El mandatario brasileño firmó una resolución que garantiza un subsidio de hasta seis meses a las trabajadoras que dejan su empleo por maltrato. Solo necesitarán una orden judicial.
Una orden judicial bastará desde ahora para que una brasileña víctima de violencia machista reciba apoyo económico durante medio año. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó la medida este jueves en el Palacio de Planalto, en Brasilia.
La resolución, vinculada con la Ley Maria da Penha, elimina el peritaje médico que se exigía antes. Ese trámite retrasaba el pago y, en muchos casos, lo impedía. Ahora las mujeres no tendrán que demostrar sus heridas ante un médico para recibir ayuda.
La decisión llega tras un fallo de la Corte Suprema. Los jueces reconocieron el derecho a una compensación para las mujeres que deben dejar su trabajo por la violencia que sufren. Además, el tribunal descartó exigir un periodo mínimo de cotización.
El pago tendrá un reparto claro. El empleador cubrirá los primeros 15 días y, después, el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) asumirá la prestación. Las trabajadoras autónomas que cotizan por su cuenta recibirán el dinero del INSS desde el primer día. Si la mujer no tiene seguro, el estado o el municipio pagará, siempre con una decisión judicial previa.
El abogado general del Estado, Jorge Messias, puso el foco en el dinero. Explicó que la dependencia económica es la principal razón por la que muchas mujeres no denuncian a sus agresores. “Ninguna mujer más tendrá que elegir entre su seguridad y llegar a fin de mes”, afirmó tras la aprobación.
Por último, el INSS tendrá 15 días para crear un procedimiento prioritario y anónimo que proteja a las solicitantes. La urgencia tiene rostro y cifra: Brasil registró 1.518 feminicidios en 2025, es decir, cuatro muertes cada día.
