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Etiqueta: Luis Tovar

  • Cuando Izquierda y Derecha ya no alcanzan

    Cuando Izquierda y Derecha ya no alcanzan

    Una buena parte de nuestra historia política nos fue orillando a concebir el mundo entre izquierdas y derechas; antes, entre liberales y conservadores; hoy, en México, entre oficialistas y opositores. Las categorías, al menos actualmente entre izquierda y derecha, siguen siendo útiles porque expresan diferencias reales sobre cómo se conciben la libertad, la igualdad, el mercado, el papel del Estado e, incluso, la distribución de la riqueza. Sólo que dichas categorías dan paso a un problema cuando comienzan a utilizarse para explicarlo todo, tal y como la política mexicana parece empeñada en hacerlo. No es un tema menor. Hoy, en el debate público, si alguien cuestiona al gobierno, rápidamente puede ser colocado en la derecha; si reconoce algún logro de la presidenta Claudia Sheinbaum, puede ser acusado de oficialista, y eso no es otra cosa que una visión meramente reduccionista. A tal grado hemos llegado que hoy se construye un debate público donde importa cada vez menos qué y por qué se dice, y cada vez importa más desde qué espectro suponemos que se está diciendo.

    En ese sentido, la aparición de una fuerza política como PAZ resulta interesante precisamente por eso. No solamente porque México tenga dos nuevos partidos políticos, sino porque obliga a preguntarnos si todavía es viable entender la pluralidad política utilizando únicamente las categorías tradicionales. Por ejemplo, Hugo Eric Flores fue claro durante el primer Congreso Nacional de PAZ al señalar que el partido no será satélite ni comparsa de Morena. Al mismo tiempo, tampoco renegó del respaldo que en su momento se dio a Andrés Manuel López Obrador, ni mucho menos del acompañamiento a Claudia Sheinbaum. Señaló claramente que hay coincidencias que permanecen y diferencias que hoy resultan evidentes, lo que no debería parecernos contradictorio si nos referimos a una democracia madura, en la que coincidir no tendría que significar someterse y disentir tampoco debería obligarnos a convertirnos en adversarios.

    Con honestidad señalo lo anterior desde una posición que no pretendo ocultar: participé en la fundación de PAZ y creo que este se configura como un espacio propicio para construir una alternativa que coloque en el centro la pacificación del país, la comunidad, la justicia social, la protección del medio ambiente y la reconciliación nacional. Pero precisamente por esa pertenencia creo también que nuestro desafío será mucho mayor que simplemente declararnos distintos.

    Una encuesta reciente de Mitofsky ofrece un dato revelador: mientras buena parte de los mexicanos identifica con relativa facilidad a Morena, PAN, PRI o Movimiento Ciudadano dentro del espectro ideológico, 48.5 por ciento no supo dónde colocar a PAZ. Habrá quien pueda interpretar ese resultado como una debilidad o un vacío ideológico; sin embargo, creo que esa es una pregunta que habrá de obtener respuesta a partir de los hechos, en tanto que toda identidad política no se construye diciendo lo que uno no es, sino demostrando en la práctica lo que se es.

    PAZ tendrá que demostrar —insisto: en los hechos— qué significa colocar a la paz en el centro de la acción política; qué propone frente a la inseguridad, los desaparecidos, la extorsión, la desigualdad, el deterioro ambiental, la pobreza y el abandono de muchas comunidades. Tendrá también que demostrar que puede reconocer los aciertos del gobierno cuando existan y señalar sus errores cuando sea necesario, sin convertirse ni en comparsa ni en oposición automática.

    Por lo tanto, creo que el verdadero desafío de la política mexicana en general no se encuentra en decidir definitivamente entre izquierda y derecha, sino en recuperar algo que la polarización nos ha hecho olvidar: la posibilidad de coincidir o disentir sin cortapisas cuando la realidad lo amerite. Sobre todo en este país profundamente dividido, donde construir paz también comienza por reconocer nuestras diferencias.

    Luis Tovar
    Secretario General de la Fundación
    para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMAH A.C.

  • Carlos Gutiérrez Mancilla: Cuando la etiqueta sustituye al argumento

    Carlos Gutiérrez Mancilla: Cuando la etiqueta sustituye al argumento

    La semana pasada, los diputados Arturo Ávila (MORENA) y Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI), protagonizaron un nuevo episodio de confrontación que terminó entre insultos y empujones. La escena podría parecer anecdótica si no fuera porque este tipo de espectáculos cada vez son más frecuentes en nuestros espacios legislativos y porque, en el caso de algunos de sus protagonistas, la confrontación ocupa un espacio mayor frente al trabajo para el cual fueron electos.

