El ataque ocurrió en Irapuato mientras la menor jugaba afuera de su casa; la jornada dejó al menos 10 homicidios en la entidad.
La violencia volvió a golpear a Guanajuato con el asesinato de una niña de tres años en el municipio de Irapuato, un hecho que ha generado indignación social y renovado cuestionamientos sobre la efectividad de la estrategia de seguridad estatal encabezada por la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo.
De acuerdo con reportes oficiales, el ataque ocurrió la noche del jueves en la colonia Las Huertas, cuando un sujeto a bordo de una motocicleta disparó contra una vivienda. La menor, que se encontraba jugando afuera, resultó gravemente herida, al igual que un hombre. Ambos fueron trasladados a un hospital, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de la niña.
La Fiscalía General del Estado informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes y confirmó la identidad de la víctima con las siglas A.G.M.V. En tanto, autoridades municipales señalaron que se mantiene un operativo en la zona para dar con el presunto responsable.
El caso se suma a una jornada violenta en la entidad, donde 10 personas fueron asesinadas en un solo día, incluyendo cuatro homicidios en el municipio de Villagrán. Este contexto refuerza la percepción de que la violencia continúa en niveles críticos, pese a los operativos y acciones anunciadas por las autoridades.
Si bien las instancias locales han reiterado su compromiso con las víctimas y el fortalecimiento de la seguridad, los resultados han sido limitados frente a la persistencia de hechos de alto impacto. Diversos sectores han señalado que la estrategia actual no ha logrado contener la violencia, lo que abre el debate sobre la necesidad de ajustes de fondo.
Mientras tanto, autoridades municipales y estatales informaron que se brinda acompañamiento a la familia de la menor a través de instancias de atención a víctimas, en un entorno donde la exigencia principal sigue siendo justicia y condiciones de seguridad más efectivas para la población.
En menos de dos meses se registran al menos 15 robos con agresiones a choferes; empresarios denuncian secuestros exprés y falta de resultados de autoridades.
La inseguridad en Guanajuato vuelve a encender alertas. Empresarios del sector automotriz reportaron que, en los últimos 45 días, se han cometido al menos 15 robos de vehículos en carreteras, muchos de ellos con violencia directa contra conductores, lo que exhibe un escenario fuera de control bajo la administración de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.
De acuerdo con Arturo González Palomino, presidente de la AMDA, los ataques se concentran en tramos clave como San Miguel–Querétaro, Silao–Irapuato y Salamanca–Morelia, donde los delincuentes golpean, privan de la libertad y despojan de unidades a los choferes. Incluso, denunció casos en los que se ha exigido dinero para liberar a las víctimas.
El líder empresarial subrayó que al menos cuatro eventos recientes han sido de extrema violencia, evidenciando la escalada del crimen en vías estratégicas para la economía estatal. La situación, advierten, refleja una falta de control efectivo por parte del gobierno estatal, que no ha logrado contener los ataques.
Además, acusó que la lentitud de la Fiscalía de Guanajuato ha provocado una “cifra negra” de delitos, ya que muchas denuncias no avanzan y los afectados deben investigar por su cuenta. Esta omisión institucional agrava la percepción de impunidad y deja en indefensión a transportistas y empresas.
Aunque autoridades estatales han convocado a una reunión con la Guardia Nacional en Irapuato, el sector privado exige resultados inmediatos. “No podemos seguir viviendo sin paz ni tranquilidad”, reclamó González Palomino ante un panorama que golpea directamente la actividad económica.
La crisis de seguridad en carreteras confirma que Guanajuato atraviesa uno de sus momentos más delicados, con una estrategia que, a ojos de los afectados, ha sido claramente rebasada por la violencia criminal.
El Gobierno de Guanajuato ha entregado millones a una asociación que dirige una exdiputada panista señalada por opacidad y que, para más datos, fue exempleada de Ricardo Salinas Pliego.
Se trata de Feed the Hungry, una asociación que dirige Verónica Agundis, amiga de la gobernadora Libia Dennise Muñoz. Agundis ya había dirigido el Fideicomiso del Parque Guanajuato Bicentenario, una asociación que, al ser auditada, reveló múltiples anomalías en el ejercicio del gasto y contrataciones opacas.
Feed The Hungry es una organización que, originalmente, fue fundada en Estados Unidos, y opera en México bajo las denominaciones Feed the Hungry A.C. y Feed the Hungry San Miguel, Inc.
Esta fundación, que se define a sí misma como una organización sin fines de lucro y no gubernamental, funciona como un banco de alimentos que distribuye desayunos y comidas en zonas de alta vulnerabilidad.
Y, bajo este pretexto, desde 2021, Feed The Hungry figura como una de las 45 asociaciones que el Gobierno de Guanajuato financia y apoya.
En julio de 2025, Feed the Hungry San Miguel y Feed the Hungry, A.C. nombraron a Verónica Agundis Estrada como nueva directora.
Solo tres meses después, la asociación firmó un jugoso “acuerdo de entendimiento” con la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato para llevar desayunos a las comunidades rurales de San Miguel de Allende, una localidad – donde el último censo del INEGI, que data de 2020- reveló estar compuesta por 80% de mexicanos en pobreza y 20% de extranjeros, que se asientan en la zona centro y que gozan de todos los beneficios de las grandes ciudades, mientras las cabeceras que la rodean como Parral, Clavellinas, Cerritos y Puerto de Nieto figuran como algunas de las zonas más pobres del estado.
Feed The Hungry asegura llevar más de 45 años operando en San Miguel de Allende con distintos programas que han beneficiado, según la organización, a más de 4 mil 500 niños y 51 comunidades rurales de San Miguel de Allende.
Sin embargo, en ese lapso la organización también ha gozado de generosos beneficios por parte del gobierno de Guanajuato, sobre todo durante la administración de Diego Sinhue, y ahora, con Libia Dennise.
Además de ello, la organización ha convertido en una de sus principales directoras a Verónica Agundis, excandidata panista al gobierno de San Miguel de Allende en 2024 y exgerente de producción en TV Azteca Bajio.
Cabe enfatizar que, tras su paso por la dirección del Parque Bicentenario Guanajuato, Verónica Agundis fue señalada por graves omisiones en la cuenta del fideicomiso.
De hecho, en enero de 2026, el Gobierno del Estado de Guanajuato presentó el Cierre de la Auditoría del Fideicomiso de Inversión y Administración Parque Guanajuato Bicentenario, correspondiente al periodo enero de 2023-diciembre de 2024, donde señaló, al menos, tres omisiones.
Y justo en ese periodo, Verónica Agundis estuvo al frente de la administración de dicho fideicomiso.
De acuerdo con documentos de la Auditoría, el fideicomiso no pudo esclarecer el ejercicio de los recursos públicos entregados. En específico, señaló que se detectaron anomalías en los procesos de contratación, gastos no comprobados en obras para las cuales no se hizo ningún trámite ante las dependencias correspondientes y hubo un nulo control sobre las finanzas.
Pero antes de concluir la auditoría y esclarecer el destino de los recursos, así como la legitimidad del gasto ejercido y personal contratado, Agundis dejó la dirección del fideicomiso para buscar la candidatura del PAN a la presidencia municipal en San Miguel de Allende.
Sin embargo, perdió y, en compensación por el esfuerzo no realizado, se unió a las filas de Feed The Human en julio de 2025.
El historial de Verónica Agundis, íntima amiga de la gobernadora Libia Denisse, quien respaldó el arranque de su campaña en San Miguel, no se ha limitado a sus últimos dos trabajos.
La ahora filántropa arrastra un buen número de puestos tanto en la administración pública de Guanajuato, así como en la iniciativa privada, donde se desempeñó como titular de noticieros en Radio Fórmula Bajío y gerente de producción de TV Azteca Bajío, en 2004.
Al frente de la dirección de Feed Human en San Miguel de Allende, los resultados de Agundis fueron rápidamente visibles, pues en octubre de 2025 se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación.
Sin embargo, el monto de los recursos destinados a dicha asociación por el programa de desayunos, enmarcados en el programa “Adopta una Escuela” y la entrega de mil 500 cubrebocas no han sido transparentados por el Gobierno de Guanajuato ni por la Secretaría de Educación.
Lo que sí se sabe es que para 2025, la dependencia tuvo un generoso incremento en su presupuesto de más de 2 mil millones de pesos.
Lo que llama la atención es que la dependencia no ha esclarecido puntualmente en qué gastó los recursos y tampoco ha desglosado el monto que se asigna a los comedores comunitarios. Ni tampoco los términos y recursos de su convenio con Feed The Hungry.
Mientras tanto, la gobernadora de Guanajuato continúa presumiendo sus logros en materia social y económica.
La transición de Agundis del sector público al “tercer sector” sin un periodo de enfriamiento ni una auditoría aclarada refleja el fenómeno de las puertas giratorias en la política mexicana.
