Agentes federales revisan desde el miércoles la oficina de compras del instituto. Ese equipo dirigía Mario Alfonso Burciaga, uno de los 30 funcionarios que ya renunciaron tras la caída de Guadalupe Taddei.
La Fiscalía General de la República (FGR) cateó la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Nacional Electoral (INE). Es la primera vez que la autoridad entra a las oficinas del órgano electoral por este escándalo. Los agentes llegaron el miércoles 11 de noviembre a Torre Zafiro II, al sur de la Ciudad de México, y siguen ahí este jueves, según fuentes del INE.
La FGR no respondió a las preguntas de este medio sobre el operativo. Según La Jornada, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales encabeza la diligencia. Trabaja junto con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
El área cateada pesa en esta historia. Hasta hace unas semanas la dirigía Burciaga Esparza, quien también dejó su puesto. Fue mostrado en un video sentado a la mesa con Taddei, otros funcionarios y el empresario José Alfredo Hernández Casillas. Este último es apoderado de Cajas Graf, la empresa que surte materiales electorales al INE desde hace más de 20 años.
Los videos muestran reuniones privadas entre Taddei, funcionarios del instituto y Hernández Casillas. Además, diversos medios revelaron que Cajas Graf recibió un contrato de hasta 198.7 millones de pesos para la elección judicial de 2025. También se documentó otro contrato de 46.8 millones de pesos, firmado en 2021 con el instituto electoral de Sonora. Estos señalamientos de conflicto de interés y posible corrupción aún deben comprobarse ante las autoridades.
Taddei renunció a la presidencia del INE el 26 de octubre. Desde entonces, la salida de funcionarios no se detuvo y ya suma 30 renuncias. El 6 de noviembre, el propio instituto presentó una denuncia ante la FGR. Pidió investigar posibles delitos y no limitó la revisión a personas, cargos ni periodos concretos.
Ahora los fiscales tendrán que aclarar si hubo faltas administrativas o penales. Revisarán los contratos, la actuación de los servidores públicos y el papel de los proveedores.
Mientras tanto, el Gobierno federal pide calma. El martes 10 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que aún no tenía avances. Ese mismo día, el titular de la Agencia de Investigación Criminal le informó que la FGR no tenía información nueva. “Ellos tienen que hacer sus investigaciones para saber si hay elementos suficientes”, explicó la mandataria.
