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  • INVERSIÓN DEL 16 % DEL PIB: EL PORTAFOLIO PARA ALCANZAR LA PROSPERIDAD COMPARTIDA

    INVERSIÓN DEL 16 % DEL PIB: EL PORTAFOLIO PARA ALCANZAR LA PROSPERIDAD COMPARTIDA

    El pasado 24 de abril, México dio un paso decisivo hacia la prosperidad colectiva. La Secretaría de Economía presentó el Portafolio para la Prosperidad Compartida, una hoja de ruta que agrupa 1,937 proyectos distribuidos en las 32 entidades federativas, con especial concentración en Baja California, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua. En conjunto, estos proyectos representan una inversión superior a los 298,000 millones de dólares, equivalente al 16 % del Producto Interno Bruto. Sin embargo, estos números, por impresionantes que sean, solo adquieren verdadero sentido cuando se entiende que detrás de cada kilómetro de carretera, cada panel solar y cada clínica construida laten las esperanzas de miles de familias que, desde ahora, podrán soñar con un futuro más digno.

    Durante su conferencia La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la actual estabilidad macroeconómica, la baja inflación, un Banco de México autónomo y la tendencia a la baja en las tasas de interés crean el entorno ideal para atraer y consolidar inversiones. “Hay estabilidad macroeconómica, responsabilidad en el uso del presupuesto y confianza de los mercados”, afirmó. Sobre esta base se sustenta el Portafolio, que se inserta en el Plan México como su brazo operativo: un compromiso de largo aliento para aumentar la producción nacional, reducir importaciones y fortalecer la soberanía energética y alimentaria.

    Para que esta ambición se traduzca en resultados concretos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, delineó tres ejes fundamentales de coordinación: primero, atraer inversión nacional y extranjera en proyectos con alto potencial de generación de empleo y dinamización regional; segundo, diagnosticar y eliminar los obstáculos que dificulten el éxito de esas inversiones; y tercero, articular a todas las dependencias federales, en conjunto con gobiernos estatales y municipales, para agilizar trámites y facilitar el acceso al financiamiento.

    Este esfuerzo interinstitucional se materializa en mesas de trabajo donde participan la Presidencia, diversas secretarías de Estado y los gobernadores de las entidades con mayor número de proyectos. En esos espacios se busca transformar ideas en contratos, permisos en obras, y promesas en indicadores de bienestar verificables.

    El Portafolio despliega seis frentes sectoriales que impactan de manera directa la vida cotidiana:

    • 1. Infraestructura: mejora de carreteras y expansión de líneas ferroviarias para acortar distancias entre productores y mercados.
    • 2. Energía: desarrollo de parques eólicos, plantas solares y modernización de refinerías, con el fin de garantizar electricidad limpia y asequible.
    • 3. Agua y saneamiento: construcción de plantas de tratamiento y saneamiento de ríos, fundamentales para la salud pública y la productividad agrícola.
    • 4. Salud y educación: edificación de hospitales, clínicas comunitarias y rehabilitación de escuelas, especialmente en zonas rurales.
    • 5. Tecnología y digitalización: conectividad en el último kilómetro y fomento a startups, ofreciendo oportunidades para jóvenes emprendedores.
    • 6. Desarrollo urbano: acceso a vivienda asequible y revitalización de parques y espacios públicos, con el objetivo de crear entornos seguros y con calidad de vida.

    Este Portafolio no es simplemente una lista de obras: constituye una alianza estratégica entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales, la iniciativa privada, organismos internacionales, universidades y sociedad civil. Cada actor aporta recursos y experiencia, pero la clave reside en la coordinación efectiva: unir esfuerzos para que la inversión privada se traduzca en valor social.

    Entre los impactos esperados destacan varios rubros clave. En materia de empleo digno, se estima la generación de cientos de miles de plazas directas e indirectas, lo que contribuirá a reducir la desigualdad. En cuanto al equilibrio regional, las entidades históricamente rezagadas accederán a infraestructura vital, desde carreteras hasta conectividad satelital. En el ámbito de la innovación sostenible, las energías limpias y la digitalización permitirán a México avanzar hacia una economía del conocimiento y con baja huella de carbono. Finalmente, en lo que respecta a la confianza inversionista, la combinación de estabilidad macroeconómica y procesos administrativos más ágiles consolidará al país como un destino atractivo para el capital nacional e internacional.

    En paralelo, el Plan México —con una visión de largo plazo a 20 años— complementa este Portafolio con dos objetivos adicionales:

    • 1. Industrialización con contenido nacional: fortalecer a PEMEX y a la CFE bajo la rectoría del Estado para alcanzar la autosuficiencia energética. La meta es que, en dos décadas, la mitad de las compras públicas se realice a empresas mexicanas y que México figure entre las diez economías más grandes del mundo.
    • 2. Transformación tecnológica: crear infraestructura digital segura, simplificar trámites y robustecer la ciberprotección. Además, se contempla la integración de inteligencia artificial en los sistemas de monitoreo y evaluación, lo cual permitirá anticipar cuellos de botella y optimizar recursos en tiempo real.

    Detrás de cada cifra de este plan hay una historia humana: un padre que podrá llevar a sus hijos a la escuela por una carretera recién pavimentada; una maestra que contará con una escuela equipada con Internet; una comunidad que tendrá acceso a agua potable y energía limpia. El Portafolio para la Prosperidad Compartida no es un documento técnico más: es la promesa de un México más justo, sostenible y conectado.

    Hoy toca a la ciudadanía mantenerse informada, exigir transparencia en la ejecución de estas inversiones y participar activamente en los foros estatales. Solo así podremos convertir la solidez económica en bienestar tangible. La prosperidad compartida se construye con corresponsabilidad: gobierno y sociedad, hombro con hombro, para que nadie se quede atrás.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • SHEINBAUM Y LA REFORMA MEDIÁTICA: PROTECCIÓN CONTRA LA PROPAGANDA EXTRANJERA

    SHEINBAUM Y LA REFORMA MEDIÁTICA: PROTECCIÓN CONTRA LA PROPAGANDA EXTRANJERA

    La reciente polémica generada por la difusión de un anuncio de la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en las principales cadenas de televisión mexicanas ha destapado un debate crucial sobre la soberanía mediática de nuestro país. El mensaje, cargado de un tono xenófobo y punitivo, fue transmitido a lo largo de varias semanas, particularmente durante los partidos de la Liga MX, lo que generó una inmediata reacción del gobierno mexicano. Frente a este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado su intención de enviar al Congreso una reforma que prohíba la difusión de propaganda extranjera en medios nacionales. Esta propuesta no solo responde a una controversia puntual, sino que se enmarca dentro de una discusión más profunda sobre la protección de los principios constitucionales que sustentan la democracia y la convivencia pacífica en México.