    La Cámara de Diputados es, por definición, el lugar donde las diferencias políticas deben confrontarse mediante argumentos. Arturo Ávila debería entenderlo particularmente bien. Es diputado federal, vocero de Morena y aspira públicamente a gobernar la alcaldía Cuauhtémoc. Tiene trabajo legislativo, aunque su notoriedad pública provenga mucho más de su papel como vocero y polemista que de resultados legislativos propios. Apenas en febrero de este año reconocía que su proyecto político estaba en Aguascalientes y que aspiraba a gobernar aquella entidad; pocos meses después decidió que su destino estaba en Cuauhtémoc. Tiene derecho a aspirar, lo cuestionable es pensar que la cercanía con las dirigencias o la exposición mediática constituyan por sí mismas, méritos suficientes para gobernar una de las alcaldías más importantes del país.

    El caso de Carlos Gutiérrez Mancilla es más preocupante. No por pertenecer al PRI ni por ejercer una oposición dura, sino por la dificultad de separar su actuación pública de la estridencia y la confrontación. El episodio con Ávila no es el primero en el que participa y algunas entrevistas recientes, particularmente la realizada por Maca Carriedo, permiten observar la dificultad que tiene el legislador para abandonar ese terreno incluso cuando se le pregunta directamente por su propia conducta. Pero hay otro aspecto que me parece mucho más revelador: Hace poco concluí una investigación académica sobre la construcción discursiva de la expresión narcogobierno y de la familia léxica asociada al prefijo narco-. Lo que encontré fue ese mecanismo mediante el cual una acusación originalmente referida a una persona o a un vínculo determinado puede desplazarse progresivamente hasta convertirse en una identidad atribuida a una candidatura, un partido, un gobierno o incluso al Estado. A ese proceso lo denominé encuadre de condensación identitaria y ahí Mancilla ofrece un ejemplo particularmente ilustrativo. En sus intervenciones aparecen una y otra vez expresiones como narcogobierno, narcopartido, narcopolíticos, narcodiputados, narcobancada o vocero del narco, sin que esa facilidad lingüística venga necesariamente acompañada de una cadena probatoria equivalente y que, por su gravedad, debieran investigarse y acreditarse con rigor.

    Una cosa es señalar que determinada persona mantiene una relación con una organización criminal y presentar las pruebas correspondientes; otra muy distinta es convertir esa relación en una identidad extensible. Ésa es justamente la diferencia entre relación e identidad que encontré en la investigación. Carlos Gutiérrez Mancilla, además, es licenciado en Derecho, por ello resulta exigible que comprenda el peso de las imputaciones que formula pues su carácter opositor, no le significa licencia para sustituir la prueba por la etiqueta ni el argumento por el insulto, y menos convertir la confrontación como única forma de ejercer la representación popular.

    Cuando un representante popular recurre sistemáticamente al mismo conjunto de etiquetas para explicar personas, partidos, gobiernos y acontecimientos distintos, la estridencia termina por exhibir una preocupante pobreza argumentativa. Mancilla tiene no sólo el derecho, sino la obligación de investigar, denunciar y confrontar al poder cuando existan elementos para hacerlo; pero precisamente por eso sus acusaciones deben sostenerse en hechos y no únicamente en adjetivos. El legislador priísta haría bien en entenderlo, de lo contrario, llegará un momento en que agregar el prefijo narco- a cada adversario deje de ser una denuncia y termine convirtiéndose, simplemente, en la evidencia de que detrás de la etiqueta no existían argumentos.

    Luis Tovar
    Secretario General de la Fundación para la
    Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.

  • El narcogobierno que sí tiene sentencia

    El narcogobierno que sí tiene sentencia

    Desde hace algunos años se ha vuelto recurrente escuchar en el debate público mexicano una palabra que, a fuerza de repetirse, pareciera explicar por sí misma buena parte de nuestros problemas políticos: narcogobierno. La expresión no nació con la elección presidencial de 2024, pero fue precisamente durante ese proceso cuando adquirió una dimensión distinta y comenzó a formar parte de una narrativa que primero habló de un narcopresidente, después de una narcocandidata, posteriormente de un narcopartido y, finalmente, de un narcogobierno que incluso habría terminado por convertir a México, según algunos de sus principales promotores, en un narcoEstado.

    El asunto no puede despacharse simplemente diciendo que se trata de una campaña de la oposición contra Morena, porque hacerlo sería quedarse corto. En México existen relaciones entre integrantes de la clase política y organizaciones criminales, las han existido durante gobiernos de distintos partidos, y contamos con investigaciones y procesos judiciales suficientes para advertirlo. El problema no es que esas relaciones se señalen: es que quienes hoy gritan más fuerte “narcogobierno” suelen ser, precisamente, quienes menos evidencia tienen detrás y más motivos para no recordar la que existe en su propia casa.

    Hace algunos meses comencé a estudiar este fenómeno con mayor detenimiento para un artículo académico y encontré algo que me parece revelador. Una cosa es afirmar que determinado funcionario mantiene o mantuvo una relación con alguna organización criminal y otra muy distinta convertir esa relación en parte de su identidad. En el primer caso estamos frente a una acusación concreta que, por grave que sea, tiene sujetos, circunstancias y hechos susceptibles de comprobarse o desmentirse; en el segundo, la relación desaparece y queda únicamente la identidad atribuida: ya no se dice que alguien presuntamente tuvo vínculos con el narcotráfico, sino que ese alguien es un narcopolítico, un narcogobernador o un narcopresidente. Lo que encontré, revisando decenas de casos, es que la inmensa mayoría de las veces en que se usa “narcogobierno” contra Morena, esa distancia entre la acusación y la prueba es enorme: se declara la identidad sin que exista, ni de lejos, el respaldo judicial que la sostenga.

