El Tribunal Supremo de Perú dictaminó que la protesta ciudadana que está ocurriendo en el país andino no tiene protección jurídica, dado que no está reconocida en la Constitución ni en ninguna otra normativa legal, por lo que es considera un delito.
De igual manera, se detalló que algunos de los agravantes a este delito de protesta son obstaculizar carreteras, así como todas las acciones que puedan afectar a terceros o al sistema económico con motivo de protesta.
“Si los ciudadanos estiman que no son suficientes sus reclamos, o que, en todo caso, no existe recepción de las autoridades, o que los espacios de diálogo son ineficaces o inexistentes, están autorizados a acrecentar la vehemencia de dichos reclamos, siempre que ello repercuta en la esfera personal de derechos del protestante (verbigracia: huelga laboral o huelga de hambre) y no transgreda derechos fundamentales de terceros ajenos al conflicto social”, detalla la sentencia.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH) rechazó categóricamente esta sentencia, y mediante un comunicado precisó que “viola los estándares internacionales de protección del Derecho a la protesta al equiparar bloqueo de carreteras con violencia”.
Asimismo, afirmó que las vías públicas son un espacio para el ejercicio de la libertad de expresión y no solo un espacio de tránsito.
Finalmente, recordó al Tribunal que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en reiteradas ocasiones que, en una democracia, las vías públicas son un espacio para el ejercicio de la libertad de expresión, y no solo un espacio de tránsito”.
El grupo de Telefonistas Construyendo Democracia se manifestó desde la Torre Latinoamericana a las 10:00 horas hacia el Zócalo Capitalino con motivo de la marcha “Tomamos la calle para ser escuchados”.
Que desde la privatización de Teléfonos de México en 1990 y hasta la fecha, Carlos Slim, sus socios, el estado mexicano, otras grandes empresas y el IFT, con la complicidad de la dirección del STRM, han usurpado al pueblo de México la soberanía sobre uno de los sectores más importantes y estratégicos para el desarrollo y bienestar de los mexicanos:la soberanía sobre las telecomunicaciones.
De la misma forma en que el sector energético fue asaltado por intereses rapaces, las telecomunicaciones han significado exorbitantes ganancias y un botín para unos cuantos y accesos deficientes, muy limitados y caros para los usuarios de a pie, como nos lo demostró la pandemia por COVID en los últimos dos años, que ha obligado a muchos trabajadores y familias con hijos en edades escolares a pagar servicios de internet y padecer las limitaciones y fallas desde sus confinamientos.
Que cada vez se reducen más, y más drásticamente, las posibilidades de acceso a servicios de telecomunicaciones a los sectores más aislados y desprotegidos de la sociedad.
TELMEX acaba de ceder concesiones de espectro radioeléctrico a TELCEL, cancelando la posibilidad de su utilización para dar cobertura social a donde haga falta y favoreciendo los negocios rentables para usuarios de más capacidad adquisitiva, contribuyendo a lo que se conoce como ensanchamiento de la brecha digital y a un eventual freno al desarrollo del sector.
Se destaca que el crecimiento de empresas contratistas y el outsourcing han significado el deterioro de las condiciones de trabajo y bajos salarios de toda la clase obrera de México, y los trabajadores de las telecomunicaciones no son la excepción.
Las empresas, incluida Teléfonos de México, a lo largo de las últimas décadas ha modificado los requisitos de ingreso llevándolos a niveles académicos cada vez más altos, exigiendo así a la sociedad, que es quien paga universidades e institutos públicos, que aporte mano de obra con alta calificación, pero no se devuelven los salarios correspondientes.
Por su lado, las empresas terceras, filiales, subcontratistas o subsidiarias ingresan a sus filas trabajadores a los que pagan salarios muy bajos y en condiciones laborales irregulares. Lo que permite que las empresas del sector presionen a sus propios trabajadores con políticas salariales y laborales muy agresivas.
Comentan que hacen notar que un CCT no sólo significa beneficio para el gremio inmediatamente cobijado por el mismo, sino una conquista de toda la clase obrera y un referente para las luchas y resistencias contra la voracidad de los grandes capitales y que el CCT del STRM-TELMEX se encuentra bajo un serio ataque, especialmente a una de sus conquistas más preciadas, que data de 1926: la jubilación.
Un ataque por dos frentes: uno de ellos, el planteamiento de los dueños que pide la desaparición de la jubilación para personal de nuevo ingreso; el otro, un macabro plan para cambiar parte de los ingresos de nuestras jubilaciones por acciones bursátiles inexistentes, como la genial ocurrencia para “salvar” a TELMEX de su anunciado balance en “números rojos”.
Esto, entre muchos otros incumplimientos al Contrato por parte de la empresa y la complicidad de la dirigencia sindical, como una abultada cantidad de vacantes que la empresa no ha cubierto.
