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Etiqueta: Ley Antimentiras

  • Adela Micha se suma al coro opositor y llama “tontería” a la Ley de Audiencias de Sheinbaum

    Adela Micha se suma al coro opositor y llama “tontería” a la Ley de Audiencias de Sheinbaum

    La “periodista” aseguró que los nuevos lineamientos buscan abrir la puerta a la censura, aunque la reforma ha sido defendida por legisladores de la 4T, quienes sostienen que no sanciona opiniones ni contenidos editoriales.

    La “periodista” Adela Micha se unió a las críticas de la oposición contra los nuevos Lineamientos Generales de Protección de los Derechos de las Audiencias, impulsados tras la reforma en telecomunicaciones del gobierno de Claudia Sheinbaum. Durante su programa en YouTube, calificó la propuesta como “una tontería” y sostuvo que representa un intento de controlar a los medios de comunicación privados.

    En su editorial, Micha afirmó que los lineamientos “confunden más de lo que aclaran” y cuestionó la posibilidad de que los comunicadores deban diferenciar constantemente entre información y opinión. También aseguró que la regulación abre la puerta para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) termine decidiendo qué puede difundirse en radio y televisión, argumento que también han utilizado dirigentes del PAN y otros personajes de la oposición.

    La comunicadora criticó que las posibles sanciones se concentren en los medios privados, mientras que, según dijo, los espacios de comunicación del Gobierno federal no estarían sujetos a las mismas obligaciones. Además, sostuvo que la inclusión de multas en la regulación contradice el discurso oficial de que no existe intención de censurar a periodistas o medios de comunicación.

    Sin embargo, legisladores de la Cuarta Transformación han rechazado esas acusaciones. El diputado Arturo Ávila explicó que la reforma no faculta al Gobierno ni a la CRT para sancionar opiniones, líneas editoriales o posturas periodísticas, ya que las medidas contempladas se limitan a supuestos específicos previstos en la ley. Asimismo, recordó que los defensores de las audiencias serán designados por cada medio, sin intervención de las autoridades.

    Mientras sectores de la oposición mantienen la narrativa de que combatir la desinformación equivale a censura, el debate sobre la Ley de Audiencias continúa. Por ahora, las críticas de figuras como Adela Micha se suman a una campaña que presenta la reforma como un intento de control, aunque sus defensores insisten en que el texto legal no respalda esas afirmaciones y busca fortalecer los derechos de las audiencias sin restringir la libertad editorial.

  • Anaya entra en pánico: dice que combatir las fake news es censura

    Anaya entra en pánico: dice que combatir las fake news es censura

    El senador panista aseguró que la nueva legislación busca callar a periodistas y opositores, pero el texto de la reforma y su explicación técnica desmienten su versión: las sanciones no aplican a opiniones ni a contenidos editoriales.

    El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, volvió a encender las alarmas con un discurso que no resiste la lectura de la ley. El panista afirmó que los nuevos Lineamientos Generales de Protección de los Derechos de las Audiencias pretenden “silenciar a periodistas y a la oposición”, al asegurar que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) decidirá qué es verdad y qué es mentira en los medios. Sin embargo, el propio texto de la reforma desmiente esa narrativa.

    El diputado de la Cuarta Transformación, Arturo Ávila, presentó un desglose técnico de la legislación y explicó que la norma únicamente contempla tres causales específicas de sanción, ninguna de ellas relacionada con opiniones, posturas políticas o líneas editoriales. Es decir, la reforma no otorga facultades al Gobierno de México ni a la CRT para censurar periodistas o castigar contenidos informativos por su postura.

    Ávila subrayó que la legislación tampoco permite que la autoridad determine qué puede o no decir un comunicador. Por el contrario, precisó que cada medio de comunicación nombrará de forma autónoma a su defensor de las audiencias, sin intervención del gobierno federal, desmontando otro de los argumentos utilizados por la oposición para desacreditar la reforma.

    La polémica surge mientras algunos actores políticos insisten en presentar cualquier intento por combatir la desinformación y proteger los derechos de las audiencias como un supuesto ataque a la libertad de expresión. Bajo esa lógica, pareciera que poner límites a la difusión de información falsa equivale a censura, una interpretación que no aparece en el texto legal y que ha sido utilizada para alimentar una narrativa de persecución inexistente.

    Así, mientras Ricardo Anaya habla de censura sin mostrar un solo artículo que respalde sus afirmaciones, el contenido de la reforma apunta a fortalecer los derechos de las audiencias sin intervenir en el trabajo editorial de los medios. Una vez más, el discurso del miedo choca con lo que realmente dice la ley.

  • Arquidiócesis se suma al PRIAN y TV Azteca; ahora acusa “censura”

    Arquidiócesis se suma al PRIAN y TV Azteca; ahora acusa “censura”

    La Iglesia católica cuestionó la consulta sobre la regulación de contenidos y advirtió sobre un supuesto riesgo de censura, en una narrativa que coincide con la impulsada por la oposición y los grandes consorcios mediáticos.

    La Arquidiócesis Primada de México decidió entrar al debate sobre la reforma en materia de telecomunicaciones y contenidos, repitiendo un discurso que desde hace semanas impulsan el PRIAN, TV Azteca y otros grupos de oposición. A través de un editorial publicado en Desde la Fe, la Iglesia advirtió que cualquier mecanismo para revisar la veracidad de la información podría convertirse en un acto de “censura previa”, pese a que el Gobierno federal mantiene abierta una consulta pública sobre la iniciativa.

    En su posicionamiento, la Arquidiócesis sostuvo que ninguna autoridad administrativa debería decidir qué opiniones pueden difundirse, al considerar que ello afectaría la libertad de expresión. También defendió que la diversidad de opiniones fortalece la democracia y llamó a que sean los ciudadanos quienes contrasten la información y formen su propio criterio, en lugar de que exista una supervisión estatal sobre los contenidos.

    La postura llama la atención porque coincide casi punto por punto con la narrativa promovida por dirigentes del PRIAN, comentaristas opositores y empresas como TV Azteca, que han presentado la propuesta como un intento de censura, aunque el proceso sigue en discusión pública e incluye temas como el derecho de réplica, la diferenciación entre hechos y opiniones y la protección de las audiencias.

    Además de rechazar cualquier mecanismo de revisión previa, la Iglesia propuso fortalecer la autorregulación de los medios mediante códigos de ética, garantizar el derecho de réplica cuando una publicación afecte a terceros y promover una ciudadanía crítica capaz de verificar la información que consume. También pidió que las plataformas digitales y sus algoritmos estén al servicio de las personas y no de intereses ideológicos o comerciales.

    El editorial concluye con un llamado a que medios, autoridades, plataformas y ciudadanía compartan la responsabilidad de construir un debate público informado, insistiendo en que la libertad se fortalece con mayor compromiso ético y no con restricciones.

    Sin embargo, para muchos observadores resulta llamativo que la Arquidiócesis haya decidido sumarse a una narrativa prácticamente idéntica a la que han encabezado TV Azteca y los partidos del PRIAN, quienes han convertido el debate sobre la reforma en una campaña política contra el Gobierno federal.

  • Natalia Torres asegura que no hay democracia en México porque si criticas a la gente pueden responder

    Natalia Torres asegura que no hay democracia en México porque si criticas a la gente pueden responder

    La influencer aseguró que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias ponen en riesgo la libertad de expresión, aunque buena parte de sus argumentos parten de la premisa de que cuestionar a un comunicador equivale a censurarlo.

    La creadora de contenido Natalia Torres volvió a colocarse en el centro de la polémica al asegurar que en México la democracia está en riesgo por los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias, impulsados por el gobierno federal. En un video difundido en redes sociales, sostuvo que las medidas representan un mecanismo de censura y que el Estado pretende decidir qué es verdad y qué es mentira en los medios de comunicación.

    Durante su mensaje, Torres criticó que los medios de radio y televisión deban diferenciar entre información y opinión, así como adoptar mecanismos para evitar la difusión de contenido falso o descontextualizado. Para la influencer, estas disposiciones abren la puerta a una supuesta persecución contra periodistas y comunicadores críticos del gobierno. En su interpretación, responder públicamente a una opinión o señalar información inexacta sería una forma de limitar la libertad de expresión.

    Sin embargo, el argumento ha generado críticas por una razón sencilla: que alguien responda, desmienta o cuestione un comentario no equivale a censura. La libertad de expresión protege el derecho a emitir opiniones, pero no garantiza inmunidad frente a la crítica o al debate público. En otras palabras, si alguien opina, otros también tienen derecho a responder, incluso si esa respuesta proviene desde espacios oficiales o de otros actores políticos.

    Torres también afirmó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) concentraría demasiadas facultades al supervisar el cumplimiento de los lineamientos. A partir de ello, concluyó que el gobierno actuaría como juez y parte. No obstante, los lineamientos presentados buscan establecer reglas para distinguir contenidos informativos de opiniones y fortalecer los derechos de las audiencias, una práctica que existe en distintos marcos regulatorios internacionales y que no implica, por sí misma, prohibir opiniones o investigaciones periodísticas.

    Paradójicamente, mientras denuncia una supuesta censura, Natalia Torres publicó un video de varios minutos criticando libremente al gobierno, sin que su contenido fuera retirado, bloqueado o prohibido. La polémica terminó alimentando un viejo debate en redes sociales: para algunos personajes públicos, la libertad de expresión parece significar el derecho a decir cualquier cosa… pero sin aceptar que los demás también puedan responderles.