    El anuncio de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha sido ampliamente criticado por su contenido discriminatorio. En él, se advertía a los migrantes indocumentados sobre las consecuencias de ingresar ilegalmente a territorio estadounidense, con amenazas explícitas de persecución y deportación. Las imágenes utilizadas, que mostraban a migrantes, en su mayoría mexicanos, como criminales en fuga, son un claro ejemplo de cómo se pueden utilizar los medios para perpetuar estereotipos y estigmatizar a un grupo vulnerable. En este contexto, el gobierno mexicano, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), ya ha solicitado a las televisoras que retiren el spot, argumentando que violaba los principios de no discriminación y dignidad humana, consagrados en la Constitución.

    Ante este panorama, la presidenta Sheinbaum ha decidido enviar una reforma al Congreso para restablecer en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión el artículo que fue eliminado en 2014 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual prohibía la transmisión de propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros. Con esta reforma, Sheinbaum busca evitar que entidades de otros países puedan pagar para difundir contenido que promueva mensajes discriminatorios o que interfiera en los asuntos internos de México. La restitución de este artículo no solo representa un acto de defensa de la soberanía nacional, sino también una reafirmación de los valores de igualdad y respeto que deben prevalecer en cualquier sociedad democrática.

    Es necesario recordar que el concepto de soberanía no solo abarca el control sobre el territorio, sino también sobre los flujos informativos que llegan a nuestra sociedad. Los medios de comunicación, como poderosas plataformas de influencia, deben asumir la responsabilidad de proteger a la población de contenido que pueda sembrar odio, miedo y división. En este sentido, la acción de Sheinbaum no solo se trata de restringir la difusión de propaganda extranjera, sino de asegurar que los medios de comunicación nacionales no se conviertan en canales de transmisión de ideologías ajenas que afecten la cohesión social y la seguridad nacional. La reforma, por tanto, también plantea una reflexión más amplia sobre la ética en los medios y su responsabilidad en la construcción de una sociedad justa.

    La propuesta de Sheinbaum no es un acto aislado, sino una parte integral de un compromiso más grande por restablecer los principios de equidad y justicia que deben regir la relación entre los países, especialmente en lo que respecta a la difusión de información que afecta a la opinión pública. En este sentido, la medida se alinea con la necesidad de crear un marco legal que no solo prohíba la propagación de mensajes discriminatorios, sino que también fomente el respeto y la inclusión. La eliminación de la prohibición en 2014 dejó a México vulnerable ante la influencia extranjera a través de los medios de comunicación, y ahora, al restablecerla, el gobierno busca recuperar el control sobre los mensajes que se transmiten en territorio nacional.

    La reforma propuesta por Sheinbaum podría ser un paso importante en la protección de los derechos humanos y la soberanía de México. Sin embargo, más allá de la reforma legislativa, la verdadera victoria será que los medios de comunicación asuman su responsabilidad de actuar como agentes de cambio social y no como meros canales para intereses externos. El gobierno mexicano tiene la oportunidad de liderar una defensa no solo contra la propaganda extranjera, sino también contra la discriminación y la xenofobia que amenaza con socavar el tejido social. Es momento de que, como país, pongamos en el centro de nuestras prioridades la dignidad humana, la justicia social y la integridad de nuestra identidad colectiva.

    La reforma propuesta por la presidenta Sheinbaum es una respuesta necesaria y urgente a la propagación de mensajes xenófobos que, a través de los medios de comunicación, buscan dividir y criminalizar a millones de migrantes, especialmente mexicanos. Esta iniciativa no solo tiene un valor legislativo, sino también simbólico: es un acto de soberanía, de respeto a nuestra cultura y a nuestros ciudadanos, que reafirma el compromiso de México con la dignidad humana y con los principios fundamentales que definen nuestra nación. La lucha contra la discriminación comienza en casa, y el gobierno, a través de esta reforma, busca asegurar que México nunca sea utilizado como un vehículo para propagar discursos de odio.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • PLAN MÉXICO 2025–2030: RUMBO CONSTITUCIONAL HACIA UN FUTURO PRÓSPERO

    PLAN MÉXICO 2025–2030: RUMBO CONSTITUCIONAL HACIA UN FUTURO PRÓSPERO

    El 10 de abril de 2025, la Cámara de Diputados selló un momento decisivo en la historia de México al aprobar el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, con 343 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones. Este documento, remitido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se erige como la hoja de ruta que definirá las políticas públicas de la nación durante los próximos seis años, y su ambiciosa visión se proyecta incluso hacia el futuro, a través del llamado “Plan México”. En un país que enfrenta desafíos en materia de bienestar, equidad, justicia y sustentabilidad, este plan es fundamental para sentar las bases de una transformación profunda y democrática.

    Antes de adentrarnos en los contenidos específicos del Plan, es importante destacar el proceso participativo que dio forma a este ambicioso proyecto. Más de 50,000 ciudadanos participaron en 57 foros estatales y un foro indígena nacional, aportando más de 10,526 propuestas. Esta consulta masiva refuerza la legitimidad del documento, para garantizar que las políticas que se implementarán reflejen las verdaderas necesidades y aspiraciones del pueblo mexicano. El resultado es un plan integral que abarca desde la justicia y la gobernanza hasta la innovación tecnológica y el desarrollo sustentable, enmarcado en un modelo de economía moral y trabajo.

    El primer eje de este documento, “Gobernanza con justicia y participación ciudadana”, se enfoca en fortalecer el acceso a una justicia eficaz, ampliar la participación ciudadana y promover una política exterior basada en la diplomacia efectiva. Se aspira a consolidar un sistema de seguridad pública que prevenga delitos y fomente una convivencia social más equitativa.

    El segundo eje, “Desarrollo con bienestar y humanismo”, se orienta a robustecer la red de protección social. Aquí se prioriza la educación, la salud universal, la vivienda digna y el acceso a servicios financieros, asegurando que los programas sociales beneficien de manera directa a los sectores más vulnerables de la sociedad.

    El tercer eje, “Economía moral y trabajo”, apuesta por un modelo de desarrollo económico que fortalezca el mercado interno, impulse la industria nacional y fomente alternativas como el cooperativismo y la economía social. Se busca generar empleos formales y mejorar los salarios reales, impulsando una transformación que ponga a la economía mexicana en un camino de crecimiento sostenible.

    El cuarto eje, “Desarrollo sustentable”, propone un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. Este eje contempla la transición energética, la soberanía en materia energética y la garantía del derecho al agua, elementos esenciales para preservar el entorno para las futuras generaciones.

    El Plan también contempla ejes transversales, el primero de ellos, “Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres”, coloca a la perspectiva de género en el centro del desarrollo nacional, con políticas destinadas a erradicar la violencia, redistribuir el trabajo doméstico y garantizar la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones.

    El segundo eje transversal, “Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional”, impulsa la modernización de la gestión pública mediante la digitalización de trámites, el fortalecimiento de la ciberseguridad y el uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, para lograr un gobierno más eficiente y transparente.

    El tercer eje transversal, “Derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas”, reconoce la diversidad cultural de México, promoviendo políticas interculturales que aseguren el acceso de estos grupos a derechos y oportunidades en igualdad de condiciones, respetando su autonomía y patrimonio.

    Una parte integral del PND es la visión de largo plazo a través del “Plan México”, que trasciende el sexenio presidencial y proyecta una visión de desarrollo a 20 años. Esta estrategia se plantea como una ruta para reducir la dependencia de importaciones, impulsar la reindustrialización y fortalecer la producción nacional. Entre sus metas se encuentran posicionar a México entre las diez economías más grandes del mundo, aumentar el porcentaje de inversión respecto al PIB y generar empleos bien remunerados y estables mediante la participación activa de empresas nacionales en la cadena de valor.

    Además, “Plan México” establece objetivos concretos para fomentar la autosuficiencia en sectores estratégicos. Se pretende que al menos la mitad de las compras públicas se realicen con productos de origen nacional y que el contenido nacional en la manufactura de bienes intermedios se incremente notablemente. Asimismo, la estrategia incluye inversiones en infraestructura logística y ferroviaria, lo que facilitará el transporte de productos a lo largo y ancho del país, reduciendo costos y fortaleciendo el mercado interno. Esta visión de largo plazo es fundamental para transformar la estructura productiva de México, asegurando un crecimiento sostenible y una mayor estabilidad económica en el futuro.

    Para asegurar que el Plan se traduzca en resultados concretos, se han establecido mecanismos rigurosos de ejecución y seguimiento. Se definen responsables institucionales, instrumentos presupuestarios, indicadores de avance y sistemas de evaluación anual, todo ello bajo el estricto principio de la austeridad republicana y la disciplina fiscal. De este modo, se busca que cada peso invertido contribuya a un México más justo, eficiente y transparente.

    El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 representa una oportunidad única para transformar a México. Es un proyecto ambicioso que, si se implementa con rigor, podrá consolidar un modelo de desarrollo integral, sustentable y justo. Ahora, más que nunca, la ciudadanía y los poderes públicos deben trabajar en conjunto para asegurar que las metas trazadas se conviertan en realidad. La ruta está delineada, y depende de todos nosotros impulsar un México en el que el bienestar, la equidad y la soberanía sean la base de un futuro próspero y sostenible.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • COSECHANDO SOBERANÍA: EL FUTURO DE MÉXICO EN MANOS DE SU CAMPO

    COSECHANDO SOBERANÍA: EL FUTURO DE MÉXICO EN MANOS DE SU CAMPO

    En un contexto global cada vez más incierto, la soberanía alimentaria de México se ha convertido en una prioridad nacional. El país enfrenta desafíos económicos y políticos que ponen en evidencia la vulnerabilidad de un modelo productivo dependiente de las importaciones. En este escenario, el reciente plan presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria es un paso fundamental para asegurar que México pueda alimentar a su población de manera justa, digna y autónoma. El programa “Cosechando Soberanía” busca poner fin a la dependencia externa, favoreciendo la producción local de alimentos esenciales como maíz, frijol, arroz, cacao y miel.

    El programa es ambicioso. Este año, se destinarán 53 mil 971 millones de pesos, cifra que se incrementará a más de 83 mil millones en 2030. La estrategia se centra en apoyar a pequeños y medianos productores, dándoles acceso a créditos accesibles con tasas de interés bajas, seguros contra fenómenos climáticos y plagas, además de garantizarles un mercado justo. Los productores podrán vender sus productos a precios adecuados, sin la intervención de intermediarios que históricamente los han explotado. A través de esta medida, se busca no solo aumentar la productividad, sino también mejorar la calidad de vida de aquellos que alimentan a México.

    Lo que diferencia a este programa de los anteriores es su apuesta por la tecnología como herramienta clave para resolver los problemas del campo. En un mundo donde la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías se aplican con éxito en sectores tan variados como la medicina o las finanzas, el campo no puede quedar atrás. “Cosechando Soberanía” no solo contempla créditos y seguros, sino que se apoya también en la innovación para optimizar la producción agrícola. A través del acompañamiento técnico agroecológico y la colaboración con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, se fomentará el uso de tecnologías sustentables en las prácticas agrícolas. Además, la implementación de sistemas de riego inteligente, el uso de drones para monitoreo de cultivos y la investigación sobre semillas más resistentes son solo algunos de los avances que contribuirán a mejorar la productividad y sostenibilidad del sector.

    Este plan va más allá de los números. La inversión en los productores locales tiene un impacto directo en las comunidades rurales, donde el campo sigue siendo el motor económico de muchas regiones. Al garantizar precios justos y apoyar el procesamiento de alimentos mediante plantas de transformación en diversas partes del país, el gobierno contribuye a la creación de empleos y al fortalecimiento de la economía local. La meta es clara: aumentar la producción de alimentos básicos, como el maíz y el frijol, y reducir la dependencia de las importaciones. Un país que produce lo que consume es un país más seguro, más justo y más autónomo.

    Sin embargo, este esfuerzo no está exento de desafíos. Enfrentar las políticas de aranceles impuestos por otros países, como Estados Unidos, y la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos son solo algunas de las dificultades que los pequeños y medianos productores deben afrontar. No obstante, la estrategia de Sheinbaum se erige como una defensa nacional. En sus propias palabras, “la mejor defensa frente a cualquier arancel es la autosuficiencia alimentaria”. Este enfoque fortalece la independencia económica de México, y también promueve una mayor seguridad alimentaria para las futuras generaciones.

    El programa “Cosechando Soberanía” también se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, buscando garantizar una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad para todos los mexicanos. Al ofrecer créditos, asesoramiento técnico y garantizar un precio justo para los productos agrícolas, el gobierno no solo apoya a los productores, sino que fomenta la innovación agrícola mediante la implementación de tecnologías sustentables. Esta visión holística es la que realmente distingue al plan, pues no se trata únicamente de aumentar la producción, sino de transformar el sistema agroalimentario del país para hacerlo más justo, inclusivo y resiliente.

    El respaldo a la soberanía alimentaria es, sin duda, uno de los mayores legados de este gobierno. El compromiso de la Presidenta Sheinbaum con los productores del país no solo se refleja en cifras, sino también en las visitas constantes a las comunidades, como lo demuestra su reciente viaje a Michoacán, donde arrancó el programa en una de las regiones más necesitadas. La sensibilidad con la que se está llevando a cabo esta política demuestra una profunda comprensión de las realidades rurales del país, donde los agricultores y ganaderos enfrentan día a día dificultades para acceder a recursos, tecnologías y mercados justos.

    El éxito de este programa dependerá, en gran medida, de la participación activa de todos los sectores involucrados: los productores, las autoridades locales y, por supuesto, los consumidores. “Cosechando Soberanía” no es solo una política pública, es un llamado a la acción para todos los mexicanos, que deberán ser conscientes de la importancia de apoyar los productos nacionales, consumir lo que el país produce y fortalecer la economía local.

    El camino hacia la autosuficiencia alimentaria será largo y lleno de obstáculos, pero con el respaldo de políticas como “Cosechando Soberanía”, México tiene una oportunidad única de reconfigurar su futuro agrícola. Si logramos ser un país productor y autosuficiente en alimentos, no sólo estaremos garantizando el bienestar de las generaciones actuales, sino también asegurando un futuro más estable y equitativo para todos. El campo mexicano tiene todo el potencial para alimentar a México y, con el apoyo adecuado, puede convertirse en el pilar sobre el cual se construya un México más soberano, tecnológico y próspero.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • EL PODER JUDICIAL A LA VOLUNTAD POPULAR: UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA DECIDIR

    EL PODER JUDICIAL A LA VOLUNTAD POPULAR: UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA DECIDIR

    El domingo 30 de marzo de 2025 marcó un momento decisivo en la historia de México: por primera vez, los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir directamente a los miembros del Poder Judicial de la Federación, una de las instituciones más poderosas y fundamentales del país. Esta reforma histórica no sólo transforma el concepto de justicia, sino que también abre la puerta a una nueva era democrática, en la que el pueblo finalmente podrá decidir quiénes serán los jueces encargados de dictar las leyes y proteger los derechos fundamentales de todos. El 1 de junio, México vivirá una jornada electoral sin precedentes que renovará 881 cargos judiciales clave, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta los tribunales locales.

    El proceso electoral, supervisado por el Instituto Nacional Electoral (INE), tiene reglas estrictas que buscan garantizar la transparencia y la equidad. A diferencia de otras elecciones, los candidatos no podrán recurrir a financiamiento público o privado, lo que implica que cada aspirante deberá utilizar sus propios recursos para promoverse, ya sea a través de eventos públicos, redes sociales o material promocional impreso. El INE ha fijado topes de gasto diferenciados según el cargo, lo que limita el impacto de las campañas en términos financieros, y favorece un ejercicio más austero y centrado en la labor de los propios aspirantes. Además, se prohíbe la contratación de espacios en medios tradicionales, lo que hace que el debate público sobre los candidatos se desarrolle de manera más orgánica y directa, aunque esto también limita la exposición de los aspirantes.

    Este ejercicio de elecciones judiciales es fundamental por el número de cargos en disputa —9 ministros de la SCJN, 2 magistraturas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito— así como por el impacto profundo que tendrá en el sistema judicial mexicano. En este proceso, los ciudadanos elegirán a jueces para cargos locales o regionales y estarán decidiendo quiénes serán los nuevos ministros de la Corte, responsables de tomar decisiones que afectan a todos los mexicanos. La renovación de la SCJN, en particular, puede redefinir el rumbo de la justicia en el país, y tener un efecto directo sobre los derechos humanos, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

    A pesar de la relevancia del proceso, las campañas no han estado exentas de controversias. Críticas han surgido, tanto desde la oposición como desde el propio ámbito judicial, cuestionando la transparencia y los métodos utilizados para la selección de los candidatos. Acusaciones de falta de rigor y de politización del proceso de insaculación de candidatos han sido uno de los principales focos de discusión. Algunos aseguran que este nuevo modelo electoral podría afectar la independencia del Poder Judicial, un principio fundamental para garantizar la imparcialidad de la justicia. Sin embargo, estos temores, aunque válidos, deben ser matizados. La reforma también pretende darle a los ciudadanos la capacidad de elegir a sus jueces, lo cual puede ser un paso positivo hacia la democratización del sistema judicial.

    Es importante recalcar que el 1 de junio no solo es una fecha de elecciones, sino una oportunidad histórica para que el pueblo de México se apropie de una de las instituciones más influyentes del país. El sistema judicial, que en el pasado ha sido percibido como lejano y, en ocasiones, como parte de una elite desconectada de las necesidades del pueblo, está ahora al alcance de todos. Las campañas, aunque limitadas por las restricciones impuestas, representan una oportunidad de oro para que los ciudadanos se informen y hagan valer su voto en la selección de quienes serán los encargados de impartir justicia.

