Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, estaba por encima del entonces presidente de México, Felipe Calderón, luego de que se estrenara el documental “El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal”.
Luego de que fue cuestionado sobre la serie documental de Netflix “El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal”, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que causa vergüenza que proyecten a México como un país en el que se tortura.
“Ya se había dicho que tenía mucha fuerza García Luna…Era el hombre fuerte…lo más importante es que no haya repetición, que no haya tortura porque lo que avergüenza y duele es que nos proyecten como un país en el que se tortura”, dijo López Obrador.
El mandatario federal destacó que actualmente la tortura no está permitida en México, pues se privilegian los derechos humanos, cuestionó que la serie no incluyeran esa puntualización. Esto al asegurar que la mayor vergüenza es que se presente a México como un país que permite esa clase de prácticas, reiterando que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encargará de la reparación de este daño.
Aseguró que “van a salir” de las cárceles los presos que fueron torturados y reiteró que será Rosa Icela Rodríguez , titular de la SSPC, quien se encargue de este proceso de liberación.
Serie documental de Netflix “El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal”
Por otra parte, resaltó que el periodista Carlos Loret de Mola participó en dicho “montaje” que realizó la extinta Secretaría de Seguridad Pública, entonces encabezada por Genaro García Luna, en el que supuestamente fueron detenidos Israel Vallarta Cisneros y la ciudadana francesa Florence Cassez en 2005.
Pese a que Andrés Manuel promovió un decreto para que los presos que sufrieron por tortura sean liberados al violar sus derechos humanos, indicó que aún se critica que este no ha sido aplicado en su totalidad, pues aún existen presos que sufrieron de tortura durante sus procesos legales.
“Lo que dicen es que los torturado todavía no salen, ¡van a salir!”, indicó, haciendo referencia a Israel Vallarta, quien sigue preso tras 16 años sin sentencia.
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que se rescataron a 77 mil 498 personas de las redes de traficantes, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) precisó que 475 personas fueron sentenciadas por tráfico de personas durante la presente administración.
El titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, durante la II Conferencia Nacional de Migración (CNM), informó que, de 2018 a lo que va de 2022, se han rescatado 77 mil 498 personas de las redes de traficantes.
Por su parte, la FGR a través del titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), Germán Adolfo Castillo Banuet, indicó que en 2018 fueron rescatadas 533 personas; 2019, 22 mil 189; 2020, 6 mil 249; 2021, 28 mil 804 y en lo que va de 2022, 19 mil 723.
También, la FGR dio a conocer que, de diciembre de 2018 a agosto de 2022, se iniciaron 4 mil 707 carpetas de investigación. Por lo anterior, la Fiscalía indicó que la mayoría se concentran en los siguientes estados:
Nuevo León con 858
Chiapas, 729
Veracruz, 649
Tabasco, 510
Oaxaca, 315
Tamaulipas, 251
Coahuila, 236
Estado de México, 229
Chihuahua, 224
Baja California, 190
Puebla, 144
Tlaxcala, 59
Sonora, 52
Hidalgo, 38
Zacatecas, 37
Quintana Roo, 35
Ciudad de México, 30
En este marco, la FGR propuso una serie de reformas a la Ley de Migración, con la finalidad de tener mejores resultados en la persecución del delito de tráfico de personas. También agregó que hay tres grandes retos para el éxito de una investigación eficaz en contra del tráfico de personas.
El primero es justificar debidamente las detenciones por parte de los primeros respondientes, ya que cada día los tribunales ponen mayores exigencias para que una intervención de una autoridad administrativa o de seguridad pública genere una legal detención.
El segundo,la falta de imputación y colaboración de las víctimas, ya que los juzgadores, a pesar de la vulnerabilidad de las víctimas, piden que éstas hagan imputaciones directas.
El tercero, la alta exigencia para la comprobación del hecho delictivo que se cifra en dos elementos del tipo penal: la comprobación del lucro y la intención de la evasión de la revisión migratoria.
Ojo: Pablo Gómez, titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, acusó al @INEMexico de “encubrir” el caso Monex, sobre el presunto esquema de financiamiento ligado a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, en 2012. https://t.co/av6eMmeFLBpic.twitter.com/IRNhNBGYzw
A más de una década de las elecciones federales del 2012, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) encubrió el caso Monex, un presunto esquema de financiamiento ligado a la campaña electoral del ex presidente priista Enrique Peña Nieto.
Durante su participación en la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, este 26 de agosto, Gómez rechazó que la iniciativa de reforma electoral que él mismo redactó, sea un “ajuste de cuentas” contra el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Y es que el consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, pidió hace unos días que se revise el financiamiento a los partidos políticos sin que se ponga en riesgo la equidad.
“Dicen que estamos haciendo una propuesta que le va a dar en la torre a la estructura del control sobre el financiamiento de los partidos. Qué mentira tan gigantesca de personas que tuvieron que ver con el encubrimiento de cosas tan trascendentales e importantes como el caso Monex, ¿han oído hablar del caso Monex?, millones y millones de pesos metidos a una campaña, a un candidato”, dijo Pablo Gómez sin mencionar el nombre de Peña Nieto.
Aseguró que en el esquema de Monex, paralelamente participó el banco BBVA Bancomer, sin que fuera revisado el caso por el órgano electoral: “¿Y qué hizo el INE?, echarle tierra al asunto de Monex. Y les comunico además algo que ni se sabe, las mayores cantidades no las movieron con Monex, las movieron con Bancomer y a Bancomer ni lo investigaron, nadie investigó ni madre, para decirlo claro”, dijo en un tono fuerte.
Además, el funcionario encargado de revisar los reportes de operaciones financieras a nivel federal, afirmó que el candidato del Estado de México, en referencia a Peña Nieto, también recibió recursos en especie por parte de la empresa de medios de comunicación “más importante” del país; es decir, Televisa.
“Un candidato que antes había recibido millones y millones en especie, de parte de la televisora más importante del país, gratuitamente, gratuitamente. Todo estaba pagado desde antes con recursos del Estado de México, y de otros gobiernos locales, esa fue la verdad”
Gómez aprovechó para arremeter contra Lorenzo Córdova, pues dijo que es un arbitro que está con la oposición y el durante el tiempo que le queda en el cargo, buscará aplicar leyes con dedicatoria para Morena.
“Tenemos un presidente del INE que es un representante directo de la oposición, y nos están amenazando, un día sí y el otro también, con aplicarnos la pérdida del modo honesto de vivir”
Asimismo, enfatizó que existe un problema de sueldos en el INE, pues dijo que dentro del instituto hay más de 300 personas que ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador
“Sí tenemos un problema de sueldos con ellos, pero no es por el dinero, es por el criterio, por la idea de que no debemos tener burocracias doradas”, sostuvo.
Por lo anterior, convocó a la bancada de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) a “seguir unidos, apretar mucho, seguir luchando, responder bien y de buenas, con la razón y con las ganas”.
Cabe mencionar que para lograr una reforma constitucional, Morena y sus aliados requieren 334 votos; sin embargo, solo cuentan con 277 (201 de Morena).
Con el objetivo de reactivar la economía en la alcaldía Tláhuac y generar bienestar en empresas locales, la demarcación en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la capital otorgó actas constitutivas y firmaron el convenio del programa Economía Social y Solidaria de la Ciudad de México.
En ese sentido, la alcaldesa Berenice Hernández Calderón resaltó que la formación de cooperativas ha obligado a realizar un trabajo intenso desde su administración para que los proyectos salgan adelante, ya que son compromisos que deben sostenerse de manera permanente, pues los apoyos proporcionados contribuyen a la economía social para que de manera auténtica crezca.
“En este año se han constituido el mayor número de cooperativas respecto a años anteriores, esas políticas son el reflejo de la disponibilidad de este gobierno, preocupado por entregar el recurso a donde más falta hace”, mencionó.
La edil de Tláhuac informó que, en torno a las políticas económicas, se firma el convenio del programa Economía Social y Solidaria de la Ciudad de México, entre la demarcación y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, lo que refleja la disposición del Gobierno de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que la economía mejore.
Asimismo, la funcionaria exhortó a las personas que mantienen sus cooperativas a seguir emprendiendo, pero sobre todo a capacitarse continuamente para que los servicios que otorguen sean mejores, además de que dejó abiertas las puertas de Dirección de Fomento Económico y Rural de Tláhuac, así como a la STyFE, para que la reactivación económica no se detenga.
