Una jueza de Los Ángeles determinó que existen pruebas suficientes para llevar a proceso al cantante estadounidense, acusado de matar a Celeste Rivas Hernández.
El rapero estadounidense D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, irá a juicio por el presunto asesinato, abuso sexual y mutilación de una adolescente de 14 años, determinó una jueza de Los Ángeles tras una audiencia de cinco días. La resolución establece que existen elementos suficientes para que el cantante de 21 años enfrente un proceso penal.
De acuerdo con la Fiscalía, D4vd es señalado como responsable de la muerte deCeleste Rivas Hernández, una joven con quien presuntamente habría mantenido una relación desde que ella tenía 13 años y él 18. Los investigadores sostienen que, antes de su muerte, la adolescente habría enviado mensajes en los que amenazaba con revelar la relación y afectar la carrera del artista.
La acusación señala que, tras la muerte de la joven en abril de 2025, el cantante habría intentado ocultar el crimen y eliminar evidencias. Según los fiscales, habría adquirido herramientas y objetos que presuntamente estarían relacionados con el intento de deshacerse del cuerpo, el cual fue encontrado cuatro meses después en el maletero de un Tesla registrado a nombre del artista.
Burke se declaró no culpable de los cargos de asesinato, abuso sexual continuado de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos. Su defensa argumenta que no existe evidencia directa de una intención de matar, mientras que la Fiscalía sostiene que los hechos no corresponden a un accidente. De ser declarado culpable, el rapero podría enfrentar cadena perpetua o incluso pena de muerte.
El Tribunal de Apelación de Inglaterra calificó como un “grave abuso” la operación encubierta realizada por Black Cube, una firma fundada por exagentes de inteligencia israelíes contratada por Ricardo Salinas Pliego.
Un Tribunal de Apelación del Reino Unido concluyó que Ricardo Salinas Pliego recurrió a Black Cube, una firma privada de inteligencia fundada por exagentes israelíes, para obtener información confidencial de la defensa de su adversario en un litigio millonario. Para los magistrados británicos, las tácticas empleadas constituyeron un “grave abuso” del proceso judicial, impropio de los tribunales de Inglaterra y Gales.
De acuerdo con la resolución judicial, los agentes de Black Cube montaron una elaborada operación de engaño. Haciéndose pasar por empresarios italianos, contactaron a un abogado del despacho DWF, representante de Vladimir Sklarov, y lo invitaron a reuniones en Ámsterdam con todos los gastos pagados. Durante una larga cena, en la que incluso le ofrecieron alcohol, buscaron obtener información privilegiada sobre la estrategia legal del caso, mientras grababan secretamente toda la conversación.
La periodista Laura Sánchez Ley, quien tuvo acceso al expediente, reveló que la operación habría costado 1.1 millones de libras esterlinas como anticipo, además de bonos adicionales. La información obtenida terminó en manos del equipo jurídico de Salinas Pliego para fortalecer su demanda. Sin embargo, la estrategia terminó convirtiéndose en un boomerang: el juez Lord Males sostuvo que engañar al abogado contrario para obtener información confidencial representa una forma de corrupción procesal, independientemente de que los datos fueran útiles o no.
El caso también vuelve a colocar bajo los reflectores a Black Cube, una empresa integrada por exmiembros de los servicios de inteligencia de Israel que ha sido señalada en distintos países por utilizar métodos de espionaje, infiltración y operaciones encubiertas para beneficiar a clientes con grandes fortunas. Lo que pretendía ser una sofisticada maniobra de inteligencia terminó exhibido públicamente por la justicia británica como una práctica incompatible con un Estado de derecho.
Aunque el litigio entre Salinas Pliego y Vladimir Sklarov, relacionado con acciones de Grupo Elektra valuadas en cientos de millones de dólares, continuará en los tribunales, la resolución representa un nuevo golpe para el dueño de TV Azteca. Lejos de fortalecer su caso, la contratación de una firma de exespías israelíes terminó debilitando su posición y dejando en evidencia que parece más fácil recurrir al espionaje que confiar en las pruebas y en la ley.