    Por supuesto, la verdadera prueba de este proceso será el grado de participación y el nivel de información con el que los votantes lleguen a las urnas. En la actualidad, el INE ha facilitado el acceso a la información de los candidatos mediante la plataforma “Conóceles”, donde los aspirantes pueden exponer sus trayectorias, propuestas y planes de trabajo. Este acceso a la información es clave para que los votantes tomen decisiones bien fundamentadas, basadas en la capacidad, experiencia y compromiso de los candidatos, y no en simples afinidades políticas o ideológicas.

    Este 1 de junio, México estará frente a un proceso electoral sin precedentes. La elección del Poder Judicial de la Federación es una oportunidad para renovar los cargos, y debería también restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Es un llamado a la participación, a la democracia directa y, sobre todo, a la construcción de un sistema judicial que esté a la altura de las expectativas de todos los mexicanos. Este será un proceso que pondrá a prueba el futuro de la justicia en México y, al mismo tiempo, el compromiso de la sociedad para elegir, de manera informada y responsable, a quienes dictarán las leyes que regirán el país.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales.Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.

  • UN PASO FIRME HACIA LA JUSTICIA: INICIATIVAS DE SHEINBAUM FRENTE A LAS DESAPARICIONES EN MÉXICO

    UN PASO FIRME HACIA LA JUSTICIA: INICIATIVAS DE SHEINBAUM FRENTE A LAS DESAPARICIONES EN MÉXICO

    En un país donde la desaparición forzada se ha convertido en una herida profunda en la sociedad mexicana, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un paso crucial hacia la justicia con la presentación de una serie de reformas que buscan erradicar este grave problema. La presidenta reconoce la magnitud de la tragedia humana que supone la desaparición de miles de personas, por lo que ha propuesto soluciones concretas para garantizar que los desaparecidos sean localizados, y sus familias reciban justicia y reparación.

    Las reformas presentadas por Sheinbaum incluyen cambios en dos leyes fundamentales: la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Estas modificaciones no son meras promesas, sino acciones concretas que buscan facilitar y ampliar las investigaciones sobre desapariciones, un problema que, aunque ha tenido un enfoque histórico por parte del Estado mexicano, no ha logrado ser resuelto eficazmente. De esta forma, las nuevas reformas pretenden crear la Plataforma Única de Identidad, un mecanismo que centralizará los registros de identidad de todas las personas mediante la CURP, con el fin de agilizar las investigaciones y la localización de personas desaparecidas.

    Uno de los avances más significativos de estas reformas es la eliminación del periodo de espera de 72 horas para iniciar la búsqueda de una persona desaparecida. Esta medida, que ha sido una de las principales críticas de las víctimas y sus familiares, permitirá que cualquier denuncia de desaparición sea tomada con la urgencia que requiere. Las primeras horas son cruciales, y el hecho de que no se deba esperar tres días para iniciar la búsqueda es un cambio fundamental que tiene el potencial de salvar vidas.

    La creación de la Plataforma Única de Identidad, que incluirá la CURP con fotografía y huellas dactilares, también representa una revolución en el sistema de identificación en México. Al integrar toda la información relevante sobre una persona en un solo registro, se facilitará la consulta inmediata en tiempo real por parte de las autoridades, lo que acelerará el proceso de búsqueda y localización. Esta reforma no solo apunta a mejorar la eficacia de las autoridades, sino también a garantizar que el derecho a la identidad sea respetado en todo momento, desde el momento en que una persona desaparece hasta su eventual localización.

    En paralelo, se ha propuesto la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación y el fortalecimiento de las Comisiones Nacional y Estatales de Búsqueda. Estas medidas no solo dotarán a las autoridades de herramientas más efectivas, sino que también permitirán una mayor transparencia al hacer públicas las cifras de personas desaparecidas. La creación del Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas es otra de las acciones que proporcionará una red de alerta inmediata que abarcará todo el territorio nacional, facilitando la comunicación entre instituciones y ciudadanos.

    Sin embargo, como bien señalaron algunas madres buscadoras, estas reformas no deben quedarse solo en palabras, sino en acciones reales. Es esencial que las reformas sean acompañadas de una verdadera voluntad política para garantizar su implementación efectiva. La capacitación de los ministerios públicos y de los funcionarios encargados de la búsqueda también es una prioridad, pues la falta de sensibilización y capacitación adecuada ha sido un obstáculo en el pasado.

    El trabajo del Congreso, en particular de la Cámara de Diputados y del Senado, será esencial para que estas reformas no solo se discutan, sino que se aprueben de manera expedita. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, ha resaltado la importancia de que el proceso legislativo se lleve a cabo con celeridad, porque las reformas que se están planteando tienen como objetivo hacer frente a un problema extremadamente sensible. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, las reformas se procesarán rápidamente para asegurar que la justicia, la verdad y la reparación lleguen cuanto antes a las víctimas y a sus familias. Además, la inclusión de las madres buscadoras y otros colectivos en el proceso de discusión será crucial para enriquecer las propuestas y garantizar que se atiendan de manera integral las necesidades de las familias afectadas por la desaparición.

    Las reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum representan un avance fundamental en la lucha contra la desaparición forzada en México. Son un paso firme hacia la justicia, pero también un recordatorio de que la verdadera reparación para las víctimas solo se alcanzará cuando no solo se sancione el crimen, sino que se garantice la verdad, la localización de los desaparecidos y el acompañamiento constante a las familias afectadas. Es hora de que estas iniciativas no se queden en letra muerta, sino que se conviertan en la base de un México más justo, donde la impunidad no tenga cabida y cada desaparecido reciba la dignidad que merece. Además, estas reformas pueden convertirse en un ejemplo para otros países que luchan contra situaciones similares, donde la desaparición forzada es también una triste realidad. La voluntad política para cambiar el rumbo está sobre la mesa; ahora toca a todos los actores involucrados hacerla realidad.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.

  • EL COMPROMISO DE CLAUDIA SHEINBAUM: SEIS ACCIONES PARA UN MÉXICO LIBRE DE DESAPARICIONES

    EL COMPROMISO DE CLAUDIA SHEINBAUM: SEIS ACCIONES PARA UN MÉXICO LIBRE DE DESAPARICIONES

    El dolor de las madres que buscan a sus hijos, el sufrimiento de padres que no saben si sus hijas volverán a casa y la angustia de familias enteras atrapadas en la incertidumbre: la desaparición forzada ha dejado una huella profunda y dolorosa en hogares mexicanos. Con cifras alarmantes y un sistema judicial que ha mostrado grandes vacíos, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha decidido dar un paso firme hacia la justicia. En un país donde las desapariciones ya no son solo responsabilidad del Estado, sino que se vinculan directamente con la violencia del crimen organizado, el compromiso de la presidenta para erradicar este delito se traduce en acciones concretas que, si se implementan correctamente, podrían traer alivio a las víctimas.