Tras el discurso de la alcaldesa, tanto ella como el secretario de la STyFE, José Luis Rodríguez Díaz de León, firmaron de manera oficial el convenio establecido y entregaron 104 apoyos del Programa de Fomento, Constitución y Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias de la Ciudad de México, en el rubro Creación de Empresas Sociales, por hasta 78 mil 800 pesos, cada uno, que serán el capital semilla para sociedades recién constituidas.
En este marco, el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX resaltó la importancia del convenio que suscribió con la Hernández Calderón, ya que genera bienestar económico de manera directa para las y los emprendedores, ya que en el pasado este tipo de programas se establecían a través de intermediarios, descuentos por capacitación, entre otras situaciones que reducían el apoyo.
Por ello, Rodríguez Díaz de León afirmó que, para eliminar este tipo de prácticas, desde el Gobierno Central decidieron aumentar el apoyo de 50 mil a 80 mil pesos y se buscaron los ordenamientos jurídicos existentes en la Ciudad de México que faculta a cada titular de las alcaldías para otorgar las actas constitutivas del cooperativismo en la capital de la nación.
“Comenzamos este diálogo con nuestras compañeras y compañeros alcaldes de la Ciudad de México, como estamos hoy aquí en Tláhuac suscribiendo el convenio, pues implica que esos 14-15 mil pesos que se destinaban a un pago, ya no se van a destinar a tal. Afortunadamente, el trámite es gratuito y ha sido muy oportuno tener esa posibilidad y va de manera directa”, explicó.
Detalló que al tener un acta constitutiva les permite a los cooperativistas recibir el recurso de 78 mil 600 pesos, y que los mil 400 que se restan son por asistencias técnicas, que también benefician a las y los emprendedores.
Finalmente, pidió a las y los cooperativistas ser conscientes de que el dinero que se les otorga es un recurso público que busca apoyar y reactivar la economía de la ciudad, y se les brinda con la plena confianza de que cumplirán con esta misión.
La dirigencia de Morena pidió a los legisladores de su partido apoyar la reforma a la Guardia Nacional con el objetivo que quede bajo la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se pueda garantizar la seguridad del país.
“No duden un minuto en apoyar la iniciativa de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que la Guardia Nacional tenga un gran futuro, que sea un cuerpo incorruptible, que siga llevando la paz y la tranquilidad en todo el territorio nacional”, dijeron durante un informe.
El partido guinda solicitó no dejarse engañar por la derecha con su falso discurso de la militarización, pues todos los gobernadores y todos los presidentes municipales, cuando hay una crisis de seguridad, pide la presencia de la Guardia Nacional; “la Guardia se ha ganado el respeto, el reconocimiento y el cariño del pueblo de México. Así que adelante con la iniciativa de nuestro presidente”, declaró Delgado.
Mencionaron que todos los integrantes de Morena deben apegarse a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México y siempre actuar con mucha lealtad al Movimiento. Además de seguir el ejemplo del Presidente de la República, quien “hace de cada uno de sus actos un imperativo ético”.
“No nos podemos convertir en lo que prometimos combatir y nadie puede, nadie tiene derecho en este Movimiento a decir quién sí y quién no, más que el pueblo de México. Morena es de la gente por eso invitamos a todas y todos los mexicanos que quieran transformar este país bajo el proyecto de la Cuarta Transformación a que se unan a Morena”, indicaron.
Finalmente se hizo un llamado a la unidad para que el movimiento de transformación siga adelante.
La mañana del viernes, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro se vio en el ojo del huracán cuando este se comportó de una forma amenzadora con las autoridades del Centro Universitario Valles (CUValles).
Pues circuló un video en el que al ser confrontado por miembros del CUValles quien lo acusó de cometer irregularidades, le lanzó una advertencia: “Mídele bien tus palabras”.
Ya que el gobernador se presentó a las instalaciones para anunciar la entrega de 11 millones de pesos al centro uiniversitario para el avance de las obras. Sin embargo, al final del video se puede escuchar que le gritan “usted está mintiendo, gobernador”, al que el emecista tachó de “enviado de la universidad”.
Estos compartieron videos en los que se ve a la rectora María García Batíz presentando una carpeta en la que estaba la información respecto a las obras. A lo que el gobernador se muestra reacio a ver y continua caminando para después preguntarles “¿A qué vengo?”.
