La actriz busca que se le reconozca como víctima de presuntas filtraciones y abusos de autoridades; el litigio se suma a su reclamo de 60 millones de dólares contra el Estado mexicano.
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la resolución judicial que ordena reconocer a Kate del Castillo y a su empresa, Kate del Castillo Productions, Inc., como víctimas en una investigación por presuntas irregularidades de funcionarios y exfuncionarios, derivadas de las indagatorias que enfrentó tras reunirse con Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015.
De acuerdo con información publicada por ZETA, el recurso de revisión fue presentado el 14 de octubre de 2026 ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México. Ahora, un Tribunal Colegiado deberá decidir si confirma, modifica o revoca el amparo concedido a la actriz, identificado con el expediente 858/2025.
La investigación comenzó en abril de 2025, luego de que la defensa de Del Castillo denunciara presuntas conductas y omisiones de servidores y exservidores públicos. La Fiscalía rechazó inicialmente reconocerla como víctima, al considerar que no había acreditado un daño directo, lo que le impidió acceder al expediente y conocer las diligencias.
El juez federal Julio César Molina García concedió el amparo al considerar que la FGR exigió pruebas del daño antes de reconocer esa calidad. La resolución ordenó dejar sin efecto la negativa y emitir una nueva determinación que reconozca a la actriz y su productora como víctimas. Esta condición les permitiría consultar registros, recibir notificaciones y participar en el procedimiento.
El conflicto se remonta a septiembre de 2015, cuando Del Castillo viajó a Badiraguato, Sinaloa, para reunirse con El Chapo y explorar una película sobre su vida. En el encuentro también participó el actor Sean Penn. La entonces Procuraduría General de la República abrió una investigación contra la actriz por posibles delitos, pero el 21 de marzo de 2017 determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra.
Desde entonces, Del Castillo ha denunciado presuntas filtraciones de información y comunicaciones privadas que, asegura, perjudicaron su reputación y su carrera. Además, mantiene una demanda por responsabilidad patrimonial contra el Estado mexicano, en la que reclama 60 millones de dólares por los daños que atribuye a las autoridades. La impugnación de la FGR abre una nueva etapa en el litigio, sin que todavía exista una resolución definitiva sobre el recurso.
