Las dependencias federales de seguridad calificaron de infundadas las declaraciones del jefe de la agencia antidrogas estadounidense sobre supuestos vínculos entre el crimen organizado y el gobierno mexicano.
Las principales dependencias de seguridad del país salieron al paso este martes de los señalamientos hechos por Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Cole había asegurado un día antes, durante un discurso en Orlando, Florida, que los cárteles mexicanos y el gobierno de México “son una y la misma cosa”.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional, la Marina-Armada, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional emitieron un comunicado conjunto. Las autoridades sostuvieron que las palabras de Cole carecen de sustento y no reflejan los resultados que México ha mostrado públicamente en la lucha contra el crimen organizado.
Pese al desacuerdo, el gobierno mexicano insistió en que sigue dispuesto a reforzar la cooperación con Washington. Las dependencias federales pidieron mantener ese trabajo conjunto bajo principios de soberanía, confianza mutua y responsabilidad compartida entre ambas naciones.
Las autoridades detallaron cifras para respaldar su postura. Explicaron que su estrategia se sostiene en inteligencia, investigación y coordinación entre los distintos niveles de gobierno, bajo una política que llaman de cero impunidad.
Los números presentados son contundentes. Entre el inicio de la administración y el 30 de junio de 2026, fueron detenidas 59 mil 582 personas y aseguradas 31 mil 366 armas de fuego. También se decomisaron 498 toneladas de droga, entre ellas 2 mil 363 kilogramos de fentanilo y más de 5 millones de pastillas de esa sustancia. Además, se desmantelaron 2 mil 627 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas.
El comunicado precisó que entre los detenidos figuran líderes y operadores de todas las organizaciones criminales, sin excepción. Las autoridades remarcaron que no existe distinción alguna al momento de perseguir a estos grupos.
Las investigaciones también alcanzaron a funcionarios públicos. Gracias a la Operación Enjambre y otras acciones similares, fueron arrestados más de 80 servidores y exservidores públicos, incluidos siete presidentes municipales en funciones. Con ello, el gobierno buscó demostrar que ningún cargo ofrece protección frente a la ley.
Finalmente, el Gabinete de Seguridad destacó que la colaboración bilateral ha rendido frutos concretos. Como ejemplo, mencionó las detenciones de generadores de violencia, entre ellos objetivos prioritarios que las propias autoridades estadounidenses habían solicitado.