Y después de que Enrique Alfaro grabara su comunicado, el gobernador dio la orden de retirarse: “¿Ya quedó grabado? Así lo sacamos, no importa, que grite lo que quiera”.
Esta mañana, nuestro secretario administrativo del @cuvallesudg quiso presentarle el retraso de más de 28 meses en las obras de su centro al gobernador, lo que recibió fue una amenaza directa e intimidación de sus guardaespaldas. pic.twitter.com/5zL0ROS9wg
La respuesta de la Rectora del Centro Universitario
Poco después el centro universitario compartió un comunicado en sus redes sociales en el que aseguró que la visita de Alfaro fue hecha sin previo aviso, además de que mintió en el monto que destinarían a la conclusión de las obras.
De acuerdo con el texto, el funcionario se encontraba escoltado por una serie de funcionarios estatales y del municipio de Ameca como parte de “su campaña mediática de desprestigio a la Universidad de Guadalajara”.
Igualmente aseguraron que el político del partido Movimiento Ciudadano (MC) se presentó con una actitud prepotente y que se negó a establecer diálogo con las autoridades universitarias quienes le intentaron mostrar el estado en el que se encontraban las obras así como conocer los avances para recibir el apoyo.
“La Rectora del Centro Universitario, doctora María Luisa García Bátiz, acompañada por los secretarios académico y administrativo, fueron los responsables de mostrar la información al titular del ejecutivo estatal, quien en todo momento presentó una actitud provocadora y dirigió amenazas al personal universitario”
Y destacaron que dicha visita se dio sin previo aviso a las autoridades “y en medio de un importante despliegue de funcionarios estatales, camionetas de la policía estatal y vehículos de la policía vial”, los cuales señalaron se habían establecido desde temprano a los alrededores de las instalaciones educativas.
La @udg_oficial no se dejará amedrentar, ni dejará de alzar la voz.
Mi obligación y compromiso es mostrar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general la verdad de lo que ocurrió el día de hoy en el CUValles. pic.twitter.com/kzxKnYJ01w
La Universidad de Guadalajara (UdeG) rechazó las amenazas e intimidaciones de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, en contra de la rectora del CU Valles, María Luisa Valles, y el profesor Luis León.
En un comunicado en redes sociales, el Consejo de Rectores de la UdeG dijo estar preocupado e indignado por la actitud del mandatario estatal el viernes, cuando se le intentó explicar el retraso en la construcción de infraestructura educativa en CU Valles.
“Indigna que un gobernador de Jalisco, electo democráticamente, no ejerza uno de los valores más importantes de la democracia,: la tolerancia”, se lee en el documento.
Las y los universitarios rechazamos las amenazas e intimidaciones del Gobernador @EnriqueAlfaroR hacia la Dra @mlgarciabatiz, rectora del @cuvallesudg, y hacia uno de nuestros académicos.
“Hacemos un llamado al C. Gobernador de Jalisco para que garantice la concordia y el diálogo con todas y todos los ciudadanos, incluidas las autoridades e integrantes de la comunidad universitaria”, explicó el Consejo de Rectores”.
Finalmente, el Consejo de Rectores de la UdeG dijo estar dispuestas al diálogo: “esperemos recapacite y esté a la altura de las exigencias derivadas de su investidura”.
Esta tarde se llevó a cabo una marcha a un mes de cumplirse el 8vo aniversario por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Los padres y amigos de los normalistas partieron desde el Ángel de la Independencia hacia el anti monumento ubicado en Paseo de la Reforma y Juárez.
Los manifestantes continúan pidiendo justicia por la desaparición de los estudiantes, se prevé que al término de la marcha dirijan un mensaje a unos días de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, mencionara que se trató de un crimen de estado, además de la captura del ex procurador, Jesús Murillo Karam.
Padres exigen justicia
A partir del informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, se confirmó la participación activa de elementos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, y “esa será una de las rutas que seguirán los padres de familia para saber el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014”, aseguró Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En conferencia mediante la página de Facebook de Tlachinollan, señaló que “se corrobora, y el informe da la razón a los padres de familia, que desde las primeras horas de la desaparición de sus hijos, a los padres de familia ya les estaba llegando información de que los jóvenes habían sido detenidos por elementos del 27 Batallón” de Infantería.