El proceso contra Quintero avanzó en la revisión de pruebas y manejo de evidencia, mientras fiscales y defensa analizan la posibilidad de un acuerdo.
Rafael Caro Quintero compareció en una nueva audiencia de procedimiento en el tribunal federal del distrito este en Brooklyn, Nueva York, dentro del proceso que podría llevarlo a juicio por cargos por narcotráfico y otros delitos federales. En esta etapa, el caso continúa en preparación y aún no se descarta un eventual cambio en su declaración inicial de no culpable.
La audiencia ante el juez federal Frederic Block se centró en la administración de pruebas y documentos clasificados como confidenciales, así como en las reglas para su intercambio entre la fiscalía y la defensa. También se discutió la posibilidad de que, en un eventual juicio, se utilice un jurado anónimo.
Caro Quintero compareció vestido con uniforme de reo color café claro y camiseta naranja, al igual que su sobrino Ismael Quintero Arellano, quien también está incluido en el proceso. El acusado enfrenta cuatro cargos criminales y podría recibir cadena perpetua si es hallado culpable; sin embargo, el caso está estrechamente vinculado al asesinato del agente antinarcóticos de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, hecho que las autoridades estadounidenses atribuyen al propio Caro Quintero.
Durante la audiencia, los fiscales informaron que podrían sostener conversaciones con la defensa para explorar un posible acuerdo que evite el juicio, lo que implicaría modificar la declaración de no culpable. No obstante, precisaron que hasta ahora no existe una propuesta formal. El juez Block fijó la siguiente audiencia para el 1 de octubre y mantiene programado el inicio del juicio para el 8 de marzo de 2027.
Inversionistas frustrados exigen una respuesta rápida en Nueva York. La televisora debe 400 millones de dólares desde 2021 y aún no paga.
Los inversionistas de TV Azteca están molestos. Un grupo de ellos ha solicitado a un juez en Nueva York un juicio sumario. Quieren que la empresa pague de inmediato una deuda reconocida, pero que no ha sido saldada. Esta situación afecta a muchas familias que confiaron su dinero a la televisora.
El Bank of New York Mellon, que actúa como banco fiduciario, lleva la batuta en esta lucha. Acusa a TV Azteca de emplear maniobras para retrasar su pago. Las tácticas incluyen más de cien citaciones a otros involucrados y alegaciones sobre un complot contra el gobierno mexicano.
TV Azteca no niega la situación. La empresa admite que desde 2021 no ha cumplido con sus obligaciones y que los pagarés vencieron en 2024. Sin embargo, hasta ahora no han realizado pagos. Esta inacción ha dejado a muchas familias en un estado de incertidumbre.
El juez Paul Gardephe ha intervenido en el caso. Ha fijado un plazo corto para que TV Azteca responda. La empresa debe presentar su respuesta antes del 27 de febrero. Los inversionistas esperan que la justicia sea rápida y que pronto puedan recuperar lo que les pertenece.
Esta disputa resalta la tensión entre los grandes corporativos y las personas comunes. Cuando las empresas fallan, las consecuencias son personales y dolorosas.
La FGR pidió no ceder a la “petición navideña” del ex gobernador, mientras testigos señalaron presuntos intentos de entorpecer procesos por desaparición forzada.
La jueza Ángela Zamorano Herrera, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, aplazó para este viernes la resolución sobre la libertad anticipada de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz condenado por asociación delictuosa y lavado de dinero. La audiencia, que se prolongó casi 12 horas, estuvo marcada por confrontaciones entre la defensa y la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la diligencia, el fiscal Manuel Granados Quiroz pidió a la juzgadora no conceder “esta petición navideña” al ex mandatario, mientras Duarte acusó a la FGR de convertir el proceso en un “circo mediático”, luego de que se mencionara un presunto desvío de 60 mil millones de pesos. “Es una falta de respeto para usted y para la institución”, reclamó.
El abogado del ex gobernador, Pablo Campuzano, insistió en que Duarte cumple los criterios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como haber purgado más del 70% de su condena y mantener buena conducta. Sin embargo, este punto detonó el mayor debate de la jornada.
