No sólo fueron balas, “degollaron a mi hijo, le cortaron el cuello, colgaron (la cabeza) en un árbol como un trofeo”, contó Raquel Tomas, madre de Lago Ravel de 19 años. El cinismo de enfrentar la violencia con violencia, representa a la actual administración de Río de Janeiro, la cual ha fragmentado a decenas de familias.
La cabeza pelirroja de Ravel fue encontrada por los habitantes de la favela en una zona boscosa cercana, informaron medios internacionales este jueves. Hasta el momento las cifras oficiales reconocen 132 víctimas del devastador operativo policial, que incluye civiles.
El miércoles pasado, Rayune Diaz Ferreira explicó a periodistas en territorio: “la gente no ha dormido, ni comido, buscando a los desaparecidos”, ella buscaba a su primo y aseguró que las autoridades se niegan a ayudarles.
Sin embargo, lo que para muchos representa un crimen de lesa humanidad, para Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro y opositor del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, le mereció la siguiente opinión: “Todos los fallecidos son criminales”, piensa que cualquier error es un efecto secundario, además, en otras declaraciones reclama poco apoyo federal para combatir el crimen organizado.
El megaoperativo con 2 mil 500 uniformados a cargo, empezó el martes pasado 28 de octubre en las favelas de Río de Janeiro, el objetivo del gobierno es combatir el narcotráfico, en especial al Comando Vermelho o Comando Rojo, una de las organizaciones delincuenciales más activas en Brasil.
Por su parte, el Alto Comisionado de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien define los hechos como terroríficos, pidió una reforma integral de los métodos policiales en Brasil. “Brasil necesita romper el ciclo de brutalidad extrema y garantizar que las operaciones de seguridad pública cumplan con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”.
Ante los hechos, la blanda respuesta en redes sociales, de Lula da Silva desconcierta: “He firmado la Ley 15.245/2025, que aumenta la protección de los agentes públicos que combaten la delincuencia organizada”. Esto lo decidió luego de una reunión con el gobernador Castro, tomando como nada el saldo del operativo más letal que ha tenido Brasil desde 1992.
