La Suprema Corte negó un amparo a Javier Gutiérrez Becerril y con ello confirmó su inhabilitación de 10 años por contratos irregulares de gas otorgados en el sexenio de Peña Nieto.
Javier Gutiérrez Becerril seguirá sin poder ocupar cargos públicos durante una década. Así lo determinó este jueves el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que rechazó por unanimidad el amparo que el ex funcionario promovió contra su sanción.
Gutiérrez Becerril fungió como subdirector de Modernización y Nuevas Áreas de la Comisión Federal de Electricidad. La autoridad lo señaló por irregularidades en contratos millonarios de gas natural licuado, adjudicados en 2016 a la empresa estadounidense WhiteWater Midstream durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los ministros concluyeron que el artículo 209, fracción II, tercer párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es constitucional. El ex directivo argumentaba que esa norma violaba su derecho a una defensa adecuada.
Según su reclamo, la ley no obliga a notificarle personalmente cuando un tribunal recibe su caso o decide que no puede resolverlo. La ministra Loretta Ortiz Ahlf explicó que esa etapa procesal no define su situación jurídica ni afecta su defensa.
De acuerdo con la ministra, el ex funcionario podrá ejercer su derecho a probar y alegar ante la autoridad que finalmente resuelva el procedimiento. Por eso, agregó, la falta de notificación personal en ese punto no representa una violación al debido proceso.
El caso también forma parte de una investigación abierta por la Fiscalía General de la República. Además, reportajes periodísticos documentaron que Gutiérrez Becerril adquirió propiedades de lujo en el sur de Francia y en Houston, Texas, cuando aún era servidor público.
Todo comenzó en 2021, cuando la auditoría interna de la CFE detectó las presuntas irregularidades en los contratos de 2016. Como no fue posible localizar al ex funcionario, la notificación se hizo por edictos. En 2023, la empresa lo destituyó y lo inhabilitó por 10 años.
Gutiérrez Becerril impugnó entonces la sanción mediante un amparo, al considerar que nunca fue emplazado de forma correcta. Ahora, con el amparo negado, la Corte devolvió el expediente a un tribunal colegiado para que resuelva los demás cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.