    Compárese eso con lo que sí tenemos comprobado sobre el sexenio panista que más se ufana de perseguir al crimen organizado. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, fue declarado culpable en 2023 por un jurado de Nueva York y sentenciado en 2024 a 38 años de prisión por recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa mientras encabezaba, desde el gobierno mexicano, la supuesta guerra contra el narco. No hablamos de un señalamiento en un mitin ni de una publicación en redes sociales: hablamos de una sentencia firme, dictada por una corte federal, con testigos, documentos y un veredicto unánime. Y sin embargo, es exactamente el bando que hoy más recurre a la etiqueta narcogobierno el que menos interés muestra en que se hable de esto.

    Ahí está la hipocresía que me parece necesario señalar sin medias tintas: no se trata de que todos usen la misma palabra con la misma ligereza, como si el fenómeno fuera simétrico y equivalente en ambos lados. Se trata de que quienes más presumen indignación ante un vínculo criminal apenas insinuado son quienes menos han rendido cuentas por el vínculo que sí se probó, en una corte, con nombre y sentencia. Por esa razón, la etiqueta narcogobierno funciona precisamente porque no exige ese contraste: reúne acontecimientos distintos bajo una misma explicación y evita que nadie tenga que comparar la solidez de sus propias acusaciones con la solidez de las que pesan sobre uno mismo.

    En fin, no se trata de desterrar una palabra del debate público, sino de exigir que quien la use la sostenga con la misma vara con la que juzga a los demás porque las relaciones entre política y crimen organizado son demasiado graves como para reducirlas a una consigna, y demasiado serias como para permitir que quien tiene una sentencia firme en su historial reciente, como en este caso Acción Nacional, sea paradójicamente, quien más cómodo se sienta señalando con el dedo.

    Luis Tovar
    Secretario General de la
    Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.

  • Naco, Sonora: Reparar no es limpiar

    Naco, Sonora: Reparar no es limpiar

    El reciente derrame de hidrosulfuro de sodio tras el descarrilamiento de un tren en Naco, Sonora, que lamentablemente dejó a un habitante en estado crítico, vuelve a recordarnos la vieja costumbre nacional de reaccionar cuando ocurre una tragedia, sin que aprendamos la lección de adoptar las medidas necesarias para evitarla.

    Por desgracia lo sucedido en Naco no es un caso aislado. Ahí está el Río Sonora, donde más de una década después las comunidades siguen reclamando agua limpia, atención médica y justicia ambiental.

    Ahí están también los incendios forestales, la contaminación de ríos, el uso indiscriminado de agrotóxicos y los conflictos derivados de proyectos que afectan a comunidades enteras, lo que nos lleva a una misma reflexión: solo cambian los lugares, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo, el de privilegiar la reacción por encima de la prevención. Los ejemplos sobran y todos siguen el mismo patrón. En 2019, la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, dejó más de cien muertos, y aun así las tomas clandestinas y las fallas de vigilancia en la red de ductos de Pemex continúan siendo un problema recurrente. En Coahuila, el desastre minero de Pasta de Conchos —donde apenas este año, más de dos décadas después de la explosión, se ha logrado recuperar poco menos de la mitad de los 65 cuerpos de los mineros atrapados— muestra cómo la negligencia empresarial y la omisión gubernamental pueden convertirse en una misma responsabilidad compartida. Como se puede advertir, en cada uno de estos casos, la pregunta que debería hacerse la sociedad no es solamente qué pasó, sino quién debía haberlo evitado y qué consecuencias enfrentó por no hacerlo.

    La cuestión de fondo es muy sencilla: el Estado mexicano hoy enfrenta grandes desafíos para conciliar el crecimiento industrial con la protección ambiental, pero ese desafío se vuelve insostenible cuando las empresas responsables de estos desastres asumen que un comunicado de prensa y una brigada de limpieza bastan para saldar su deuda con las comunidades afectadas. Pero hay que ser más que claros: no basta con contener el daño inmediato, la ley debe obligar a las empresas a reparar integralmente el entorno, resarcir a las familias afectadas y garantizar tratamiento médico de largo plazo a quienes resultaron dañados como en este caso Luis Arturo Ozuna Vázquez, porque un accidente “controlado” no es, en lo absoluto, lo mismo que un accidente reparado.

    Por esa razón, el caso de Naco resulta por demás revelador: hablamos sin más ni más de un tren que transportaba hidrosulfuro de sodio —sustancia altamente tóxica capaz de provocar quemaduras severas e insuficiencia respiratoria— que se descarriló en una zona donde, según los propios pobladores, ya se habían denunciado anteriormente fallas en el mantenimiento de las vías.

    Luego entonces cabe preguntarse de manera seria: ¿cuántas advertencias tuvieron que ignorarse para que ocurriera lo que ocurrió? Esa misma pregunta recae en una realidad que se presenta a menudo pues cuando la respuesta institucional llega después del derrame y no antes de la denuncia, algo en el diseño de nuestras políticas de prevención está profundamente equivocado.

    La obligación de reparar el daño se vuelve el tema central, pues no se trata únicamente de una sanción económica que las empresas puedan absorber como un costo más de operación, sino de un principio de justicia ambiental por el que debemos pugnar todos. Ese principio es muy simple: que quien contamina, quien pone en riesgo la salud de una comunidad, quien se beneficia de la extracción o el transporte de sustancias peligrosas, debe responder con la misma proporción del daño causado y eso implica remediación real de suelos y cuerpos de agua, atención médica garantizada y no condicionada a litigios interminables, además de mecanismos de indemnización que no dependan en lo absoluto de la buena voluntad corporativa ni de la presión mediática del momento. Desde este espacio pugnamos porque haya justicia para Luis Arturo Ozuna Vázquez.

    Luis Tovar
    Secretario General de la Fundación para la
    Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.

  • Paz, pan y trabajo como causa nacional

    Paz, pan y trabajo como causa nacional

    La experiencia muestra que las grandes transformaciones de la historia suelen resumirse en pocas palabras; por ejemplo, hace más de un siglo durante la Primera Guerra Mundial, existió una consigna capaz de sintetizar el clamor de millones de personas: “Paz, tierra y pan”. Aquella consigna de Lenin se convirtió en bandera política en tanto que de ella se entendía que todo pueblo que aspire a la estabilidad y, después, a la prosperidad, debe mantenerse al margen de la guerra, el hambre y la incertidumbre. Habrá quienes compartan o no aquella ideología y el proyecto político que de ella surgió y que habría de influir en el curso de la política mundial durante buena parte del siglo XX; sin embargo, cabe preguntarse cuántas políticas de pacificación se han cancelado en el mundo tan solo por provenir del signo contrario, como si el origen ideológico de una idea determinara por sí sola su validez.

    Digamos entonces que “Paz, pan y trabajo” no es, para nada, una consigna nueva ni tampoco exigencias nuevas; más bien son aspiraciones permanentes de cualquier sociedad, por más que las haya formulado Lenin en su momento.

    Así que, más allá de las etiquetas o de esa tendencia actual a polarizar la discusión pública, hoy la realidad nacional exige una lectura diferente, dada la preocupante tendencia de la clase política a creer que toda propuesta, para ser válida, debe encuadrarse en una geometría política —izquierda o derecha, conservadores o progresistas— como si reconocer una necesidad humana implicara forzosamente asumir una doctrina. Por cierto, esa lectura distinta exige pasar de la proclama a la acción coordinada.

    La cuestión es muy sencilla: nuestro país enfrenta una crisis de violencia que se fue gestando durante años y que se agudizó con la mal llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón; por lo tanto, la solución ante tal gravedad no puede reducirse al uso de la fuerza ni tampoco descansar exclusivamente en la política social, en tanto que los resultados actuales demuestran que la pacificación exige ambas dimensiones, es decir, combatir a quienes generan violencia y, al mismo tiempo, atender las causas que la alimentan.

    En ese contexto cobran especial relevancia las palabras pronunciadas por Hugo Eric Flores en el Consejo General del INE: “México hoy demanda mexicanos sin hambre y mexicanos que no estén derramando sangre; queremos un México con paz, sin hambre y sin sangre.” Palabras que difícilmente podrían resumir mejor el desafío nacional, puesto que nuestro país necesita, más que nunca, construir una consigna propia para la actualidad: paz, pan, trabajo, pero también comunidad. La paz como elemento sagrado para vivir sin miedo; pan y trabajo como condiciones mínimas que hagan de la dignidad una realidad y no una consigna electoral; y comunidad como desafío para reconstruir el tejido social desde la familia, las escuelas, las organizaciones civiles y la participación ciudadana.

    Hoy debemos entender que la pacificación ha dejado de ser obra exclusiva del gobierno y de las fuerzas de seguridad, sin que ello signifique justificar el abandono institucional; pero entender esa condición tampoco implica menospreciar la importancia de los programas sociales, pues estamos frente a una crisis heredada, sí, pero exigente de resultados que sólo pueden alcanzarse si el compromiso se asume por todos: las autoridades, las empresas, las universidades, las acciones colectivas y todo aquel dispuesto a privilegiar el diálogo sobre la confrontación.

    Aterrizar esta corresponsabilidad —este Pacto Social que tanta falta le hace al país— significa, por ejemplo, que los programas sociales federales se articulen aún más con las policías municipales en los territorios de mayor incidencia delictiva, que las universidades midan el impacto real de sus proyectos de vinculación comunitaria y que las empresas destinen parte de su responsabilidad social a la reconstrucción del tejido social en las zonas donde operan, alejándose de la filantropía y acercándose más a la corresponsabilidad pues la paz se construye más con el trabajo compartido donde cada actor rinde cuentas de su parte que con discursos paralelos entre gobierno y sociedad.