La FGR presentó a seis testigos, entre ellos cuatro funcionarios de la fiscalía de Veracruz, quienes afirmaron que Duarte entorpeció en diversas ocasiones la audiencia inicial por desaparición forzada. La fiscal Denisse Moreno Córdova relató que en seis ocasiones el ex gobernador retrasó la comparecencia; una de ellas en 2022, cuando abandonó la sala alegando náuseas y vómito, para luego ser regresado en una silla por personal penitenciario.
La defensa respondió acusando que Duarte fue forzado a comparecer pese a un episodio de presión baja y que incluso se le inyectó adrenalina para reingresarlo a la audiencia. Granados Quiroz sostuvo que estos episodios evidencian “una actitud que afecta directamente la evaluación de buena conducta”.
La determinación final se dará a conocer este viernes, en una audiencia que definirá si el ex gobernador obtiene o no el beneficio preliberacional.
Profesora, ADULTA MAYOR, denuncia a la UATx, que se niega a pagar una indemnización millonaria ordenada por un laudo laboral emitido hace casi ocho años.
El drama de Rocío Alcalá Esqueda, maestra en Ciencias del Lenguaje, comenzó en 2006, cuando autoridades de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) decidieron reducirle el sueldo y bajarla de categoría.
Después de enfrentar aquel desalentador panorama laboral, Rocío emprendió un juicio que muchos años después, en 2017, le dio la razón.
La Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Tlaxcala ordenó a la universidad pagarle 1 millón 059 mil 182 pesos en cuotas bimestrales de 211,831, libres de impuestos, y con el primer pago programado antes de concluir el ejercicio fiscal correspondiente.
Sin embargo, la UATx ha utilizado una serie de recursos legales y tácticas dilatorias, a las que la profesora califica como “dolosas”, para evitar el pago.
La universidad, asegura la profesora de 66 años, ha interpuesto múltiples amparos y recursos de revisión que, a su juicio, son “improcedentes y solo buscan alargar el proceso”.
Cabe destacar que esta estrategia, conocida como “litigio malicioso”, es una táctica común entre grandes instituciones para desgastar económica y emocionalmente a sus contrapartes, obligándolas a desistir.
Tratando de evitar engorros y controversias, la profesora les hizo una propuesta conciliatoria, pero la UATx se ha alzado de hombros ante su drama.
Hace un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Infelizmente, el caso de Rocío Alcalá no es único. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo (@PROFEDET) reportó que, en 2023, se iniciaron más de 12,000 juicios por despidos injustificados en el sector público a nivel nacional. De estos, más del 40% involucran a personas mayores de 50 años, muchos de los cuales enfrentan situaciones similares de retraso en la ejecución de laudos.
La profesora Alcalá ha llevado su denuncia a otro nivel y ha decidido compartirnos un video donde relata su caso.
En este video, que envía en exclusiva a Los Reporteros MX, la profesora sostiene que esta dilación es una forma de violencia institucional y de género, al argumentar que el trato que recibe es, en parte, debido a su edad y género.
Esta afirmación, es importante decirlo, tiene sustento en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumentos legales que prohíben explícitamente la discriminación en estas categorías.
La profesora Rocío Alcalá ha señalado la intersección de la discriminación por edad y género.
Y tiene razón.
Sociológicamente, las personas mayores, especialmente las mujeres, a menudo son percibidas como menos productivas o prescindibles en el ámbito laboral.
El caso de la maestra Rocío evidencia una terrible falla en el acceso a la justicia.
Y lo es porque, mientras que para un individuo el costo económico de un litigio prolongado es enorme, para una institución como la UATx es una fracción de su presupuesto.
A eso hay que agregar el desgaste físico y emocional que, en el caso de una mujer adulta mayor, resulta brutal.
Este desequilibrio de poder económico y legal crea una barrera de facto para la justicia. Y eso es lo que ha provocado que la profesora haga un llamado (desesperado) a la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo 5 de agosto, en su penúltima sesión con la actual integración, el primer juicio de inconformidad electoral vinculado con la elección de magistrados de la Sala Superior del TEPJF.
El caso fue promovido por Iván Bravo Olivas, exjuez penal y exrepresentante del PAN en Durango, quien pidió la nulidad del proceso electoral en ese estado. Argumenta irregularidades en las actas de cómputo, la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría, de acuerdo con información recopilada por La Jornada.