En ese momento yo no lo creí, agregó el abogado, “pensé que los policías municipales son los que habían cometido las desapariciones. Después los padres de familia fueron por cuenta propia al 27 Batallón, pretendiendo ingresar, porque tuvieron información de la participación de soldados del 27 Batallón, y hasta se les criticó por acudir al lugar”.
Me parece que el capitán José Martínez Crespo “fue el 30 de septiembre supuestamente a ayudar en las búsquedas, encabezando una unidad militar, por unas colonias de Iguala; anduvo con nosotros ayudando, y hoy recuerdan esto los padres de familia, y les da mucho coraje, dicen que fue una burla de las autoridades, y los padres sabían que los militares tenían responsabilidad, que estaban implicados, y lo ocultaron” los militares.
Incluso el general Salvador Cienfuegos, acotó, siempre lo negó “y por eso se requiere una investigación exhaustiva, pero lo que se requiere es proceder, y actuar, porque si solo se queda en el informe, no tiene mucho de solución, porque los padres van a continuar en la lucha, y como todos los años va a hacer movilizaciones”.
Hay tres jóvenes identificados “pero de los demás no sabemos; el informe tiene avances importantes, lo haremos nuestro, y lo impulsaremos en diversas rutas, como las acciones penales que se ejerciten; que hay que hacer búsqueda en determinados lugares y lo vamos a hacer; y con algunos testigos colaboradores, para que se rompan los pactos del silencio”.
Rosales Sierra consideró que hay tres aspectos importantes en el informe: “Primero que la agresión a los estudiantes es un crimen de Estado, y que lo reconozca el gobierno federal, es muy significativo, por que anteriormente se tenía que acudir a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para reconocer esta grave violación”.
Los padres de familia y las organizaciones sociales lo manifestaban así, “pero el anterior gobierno no lo reconoció; sabiendo que en La desaparición de los 43 estudiantes participaron policías municipales de cuatro municipios de la zona norte de Guerrero, además de policías estatales, federales y el ejército mexicano, que también generó todo un debate”.
Recordemos, insistió, “que el general Salvador Cienfuegos, en cadena nacional negó que haya participado, y cuando se requirió información al ejército Mexicano, lo hizo de manera parcial, negando que estuvieron en los eventos; pero poco a poco se fue comprobando, y hoy se sabe que fue una agresión directa, en la desaparición de los estudiantes hubo participación de elementos del 27, y del 48 Batallón, y 35 Zona Militar, hay pruebas de que están implicados en la desaparición de manera directa”.
Ya no es una participación “de omisión o encubrimiento, sino que han administrado acerbo probatorio importante, y el informe también dice que la agresión a los estudiantes, fue una violación grave a los derechos humanos de gran envergadura, y que se dio en distintos lugares como el Periférico norte de Iguala; el Palacio de Justicia, el Crucero de Santa Teresa; la Caseta de Iguala; y la zona industrial donde fue asesinado Julio César Mondragón Fontes, y de otros escenarios más”
Fue una operación de gran magnitud, “en donde necesariamente para agredir a 43 jóvenes, y dejar más de 25 heridos, y unos 180 estudiantes que estaban siendo perseguidos la noche del 26 en Iguala, ameritó la participación masiva de fuerzas de seguridad, de la delincuencia organizada, y por supuesto del ejército mexicano”.
Esto no se pudo cometer “como decía el gobierno anterior, por un grupo delictivo actuando por cuenta propia, que perpetró este hecho, y hoy el informe revela que fue una operación a gran escala”.
Hay un cuarto punto polémico incómodo para los padres de familia “que tiene que ver con el paradero de los jóvenes; el gobierno dice que no hay pruebas que están con vida; pero tampoco hay pruebas científicas indubitable de que los estudiantes hayan sido ultimados”.
Hay pruebas preliminares que tendrían que ser objeto de una investigación “solo se tienen algunos elementos de prueba técnica, sujetas a corroboración; para los padres fue muy duro, pero también hay líneas que dan esperanza; el informe puede ayudar que las investigaciones pueden dar mayor celeridad; los padres van a seguir pidiendo el esclarecimiento de estos hechos.
