La presidenta de Perú anunció ante la ONU que tratará a las organizaciones criminales como grupos terroristas y plantea el uso de las Fuerzas Armadas.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció ante la Asamblea General de la ONU que su gobierno considera que el país está en una “guerra” contra organizaciones criminales transnacionales. Las acusó de operar en narcotráfico, extorsión, trata de personas y minería ilegal, y planteó calificarlas legalmente como grupos terroristas para que las Fuerzas Armadas puedan actuar en apoyo de la Policía Nacional.
Fujimori sostuvo que estas organizaciones representan una amenaza para el Estado y que el combate no puede limitarse a acciones aisladas de cada país. Su propuesta plantea una respuesta principalmente de fuerza frente al crimen organizado, con militares y policías enfrentando a grupos que, según su discurso, no tienen fronteras ni frentes de batalla definidos.
Sin embargo, presentar el problema como una “guerra contra el narco” también puede traer riesgos. La experiencia de México muestra que una estrategia militarizada no garantiza por sí misma una reducción de la violencia. Human Rights Watch señala que los niveles de homicidios se mantuvieron extremadamente altos después del inicio de la llamada guerra contra las drogas y también documentó abusos cometidos por fuerzas militares.
Otro problema es que una política centrada en la confrontación puede ampliar el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y aumentar los riesgos para los derechos humanos. Amnistía Internacional ha advertido que la militarización en México estuvo acompañada de denuncias por desapariciones, detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos y tortura, mientras que Human Rights Watch ha señalado que las deficiencias de las fiscalías y la impunidad también dificultan combatir eficazmente la violencia.
La propuesta de Fujimori ante la ONU coloca a Perú ante el desafío de evitar que una estrategia contra el crimen organizado se convierta únicamente en una política de choque. La persecución del narcotráfico requiere también investigación financiera, combate a la corrupción, fortalecimiento de policías y fiscalías, prevención y atención de las causas sociales de la delincuencia. La experiencia mexicana muestra que aumentar el uso de la fuerza sin fortalecer las instituciones de justicia puede tener costos elevados en violencia y derechos humanos.