El proyecto, aún no público, fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, pero la impugnación podría ser desechada por falta de legitimación, ya que Bravo no formó parte de la lista oficial de candidaturas.
Además, la Corte tiene pendiente otro recurso promovido por la asociación Poder Ciudadano, que impugna la elección de Gilberto de Guzmán Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho como magistrados de la Sala Superior. Este caso fue turnado al ministro Alberto Pérez Dayán.
Ambos asuntos deberán resolverse antes del 31 de agosto, ya que las y los magistrados electos deberán rendir protesta ante el Senado el 1 de septiembre.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó grabaciones de audio sobre la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena a la defensa de Rafael Caro Quintero, reveló The Guardian.
Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, enfrenta cargos en Nueva York por narcotráfico y por su presunta participación en el crimen ocurrido en México en 1985.
Durante una audiencia reciente, la fiscalía estadounidense calificó las cintas como “altamente sensibles”. Aunque no se detalló cuántas grabaciones existen ni su contenido exacto, algunas transcripciones ya habían sido presentadas en un juicio de 1988.
Medios internacionales y el ex agente de la DEA Héctor Berrellez no descartan que en los audios pueda aparecer la voz del exagente de la CIA Félix Rodríguez, presuntamente involucrado en el caso.
La Fiscalía de Estados Unidos está evaluando la posibilidad de solicitar la pena de muerte para Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, durante su proceso judicial ante el juez Brian Cogan. Los fiscales buscan justificar esta medida debido a la gravedad de los delitos de los que se le acusa, entre los que se incluyen el tráfico de drogas, asesinato y la distribución masiva de fentanilo, un opioide extremadamente letal.
Durante la primera audiencia en el Tribunal Federal del Este de Brooklyn, Zambada, quien fue detenido en julio de 2023, se declaró no culpable de los 17 cargos que enfrenta, muchos de los cuales están relacionados con la operación continua de su organización criminal. El caso tiene paralelismos con el de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cofundador del mismo cártel, quien fue condenado a cadena perpetua por el mismo juez. Sin embargo, en el caso de Zambada, las acusaciones incluyen dos agravantes adicionales: su participación en el tráfico de fentanilo y la continuidad de sus actividades delictivas hasta 2024.
El fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, será quien tome la decisión final sobre si procede o no solicitar la pena capital. A pesar de la moratoria que Garland impuso a las ejecuciones federales en 2021, la gravedad de los crímenes de Zambada podría llevar a una excepción. Recientemente, Garland permitió una excepción similar en el caso de un supremacista blanco que mató a diez personas en un supermercado en Búfalo en 2022.
A pesar de los intentos de la defensa de vincular al abogado Frank Pérez con un conflicto de interés debido a su representación del hijo de “El Mayo”, Vicente Zambada, el juez Cogan determinó que no había tal conflicto. La próxima audiencia está programada para el 15 de enero de 2025, en la que se espera que la Fiscalía continúe buscando la máxima pena contra Zambada.
El cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, aceptó que su proceso judicial sea en Brooklyn, Nueva York, en la misma Corte en la que fueron juzgados su compadre Joaquín “El Chapo” Guzmán y, la mano derecha de Felipe Calderón, Genaro García Luna.
“El Mayo” Zambada ha comunicado que “no se opone” a ser trasladado de una prisión en El Paso, Texas, a Nueva York ante el juez Brian Cogan y cumplir su proceso judicial antes de juicio por múltiples delitos relacionados con el narcotráfico.
A través de su abogado, el criminal aceptó ser trasladado y de acuerdo con el periodista Arturo Ángel, ya se iniciaron los preparativos para dicha acción, por lo que solo falta que sea aprobado por la jueza federalKathleen Cardone, quien en reciente días había negado el traslado de “El Mayo” Zambada, ya que el criminal no se había manifestado por escrito su decisión.
Cabe mencionar que, la acusación en Nueva York es una de al menos cuatro que enfrenta Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, pero la única que menciona el tráfico de fentanilo, misma acusación que fue actualizada en febrero de este año.