    Sheinbaum anunció este 17 de marzo un paquete de seis acciones inmediatas para combatir las desapariciones en México, un problema que no puede seguir siendo ignorado. La primera de estas acciones es el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual ampliará su capacidad operativa y tecnológica, dotándola de herramientas científicas y recursos para realizar búsquedas más eficaces. Esto representa, sin duda, un avance crucial en un país donde las autoridades han sido históricamente ineficaces o, incluso, cómplices de la impunidad.

    Otro de los puntos que más ha resonado entre las familias de las víctimas es la reforma a la Ley General de Población, que permitirá la creación del Certificado Único de Registro de Población. Este nuevo mecanismo permitirá cruzar información con todos los registros administrativos y generar alertas para identificar indicios de vida de las personas desaparecidas. A través de una colaboración más estrecha entre el Registro Nacional de Población, el Instituto Nacional Electoral y otras instituciones, se promete una base de datos unificada que podría salvar vidas al facilitar la localización de desaparecidos. No menos importante es la creación de la Base Nacional Única de Información Forense, que integrará registros de las Fiscalías de todo el país, un avance que permitirá una mejor identificación de personas y una conexión más efectiva entre las diversas instituciones involucradas en la búsqueda.

    En paralelo, Sheinbaum ha anunciado reformas que eliminarán la espera de 72 horas para abrir una investigación por desaparición. Este protocolo, vigente hasta hoy en muchos estados, ha sido una de las principales quejas de las víctimas, pues las primeras horas en una desaparición son cruciales para iniciar una búsqueda efectiva. Con esta nueva medida, se agilizarán los procesos, generando una respuesta inmediata ante cualquier reporte de desaparición, ya sea por feminicidio, homicidio o secuestro.

    Un cambio igualmente relevante es la equiparación del delito de desaparición al de secuestro, lo que permitirá homologar penas y procedimientos en las fiscalías estatales y federales. Esta medida representa un reconocimiento del sufrimiento que experimentan las familias de las víctimas, al equiparar dos crímenes de una gravedad extrema. Además, la transparencia jugará un papel clave en esta estrategia: la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones, que se dará a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, permitirá un monitoreo público del avance en los casos, algo fundamental para evitar la desidia en los procesos.

    La última acción anunciada por Sheinbaum se refiere al fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un organismo que se encargará de brindar acompañamiento a las familias de los desaparecidos, ofreciendo apoyo psicológico, legal y social. Este enfoque humanista es crucial, pues el sufrimiento de las víctimas no termina cuando se inicia una investigación. Para ellos, cada día que pasa sin respuestas es una condena silenciosa.

    Estas reformas, aunque necesarias, no están exentas de retos. Si bien la iniciativa es loable, la implementación efectiva de estas medidas será el verdadero desafío. México es un país donde el crimen organizado tiene un poder significativo en muchas regiones, y la impunidad sigue siendo un obstáculo mayúsculo para la justicia. Será esencial que estas reformas no se queden solo en el papel, sino que se acompañen de un compromiso real por parte de las autoridades locales, quienes a menudo se ven rebasadas o incluso corrompidas por la violencia que permea muchas de sus estructuras.

    Aun con estos retos, la promesa de Claudia Sheinbaum de no permitir la impunidad en el caso de Teuchitlán, Jalisco, y en todos los demás casos de desaparición, es una señal positiva para las familias afectadas. Su compromiso de que “la verdad prevalecerá siempre” debe ser más que un discurso político; debe ser la guía que impulse cada acción de su administración.

    La esperanza no puede perderse. Las familias de los desaparecidos merecen respuestas. Si las reformas anunciadas por Claudia Sheinbaum logran su cometido, México podría dar un paso más hacia un futuro donde la justicia no sea un sueño distante, sino una realidad alcanzable. Sin embargo, el verdadero reto está en que no se permita que las promesas se desvanezcan con el paso del tiempo y queden en letra muerta estas acciones. Las víctimas y sus familias no pueden esperar más.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • 8M: LAS 10 ACCIONES DE CLAUDIA SHEINBAUM PARA TRANSFORMAR LA REALIDAD DE LAS MUJERES EN MÉXICO

    8M: LAS 10 ACCIONES DE CLAUDIA SHEINBAUM PARA TRANSFORMAR LA REALIDAD DE LAS MUJERES EN MÉXICO

    El 8 de marzo de 2025 no sólo marcó otro Día Internacional de la Mujer en México, sino que quedará grabado en la historia como el primer 8M encabezado por una presidenta mujer: Claudia Sheinbaum. En este contexto, la Presidenta presentó 10 acciones concretas que buscan transformar la vida de las mexicanas, garantizando nuestros derechos y reivindicando nuestro lugar en la historia. Estas medidas son un recordatorio de los avances que se han logrado, así como también un compromiso firme para eliminar las barreras que aún persisten.

    “A la Presidencia de la República llegamos todas las mujeres”, afirmó Sheinbaum en su discurso. Y con ello, subrayó una verdad fundamental: Cada mujer en México tiene el derecho de ser protagonista de su historia. La sala “Mujeres en la Historia”, inaugurada en Palacio Nacional, es una de las medidas de este ambicioso plan. Esta sala, que conmemora a 401 mujeres, incluyendo 99 víctimas de violencia de Estado, se convierte en un espacio donde la memoria histórica de las mujeres mexicanas se preserva y honra. Un paso importante hacia la visibilidad de aquellas que han sido olvidadas por la historia oficial.

    La Presidenta reveló iniciativas que marcan un cambio de paradigma. La entrega de la Pensión Mujeres Bienestar a mujeres de 60 a 63 años, la creación de 200 Centros de Cuidado Infantil para madres trabajadoras, y el reconocimiento de derechos agrarios para al menos 150 mil mujeres, son algunas de las medidas que responden a una necesidad urgente de apoyo económico y social para nosotras las mexicanas. Estas acciones son una respuesta clara a los desafíos estructurales que enfrentamos las mujeres en el día a día.

    Sin embargo, la lucha por la igualdad sustantiva va más allá de medidas tangibles. La violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los retos más grandes. A pesar de los avances, los feminicidios, el acoso en el espacio público y privado, y la desigualdad laboral siguen presentes. En este sentido, Sheinbaum hizo un llamado a la unidad nacional y aseguró que el Gobierno de México continuará impulsando reformas constitucionales y legales que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres. “Ni un feminicidio más, ni un golpe más”, declaró enérgicamente, marcando un mensaje claro: El compromiso del gobierno con la erradicación de la violencia es inquebrantable.

    Las acciones anunciadas por la presidenta son un principio. En el marco de su gobierno, las mujeres hemos ganado un lugar clave en la toma de decisiones. Desde la reforma constitucional que reconoce la igualdad sustantiva, hasta el fortalecimiento de las leyes para prevenir y sancionar la violencia de género, México avanza hacia una sociedad más justa. Pero los retos son gigantescos, y la lucha sigue siendo necesaria. Como bien señaló la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Sheinbaum ha marcado un punto de no retorno para las mujeres en este país, porque “Las mujeres ya no podremos ser borradas de la historia”.

    El feminismo, que ha sido el motor de estos avances, sigue siendo un aliado indispensable en este proceso. El empoderamiento de las mujeres no solo ha alcanzado el poder político, sino que también se ha instalado en las calles, en las universidades, y en las casas. Sin embargo, el camino hacia una igualdad real requiere la participación activa de todas. No basta con que las mujeres lleguen a posiciones de poder, es necesario que esos espacios se llenen de propuestas que transformen la realidad de las mexicanas.

    El 8 de marzo de 2025 representa una fecha histórica para el movimiento feminista global. La administración de Claudia Sheinbaum está construyendo un futuro en el que las mujeres sean escuchadas y sus derechos plenamente garantizados. A pesar de los avances, el trabajo no termina aquí. Es el momento de seguir luchando para que la igualdad de género deje de ser una meta y se convierta en una realidad palpable.

    La historia de nosotras, las mujeres mexicanas sigue escribiéndose, y con acciones como las de Sheinbaum, el futuro parece más prometedor. Pero aún queda mucho por hacer, y la lucha por la igualdad sustantiva, la justicia y la erradicación de la violencia continúa siendo una prioridad en la agenda nacional. ¡Es tiempo de mujeres!

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • MÉXICO AL ZÓCALO: UNIDAD Y RESPUESTA NACIONAL ANTE LOS ARANCELES DE TRUMP

    MÉXICO AL ZÓCALO: UNIDAD Y RESPUESTA NACIONAL ANTE LOS ARANCELES DE TRUMP

    La reciente decisión de Donald Trump de imponer aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas y canadienses, además de gravar productos chinos con tarifas adicionales, ha generado una fuerte respuesta internacional. Estas medidas, que vulneran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), han sido justificadas por Trump bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la migración ilegal. Sin embargo, en lugar de ceder, México ha mostrado una postura firme de resistencia. La presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha convocado al pueblo mexicano al Zócalo el 9 de marzo para anunciar medidas de respuesta, ha reafirmado el compromiso de defender la soberanía nacional frente a lo que considera una acción injustificada.

    El llamado al Zócalo por parte de Sheinbaum refleja el ánimo de unidad que el gobierno mexicano busca fortalecer ante este desafío económico. No solo el pueblo, sino también una amplia coalición de políticos, legisladores y gobernadores han expresado su apoyo. Desde el Senado, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, y otros legisladores de su partido, el PT, PVEM y MC han cerrado filas con la presidenta, calificando los aranceles como una violación directa al T-MEC y como un acto de injerencia económica que perjudica tanto a México como a Estados Unidos. En la Cámara de Diputados, el respaldo a Sheinbaum también ha sido rotundo, con la mayoría de los legisladores alineados en defensa de la soberanía nacional.

    El gobierno mexicano, lejos de ceder ante la presión de Trump, se ha comprometido a actuar con responsabilidad y moderación. México responderá con medidas arancelarias y no arancelarias ante la imposición “unilateral” de tarifas por parte de Donald Trump, pero también con determinación. Sheinbaum ha dejado claro que las medidas a tomar no buscan un conflicto con su vecino del norte, sino una defensa legítima de los intereses del pueblo mexicano. “Cooperación sí, subordinación no”, ha afirmado, subrayando que México está dispuesto a dialogar, pero que no permitirá que su economía y su pueblo sean sacrificados por decisiones unilaterales.

    La respuesta de México ha sido respaldada por otros actores internacionales. Canadá, bajo la dirección de Justin Trudeau, también ha impuesto aranceles del 25% a productos estadounidenses por valor de 30,000 millones de dólares, y ha planteado la posibilidad de ampliar estos gravámenes si Trump no revierte su postura. Trudeau, al igual que Sheinbaum, ha defendido que los aranceles son injustificados y que no deben poner en riesgo la soberanía económica de los países vecinos. La solidaridad entre México y Canadá en este conflicto es crucial, pues demuestra que la política proteccionista de Trump no sólo afecta a un  país, sino que desestabiliza todo el comercio regional.

    China, por su parte, ha reaccionado imponiendo aranceles adicionales a productos agrícolas estadounidenses, además de añadir a varias empresas de Estados Unidos a su lista de “entidades no confiables”. A nivel global, las respuestas de México, Canadá y China han mostrado que los países no se dejarán doblegar por la estrategia comercial unilateral de Trump, lo que ha intensificado la presión sobre la administración estadounidense para reconsiderar sus medidas.

    Las medidas arancelarias no solo han alterado las relaciones comerciales entre los países involucrados, sino que también han tenido repercusiones inmediatas en los mercados internacionales. Las bolsas de valores han experimentado caídas significativas, especialmente en Asia y Europa, mientras que los precios de productos básicos, como alimentos y productos industriales, se han visto incrementados, afectando tanto a consumidores como a empresas de todos los tamaños. El temor a una guerra comercial total ha generado incertidumbre económica, y los mercados se han visto golpeados por la falta de claridad en las decisiones de Trump.

    Ante este panorama, México no ha cerrado las puertas al diálogo. La presidenta Sheinbaum ha reiterado que su gobierno sigue abierto a la diplomacia con Estados Unidos, en busca de una solución que sea beneficiosa para ambos países. Además, se encuentra en conversaciones directas con el gobierno estadounidense para explorar posibles alternativas. De hecho, recientemente ha trascendido que Trump podría considerar un aplazamiento de los aranceles a la industria automotriz mexicana y canadiense, debido a las presiones de los fabricantes de automóviles, quienes temen que los nuevos gravámenes disparen los costos de producción y afecten la competitividad de sus empresas. Esta posibilidad de un “indulto temporal” es una oportunidad para retomar las negociaciones y evitar un daño aún mayor a las economías de la región.

    El panorama actual subraya la necesidad de que los países involucrados busquen una solución pacífica y negociada. Aunque las represalias económicas son una respuesta legítima, la diplomacia sigue siendo el camino más seguro para evitar una escalada que afecte aún más la estabilidad global. México, apoyado por sus aliados en el Senado, la Cámara de Diputados y los gobernadores, continúa apostando por el diálogo, sin renunciar a su derecho de proteger su economía y sus ciudadanos.

    La respuesta unificada de México, Canadá y China ante los aranceles impuestos por Donald Trump demuestra que la soberanía y la justicia económica no deben estar sujetas a presiones externas. Claudia Sheinbaum, con el respaldo de su pueblo y sus aliados políticos, ha dejado claro que México no se someterá a decisiones unilaterales que perjudiquen a su gente. La solidaridad internacional y la búsqueda de soluciones diplomáticas son esenciales para resolver este conflicto sin recurrir a un daño económico innecesario. México sigue demostrando que, aunque enfrentado a grandes retos, su unidad, su soberanía y su dignidad como nación están por encima de cualquier amenaza.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • REFORMA CONSTITUCIONAL: SOBERANÍA NACIONAL Y UN FUTURO SIN INJERENCIAS

    REFORMA CONSTITUCIONAL: SOBERANÍA NACIONAL Y UN FUTURO SIN INJERENCIAS

    La soberanía nacional de México ha sido uno de los principios más profundos y fundamentales de su política exterior, y la reciente iniciativa constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum refuerza de manera significativa la defensa de la independencia del país. En un contexto internacional cada vez más complejo, la reforma propuesta tiene como objetivo consolidar las bases de la soberanía mexicana, asegurando que el país pueda tomar decisiones sin ceder a presiones externas. Esta propuesta no solo responde a los retos impuestos por la política global, sino que también reafirma la determinación de México para mantenerse firme ante las injerencias extranjeras, particularmente aquellas provenientes de Estados Unidos.

    La reforma presentada por la presidenta Sheinbaum tiene como objetivo principal prohibir cualquier intento de intervención extranjera en los asuntos internos de México. A través de una modificación a los artículos 40 y 19 de la Constitución, se pretende establecer de manera explícita que México no aceptará ni golpes de Estado, ni intromisiones en sus procesos electorales, ni violaciones de su territorio por tierra, mar, aire o espacio aéreo. Esta reforma responde a un contexto internacional de creciente tensión, particularmente después de que Estados Unidos designara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que generó un debate sobre el respeto a la soberanía de México. La medida busca blindar al país de cualquier tipo de intervención, garantizando que las decisiones importantes sean tomadas por los mexicanos sin la influencia de actores externos.

    En este escenario, la presidenta Sheinbaum ha dejado claro que la relación con Estados Unidos debe basarse en la colaboración, pero siempre respetando la autonomía de México. Si bien el país está dispuesto a trabajar con otros gobiernos para abordar temas comunes, como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, este trabajo debe hacerse sin que se socave la soberanía nacional. México no debe ser considerado un actor subordinado, y la reforma propuesta refuerza este principio fundamental. No se trata de rechazar la cooperación internacional, sino de garantizar que dicha cooperación se haga bajo los términos que mejor convengan al país, sin que haya intromisiones en sus políticas internas.

    Lo que está en juego con esta reforma no es solo una cuestión jurídica o legislativa, sino una reafirmación de la identidad nacional y de la capacidad de México para tomar decisiones soberanas frente a un contexto global que constantemente pone a prueba su autonomía. Esta reforma busca garantizar que el país mantenga el control sobre sus propios asuntos y que la soberanía no sea un concepto vacío, sino un derecho tangible que se defiende frente a cualquier intento de violación. En este sentido, la reforma también establece medidas claras para sancionar a aquellos que intenten violar la soberanía nacional, ya sea mediante actos de injerencia política o la violación de leyes mexicanas relacionadas con el tráfico ilícito de armas, como lo establece la propuesta.

    La reforma constitucional presentada por Sheinbaum responde a un momento crucial en las relaciones internacionales de México, en el cual se ve amenazada su independencia. El gobierno mexicano ha mostrado disposición para colaborar con otros países, pero siempre desde la postura de respeto mutuo y no bajo la presión de poderes externos. Esta reforma busca, además, fortalecer la posición de México ante el mundo, consolidando su rol como una nación soberana que defiende sus intereses sin ceder ante intereses ajenos. En momentos donde el equilibrio de poder se ve alterado por la influencia de actores internacionales, México se levanta en defensa de lo que es suyo: su autonomía, su territorio y sus decisiones.

    El impacto de esta reforma no solo afecta las relaciones de México con Estados Unidos, sino también la manera en que el país se posiciona ante otras potencias mundiales. México ha sido históricamente un defensor del multilateralismo y la cooperación internacional, pero la soberanía nacional es un principio que siempre debe estar por encima de cualquier negociación. Esta reforma establece una línea clara de defensa, que asegura que cualquier colaboración internacional debe respetar la independencia de México y no poner en riesgo su autonomía política y económica.

    La iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Sheinbaum no solo responde a las necesidades inmediatas de proteger la soberanía nacional frente a las presiones externas, sino que también proyecta una visión a largo plazo para México. Una visión en la que el país sea capaz de tomar sus propias decisiones, de colaborar con el mundo, pero siempre bajo la premisa de respeto y no subordinación. Esta reforma además de una acción política, es una reafirmación de la identidad mexicana, que se mantiene firme ante las adversidades y que sigue defendiendo sus derechos como nación soberana.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.