    ¿Por qué? Pues, en pocas palabras, porque la paz no pertenece a una ideología ni se sujeta al espectro de la izquierda o la derecha; a como están las cosas, indudablemente se trata de una causa nacional. Por esa razón, la pacificación se ha convertido en la tarea más urgente de nuestra generación: a los responsables de generar la violencia y a quienes lo permitieron habrá que combatirlos, juzgarlos, pero a quienes padecen sus consecuencias, tanto como a quienes anhelan un país mejor, les corresponde reconstruir nuestro país con firmeza para que haya menos hambre, deje de correr la sangre y la paz sea el resultado de la justicia, el trabajo y la corresponsabilidad de todos.

    • Luis Tovar
      Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.
  • La rectoría del Estado frente a la infancia digital

    La rectoría del Estado frente a la infancia digital

    Francia acaba de colocar sobre la mesa una discusión que México ya no debería seguir posponiendo: impedir el acceso a redes sociales a menores de 15 años. Por supuesto que la medida provocará cuestionamientos, pero antes de descartar el ejemplo francés bajo la acusación automática de censura, México debería preguntarse qué responsabilidad tiene el Estado frente a un entorno digital diseñado para captar, retener y comercializar la atención de los menores de edad. Por esa razón, el centro de esta discusión debe partir del interés superior de la niñez, apegándose al artículo cuarto constitucional y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

    La UNESCO ha advertido que las tecnologías digitales pueden contribuir al aprendizaje, pero también generar invasión de la privacidad, distracción, ciberacoso y exposición a contenidos perjudiciales. En especial, señala que las plataformas gobernadas por algoritmos pueden amplificar estereotipos, estándares corporales irreales, contenidos sexuales y conductas poco saludables.

    Los datos citados por la propia UNESCO resultan particularmente reveladores: 32% de las adolescentes consultadas en una investigación interna de Facebook afirmó que, cuando se sentía mal con su cuerpo, Instagram empeoraba esa percepción; en promedio, 12% de las jóvenes de 15 años en países de la OCDE declaró haber sufrido ciberacoso, frente a 8% de los varones; y, por si fuera poco, uno de cada siete adolescentes en el mundo vive con una condición de salud mental diagnosticable, mientras muchos otros enfrentan dificultades emocionales que afectan su bienestar, su aprendizaje y sus posibilidades futuras. En ese sentido, la realidad refleja algo crudo: frente a un niño en proceso de formación se encuentra una arquitectura tecnológica diseñada para mantenerlo frente a una pantalla, y frente a ello se hace necesaria la rectoría del Estado.

    Pero esta rectoría no significa que el gobierno deba decidir qué pueden pensar, decir o compartir los adolescentes, sino establecer condiciones que garanticen que el desarrollo comercial de la tecnología no se coloque por encima de los derechos de la infancia. Por esa razón, nuestro país debe comenzar a invertir en alfabetización mediática e informacional, acompañar la regulación de las plataformas con políticas educativas más inteligentes y, sobre todo, discutir la edad mínima efectiva de acceso a determinadas plataformas, sustentándose cuando menos en cinco elementos: sistemas de verificación de edad que no impliquen la entrega indiscriminada de datos personales; cuentas diferenciadas para adolescentes; prohibición de publicidad personalizada dirigida a menores; transparencia sobre los algoritmos que les recomiendan contenido, y mecanismos rápidos para denunciar ciberacoso, explotación, suplantación de identidad o difusión de imágenes íntimas. En otras palabras, lo que se requiere es una política nacional de protección de la infancia digital que articule al gobierno, las familias, las escuelas, especialistas, organizaciones sociales y empresas tecnológicas.

    Tomando como referencia lo que ocurre en otras naciones, nuestro país debe iniciar su propio debate, con evidencia, responsabilidad y sin convertirlo en otra confrontación partidista; no se trata de copiar mecánicamente una ley extranjera, sino de reconocer que los derechos de la infancia también deben ser garantizados en el territorio digital, especialmente frente a los intereses comerciales que han demostrado su capacidad de influir en las emociones, los hábitos y el desarrollo de millones de menores. En un punto como este, la neutralidad del Estado sería sencillamente irresponsable; por lo tanto, la rectoría del Estado se encuentra hoy ante la oportunidad de impedir que la vulnerabilidad de la niñez siga siendo utilizada como modelo de negocio, como hasta ahora ha ocurrido.

    Hablamos de niñas y niños, no de usuarios, consumidores, seguidores o generadores de datos. Ha llegado la hora de actuar a su favor en el entorno digital.

    • Luis Tovar
      Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.

  • Dos nuevos partidos

    Dos nuevos partidos

    Durante meses, la discusión giró en torno a qué organizaciones lograrían convertirse en nuevos partidos políticos nacionales. Hoy esa etapa ha quedado atrás después de que el INE otorgó el registro a PAZ y a Somos México, con lo que nuestro sistema de partidos suma dos nuevos actores rumbo a las elecciones de 2027. Aquí la cuestión de fondo es si alguno será capaz de romper con la lógica que durante décadas terminó alejando a la ciudadanía de la política.

