cercano a los ex presidentes del país.
Jorge Mario Pardo Rebolledo
Jorge Mario fue otro de los ministros en votar a favor de invalidar el traspaso y de estar en contra de la propuesta de AMLO.
Ana Margarita Ríos
La ministra originaria de Nuevo León, también votó a favor de invalidad la reforma de AMLO, lo que se consideraría traición al pueblo y a México.
Javier Laynez
No sorprende que el ministro Javier Laynez este nuevamente en contra de la propuesta de López Obrador ya que fue él quien frenó el Plan B de la reforma electoral; además, fue el segundo y último postulado por el ex presidente Enrique Peña Nieto.
También participó en la redacción de la muy famosa “reforma energética”, razón por la que se le cuestionó su postulación a la Corte en ese entonces.
Alberto Peréz Dayán
El ministro, presidente de la segunda sala de la SCJN, Alberto Peréz Dayán también votó a favor de anular la fusión de la GN y la Sedena.
Peréz Dayán se vio envuelto en 2018 en una polémica tras aceptar a trámite la acción de insconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones. Con esta propuesta de López Obrador se buscaba prohibir que cualquier servidor púbico ganará más de 108,000 pesos mensuales.
Norma Lucía Piña Hernández
La presidenta de la SCJN es una persona más de la que no es sorpresa este en contra de la fusión de la Sedena y Guardia Nacional.
La ministra se ha enfrascado en diversas polémicas ya que desde que tomó el puesto en la Corte, esta solo ha tomado decisiones que favorecen a la oposición y crimen organizado.