“Estamos lejos de que este informe constituya un pleno esclarecimiento de los hechos; ya se identificó a tres estudiantes, pero no del resto, y tampoco hay claridad de lo que pasó con ellos, hay pruebas técnicas, pero todavía tienen mucha debilidad, no hay certeza”, concluyó.
Antes al mediodía, se llevó a cabo un mitin en el antimonumento a los 43 en Chilpancingo, en donde nuevamente contingentes de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y organizaciones sociales, demandaron justicia.
En el marco del plan conjunto para combatir el robo de combustible, en diversos estados, personal de la Guardia Nacional (GN) localizó nueve tomas clandestinas, una pipa de gas LP, bidones y mangueras, utilizados presuntamente para la sustracción ilegal de hidrocarburo.
Al realizar patrullajes preventivos y de seguridad, integrantes de la Guardia Nacional ubicaron las tomas clandestinas en los estados de México, Hidalgo, Nuevo León, Puebla y Querétaro.
La tomas clandestinas fueron localizadas en caminos de terracería, terrenos baldíos y en sembradíos, conectados a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex)en las siguientes entidades:
3 tomas clandestinas en Hidalgo
3 tomas clandestinas en Nuevo León
1 toma clandestina en el Estado de México
1 toma clandestina y 10 metros de manguera, en Puebla
1 toma clandestina en Querétaro
En el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, se aseguró una pipa de gas LP y aproximadamente 400 metros de manguera. En el municipio de Huimilpan, Querétaro, se localizaron 8 bidones con capacidad de 50 litros y 1 tambo de 200 litros, los cuales eran aparentemente utilizados para la distribución ilegal de combustible.
En todos los casos se avisó a especialistas de Pemex para proceder a la inhabilitación inmediata; en tanto, se notificó a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en las diferentes entidades, para continuar las investigaciones correspondientes.
La Guardia Nacional refrenda su compromiso de velar por el bienestar de la población y cumplir las tareas encomendadas por el Gobierno de México para salvaguardar el patrimonio de las familias.
Hace casi 17 años, el 8 de diciembre de 2005, comenzó el caso de la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta, que puso en evidencia las fallas en el sistema de justicia del país, provocó un conflicto diplomáticoentre México y Francia —con los expresidentes Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy en primera fila— y hoy, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no está resuelto y mantiene preguntas sobre la mesa.
Ese día, la Agencia Federal de Investigación (AFI) desplegó un operativo en un rancho que derivó en la detención de Cassez y Vallarta. ¿El motivo? La institución entonces encabezada por Genaro García Lunaacusaba a la pareja de ser parte de una banda de secuestradores identificada como Los Zodiaco.
La noticia no se dio a conocer en esa fecha, sino hasta la mañana siguiente, cuando la AFI recreó la detención frente a las cámaras de los principales noticiarios del país. A la larga, esta puesta en escena —un montaje— fue uno de los elementos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó en cuenta para ordenar la liberación de Cassez —ocurrida en enero de 2013— y también se convirtió en el punto de partida de una nueva serie documental: El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal.
Basada en el libro Una novela criminal del escritor Jorge Volpi (Alfaguara, 2018), esta producción de Netflix dedica cinco capítulos no solo a hacer una reconstrucción de lo sucedido, sino también a plantear los aspectos de la historia que aún siguen sin respuesta.
Dentro de ese camino, los realizadores revisan documentos judiciales, retoman investigaciones periodísticas y entrevistan a algunos de los actores de esta trama, desde la propia Cassez y su familia hasta los expresidentes Calderón y Sarkozy, pasando por periodistas que cubrieron el arresto televisado, víctimas de secuestro y familiares de Vallarta, quien todavía sigue acumulando años en prisión sin haber recibido una sentencia.
En entrevista, Volpi y el productor Pablo Cruz señalan que uno de los mayores retos para concretar esta serie documental fue darle una estructura y seleccionar los materiales que llegarían hasta la pantalla de entre una gran cantidad de información.
“Mostrarlo todo sería imposible”, resume Volpi.
Ambos realizadores coinciden en que el producto final expone un caso complejo que pone de manifiesto numerosas fallas que prevalecen en el sistema de justicia, a pesar de las reformas que se han aprobado desde entonces para intentar hacerlo más transparente y efectivo, en particular, la reforma que estableció los juicios orales.