    Los datos son contundentes: en la elección presidencial de 2024 participó el 61.04 % de la lista nominal, es decir, cerca de cuatro de cada diez mexicanos decidieron mantenerse al margen del proceso electoral. Por eso resultaría simplista concluir que todo abstencionista rechaza la democracia; más bien, esa abstención refleja la realidad del ciudadano que ha dejado de creer que los partidos representan sus preocupaciones cotidianas. Ahí radica el verdadero desafío de las nuevas fuerzas políticas.

    En este contexto habría que ser claros, pues las dos organizaciones llegan con historias muy distintas. Por un lado, PAZ no aparece de la nada, su origen se encuentra en experiencias partidistas anteriores, particularmente en la trayectoria del Partido Encuentro Social y, posteriormente, del Partido Encuentro Solidario. Esa experiencia organizativa, independientemente de la valoración que cada quien haga de ella, le permitió construir una estructura territorial, celebrar asambleas, cumplir, (incluso rebasar) los requisitos legales para recuperar su presencia nacional. Como he sostenido en entregas anteriores, más allá de las siglas, hoy el verdadero reto para PAZ consiste en demostrar que esa experiencia acumulada puede traducirse en una propuesta política renovada y no únicamente en la reedición de un proyecto conocido. El caso de Somos México es diferente. Buena parte de sus dirigentes provienen de otros partidos políticos y diversas figuras públicas vinculadas al proyecto cuentan con antecedentes en instituciones electorales y en la denominada “Marea Rosa”. Ese origen, visto de manera objetiva, no constituye, por sí mismo, un defecto ni una virtud, siempre y cuando sus dirigentes demuestren que representan algo más que una nueva denominación para los mismos liderazgos que durante años participaron en el sistema de partidos que hoy la propia ciudadanía cuestiona. Pero, en ambos casos, existe una prueba inevitable, toda vez que, durante décadas, los partidos mexicanos perfeccionaron una maquinaria burocrática extraordinariamente eficiente para administrar candidaturas, prerrogativas y cuotas internas, por encima del compromiso de escuchar de manera permanente a la sociedad organizada. Quizá por eso el ciudadano ya no busca solamente plataformas ideológicas, sino resultados concretos y, sobre todo, que los representantes permanezcan en las comunidades cuando terminan las campañas y privilegien las causas sociales más allá de los calendarios electorales.

    Los actores políticos hoy deben comprender que la democracia mexicana cambió profundamente desde 2018; la ciudadanía dispone de mayor información, participa con intensidad en el debate público y exige respuestas inmediatas frente a problemas concretos. Por lo tanto, esa transformación obliga a los partidos a evolucionar, pues mantener la ruta de reproducir estructuras verticales, centralizadas y burocráticas no es otra cosa más que ignorar el cambio cultural que vive el país. Por ello, el éxito de las dos nuevas fuerzas, con todo y sus procedencias, tendrá que ir más allá del punto de vista cuantitativo para 2027 y requerirá de lo cualitativo, es decir, demostrar que aprendieron las lecciones que llevaron al desgaste del sistema partidista mexicano. La cuestión es muy simple: un partido verdaderamente tiene que definirse por su forma de ejercer la política, y eso pasa por abandonar las viejas prácticas del reparto de posiciones, del oportunismo electoral o de las dirigencias alejadas de la sociedad. Sólo así podrán aprovechar la oportunidad histórica que se les presenta.

    Hoy se requiere construir una organización donde las causas sociales pesen más que las cuotas internas, donde la ciudadanía participe más allá de las elecciones y donde el diálogo sustituya a la burocracia partidista, pues ha llegado la hora ineludible de cambiar la forma de hacer política en México.

    • Luis Tovar
      Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.
  • Colectivos ambientales: aliados estratégicos frente a la emergencia climática

    Colectivos ambientales: aliados estratégicos frente a la emergencia climática

    Durante años, los colectivos ambientales han sido vistos por ciertos sectores gubernamentales y, especialmente empresariales como actores incómodos. Sin embargo, al menos para el gobierno, la realidad demuestra lo contrario pues en un contexto de cambio climático acelerado, las organizaciones ciudadanas constituyen uno de los aliados más valiosos para construir respuestas sostenibles y con arraigo territorial.

    El Informe sobre el Riesgo Climático de la Infancia 2026 de UNICEF advierte que prácticamente todos los niños y niñas del planeta están expuestos al menos un riesgo climático, y que alrededor de 1,100 millones enfrentan simultáneamente tres o más amenazas: sequías, inundaciones, calor extremo, tormentas e incendios.

    En ese mismo informe, el organismo subraya que estos fenómenos no solo deterioran el entorno natural, sino que comprometen la salud, la alimentación, el acceso al agua y la educación de las comunidades más vulnerables. En pocas palabras, son las infancias quienes pagan el costo más alto de una crisis que no generaron.