La filantropía no puede ser la excusa para ocultar la corrupción.
No hay “ayuda” que justifique la falta de transparencia con el dinero público.
Pero eso no parece importarle al gobierno panista que encabeza Libia Dennise Muñoz.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, enfrenta críticas por desconocer a Cecilia García como integrante de un colectivo de búsqueda, pese a que activistas lo desmintieron. El caso exhibe revictimización, falta de rectificación y una crisis de desapariciones que sigue sin resolverse en el estado.
La polémica estalló tras declaraciones de la gobernadora el pasado 8 de abril en Irapuato, donde afirmó que Cecilia García, joven de 28 años asesinada tras ser secuestrada, “no tenía la calidad de buscadora”. Aunque intentó matizar que el hecho seguía siendo lamentable, sus palabras fueron interpretadas como un intento de restar legitimidad a la víctima, en un contexto donde los colectivos de búsqueda enfrentan riesgos constantes.
En respuesta, la plataforma “Desaparecidxs Guanajuato” y activistas como Alma Lilia Tapia desmintieron categóricamente a la mandataria, asegurando que Cecilia formaba parte activa del colectivo “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos” desde hace más de cuatro años. Incluso, recordaron que participó recientemente en la marcha del 8 de marzo y en diversas búsquedas, lo que desmiente de manera contundente la versión ‘oficial’. Las declaraciones no solo son falsas y revictimizan a quien ya no puede defenderse.
#Aclaración 🕯️Respecto de las declaraciones de la Procuradora de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (https://t.co/5Oqa18Bys4) sobre la revictimización de Cecilia García Ramblas, cabe remarcar lo siguiente: – Cecilia era persona buscadora buscadora perteneciente a un… https://t.co/WOqhqckQfR
La falta de una disculpa pública ha agravado el conflicto, y aunque la Procuraduría de Derechos Humanos estatal sugirió que hubo una rectificación, los colectivos lo desmintieron nuevamente: “no ha habido retractación, disculpa o aclaración”, reclamaron. De igual manera advirtieron además que difundir información no verídica pone en riesgo a todo el grupo, minimiza la trayectoria de la víctima y refleja una preocupante desconexión del gobierno con la realidad que enfrentan las familias.
Cabe recordar que Guanajuato se mantiene bajo alertas internacionales por violencia contra defensores, con al menos 18 acciones urgentes abiertas ante la ONU y señalamientos de la CIDH por el alto riesgo que enfrentan los colectivos de búsqueda. A pesar de que el gobierno presume una reducción del 2% en desapariciones, las cifras históricas y los asesinatos de buscadores evidencian una crisis estructural que está muy lejos de resolverse.
Más que un error aislado, lo ocurrido con Cecilia García exhibe un patrón preocupante: la autoridades, en lugar de respaldar a las víctimas, terminan cuestionándolas o minimizando su papel.
En un estado marcado por la violencia y las desapariciones, las palabras de Libia Denisse resultan profundamente irresponsables e insensibles.
Con información de Jesús Patiño para Periódico AM.
Libia Denisse y Tere Jiménez perciben sueldos superiores al de la presidenta mientras enfrentan críticas por inseguridad, subvaluación patrimonial y decisiones que comprometen las finanzas públicas.
Por Neri Torres
Los gobiernos panistas siguen dando de qué hablar.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, y la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, son las únicas dos gobernantes estatales que ganan más que la presidenta.
Pero más allá de tener méritos para presumirlo, tienen argumentos para contradecirse.
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, Libia Denisse percibe un sueldo de $259,689.91 pesos mensuales brutos. A esto se le suma un “humilde” aguinaldo de $389,534.87, lo que en total daría una percepción anual de 3 millones 505 mil 813 pesos. ¿Lo merece? No, y aquí van algunos datos duros que lo contradicen.
La percepción de la inseguridad en Guanajuato sigue siendo una de las más altas en México. La encuesta de ENVIPE, realizada por el INEGI, registra que 88.5% de los habitantes del estado considera que vivir aquí es inseguro. Es decir, casi 9 de cada 10 personas temen a la delincuencia.
Pero hay más. De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, en 2023 Libia Denisse adquirió un terreno ejidal de dos hectáreas en la zona de Comanjilla, el cual transformó en una finca campestre con casa, alberca, canchas y otras amenidades.