Cruz afirma que esos mismos problemas son los que hasta ahora han impedido conocer con certeza aspectos clave de la historia, como si en efecto Cassez y Vallarta participaron en secuestros —como lo sostuvo el gobierno de Calderón— o, por el contrario, si fueron incriminados como parte de una venganza.
Florence e Israel
En México, Cassez fue sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro. Después de eso, su familia, sus abogados y el gobierno de Sarkozy iniciaron acciones para impugnar esa condena, o bien, lograr su extradición a Francia para que allá purgara su pena.
La administración de Calderón rechazó esa posibilidad, y fue hasta enero de 2013 —ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto— cuando la Suprema Corte ordenó liberar a Cassez inmediatamente tras concluir que había sido víctima de violaciones al derecho a un debido proceso. Después del fallo, en cuestión de horas Cassez salió del penal donde se encontraba y tomó un vuelo en el que regresó a su país natal.
El caso de Vallarta ha sido distinto. Aunque sus abogados también han promovido recursos, hasta ahora no han logrado que salga de prisión, algo que en opinión de Cruz y Volpi debería ocurrir.
“Yo espero que esto sea un detonante para tratar su caso de una manera excepcional. Tiene que ir a juicio inmediatamente”, considera el productor.
“Ojalá el documental también muestre que, independientemente de lo que uno piense de Israel, después de la manipulación y la falta de debido proceso, él tendría que estar libre. No tengo ninguna duda, lo digo muy claramente: tendría que aplicarse el mismo criterio que con Florence y tendría que estar libre ya”, agrega el escritor.
Este jueves, en el contexto del estreno de la serie, la familia y los abogados de Vallarta publicaron un comunicado en el que señalaron que esperan que la difusión del caso ayude a que él quede en libertad tras haber sido blanco de “acusaciones fabricadas”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a “hacer patria” y sumarse a su plan para llevar internet a todo el país.
“Ahora necesitamos del apoyo de ustedes para que se puedan instalar las antenas y llevemos el internet a todos los pueblos, esa va a ser una gran contribución de ustedes… Es hacer patria, es ayudar a otros, es amor al prójimo, yo confío en ustedes, se los digo de manera sincera”, dijo este viernes el presidente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al iniciar sus encuentros con trabajadores de la CFE por el país.
Este fin de semana el presidente visitará Veracruz, Estado de México, Nayarit, Sinaloa y Nuevo León para sostener encuentros con trabajadores de la CFE, quienes se encargarán de la instalación de antenas para el servicio de internet en todo el país.
El propósito es dar cobertura de internet al 80% de la población, para lo cual se utilizará el sistema y la fibra óptica de la CFE para llevar la red de Altán a las zonas.
La primera etapa constará de la instalación de 2,800 antenas por todo el país, pero la meta son 5,000 , pues de acuerdo con el presidente, si el Estado no lo hace, ninguna empresa privada lo hará.
“Son 2,800 antenas pero si avanzamos rápido porque lo que más nos está ahora apurando es el tiempo, pero si se avanza rápido y se nos van quedando otras y tenemos tiempo, vámonos a que sean más las antenas, porque con estas antenas y otras que ya están funcionando y la fibra óptica calculamos que vamos a llegar al 82% de la población, pero yo quiero que sea 100%, y dicen, es incosteable, son rancherías, son unas cuántas casas, ustedes saben bien de eso, claro, hay forma”, dijo.
Con la instalación de esas 2,800 antenas se prevé atender a 6.4 millones de habitantes de 18,634 comunidades.
El proyecto para llevar internet al 80% del país, se fincará en la empresa Altán, una empresa mixta, pero con participación mayoritaria del Estado mexicano.
El presidente reconoció que comunicar a todo el país a través de internet, es un desafío, pero dijo que es posible alcanzar la meta e incluso lograr un 100% de cobertura.
“Tenemos que comunicar a todo el país, es un desafío pero tenemos lo principal, los tenemos a ustedes, trabajadores… Vamos a hablar de 2,800 en una primera etapa y si tenemos tiempo y nos aplicamos, vamos al 100%”, dijo.
La inversión para la infraestructura del proyecto para llevar internet para todo el país asciende a 30,000 millones de pesos.