    Por supuesto que México no es ajeno a esta realidad dado que las sequías prolongadas, la sobreexplotación de acuíferos, los incendios forestales y la pérdida de cobertura vegetal son apenas algunos de los desafíos más urgentes. Ante ellos, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad histórica para consolidar una política ambiental que articule capacidad institucional, rigor científico y participación social efectiva, sobre todo porque la mandataria, conoce bien el tema ambiental desde su experiencia científica como de gobierno.

    Pero lo cierto es que la experiencia de nuestro país, así como la de muchos otros, muestra que varias alertas tempranas sobre daños ambientales no provienen de oficinas gubernamentales, sino de comunidades organizadas, ejidatarios, pueblos originarios y colectivos ciudadanos. En ese sentido, desde la defensa de los humedales de Tláhuac hasta las luchas por el agua en distintas regiones del país, la organización social ha permitido identificar riesgos, documentar afectaciones y exigir soluciones donde las instituciones, especialmente en el periodo neoliberal, han resultado insuficientes. Por esa razón, ignorar esa experiencia acumulada sería un error estratégico.

    En la actualidad, el gobierno federal debe abandonar el espíritu neoliberal que se ha empeñado en tratar a los colectivos ambientales como adversarios o como obstáculos al desarrollo. Hoy resulta indispensable establecer mecanismos permanentes de diálogo, consulta y participación con incidencia real en las dz<ecisiones, especialmente porque la protección de los recursos naturales, la restauración de cuencas y la adaptación climática exigen más que nunca una corresponsabilidad genuina entre Estado y sociedad, una corresponsabilidad donde las organizaciones se conviertan en un puente que permita transitar del conocimiento del territorio y vínculo comunitario a la capacidad de acción concreta.

    La Cuarta Transformación ha colocado la justicia social como eje de gobierno y como se ha dejado en evidencia, no puede haber justicia social sin justicia ambiental, así que el cambio climático no sólo debe ser enfrentado desde los gobiernos ni desde los organismos internacionales sino que se debe erigir como una construcción colectiva. La emergencia ya está aquí y el verdadero reto es si tendremos la voluntad política de construir a tiempo las alianzas que esa acción requiere.

    Luis Tovar
    Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMAH

  • Actos anticipados de campaña en la CDMX

    Actos anticipados de campaña en la CDMX

    Desde hace unas semanas, en la actividad “política” de la Ciudad de México, la simulación dejó de ser discreta y pasó a convertirse en todo un descaro. Para muestra, dos botones: las dichosas estructuras impulsadas desde el Partido Verde bajo el disfraz de los llamados “guardianes verdes”; y, en territorios como Tláhuac, la promoción personalizada y el posicionamiento político ilegal arrancando campañas antes de tiempo. 

    Vayamos por partes: lo del Partido Verde, muy a su estilo, no es otra cosa que una violación a la ley que luego tiende estratégicamente a esconderse detrás de eufemismos. ¿“Guardianes verdes”? ¡Pero si de verdes no tienen ni el discurso! Habría que ser muy, pero muy ingenuo para no detectar que esta pseudo iniciativa no es otra cosa sino una estrategia permanente de presión y chantaje político basada en la capacidad del Verde para convertirse en partido bisagra, cuyo respaldo electoral se encuentra desde siempre condicionado a cuotas, posiciones y espacios de poder más que a una agenda ideológica auténticamente ecologista. Para nadie —absolutamente nadie— en la auténtica lucha medioambientalista queda duda alguna de que ese instituto político no es otra cosa que un instrumento de supervivencia adaptable a cualquier régimen. Hoy, con la ocurrencia de los “guardianes verdes”, que dista mucho de ser un modelo serio de participación ciudadana, queda clara la estrategia de implementar una maquinaria de movilización anticipada diseñada para ganar territorio político antes de que la ley lo permita. Cosa que, por cierto, no van a logar.

    Lo de Tláhuac está peor todavía: existe una línea muy delgada que divide la genuina construcción de participación ciudadana de la lógica de utilizar organizaciones de apariencia social para encubrir actos anticipados de campaña. En esta alcaldía, andar pegando propaganda en domicilios particulares con la imagen de un aspirante ya no puede interpretarse como ingenuidad política ni como “activismo ciudadano”. La sistemática aparición de propaganda, presencia territorial y posicionamiento adelantado encaja peligrosamente en la lógica de los actos anticipados de campaña prohibidos por la legislación electoral mexicana. La Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los criterios reiterados del Tribunal Electoral son claros: ningún aspirante puede construir promoción electoral fuera de los tiempos legales bajo mecanismos simulados. Por supuesto que ni al Verde, a nivel Ciudad de México, ni mucho menos al suspirante de los pegotes en Tláhuac les importa la degradación de la participación ciudadana en los procesos electorales ni la erosión de la legalidad electoral, que termina destruyendo la confianza ciudadana. ¡Vaya obsesión de algunos con adelantarse a una candidatura!