Aunque pagó alrededor de 4 millones de pesos por el predio, en su declaración patrimonial reportó un valor menor y omitió diversas construcciones ya existentes, pese a que el valor comercial actual supera los 10 millones de pesos. Además, imágenes satelitales evidencian la expansión del terreno y el desarrollo de infraestructura no declarada, lo que ha generado cuestionamientos sobre la subvaluación y falta de transparencia en su patrimonio. Es decir, hay más detrás de lo que no reporta.
Lo grave ocurre cuando vemos que por lo menos un 20 por ciento de las empresas constructoras han pausado de manera temporal sus actividades ante la inseguridad y las extorsiones, lo que ha llevado a retrasar entregas de obras debido a que no existen condiciones para realizarlas.
Si pasamos al estado de Aguascalientes, la cosa es similar.
Teresa Jiménez percibe un salario mensual bruto de $206,539.32, más el aguinaldo que es de $275,385.76, la gobernadora panista ingresa anualmente 2 millones 753 mil 857 pesos. ¿Argumentos para defenderse? Aquí le van los datos duros.
La edil impulsó una reestructura para ampliar un contrato con la empresa Next Energy, señalada por incumplimientos, con el fin de cuadruplicar la deuda pública de 3 mil a más de 12 mil millones de pesos, comprometiendo recursos estatales y municipales hasta 2035, de acuerdo con una investigación de Pop Lab.
El proyecto, aprobado con rapidez por un Congreso de mayoría panista, incluye sumar a diversas dependencias y municipios al esquema, pese a que la empresa ya había cobrado millones por un parque solar que nunca operó. La medida ha generado cuestionamientos por el endeudamiento a largo plazo, la falta de resultados y posibles irregularidades en el proceso, además de investigaciones en curso por autoridades federales.
Además, durante su gestión como alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez acumuló diversos señalamientos por presuntos actos de corrupción, incluyendo un desfalco millonario en la compra de luminarias con sobreprecio, que habrían costado cientos de millones adicionales al erario.
Estas adquisiciones beneficiaron a empresas vinculadas a perfiles cercanos al PAN, lo que desató críticas incluso dentro de su propio partido y evidenció posibles conflictos de interés en la asignación de contratos públicos.
Asimismo, su administración fue cuestionada por el manejo opaco de recursos y contratos otorgados a empresas fantasma, así como por irregularidades en proyectos de infraestructura y servicios. También la señalan de haber mantenido influencia sobre el Congreso local, lo que habría facilitado el encubrimiento de estas prácticas.
A pesar de las acusaciones, no enfrentó sanciones y, por el contrario, fue respaldada políticamente dentro de su partido para continuar su carrera.
El escándalo exhibe negligencia institucional; pese a destitución, el fiscal enfrenta críticas por errores repetidos y falta de control.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encuentra en el centro de la polémica tras la entrega equivocada de cuatro cuerpos a sus familiares, un error que no solo refleja fallas administrativas, sino una preocupante crisis de protocolos y supervisión interna. Aunque el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste ordenó la destitución del responsable, el caso ha desatado cuestionamientos sobre la eficacia real de la institución.
El propio fiscal calificó el hecho como un “lamentable error”, atribuyéndolo a inconsistencias en documentos y similitudes físicas entre las víctimas. Sin embargo, la explicación resulta insuficiente ante la gravedad del caso, pues evidencia una cadena de negligencias que permitió que los cuerpos fueran entregados sin una verificación rigurosa.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, Vázquez Alatriste reconoció que existen al menos tres casos similares, incluyendo la exhumación de restos mezclados en una fosa y la entrega errónea de una persona que después apareció con vida. Estos antecedentes debilitan el argumento de que se trata de incidentes excepcionales y refuerzan la percepción de fallas estructurales en la Fiscalía.
Aunque el fiscal prometió que no habrá “chivos expiatorios” y que se investigará toda la cadena de mando, la realidad es que la repetición de estos errores pone en duda la capacidad de la institución para garantizar procesos confiables. La destitución de un funcionario parece más un intento de contener la crisis que una solución de fondo.
Además, el señalamiento de que estos fallos opacan los “logros” de la Fiscalía en 2025 ha sido interpretado como una desconexión con la gravedad del daño causado a las familias, quienes enfrentan no solo la pérdida de sus seres queridos, sino también el impacto emocional de recibir restos equivocados.
Este escándalo deja al descubierto una verdad incómoda: más allá de discursos y cifras, la Fiscalía de Guanajuato enfrenta un serio reto para recuperar la confianza ciudadana y demostrar que puede operar con profesionalismo, rigor y respeto a las víctimas.
