Durante este 2026, varios políticos mexicanos viajaron a Estados Unidos para denunciar a adversarios, pedir acciones de Washington o promover una mayor participación estadounidense en asuntos mexicanos. Alito Moreno, Lilly Téllez, Francisco García Cabeza de Vaca, Raúl Torres, Tania Larios, Manuel Andrade, Mario Zamora y Rosi Orozco aparecen, no deberían celebrar hoy la Independencia de México, deberían esperarse al 4 de julio.
México celebra hoy su Independencia, pero hay una parte de la clase política que parece tener una interpretación bastante peculiar de la soberanía nacional: cuando las instituciones mexicanas no les dan la respuesta que quieren, cruzan la frontera y buscan que Washington intervengaen nuestro país.
Alejandro Moreno Cárdenas
El caso más evidente es el de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. En 2026 convirtió Washington en una extensión de su estrategia contra Morena. En mayo realizó una gira de tres días por la capital estadounidense y afirmó haber presentado solicitudes ante los departamentos de Estado, Justicia y Tesoro para que Morena fuera declarado organización terrorista, argumentando presuntos vínculos del partido con organizaciones criminales. Y no fue la única ocasión: en agosto volvió a Washington y llevó ante el Departamento de Estado su confrontación con consejeros del INE, solicitando sanciones y la cancelación de sus visas estadounidenses por medidas que le impedían utilizar expresiones como “narcopartido” o “narcogobierno”.
Pero Moreno había ido incluso más lejos desde enero. El 31 de enero respaldó públicamente una eventual intervención de Estados Unidos en México para combatir al narcotráfico, una postura que coloca su estrategia en un terreno todavía más delicado. En otras palabras, no se trata únicamente de un político que denuncia corrupción o delincuencia ante autoridades de otro país: se trata de un dirigente partidista que ha defendido que Washington tenga una participación directa en un problema mexicano. Y mientras el PRI habla de patriotismo, soberanía y defensa de las instituciones, su presidente nacional aparece solicitando que dependencias del Gobierno estadounidense clasifiquen como terrorista a un partido político mexicano.
Lilly Téllez
El segundo nombre que destaca es Lilly Téllez, senadora del PAN, quien durante 2026 llevó a Estados Unidos una parte importante de su discurso contra Morena y el crimen organizado. En mayo denunció en territorio estadounidense un supuesto pacto entre Morena y el Cártel de Sinaloa, acusando al Gobierno mexicano de proteger a presuntos “narcopolíticos”. Téllez también ha defendido una participación estadounidense más intensa frente a los cárteles.
Aquí, sin embargo, conviene hacer una precisión: no todo lo que ha dicho Téllez en Estados Unidos durante 2026 constituye una petición formal de intervención extranjera; algunas de sus declaraciones son denuncias políticas y llamados a fortalecer la cooperación bilateral. Aun así, el patrón es evidente: una senadora mexicana utiliza escenarios estadounidenses para presentar ante audiencias de aquel país una versión de México en la que el crimen organizado habría penetrado las estructuras del Estado. Y en agosto volvió a utilizar el tema de Estados Unidos como arma política interna al desafiar a legisladores de Morena a romper sus visas tras la cancelación de la de Andy López Beltrán.
Francisco García Cabeza de Vaca
Otro caso particularmente llamativo es el de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas y militante del PAN. Su situación es distinta porque actualmente permanece en Estados Unidos mientras enfrenta en México procesos y señalamientos que él atribuye a una persecución política. Desde territorio estadounidense ha sostenido que las autoridades de ese país conocen su versión de los hechos y ha destacado su colaboración previa con agencias estadounidenses contra organizaciones criminales y el llamado huachicol fiscal.
En febrero participó además en Washington en actividades relacionadas con el combate al narcoterrorismo, donde defendió que combatir este fenómeno debía ser una prioridad para México. Es decir, un político mexicano que enfrenta problemas judiciales en México ha construido buena parte de su defensa política desde Estados Unidos, apelando precisamente a sus vínculos y cooperación con autoridades estadounidenses. La escena vuelve a ser incómoda: el conflicto político mexicano termina cruzando la frontera y adquiriendo dimensión internacional.
Raúl Torres Guerrero
En febrero también apareció Raúl Torres Guerrero, diputado migrante del PAN en la Ciudad de México, en actividades políticas desarrolladas en la capital estadounidense alrededor de la agenda de narcoterrorismo.
Torres participó en actividades vinculadas con CPAC, dentro de un encuentro cuyo eje fue el narcotráfico, el narcoterrorismo y la posibilidad de una cooperación estadounidense mucho más agresiva frente al crimen organizado mexicano.
Tania Larios
El mismo contexto alcanza a Tania Larios, diputada priista, quien viajó a Washington durante los días 4 y 5 de febrero para participar en actividades vinculadas con CPAC y la agenda de narcoterrorismo.
El encuentro reunió a políticos mexicanos y estadounidenses alrededor de acusaciones sobre narcotráfico, infiltración criminal y seguridad nacional. En ese contexto se planteó una mayor colaboración de Estados Unidos e incluso se discutió la posibilidad de una participación militar estadounidense contra organizaciones criminales mexicanas..
Manuel Andrade Díaz
Otro nombre que aparece en la investigación es Manuel Andrade Díaz, exgobernador de Tabasco y figura priista, quien participó en el Combating Narco-Terrorism Summit celebrado en Washington el 5 de febrero de 2026.
El foro estuvo dedicado precisamente a narcotráfico, narcoterrorismo y cooperación entre México y Estados Unidos. Andrade aparece entre los participantes mexicanos de aquel encuentro, la idea de recurrir a Washington para abordar los problemas políticos y de seguridad mexicanos no fue patrimonio de un solo dirigente, sino que encontró eco en una delegación más amplia de políticos opositores.
Mario Zamora
También estuvo Mario Zamora Gastélum, político priista, quien participó en las actividades desarrolladas en Washington alrededor de aquella agenda de narcoterrorismo.
No fue un viaje turístico ni una visita protocolaria: se trató de un encuentro político estadounidense en el que participaron opositores mexicanos y donde se habló de narcotráfico, “narcogobierno” y de la necesidad de incrementar la cooperación de Estados Unidos frente al crimen organizado.
Rosi Orozco
Finalmente aparece Rosi Orozco, también vinculada con las actividades de la delegación mexicana que participó en el foro de Washington de febrero. Su presencia forma parte del mismo episodio político alrededor del narcoterrorismo y la cooperación con Estados Unidos.
Este 16 de septiembre habría que preguntar qué políticos están dispuestos a defender sus causas dentro de las instituciones mexicanas y cuáles prefieren tocar la puerta de Washington. Porque una cosa es pedirle a Estados Unidos que persiga criminales que operan a ambos lados de la frontera y otra es pedirle que castigue partidos, funcionarios, consejeros electorales o adversarios políticos mexicanos.
México podrá tener muchos problemas, pero si la solución para algunos políticos consiste en viajar a Estados Unidos a pedir que otro país meta las manos en nuestra política, quizá deberían esperar menos al 16 de septiembre y comenzar a celebrar desde el 4 de julio.