    En fin, ojalá que la verdadera participación ciudadana surgida desde la autonomía social, desde la organización comunitaria auténtica y desde causas legítimas, se imponga sobre vulgares cálculos de posicionamiento personal. Al partido verde, en este caso CDMX, poco hay que pedirle, pero en el caso de Tláhuac, a MORENA tratándose de uno de sus militantes —que, por cierto, pasó con más pena que gloria cuando gobernó la alcaldía—, le urge no sólo la autocrítica como movimiento gobernante, sino además realizar las sanciones correspondientes. Cierto es que Ariadna Montiel tiene una ardua tarea y requiere implementar cambios profundos, como abrir espacios reales para la ciudadanía, jóvenes, ambientalistas, académicos, movimientos sociales y liderazgos comunitarios genuinos; pero una cosa es democratizar la vida partidista y otra muy distinta tolerar mecanismos ilegales disfrazados de participación. No puede permitirse, en ninguna circunstancia, que se normalicen estas prácticas, porque si se deja que la violación sistemática de la ley electoral deje de escandalizar, lo que empieza a desmoronarse no es solamente el árbitro electoral, sino la credibilidad completa del sistema democrático.

    Luis Tovar
    Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMAH

  • Mario Delgado y el costo político de las candidaturas

    Mario Delgado y el costo político de las candidaturas

    En política no existen las casualidades como bien dice el dicho. En MORENA lo que existen son los errores sistemáticos, las omisiones calculadas y las decisiones que tarde o temprano terminan pasando factura. De hecho, parece absurdo que hoy Mario Delgado Carrillo salga a defender la “fortaleza” de ese partido frente a diversas acusaciones, sin asumir su responsabilidad política de muchas de las candidaturas que él mismo impulsó, negoció, avaló o permitió mientras dirigió al partido.

    Partamos de una realidad: el verdadero problema no comenzó con las acusaciones (vengan de donde vengan) sino que comenzó cuando Morena dejó de revisar trayectorias políticas y empezó a medir únicamente rentabilidad electoral pues esto, por más que se señaló en su momento, desdibujó la frontera entre movimiento y maquinaria. Luego entonces, no es para nada casualidad pues ahí comenzó el pragmatismo que hoy tiene al partido atrapado entre la defensa institucional y el desgaste moral que realmente existe por más que alguien lo quiera negar.

    Hay que echar un vistazo a la historia: durante años se dijo que ganar elecciones justificaba cualquier incorporación y, bajo esa lógica, Mario Delgado abrió las puertas de par en par a expriistas, expanistas, ex perredistas, grupos regionales de dudosa reputación y operadores cuya única línea ideológica era la del control territorial y todo bajo el argumento de que “había que construir mayoría”. El problema, y lo que Delgado no quiso asumir es que las mayorías sin filtros terminan convirtiéndose en estructuras sin identidad.

    Ahora bien, no se puede hablar de “fortaleza” partidista cuando buena parte de las crisis actuales tienen origen precisamente en su intervención directa en los mecanismos de selección de candidaturas implementados más allá de lo establecido estatutariamente. Es cierto que hay quienes tienen un control territorial lo que no se traduce en automático como garantía ética. ¿De dónde pasan a creer que el posicionamiento mediático o la estructura electoral eran garantes de identidad con el proyecto de nación? 

    Y ya hablando de esas, el caso de Rubén Rocha Moya, con todo y que en este país se reivindica la presunción de inocencia, no sólo golpea a Morena por las acusaciones provenientes de Estados Unidos, que por cierto son por demás cuestionables y corresponden a una lógica por todos sabida; golpea sobre todo porque revive una discusión que dentro del propio movimiento muchos quisieron evitar: ¿quién decidió las candidaturas?, ¿bajo qué criterios?, ¿quién asumirá el costo político cuando esos perfiles terminan convertidos en pasivos para el movimiento?. Aquí vale decir algo importante: una cosa es rechazar cualquier intento de injerencia extranjera y exigir pruebas contundentes como lo ha hecho de manera contundente la presidenta de la república, y otra muy distinta es cerrar los ojos frente a los errores internos que Morena viene arrastrando desde hace algunos años. Insisto: se privilegia la presunción de la inocencia, pero eso no deja de lado los errores. 

    Hay que señalarlo con toda claridad por más que incomode. Es cierto que la crítica de la oposición no es otra cosa que ponerse de tapete, pero para MORENA, la autocrítica es indispensable como lo es para cualquier movimiento que aspire a mantenerse vivo. De lo contrario, se corre el riesgo de convertirse exactamente en aquello que se prometió combatir: un partido donde los grupos de poder pesan más que los principios. Lo anterior explica parte de la contradicción actual y el atinado cambio de dirigencia morenista: mientras la presidenta Claudia Sheinbaum construye una narrativa de institucionalidad, disciplina y continuidad con legitimidad democrática, no dejan de existir dentro del movimiento inercias heredadas de una etapa donde lo urgente era ganar elecciones a cualquier costo.

    Pero bueno, con todo y eso, Morena sigue siendo una fuerza política profundamente respaldada por millones de mexicanos y bajo esa lógica, Ariadna Montiel debe entender que su mayor amenaza no viene desde Washington y menos de la raquítica oposición tradicional, sino desde adentro.

    Luis Tovar
    Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMAH