La justicia mexiquense acreditó que la ex edil planeó el crimen con apoyo de La Familia Michoacana y le impuso la pena máxima por homicidio calificado.
Un juez del Poder Judicial del Estado de México sentenció a 70 años de prisión a María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, al hallarla responsable del homicidio del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz, cometido en enero de 2022. La condena se dictó tras considerar acreditadas las agravantes de alevosía y ventaja, por lo que se impuso la pena máxima.
Durante la audiencia realizada en los juzgados del penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, el juez determinó que la Fiscalía General de Justicia del Edomex presentó pruebas sólidas que demostraron que la entonces alcaldesa ordenó el asesinato por diferencias políticas con el síndico, con quien se disputaba el control del ayuntamiento desde su llegada al cargo en 2021.
Ambos funcionarios fueron electos bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, sin embargo, Martínez Robles se afilió a Morena semanas antes de asumir la presidencia municipal en 2022, lo que detonó una confrontación pública y constante. De acuerdo con la investigación, la ex edil instruyó a los autores materiales para ejecutar el crimen y solicitó apoyo del grupo criminal La Familia Michoacana, con el que mantenía vínculos.
El 25 de enero de 2022, la alcaldesa envió al síndico a una supuesta comisión al municipio de Zacazonapan. En el trayecto, un comando armado interceptó el vehículo en el que viajaba junto con su chofer y ambos fueron asesinados a balazos en una carretera del sur del estado.
La ex alcaldesa fue detenida en 2024 como parte de la Operación Enjambre, estrategia enfocada en desmantelar redes de funcionarios ligados al crimen organizado. La Fiscalía reveló que Martínez Robles se reunía con líderes criminales, a quienes brindaba protección y recursos públicos mediante cuotas mensuales.
Además de la prisión, el juez ordenó el pago de 207 mil 234 pesos por cada víctima como reparación del daño y la suspensión de sus derechos civiles y políticos. Esta resolución representa la onceava sentencia condenatoria dentro de la Operación Enjambre, que acumula 60 detenidos hasta el momento.
