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Etiqueta: Luis Tovar

  • Paz, pan y trabajo como causa nacional

    Paz, pan y trabajo como causa nacional

    La experiencia muestra que las grandes transformaciones de la historia suelen resumirse en pocas palabras; por ejemplo, hace más de un siglo durante la Primera Guerra Mundial, existió una consigna capaz de sintetizar el clamor de millones de personas: “Paz, tierra y pan”. Aquella consigna de Lenin se convirtió en bandera política en tanto que de ella se entendía que todo pueblo que aspire a la estabilidad y, después, a la prosperidad, debe mantenerse al margen de la guerra, el hambre y la incertidumbre. Habrá quienes compartan o no aquella ideología y el proyecto político que de ella surgió y que habría de influir en el curso de la política mundial durante buena parte del siglo XX; sin embargo, cabe preguntarse cuántas políticas de pacificación se han cancelado en el mundo tan solo por provenir del signo contrario, como si el origen ideológico de una idea determinara por sí sola su validez.

    Digamos entonces que “Paz, pan y trabajo” no es, para nada, una consigna nueva ni tampoco exigencias nuevas; más bien son aspiraciones permanentes de cualquier sociedad, por más que las haya formulado Lenin en su momento.

    Así que, más allá de las etiquetas o de esa tendencia actual a polarizar la discusión pública, hoy la realidad nacional exige una lectura diferente, dada la preocupante tendencia de la clase política a creer que toda propuesta, para ser válida, debe encuadrarse en una geometría política —izquierda o derecha, conservadores o progresistas— como si reconocer una necesidad humana implicara forzosamente asumir una doctrina. Por cierto, esa lectura distinta exige pasar de la proclama a la acción coordinada.

    La cuestión es muy sencilla: nuestro país enfrenta una crisis de violencia que se fue gestando durante años y que se agudizó con la mal llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón; por lo tanto, la solución ante tal gravedad no puede reducirse al uso de la fuerza ni tampoco descansar exclusivamente en la política social, en tanto que los resultados actuales demuestran que la pacificación exige ambas dimensiones, es decir, combatir a quienes generan violencia y, al mismo tiempo, atender las causas que la alimentan.

    En ese contexto cobran especial relevancia las palabras pronunciadas por Hugo Eric Flores en el Consejo General del INE: “México hoy demanda mexicanos sin hambre y mexicanos que no estén derramando sangre; queremos un México con paz, sin hambre y sin sangre.” Palabras que difícilmente podrían resumir mejor el desafío nacional, puesto que nuestro país necesita, más que nunca, construir una consigna propia para la actualidad: paz, pan, trabajo, pero también comunidad. La paz como elemento sagrado para vivir sin miedo; pan y trabajo como condiciones mínimas que hagan de la dignidad una realidad y no una consigna electoral; y comunidad como desafío para reconstruir el tejido social desde la familia, las escuelas, las organizaciones civiles y la participación ciudadana.

    Hoy debemos entender que la pacificación ha dejado de ser obra exclusiva del gobierno y de las fuerzas de seguridad, sin que ello signifique justificar el abandono institucional; pero entender esa condición tampoco implica menospreciar la importancia de los programas sociales, pues estamos frente a una crisis heredada, sí, pero exigente de resultados que sólo pueden alcanzarse si el compromiso se asume por todos: las autoridades, las empresas, las universidades, las acciones colectivas y todo aquel dispuesto a privilegiar el diálogo sobre la confrontación.

    Aterrizar esta corresponsabilidad —este Pacto Social que tanta falta le hace al país— significa, por ejemplo, que los programas sociales federales se articulen aún más con las policías municipales en los territorios de mayor incidencia delictiva, que las universidades midan el impacto real de sus proyectos de vinculación comunitaria y que las empresas destinen parte de su responsabilidad social a la reconstrucción del tejido social en las zonas donde operan, alejándose de la filantropía y acercándose más a la corresponsabilidad pues la paz se construye más con el trabajo compartido donde cada actor rinde cuentas de su parte que con discursos paralelos entre gobierno y sociedad.

    ¿Por qué? Pues, en pocas palabras, porque la paz no pertenece a una ideología ni se sujeta al espectro de la izquierda o la derecha; a como están las cosas, indudablemente se trata de una causa nacional. Por esa razón, la pacificación se ha convertido en la tarea más urgente de nuestra generación: a los responsables de generar la violencia y a quienes lo permitieron habrá que combatirlos, juzgarlos, pero a quienes padecen sus consecuencias, tanto como a quienes anhelan un país mejor, les corresponde reconstruir nuestro país con firmeza para que haya menos hambre, deje de correr la sangre y la paz sea el resultado de la justicia, el trabajo y la corresponsabilidad de todos.

    • Luis Tovar
      Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.
  • La rectoría del Estado frente a la infancia digital

    La rectoría del Estado frente a la infancia digital

    Francia acaba de colocar sobre la mesa una discusión que México ya no debería seguir posponiendo: impedir el acceso a redes sociales a menores de 15 años. Por supuesto que la medida provocará cuestionamientos, pero antes de descartar el ejemplo francés bajo la acusación automática de censura, México debería preguntarse qué responsabilidad tiene el Estado frente a un entorno digital diseñado para captar, retener y comercializar la atención de los menores de edad. Por esa razón, el centro de esta discusión debe partir del interés superior de la niñez, apegándose al artículo cuarto constitucional y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

    La UNESCO ha advertido que las tecnologías digitales pueden contribuir al aprendizaje, pero también generar invasión de la privacidad, distracción, ciberacoso y exposición a contenidos perjudiciales. En especial, señala que las plataformas gobernadas por algoritmos pueden amplificar estereotipos, estándares corporales irreales, contenidos sexuales y conductas poco saludables.

    Los datos citados por la propia UNESCO resultan particularmente reveladores: 32% de las adolescentes consultadas en una investigación interna de Facebook afirmó que, cuando se sentía mal con su cuerpo, Instagram empeoraba esa percepción; en promedio, 12% de las jóvenes de 15 años en países de la OCDE declaró haber sufrido ciberacoso, frente a 8% de los varones; y, por si fuera poco, uno de cada siete adolescentes en el mundo vive con una condición de salud mental diagnosticable, mientras muchos otros enfrentan dificultades emocionales que afectan su bienestar, su aprendizaje y sus posibilidades futuras. En ese sentido, la realidad refleja algo crudo: frente a un niño en proceso de formación se encuentra una arquitectura tecnológica diseñada para mantenerlo frente a una pantalla, y frente a ello se hace necesaria la rectoría del Estado.

    Pero esta rectoría no significa que el gobierno deba decidir qué pueden pensar, decir o compartir los adolescentes, sino establecer condiciones que garanticen que el desarrollo comercial de la tecnología no se coloque por encima de los derechos de la infancia. Por esa razón, nuestro país debe comenzar a invertir en alfabetización mediática e informacional, acompañar la regulación de las plataformas con políticas educativas más inteligentes y, sobre todo, discutir la edad mínima efectiva de acceso a determinadas plataformas, sustentándose cuando menos en cinco elementos: sistemas de verificación de edad que no impliquen la entrega indiscriminada de datos personales; cuentas diferenciadas para adolescentes; prohibición de publicidad personalizada dirigida a menores; transparencia sobre los algoritmos que les recomiendan contenido, y mecanismos rápidos para denunciar ciberacoso, explotación, suplantación de identidad o difusión de imágenes íntimas. En otras palabras, lo que se requiere es una política nacional de protección de la infancia digital que articule al gobierno, las familias, las escuelas, especialistas, organizaciones sociales y empresas tecnológicas.

    Tomando como referencia lo que ocurre en otras naciones, nuestro país debe iniciar su propio debate, con evidencia, responsabilidad y sin convertirlo en otra confrontación partidista; no se trata de copiar mecánicamente una ley extranjera, sino de reconocer que los derechos de la infancia también deben ser garantizados en el territorio digital, especialmente frente a los intereses comerciales que han demostrado su capacidad de influir en las emociones, los hábitos y el desarrollo de millones de menores. En un punto como este, la neutralidad del Estado sería sencillamente irresponsable; por lo tanto, la rectoría del Estado se encuentra hoy ante la oportunidad de impedir que la vulnerabilidad de la niñez siga siendo utilizada como modelo de negocio, como hasta ahora ha ocurrido.

    Hablamos de niñas y niños, no de usuarios, consumidores, seguidores o generadores de datos. Ha llegado la hora de actuar a su favor en el entorno digital.

    • Luis Tovar
      Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.

  • Dos nuevos partidos

    Dos nuevos partidos

    Durante meses, la discusión giró en torno a qué organizaciones lograrían convertirse en nuevos partidos políticos nacionales. Hoy esa etapa ha quedado atrás después de que el INE otorgó el registro a PAZ y a Somos México, con lo que nuestro sistema de partidos suma dos nuevos actores rumbo a las elecciones de 2027. Aquí la cuestión de fondo es si alguno será capaz de romper con la lógica que durante décadas terminó alejando a la ciudadanía de la política.

    Los datos son contundentes: en la elección presidencial de 2024 participó el 61.04 % de la lista nominal, es decir, cerca de cuatro de cada diez mexicanos decidieron mantenerse al margen del proceso electoral. Por eso resultaría simplista concluir que todo abstencionista rechaza la democracia; más bien, esa abstención refleja la realidad del ciudadano que ha dejado de creer que los partidos representan sus preocupaciones cotidianas. Ahí radica el verdadero desafío de las nuevas fuerzas políticas.

    En este contexto habría que ser claros, pues las dos organizaciones llegan con historias muy distintas. Por un lado, PAZ no aparece de la nada, su origen se encuentra en experiencias partidistas anteriores, particularmente en la trayectoria del Partido Encuentro Social y, posteriormente, del Partido Encuentro Solidario. Esa experiencia organizativa, independientemente de la valoración que cada quien haga de ella, le permitió construir una estructura territorial, celebrar asambleas, cumplir, (incluso rebasar) los requisitos legales para recuperar su presencia nacional. Como he sostenido en entregas anteriores, más allá de las siglas, hoy el verdadero reto para PAZ consiste en demostrar que esa experiencia acumulada puede traducirse en una propuesta política renovada y no únicamente en la reedición de un proyecto conocido. El caso de Somos México es diferente. Buena parte de sus dirigentes provienen de otros partidos políticos y diversas figuras públicas vinculadas al proyecto cuentan con antecedentes en instituciones electorales y en la denominada “Marea Rosa”. Ese origen, visto de manera objetiva, no constituye, por sí mismo, un defecto ni una virtud, siempre y cuando sus dirigentes demuestren que representan algo más que una nueva denominación para los mismos liderazgos que durante años participaron en el sistema de partidos que hoy la propia ciudadanía cuestiona. Pero, en ambos casos, existe una prueba inevitable, toda vez que, durante décadas, los partidos mexicanos perfeccionaron una maquinaria burocrática extraordinariamente eficiente para administrar candidaturas, prerrogativas y cuotas internas, por encima del compromiso de escuchar de manera permanente a la sociedad organizada. Quizá por eso el ciudadano ya no busca solamente plataformas ideológicas, sino resultados concretos y, sobre todo, que los representantes permanezcan en las comunidades cuando terminan las campañas y privilegien las causas sociales más allá de los calendarios electorales.

    Los actores políticos hoy deben comprender que la democracia mexicana cambió profundamente desde 2018; la ciudadanía dispone de mayor información, participa con intensidad en el debate público y exige respuestas inmediatas frente a problemas concretos. Por lo tanto, esa transformación obliga a los partidos a evolucionar, pues mantener la ruta de reproducir estructuras verticales, centralizadas y burocráticas no es otra cosa más que ignorar el cambio cultural que vive el país. Por ello, el éxito de las dos nuevas fuerzas, con todo y sus procedencias, tendrá que ir más allá del punto de vista cuantitativo para 2027 y requerirá de lo cualitativo, es decir, demostrar que aprendieron las lecciones que llevaron al desgaste del sistema partidista mexicano. La cuestión es muy simple: un partido verdaderamente tiene que definirse por su forma de ejercer la política, y eso pasa por abandonar las viejas prácticas del reparto de posiciones, del oportunismo electoral o de las dirigencias alejadas de la sociedad. Sólo así podrán aprovechar la oportunidad histórica que se les presenta.

    Hoy se requiere construir una organización donde las causas sociales pesen más que las cuotas internas, donde la ciudadanía participe más allá de las elecciones y donde el diálogo sustituya a la burocracia partidista, pues ha llegado la hora ineludible de cambiar la forma de hacer política en México.

    • Luis Tovar
      Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.
  • Colectivos ambientales: aliados estratégicos frente a la emergencia climática

    Colectivos ambientales: aliados estratégicos frente a la emergencia climática

    Durante años, los colectivos ambientales han sido vistos por ciertos sectores gubernamentales y, especialmente empresariales como actores incómodos. Sin embargo, al menos para el gobierno, la realidad demuestra lo contrario pues en un contexto de cambio climático acelerado, las organizaciones ciudadanas constituyen uno de los aliados más valiosos para construir respuestas sostenibles y con arraigo territorial.

    El Informe sobre el Riesgo Climático de la Infancia 2026 de UNICEF advierte que prácticamente todos los niños y niñas del planeta están expuestos al menos un riesgo climático, y que alrededor de 1,100 millones enfrentan simultáneamente tres o más amenazas: sequías, inundaciones, calor extremo, tormentas e incendios.

    En ese mismo informe, el organismo subraya que estos fenómenos no solo deterioran el entorno natural, sino que comprometen la salud, la alimentación, el acceso al agua y la educación de las comunidades más vulnerables. En pocas palabras, son las infancias quienes pagan el costo más alto de una crisis que no generaron.

    Por supuesto que México no es ajeno a esta realidad dado que las sequías prolongadas, la sobreexplotación de acuíferos, los incendios forestales y la pérdida de cobertura vegetal son apenas algunos de los desafíos más urgentes. Ante ellos, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad histórica para consolidar una política ambiental que articule capacidad institucional, rigor científico y participación social efectiva, sobre todo porque la mandataria, conoce bien el tema ambiental desde su experiencia científica como de gobierno.

    Pero lo cierto es que la experiencia de nuestro país, así como la de muchos otros, muestra que varias alertas tempranas sobre daños ambientales no provienen de oficinas gubernamentales, sino de comunidades organizadas, ejidatarios, pueblos originarios y colectivos ciudadanos. En ese sentido, desde la defensa de los humedales de Tláhuac hasta las luchas por el agua en distintas regiones del país, la organización social ha permitido identificar riesgos, documentar afectaciones y exigir soluciones donde las instituciones, especialmente en el periodo neoliberal, han resultado insuficientes. Por esa razón, ignorar esa experiencia acumulada sería un error estratégico.

    En la actualidad, el gobierno federal debe abandonar el espíritu neoliberal que se ha empeñado en tratar a los colectivos ambientales como adversarios o como obstáculos al desarrollo. Hoy resulta indispensable establecer mecanismos permanentes de diálogo, consulta y participación con incidencia real en las dz<ecisiones, especialmente porque la protección de los recursos naturales, la restauración de cuencas y la adaptación climática exigen más que nunca una corresponsabilidad genuina entre Estado y sociedad, una corresponsabilidad donde las organizaciones se conviertan en un puente que permita transitar del conocimiento del territorio y vínculo comunitario a la capacidad de acción concreta.

    La Cuarta Transformación ha colocado la justicia social como eje de gobierno y como se ha dejado en evidencia, no puede haber justicia social sin justicia ambiental, así que el cambio climático no sólo debe ser enfrentado desde los gobiernos ni desde los organismos internacionales sino que se debe erigir como una construcción colectiva. La emergencia ya está aquí y el verdadero reto es si tendremos la voluntad política de construir a tiempo las alianzas que esa acción requiere.

    Luis Tovar
    Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMAH

  • Actos anticipados de campaña en la CDMX

    Actos anticipados de campaña en la CDMX

    Desde hace unas semanas, en la actividad “política” de la Ciudad de México, la simulación dejó de ser discreta y pasó a convertirse en todo un descaro. Para muestra, dos botones: las dichosas estructuras impulsadas desde el Partido Verde bajo el disfraz de los llamados “guardianes verdes”; y, en territorios como Tláhuac, la promoción personalizada y el posicionamiento político ilegal arrancando campañas antes de tiempo. 

    Vayamos por partes: lo del Partido Verde, muy a su estilo, no es otra cosa que una violación a la ley que luego tiende estratégicamente a esconderse detrás de eufemismos. ¿“Guardianes verdes”? ¡Pero si de verdes no tienen ni el discurso! Habría que ser muy, pero muy ingenuo para no detectar que esta pseudo iniciativa no es otra cosa sino una estrategia permanente de presión y chantaje político basada en la capacidad del Verde para convertirse en partido bisagra, cuyo respaldo electoral se encuentra desde siempre condicionado a cuotas, posiciones y espacios de poder más que a una agenda ideológica auténticamente ecologista. Para nadie —absolutamente nadie— en la auténtica lucha medioambientalista queda duda alguna de que ese instituto político no es otra cosa que un instrumento de supervivencia adaptable a cualquier régimen. Hoy, con la ocurrencia de los “guardianes verdes”, que dista mucho de ser un modelo serio de participación ciudadana, queda clara la estrategia de implementar una maquinaria de movilización anticipada diseñada para ganar territorio político antes de que la ley lo permita. Cosa que, por cierto, no van a logar.

    Lo de Tláhuac está peor todavía: existe una línea muy delgada que divide la genuina construcción de participación ciudadana de la lógica de utilizar organizaciones de apariencia social para encubrir actos anticipados de campaña. En esta alcaldía, andar pegando propaganda en domicilios particulares con la imagen de un aspirante ya no puede interpretarse como ingenuidad política ni como “activismo ciudadano”. La sistemática aparición de propaganda, presencia territorial y posicionamiento adelantado encaja peligrosamente en la lógica de los actos anticipados de campaña prohibidos por la legislación electoral mexicana. La Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los criterios reiterados del Tribunal Electoral son claros: ningún aspirante puede construir promoción electoral fuera de los tiempos legales bajo mecanismos simulados. Por supuesto que ni al Verde, a nivel Ciudad de México, ni mucho menos al suspirante de los pegotes en Tláhuac les importa la degradación de la participación ciudadana en los procesos electorales ni la erosión de la legalidad electoral, que termina destruyendo la confianza ciudadana. ¡Vaya obsesión de algunos con adelantarse a una candidatura!

    En fin, ojalá que la verdadera participación ciudadana surgida desde la autonomía social, desde la organización comunitaria auténtica y desde causas legítimas, se imponga sobre vulgares cálculos de posicionamiento personal. Al partido verde, en este caso CDMX, poco hay que pedirle, pero en el caso de Tláhuac, a MORENA tratándose de uno de sus militantes —que, por cierto, pasó con más pena que gloria cuando gobernó la alcaldía—, le urge no sólo la autocrítica como movimiento gobernante, sino además realizar las sanciones correspondientes. Cierto es que Ariadna Montiel tiene una ardua tarea y requiere implementar cambios profundos, como abrir espacios reales para la ciudadanía, jóvenes, ambientalistas, académicos, movimientos sociales y liderazgos comunitarios genuinos; pero una cosa es democratizar la vida partidista y otra muy distinta tolerar mecanismos ilegales disfrazados de participación. No puede permitirse, en ninguna circunstancia, que se normalicen estas prácticas, porque si se deja que la violación sistemática de la ley electoral deje de escandalizar, lo que empieza a desmoronarse no es solamente el árbitro electoral, sino la credibilidad completa del sistema democrático.

    Luis Tovar
    Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMAH

  • Mario Delgado y el costo político de las candidaturas

    Mario Delgado y el costo político de las candidaturas

    En política no existen las casualidades como bien dice el dicho. En MORENA lo que existen son los errores sistemáticos, las omisiones calculadas y las decisiones que tarde o temprano terminan pasando factura. De hecho, parece absurdo que hoy Mario Delgado Carrillo salga a defender la “fortaleza” de ese partido frente a diversas acusaciones, sin asumir su responsabilidad política de muchas de las candidaturas que él mismo impulsó, negoció, avaló o permitió mientras dirigió al partido.

    Partamos de una realidad: el verdadero problema no comenzó con las acusaciones (vengan de donde vengan) sino que comenzó cuando Morena dejó de revisar trayectorias políticas y empezó a medir únicamente rentabilidad electoral pues esto, por más que se señaló en su momento, desdibujó la frontera entre movimiento y maquinaria. Luego entonces, no es para nada casualidad pues ahí comenzó el pragmatismo que hoy tiene al partido atrapado entre la defensa institucional y el desgaste moral que realmente existe por más que alguien lo quiera negar.

    Hay que echar un vistazo a la historia: durante años se dijo que ganar elecciones justificaba cualquier incorporación y, bajo esa lógica, Mario Delgado abrió las puertas de par en par a expriistas, expanistas, ex perredistas, grupos regionales de dudosa reputación y operadores cuya única línea ideológica era la del control territorial y todo bajo el argumento de que “había que construir mayoría”. El problema, y lo que Delgado no quiso asumir es que las mayorías sin filtros terminan convirtiéndose en estructuras sin identidad.

    Ahora bien, no se puede hablar de “fortaleza” partidista cuando buena parte de las crisis actuales tienen origen precisamente en su intervención directa en los mecanismos de selección de candidaturas implementados más allá de lo establecido estatutariamente. Es cierto que hay quienes tienen un control territorial lo que no se traduce en automático como garantía ética. ¿De dónde pasan a creer que el posicionamiento mediático o la estructura electoral eran garantes de identidad con el proyecto de nación? 

    Y ya hablando de esas, el caso de Rubén Rocha Moya, con todo y que en este país se reivindica la presunción de inocencia, no sólo golpea a Morena por las acusaciones provenientes de Estados Unidos, que por cierto son por demás cuestionables y corresponden a una lógica por todos sabida; golpea sobre todo porque revive una discusión que dentro del propio movimiento muchos quisieron evitar: ¿quién decidió las candidaturas?, ¿bajo qué criterios?, ¿quién asumirá el costo político cuando esos perfiles terminan convertidos en pasivos para el movimiento?. Aquí vale decir algo importante: una cosa es rechazar cualquier intento de injerencia extranjera y exigir pruebas contundentes como lo ha hecho de manera contundente la presidenta de la república, y otra muy distinta es cerrar los ojos frente a los errores internos que Morena viene arrastrando desde hace algunos años. Insisto: se privilegia la presunción de la inocencia, pero eso no deja de lado los errores. 

    Hay que señalarlo con toda claridad por más que incomode. Es cierto que la crítica de la oposición no es otra cosa que ponerse de tapete, pero para MORENA, la autocrítica es indispensable como lo es para cualquier movimiento que aspire a mantenerse vivo. De lo contrario, se corre el riesgo de convertirse exactamente en aquello que se prometió combatir: un partido donde los grupos de poder pesan más que los principios. Lo anterior explica parte de la contradicción actual y el atinado cambio de dirigencia morenista: mientras la presidenta Claudia Sheinbaum construye una narrativa de institucionalidad, disciplina y continuidad con legitimidad democrática, no dejan de existir dentro del movimiento inercias heredadas de una etapa donde lo urgente era ganar elecciones a cualquier costo.

    Pero bueno, con todo y eso, Morena sigue siendo una fuerza política profundamente respaldada por millones de mexicanos y bajo esa lógica, Ariadna Montiel debe entender que su mayor amenaza no viene desde Washington y menos de la raquítica oposición tradicional, sino desde adentro.

    Luis Tovar
    Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMAH

  • Claudia Sheinbaum: Una advertencia política

    Claudia Sheinbaum: Una advertencia política

    La presencia de Claudia Sheinbaum en Barcelona es de destacarse dado que no hace más sino confirmar que México vuelve a tener voz en espacios donde durante años habló en tono bajo, sumiso o, peor aún, repitiendo guiones ajenos muy distantes a nuestra destacada postura internacionalista del siglo pasado. Hoy no, nuevamente hay interlocución, hay posicionamiento y, sobre todo, hay dirección política.

    Hay que decirlo con mucha claridad, el hecho de que algunos medios internacionales la coloquen entre las figuras más influyentes del mundo no es en lo absoluto producto de la casualidad, sino un indicador de que la presidenta mexicana tiene la capacidad de incidir en la conversación global a partir de una agenda propia que la ha permitido construir un liderazgo incuestionable especialmente en el terreno de la democracia.

    Por esa razón, la narrativa que emplea en el viejo continente viene a dejar en claro que la verdadera Cuarta Transformación posee un significado más profundo: la acumulación histórica de luchas, la transformación del acceso al poder y la resignificación del Estado como instrumento de justicia social con todo y las vicisitudes, ya sea internas o externas que se enfrentan a diario.

    Pero como en todo, hay un problema: Claudia Sheinbaum cuenta con la aprobación y respaldo de un número importante de ciudadanos, su liderazgo se ha ganado el reconocimiento en el ámbito internacional, el problema es que ese mismo liderazgo deja al descubierto una tensión que comienza a ser inocultable: la situación interna en MORENA.

    No hay por qué negarlo, en más de un momento el proyecto que encabeza la presidenta Sheinbaum parece ir por delante de su propio partido y no porque ese instituto político carezca de base social o de capacidad electoral, sino porque en su interior persisten inercias, disputas y visiones que no terminan de comprender la dimensión del momento político y mucho menos lo que reamente está en juego para el país. Pero bueno, no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo aguante y, como todo apunta (como los movimientos en MORENA y los cambios en el gabinete) el movimiento de la 4T entrará a un nuevo proceso que probablemente logre resarcir la principal carencia de su partido más visible: la institucionalidad.

    Claro está que la apuesta es mayor y se ve muy cuesta arriba, precisamente por esas inercias y vicios de los que hablamos y que pudieran significar una desventaja, pero aquí, lo interesante es que al movimiento y a la propia presidenta, le quedan muchos cuadro valiosos y leales que tienen la capacidad probada para recomponer el rumbo, pero además de imprimir los valores que algunos liderazgos han abandonado a conveniencia.

    Por esa razón, los ajustes son más que necesarios y corresponden a una decisión estratégica dada la próxima contienda electoral y ante la postura cuestionable de los aliados, ya que significaría romper con la inercia que se carga donde muchos velan por sus intereses y pocos se ajustan al proyecto de transformación; así que la discusión de fondo radica en comprender si el movimiento en el que confiamos, incluso si las estructuras que lo rodean (gobierno y partido) serán capaces de acompañar el liderazgo que hoy demuestra nuestra presidenta a nivel internacional o si, por el contrario, terminarán confirmando que el proyecto les queda grande.

    Y esa, más que una crítica, es una advertencia política.

    Luis Tovar
    Secretario General de la Fundación
    para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMAH

  • NO al fracking

    NO al fracking

    Desde FUDEMAH sostenemos una convicción que no debería escandalizar a nadie: respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum no significa renunciar al pensamiento crítico. Al contrario, quienes creemos en un gobierno democrático, popular y transformador, estamos seguros de que la pluralidad no puede reducirse al consentimiento automático y menos para un gobierno emanado de la lucha popular. Por eso, frente a la reapertura del debate sobre el fracking en México, nuestra postura es clara: no estamos de acuerdo con esa ruta por más que se le agregue el adjetivo calificativo de “sustentable”. 

    Aquí el problema de fondo es que el llamado “fracking sustentable” merece ser puesto bajo sospecha porque al igual que otras voces verdaderamente críticas, nosotros sostenemos que el solo hecho de fracturar la roca, inyectar fluidos a presión y gestionar residuos tóxicos sigue entrañando riesgos ambientales, sanitarios y territoriales de enorme magnitud.

    En Mendoza, Argentina, el discurso dominante presentó al fracking como una necesidad inexorable del desarrollo y a toda resistencia social como irracionalidad o atraso, sin embargo, un estudio publicado en Perfiles Latinoamericanos resultó revelador porque exhibió cómo, en estos casos, el lenguaje del progreso terminó funcionando como dispositivo de presión política en el que se trató como enemigos del bienestar colectivos a quienes cuestionaron los costos sociales, ambientales o territoriales de esa práctica.

    Hay que decirlo con claridad: por donde se mire no existe el “fracking responsable”, baste con recurrir a la literatura crítica sobre la geopolítica del fracking que ha documentado la presión severa que ejerce esta práctica sobre abastos locales de agua, los riesgos de contaminación por químicos peligrosos y efluentes tóxicos, así como una huella climática que no puede minimizarse de ninguna manera como no pueden minimizarse los trastornos reproductivos vinculados a exposición a compuestos del fracking. Hagamos una analogía sencilla: El fracking “sustentable” es tanto como querer sanar un cuerpo humano perforándole órganos vitales con la promesa de que ahora la aguja es más fina. Aquí el problema no desaparece porque el instrumento sea más sofisticado pues si se fuerza al organismo, si se le inyectan sustancias agresivas, si se alteran sus equilibrios internos y después se le obliga a procesar desechos peligrosos, el cuerpo termina resintiendo el procedimiento, aunque el médico jure que esta vez la técnica es de última generación. Lo mismo sucede con la tierra, pues también tiene venas, presiones, fluidos, ciclos y límites y cuando se rompen sus equilibrios, el daño no se queda abajo del suelo, sube al agua, al aire, a la salud y a la vida comunitaria. 

    Ahora bien, sostenemos que es acertado que la UNAM, la UAM y el IPN trabajen de manera coordinada para revisar costos y beneficios pues nadie sensato podría estar en contra del conocimiento científico serio, pero también hay que ser conscientes que dicho esfuerzo sólo será valioso si se apega al rigor, a la independencia y a la honestidad intelectual y no termina por convertirse en un instrumento técnico de legitimación pues eso no va, de ninguna manera acorde a lo que representa este gobierno.

    Por otra parte, estamos de acuerdo con el argumento de fondo pues México consume alrededor de 9 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural y produce apenas una fracción, por lo que depende fuertemente de importaciones, sobre todo de Estados Unidos. El dato es real y el problema estratégico existe. Pero precisamente por eso hay que discutirlo con seriedad: sustituir una dependencia externa por una dependencia tecnológica, hídrica, territorial y climática también atenta contra la soberanía. Si para producir más gas comprometemos acuíferos, exponemos comunidades, extendemos la vida de los combustibles fósiles y aplazamos la transición energética, lo que se fortalece no es la soberanía, sino una lógica extractiva que termina subordinando la política energética al corto plazo.  

    • Luis Tovar
      Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMAH

  • “Tláhuac te quiero bonito”

    “Tláhuac te quiero bonito”

    En los últimos años se ha vuelto cada vez más evidente una paradoja en la vida pública de México: mientras los partidos políticos conservan el monopolio formal de la representación, buena parte de la energía social que podría revitalizar la democracia difícilmente se encuentra dentro de ellos. Esta situación evidentemente corresponde al desgaste de las estructuras partidistas tradicionales, casi siempre atrapadas en disputas internas y una lógica electoral permanente; frente a ello, lo malo es que poco se ve que emerjan actores de la sociedad civil capaces de movilizar a la comunidad desde causas concretas, que nazcan fuera de los partidos sí, pero que a la par estén profundamente conectados con la vida cotidiana de sus comunidades.

    No obstante, en el sur-oriente de la Ciudad de México, el tejido comunitario sigue siendo fuerte pues contrario al resto de la capital, allí surgen movimientos vecinales que impulsan acciones de recuperación de espacios públicos, organización comunitaria o cuidado del entorno urbano; estos movimientos reflejan una realidad que la política institucional a veces pareciera olvidar, es decir, que frente a la distancia institucional de cualquier nivel, sea por los motivos que sea, la sociedad siempre encontrará nuevas formas de organizarse por sí misma como hoy lo hace la iniciativa “Tláhuac te quiero bonito”, que más allá del nombre o de su liderazgo visible, representan la idea profunda de que la comunidad puede recuperar la capacidad de actuar colectivamente para mejorar su propio entorno.

    Ahora bien, la historia política nos ha enseñado que los movimientos sociales se enfrentan a un dilema recurrente, pues su capacidad de transformación suele depender de si logran o no, encontrar cauces institucionales que permitan traducir la energía social en cambios duraderos. Claro, la sociedad civil puede generar presión, organizar causas e incluso modificar la agenda pública, pero la realidad es que las decisiones estructurales son las que pasan inevitablemente por el sistema político. Por eso resulta relevante que nuevas expresiones partidistas, especialmente aquellas que buscan construirse desde abajo, abran espacios para canalizar este tipo de iniciativas dado que, si los partidos emergentes logran vincularse con movimientos sociales reales, no sólo estarían en condiciones de fortalecer su legitimidad, sino que contribuirían a que la participación ciudadana tenga continuidad más allá de las coyunturas y del cálculo electoral.

    Este punto adquiere especial importancia en alcaldías como Tláhuac, donde las acciones ciudadanas han comenzado, en algunos casos, si no a rebasar la capacidad de respuesta de las instituciones, si a demostrar que cuando los vecinos organizan jornadas de limpieza, rescatan parques o impulsan actividades comunitarias sin esperar necesariamente la intervención gubernamental, se está produciendo un fenómeno político silencioso pero significativo en el que la comunidad ocupa el espacio que históricamente le corresponde como protagonista de la vida pública. En lo personal considero que lejos de visualizarlas como una confrontación con el gobierno, este tipo de iniciativas deben entenderse como un recordatorio de que la gobernabilidad democrática también depende de la participación activa de la sociedad.

    Muchas de las transformaciones políticas más significativas en el mundo han surgido precisamente de esa interacción entre sociedad civil organizada y nuevas expresiones políticas. En el caso de la Ciudad de México, la articulación entre iniciativas ciudadanas y organizaciones sociales podría convertirse en uno de los caminos más prometedores para reconstruir la confianza pública y fortalecer la participación democrática.

    Al final, el desafío no consiste únicamente en renovar partidos o sustituir liderazgos. El verdadero reto es recuperar la idea de que la política debe volver a estar al servicio de la comunidad porque si logramos que la sociedad civil se organice y los vecinos se reconozcan como parte de un proyecto común y sus iniciativas encuentran cauces institucionales que respeten su autonomía y su espíritu comunitario, por fin se logrará que la democracia deje de ser un ejercicio exclusivamente electoral y logre convertirse nuevamente en un proyecto colectivo. Y quizás ahí, precisamente ahí, se encuentre la clave para imaginar una ciudad más participativa, más solidaria y, sobre todo, más en paz.

    • Luis Tovar
      Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMAH
  • La reforma incómoda

    La reforma incómoda

    Mucho se ha hablado respecto a la dichosa reforma electoral propuesta por el Ejecutivo: que si la oposición no está de acuerdo, que si los propios aliados la rechazan, que si a los partidos en formación tampoco les cuadra, etcétera. Lo cierto es que, por más que la presidenta de la República hace hincapié en el verdadero espíritu de la reforma, no existe un solo actor político de la oposición capaz de establecer un argumento sólido sobre puntos específicos que den sustento a su rechazo. En pocas palabras, no existe un debate real que pueda permear hacia los verdaderos destinatarios de la reforma, es decir, el electorado, que —dicho sea de paso— realmente se expresa en contra de ese sector de la clase política tan desprestigiado desde hace muchos años: las y los diputados.

    Para nadie es extraña la opinión negativa de una buena parte del electorado hacia los integrantes de las cámaras alta y baja, como lo demuestran mediciones recientes en las que la confianza en el Congreso se coloca como una de las instituciones con menor confianza pública. Hablamos de no más del 35 % de nivel de confianza, lo que no es otra cosa que la evaluación del trabajo de diputadas y diputados que se traduce en un escaso nivel de legitimidad. De acuerdo con el Latinobarómetro 2023, la confianza en el Congreso mexicano ronda el 32 %, mientras que mediciones del INEGI a través del Módulo de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) ubican a los legisladores entre las instituciones con menor credibilidad social.

    Por esa sencilla razón, resulta incomprensible que los opositores a la reforma apuesten más por descalificar políticamente al Ejecutivo que por debatir el contenido concreto de la reforma, lo que les permitiría demostrar a la ciudadanía su interés por generar una nueva relación entre la clase política y la sociedad. Incluso caen en expresiones por demás ridículas que en nada abonan a una discusión seria, como lo expresado por el nepo baby Enrique de la Madrid, quien afirma que “la reforma constitucional en materia electoral no procede porque deriva de un Congreso ilegítimo”. Si este es el nivel con el que se pretende demostrar que la reforma es un retroceso —como muchos han planteado—, déjenme decirles que van por mal camino.

    Ahora bien, hay quienes expresan que la reforma es innecesaria, que sería un error de la presidenta presentarla a sabiendas de que no pasará. Yo creo que realmente no existe un análisis profundo en dichas aseveraciones, y eso que lo expresan voces con cierta credibilidad. En lo personal creo que, en el fondo, presentarla resulta todo un acierto, pues nadie debe dejar de lado que los que se oponen a la reforma ni son todos los que están ni están todos los que son. ¿Alguien se ha detenido un poco a pensar a qué actores de Morena les incomoda esta reforma? Tendría que caerse de plano en la ingenuidad para no reconocer que existen muchos viejos lobos de mar dentro del morenismo que desde hace tiempo operan para que la reforma no se concrete.

    Por cierto, existe otro elemento que nadie ha estudiado en lo absoluto: con esta reforma, ¿qué papel juegan los probables nuevos partidos? ¿Acaso no es pertinente dedicar un espacio para la reflexión en el que se revise cómo esta reforma puede impactarles profundamente?

    No resultaría nada extraño que la propia presidenta haya esperado un tiempo considerable para saber qué fuerzas de las que aspiran a convertirse en partido político realmente alcanzaron a cubrir los requisitos, aún faltando el proceso de validación y fiscalización por parte del INE. Aquí también habría que ser muy ingenuo para no considerar este elemento, pues para nadie es extraño que entre esas fuerzas hay quienes se identifican, ya sea con el proyecto de Claudia Sheinbaum o con el bloque opositor.

    En fin, creo que estas interrogantes son en las que realmente habría que poner atención, no en el hecho de que se apruebe o no la reforma, sino en las consecuencias que traerá para cada uno de los bandos.

    P.D. Si se trata de disminuir los costos de las elecciones y, sobre todo, de que las posiciones plurinominales dejen de ser para el mundo parasitario de los partidos políticos, yo estoy de acuerdo con la reforma.

    • Luis Tovar
      Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMAH