A tan solo dos meses de iniciado el gobierno de Abelardo de la Espriella, miles de colombianos salieron a las calles para expresar su descontento. Pocas veces un gobierno colombiano había enfrentado una movilización de este alcance en tan poco tiempo, mientras el mandatario y sus simpatizantes se enfrascan en disputas políticas en lugar de atender las demandas de la ciudadanía.
Las marchas del 14 de octubre reunieron en distintas ciudades de Colombia a sindicatos, docentes, estudiantes, comunidades indígenas y organizaciones sociales que expresaron su inconformidad con las políticas del gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre sus exigencias figuraron garantías laborales, mejoras educativas, respeto a los derechos sindicales y cuestionamientos a decisiones sobre orden público y megaproyectos. En lugar de reducir la jornada a una disputa por cifras de asistencia, el Gobierno debería responder a las demandas planteadas en las calles.
Desde el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, Aída Quilcué y Susana Muhamad defendieron la movilización como una expresión legítima de participación ciudadana. Sin embargo, la jornada también estuvo rodeada de señalamientos sobre presuntas presiones e intimidaciones contra trabajadores y organizaciones sociales, denuncias que requieren investigación. Un gobierno que pretende gobernar para todos no puede tratar la protesta como una molestia política ni permitir que sus simpatizantes conviertan las diferencias ideológicas en una excusa para desacreditar a quienes reclaman derechos.
La oposición, por su parte, intentó descalificar la convocatoria cuestionando su asistencia y la autenticidad de algunas fotografías. Esta guerra de propaganda, en la que cada bando busca imponer su relato antes que discutir las exigencias ciudadanas, exhibe la pobreza del debate político colombiano: se cuestiona el tamaño de la protesta con la finalidad de ignorar lo que llevó a la gente a manifestarse.
El Gobierno debe responder a los reclamos sociales en lugar de refugiarse en la confrontación. Ni la propaganda oficialista ni los ataques de sus adversarios resuelven los problemas que llevaron a miles de personas a las calles.
