“… Para cambiar la correlación de fuerzas ha entrado en escena el lawfare o guerra judicial, un mecanismo aparentemente democrático y ajustado a derecho, por el que socavar el poder, la imagen y las posibilidades de reelección de los líderes de la izquierda. Poco se habla del origen del lawfare como una estrategia de carácter militar, encuadrada en una guerra de amplio espectro…”.
El lawfare: Golpes de Estado en nombre de la ley. Arantxa Tirado. Ediciones Akal. Pp. 256
La guerra jurídica o lawfare se despliega a través del uso ilegítimo del derecho interno de cada país o del derecho internacional. Como lo hemos podido constatar en el caso de mandatarios o figuras representantes del progresismo o la izquierda latinoamericanos a los que se les ha dado un golpe blando. Los casos más recientes son los de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y del presidente del Perú, Pedro Castillo, en los que el mecanismo de golpe se basa en detectar “delitos” o comportamientos sobre los que haya “unanimidad de repudio”, y que además hayan despertado indignación entre la ciudadanía (las acusaciones se basan supuestos casos en corrupción, robo o fraude).
Para desactivar a un líder político basta con imputarle alguno de esos delitos y su prestigio terminará diluido entre medios y páginas de la derecha mediática y las narrativas opositoras que se encargarán de que el repudio sea lo suficientemente “alarmante” para llamar la atención de sectores de la población afines a la derecha y/o entre otros grupos populares en los que se siembra la duda acerca de la honestidad del dirigente político.
En un sistema judicial honesto se requeriría de una sentencia de los tribunales basada en la judicialización transparente y apegada a derecho. Sin embargo, esto no ocurre en los casos en los que se ha tenido el propósito de quitar de en medio a gobiernos no afines a los intereses conservadores. Ha habido casos como el más reciente de Lula da Silva en Brasil quien estuvo preso más de 500 días por un delito de corrupción que no cometió, tiempo muy conveniente para que impedirle participar en el proceso en el que Jair Bolsonaro fue electo presidente.
El sistema judicial representa el sector más conservador del estado, no solo en nuestros países sino más allá del continente. Recordemos que las democracias liberales están sustentadas en principios esenciales como la defensa de la propiedad privada y el establecimiento de libertades individuales, entre otros, cuyo fundamento jurídico es pieza clave en la conservación de los estados liberales. El poder judicial es en sí mismo conservador y las reformas que pretendan modificar sus estructuras para “liberalizarlo” no resultan de gran calado ante las múltiples resistencias que desde su interior se producen.
Sin embargo, las coyunturas en las que se recurre a la guerra jurídica se complejizan cuando hay otras variables que se incluyen. Los mecanismos con los que se bombardea a una figura politica o dirigente social son múltiples y complementarios, de ahí que haya autores que se refieran a la guerra híbrida. La articulación efectiva de todos esos elementos conducirá o no a un exitoso golpe blando. Recomiendo la serie documental que con ese nombre dirigió Daniel Marmolejo1.
Como lo señala Arantxa Tirado, en El lawfare: Golpes de Estado en nombre de la ley, el inicio del proceso legal, la campaña de culpabilización en medios, el despliegue de testimonios acusatorios ad hoc, la preparación ante la opinión pública de supuestas pruebas, todo ello puede generar ya una sentencia -sea o no cierto el delito cometido- y, por tanto, la desactivación del oponente político
Cuando esto no es suficiente, siempre se puede recurrir a los vericuetos de un sistema judicial corrupto o, al menos, permeable a un cierto nivel de corrupción: una elección del juez adecuado una prisión preventiva sin necesidad de sentencia, una adecuada elección de pruebas, la eliminación de otras, etcétera.
De hecho, la propia politóloga española Arantxa Tirado, en el texto de su autoría citado en el epígrafe, incluye al lawfare como un elemento de la guerra híbrida, definiéndola como “… el uso añadido de actividades informativas, ciberinformáticas, diplomáticas y financieras que complementan las acciones de la guerra tradicional. De este modo el lawfare se camufla como legalidad cuando es solo un arma de guerra más…”.
La izquierda latinoamericana tiene ante sí un gran reto frente al fortalecimiento de la derecha cuya experiencia en la aplicación de la nueva guerra contrainsurgente, basada en las estrategias de guerra híbrida, entre cuyas tácticas bélicas se encuentran el lawfare y el golpe blando, corre vertiginosamente ante el creciente número de gobiernos latinoamericanos cuyos objetivos están confrontados con las élites nacionales e internacionales.
¿Qué requieren los gobiernos de izquierda, nacionalistas o progresistas para asegurarse de que la derecha y la ultraderecha no les enderecen juicios que lleven a la cárcel a sus líderes o les obliguen a dejar el gobierno? ¿Cómo enfrentar al brazo mediático que coadyuva en esa tarea, sin que se invoque la violación de las sacrosantas libertades de expresión y de prensa ante la defensa gubernamental de su causa? Por lo pronto, más allá del triunfo en las urnas, los gobiernos deben fortalecer los vínculos con la movilización popular.
La cercanía con el pueblo, como el poder al que se deben los gobernantes, debe mantenerse. La identidad entre población y liderazgo debe continuarse cada día como una labor basada en el trabajo en territorio más que en el escritorio. La comunicación personal, sin mediaciones, puede ser una estrategia que limite los efectos sociales de la derecha mediática, como lo representan las conferencias matutinas y las visitas del presidente a las entidades.
En estos mismos momentos el valiente pueblo peruano se enfrenta a las fuerzas armadas golpistas exigiendo la libertad de su presidente, la disolución del congreso, la conformación de un constituyente y la salida del gobierno golpista encabezado por la otrora vicepresidenta, Dina Boluarte, para restituir en el cargo para el que fue electo Pedro Castillo, apenas hace año y medio.
Estamos ciertos que las movilizaciones populares son, por ahora, el principal recurso con el que cuentan los gobiernos democráticos para mantenerse o regresar en caso de ser removidos a través de un golpe blando. Afortunadamente para la causa de la izquierda hay ejemplos: Bolivia 2019 y México 2004-2005 cuando el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, por cierto primer lawfare de características antes descritas.
- 1Marmolejo, Daniel. Guerra Híbrida. Seriedocumental de cuatro capítulos. YouTube. 2019-2021.Recomiendo la entrevista que, en el programa de YouTube de Los Periodistas, se hizo a Arantxa Tirado el 9 de diciembre de 2022. Pueden verla en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=W2WX0cBy7x8
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