Etiqueta: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

  • Fin a las pensiones doradas en México

    Fin a las pensiones doradas en México

    La Secretaría Anticorrupción presenta datos sobre pensiones millonarias, marcando un hito en la transparencia y eliminando privilegios injustificados.

    El gobierno mexicano dio un paso importante hacia la transparencia al hacer públicos los datos sobre pensiones millonarias. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó esta información trabando en cumplimiento del artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

    El 13 de marzo de 2026, se comunicó que diversas entidades han hecho accesible un listado de personas jubiladas y los montos que reciben mensualmente. A través de un portal especializado, ciudadanos pueden consultar estos datos.

    Durante una reciente presentación, se expuso que algunos pensionados reciben más dinero al mes que la Presidenta de la República. Algunas pensiones superan incluso el millón de pesos. Este hallazgo ha generado un debate sobre la justicia y la equidad en el uso de recursos públicos.

    El gobierno habilitó un portal donde se reúne toda la información sobre pensiones hasta el 31 de diciembre de 2025. En este sitio, los ciudadanos pueden consultar el año de ejercicio, el nombre del jubilado, la institución correspondiente y el monto de la pensión. Esta iniciativa busca responder a la demanda social de mayor claridad sobre el uso de los recursos públicos.

    La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en su propuesta. Busca reducir las pensiones millonarias de funcionarios públicos, destacando la necesidad de eliminar privilegios excesivos del pasado. La Cámara de Senadores aprobó recientemente una reforma histórica para limitar estas pensiones.

    Con esta reforma, que modifica el Artículo 127 de la Constitución, se establece que nadie podrá recibir una pensión mayor al 50% del salario de la Presidenta. Actualmente, esto equivale a aproximadamente 70 mil pesos mensuales.

    A pesar de las reservas planteadas por algunos senadores de oposición, Morena y sus aliados decidieron mantener el proyecto sin cambios. Este evento marca una nueva etapa en la construcción de un gobierno más austero y responsable.

    La publicación de estos datos representa un avance hacia la justicia y la rendición de cuentas en México. Los ciudadanos ahora tienen una herramienta más para exigir transparencia en el uso de los recursos públicos.

  • Mauricio Tabe y la ley de transparencia: Un intento por aferrarse al poder

    Mauricio Tabe y la ley de transparencia: Un intento por aferrarse al poder

    Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), se opone a las modificaciones de la Ley General de Transparencia. Asegura que estas reformas “pisotean al municipalismo”, pero su verdadero temor parece ser la pérdida de control en su alcaldía.

    La ANAC presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los argumentos de Tabe han sido considerados vacíos, reflejando su interés por mantener privilegios personales y políticos. La ley busca fortalecer la transparencia, pero Tabe la presenta como una amenaza.

    El alcalde sostiene que las nuevas reglas entregan más poder a las autoridades federales. Sin embargo, su inquietud real podría ser que su administración quede expuesta por posibles irregularidades. Este temor se manifiesta en su rechazo a una ley que busca proteger los derechos de los ciudadanos a acceder a información pública.

    Tabe ha criticado el uso del discurso de austeridad, alegando que solo afecta a los gobiernos municipales. Sin embargo, su estilo de vida lujoso contradice su discurso. La ley de transparencia, según él, no garantiza el acceso a la información. En cambio, sugiere que permite al gobierno decidir qué información se comparte.

    Esta postura resulta cuestionable. Muchos ven su declaración como un intento de operar sin supervisión. Tabe quiere mantener el poder sin rendir cuentas, utilizando la transparencia como un chivo expiatorio.

    La ANAC argumenta que los municipios tienen facultades propias y no deben ser subordinados al gobierno federal. La ley impugnada impone sanciones desproporcionadas que no se alinean con la realidad de los municipios. Tabe y sus aliados buscan que la Corte respalde sus intereses, lo que podría perpetuar su ambición de poder.

    En resumen, el intento de Tabe de desacreditar la ley de transparencia revela su verdadero objetivo: proteger su administración y sus privilegios, en lugar de promover una mayor rendición de cuentas.

  • Morena presenta iniciativa para desaparecer el INAI y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

    Morena presenta iniciativa para desaparecer el INAI y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

    El presidente de Morena en el Senado, Alejandro Armenta, presentó este jueves una iniciativa para que sea abolida la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de esta manera el organismo INAI.

    En la propuesta de Morena de lee que la dependencia de gobierno sea absorbida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya que, de acuerdo con consideraciones del legislador esta dependencia cuenta con que la “misión está encaminada en la ética, honestidad, eficacia, profesionalización y transparencia de la función pública de acuerdo a la legalidad y normatividad establecida en el Plan Nacional de Desarrollo considerado para el periodo 2019-2024”

    Alejandro Armenta aseveró que debe de existir un solo encargado de la transparencia en el país.

    “Se hace notar la posibilidad de que el INAI sea absorbido por la Secretaría de la Función Pública, con el fin de tener un solo ente responsable de la Transparencia de la información Pública, así como la protección de datos de las personas”, se lee en la iniciativa.

    La iniciativa se da en en la misma semana en la que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López calificó al INAI como un “instituto inoperante” y reconoció el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de negarle al organismo la posibilidad de que el pleno sesiones solo con cuatro comisionados.

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