La empresa enfrenta sanciones por daños al suelo y aire en Nuevo León, junto con acciones para reparar el daño ambiental.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha impuesto una multa de más de 83 millones de pesos a Zinc Nacional. Esta empresa, que se dedica a la producción de óxido y sulfato de zinc mediante el reciclaje de residuos industriales en Nuevo León, deberá enfrentar también acciones de reparación del daño ambiental.
La Profepa comenzó a investigar a Zinc Nacional a principios de 2025, tras recibir numerosas denuncias. Durante estas inspecciones, detectaron impactos negativos en el medio ambiente, como el almacenamiento de miles de toneladas de materia prima al aire libre y la contaminación del suelo con metales pesados.
El 10 de diciembre de 2025, Zinc Nacional firmó un Convenio de Responsabilidad Ambiental Objetiva. Este acuerdo establece la obligación de llevar a cabo acciones correctivas conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico. Posteriormente, el 17 de diciembre, la Profepa finalizó la multa de 83.2 millones de pesos, debido a diversas violaciones a las normativas ambientales.
Entre las sanciones se incluyen 24 medidas correctivas. Estas acciones buscan garantizar la remediación total de las afectaciones y atender la presencia histórica de contaminantes en el sitio. Además, la empresa deberá implementar un Programa de Remediación que debe ser aprobado por las autoridades.
El convenio contempla también la reubicación de varios procesos industriales a una nueva planta fuera de la zona habitacional del Área Metropolitana de Monterrey, sujeto a permisos ambientales y estudios de factibilidad. Asimismo, Zinc Nacional destinará una parte de su terreno a actividades de reforestación y conservación de especies nativas.
Profepa también anunció la creación de una Red de Monitoreo Atmosférico no convencional, una iniciativa sin precedentes en América Latina. Este sistema medirá la calidad del aire en áreas industriales, complementando las redes de monitoreo existentes.
Mariana Boy Tamborrell, procuradora de la Profepa, destacó que este caso marca un cambio en la manera de supervisar el cumplimiento de la normativa ambiental en industrias. La dependencia busca prevenir impactos ambientales, repararlos cuando ocurren y evitar su repetición.
