Agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional han intensificado sus acciones en Michoacán. Las regiones de Zamora, Zacapu, Apatzingán, La Piedad y Morelia enfrentan bloqueos carreteros. Estos bloqueos son provocados por grupos delincuenciales como respuesta a las labores de seguridad.
Las fuerzas locales y federales trabajan en conjunto para restablecer el orden. Hasta el momento, han logrado desactivar varios bloqueos y mantener la seguridad en las áreas afectadas.
Las autoridades piden a la población mantener la calma y no entrar en pánico. La situación está bajo control y se están tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Las Fuerzas de Armadas continuarán operando en la región para asegurar la tranquilidad de la ccomunidad.
El ex gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, logró frenar temporalmente la ejecución de una orden de aprehensión en su contra, tras obtener una suspensión provisional concedida por un secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal.
Sobre el conservador pesan acusaciones graves por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el contexto de la adquisición de cuarteles para la Guardia Civil durante su administración, operaciones que según la Fiscalía General de la República (FGR) se realizaron a sobreprecio y con daño directo al erario federal y estatal.
La suspensión, otorgada bajo el argumento de mantener “las cosas en el estado que actualmente guardan”, impide de momento que la orden de captura sea ejecutada, y además protege al ex gobernador incluso si en el proceso penal se le llegara a imponer prisión preventiva justificada. La medida está condicionada a que Aureoles deposite una garantía de 52 mil pesos en un plazo de cinco días.
La FGR estima que el perjuicio al erario público supera los 3 mil 400 millones de pesos, por la compra inflada de instalaciones de seguridad en municipios clave como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en el periodo en que Silvano Aureoles estuvo al frente del gobierno estatal.
En marzo pasado, una jueza federal vinculó a proceso a cuatro ex funcionarios de su administración, señalados como cómplices en esta red de contratos irregulares que habría beneficiado a empresas cercanas y violentado procedimientos de adquisición pública.
Pese a la gravedad de las imputaciones y al monto multimillonario del presunto desfalco, el ex gobernador ha evitado comparecer formalmente ante las autoridades, optando por estrategias legales para dilatar su proceso, como el amparo que ahora lo mantiene fuera del alcance de la justicia penal.
En conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, criticó duramente al Poder Judicial, señalando la liberación de ‘El Chuy’, un lugarteniente del cártel jalisciense, como un grave obstáculo en la lucha contra el crimen organizado. Durante una conferencia de prensa, Bedolla enfatizó que la reciente detención de este líder criminal se volvió inútil tras su liberación por un juez federal, lo que, según él, empodera a la delincuencia.
El gobernador hizo referencia a un ataque reciente en los límites de Jalisco y Michoacán, donde dos elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida a manos de agresores identificados, liderados por ‘El Chuy’. Bedolla advirtió que la impunidad y corrupción de los jueces federales complican los esfuerzos de pacificación en la región.
Ramírez Bedolla respaldó la necesidad de reformar el Poder Judicial, tal como lo propuso en ese entonces Andrés Manuel López Obrador, argumentando que laliberación de delincuentes pone en riesgo la seguridad pública y debilita la lucha contra los grupos criminales. “Es necesario zarandear al Poder Judicial para erradicar la impunidad”, concluyó.
El gabinete de seguridad del Gobierno de México “está siguiendo con mucha precisión” al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien se encuentra prófugo de la justicia, aseguró este martes el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
Durante la mañanera del pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal confirmó que tarde o temprano será detenido, subrayando que “no me cabe la menor duda” de que el exmandatario michoacano enfrentará la justicia.
Gertz Manero detalló que desde hace tiempo la FGR mantiene una investigación por peculado en la administración de Aureoles, en la que están presuntamente implicados cinco exfuncionarios, incluyendo al propio exgobernador. De acuerdo con el fiscal, “se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía”, pero actualmente está siendo rastreado con precisión por todo el gabinete de seguridad.
La investigación contra Aureoles y sus colaboradores surge de una serie de denuncias por la construcción de cárceles locales, donde hubo un evidente peculado de enormes dimensiones, explicó el titular de la FGR.
A pesar de los obstáculos procesales impuestos por jueces federales, la FGR logró judicializar el caso y proceder con las detenciones. Hasta el momento, cuatro de los cinco implicados han sido arrestados y se encuentran bajo proceso, restando únicamente la captura de Aureoles Conejo.
urante un operativo de seguridad en la carretera Maravatío-Zapotlanejo, en dirección a Morelia, Michoacán, agentes de la Guardia Nacional detuvieron al conductor de un autobús de pasajeros luego de encontrar 72 paquetes de marihuana ocultos en dos maletas dentro de la unidad.
El aseguramiento ocurrió en el marco de los patrullajes de vigilancia y prevención del delito que realizan las autoridades federales en la zona. Durante la inspección del vehículo, los agentes solicitaron al conductor la documentación que acreditara la propiedad del autobús, pero este no pudo presentarla.
Ante la falta de documentos, se llevó a cabo una revisión más detallada, lo que permitió el hallazgo de dos maletas sospechosas en el compartimento de equipaje. Al abrirlas, los elementos de seguridad descubrieron los paquetes con el narcótico.
Tras el decomiso, el chofer fue detenido y, junto con la droga y el autobús, quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación legal.
En un desarrollo judicial significativo, la jueza de control Patricia Sánchez Nava vinculó a proceso a cuatro excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por una serie de delitos graves que incluyen peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Los imputados son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia; y Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública. Estos exfuncionarios han sido mantenidos en prisión preventiva debido al daño patrimonial de más de 3 mil 400 millones de pesos que se les atribuye.
La audiencia, que se prolongó durante casi 22 horas, concluyó con la determinación de un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Este período permitirá a las partes involucradas recopilar pruebas adicionales y profundizar en el análisis de los datos presentados en la carpeta de investigación. La complejidad del caso y la necesidad de un análisis exhaustivo justifican este plazo, que busca asegurar que todas las evidencias sean consideradas adecuadamente.
El caso en cuestión se centra en la adquisición irregular de inmuebles para siete cuarteles policíacos en diferentes municipios de Michoacán, como Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Las autoridades federales han detectado que estos inmuebles fueron arrendados y posteriormente comprados a través de una empresa llamada Inmobiliaria Dip, que fue creada en 2015 y recibió la encomienda por adjudicación directa. Esto ha generado sospechas sobre la mala administración de los recursos públicos.
Los estudios posteriores realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales revelaron sobreprecios significativos en las transacciones. Por ejemplo, en Apatzingán se pagó un sobreprecio de 76 millones de pesos; en Huetamo, de 37.4 millones; en Jiquilpan, de 90.4 millones; en Lázaro Cárdenas, de 163.4 millones; en Uruapan, de 64.2 millones; en Coalcomán, de 116 millones; y en Zitácuaro, de 103.8 millones. Estos hallazgos han fortalecido las acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos.
En una audiencia posterior, los abogados de Antonio Bernal, Mario Delgado y Elizabeth Pineda solicitaron el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a libertad provisional. Sin embargo, la juez Patricia Sánchez Nava negó este cambio para Mario y Antonio, mientras que la defensa de Elizabeth se desistió de su solicitud. Por lo tanto, los cuatro excolaboradores de Silvano Aureoles permanecerán en prisión y serán juzgados por todos los delitos que se les imputan.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que se ha emitido una orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo por presuntos delitos de desvío de fondos relacionados con la construcción de cuarteles de policía en el estado. Aureoles se encuentra prófugo de la justicia, y la Fiscalía General de la República (FGR) trabaja activamente en su búsqueda y captura. Esta situación refleja un esfuerzo por abordar la corrupción en Michoacán, donde la percepción de impunidad ha sido un tema recurrente.
La investigación, que ha durado varios años, ha revelado irregularidades significativas en la adjudicación de contratos para la construcción de cuarteles, con sobreprecios que alcanzan hasta cinco veces el valor real. Ramírez Bedolla explicó que al asumir el cargo se encontró con una “quiebra técnica” en las finanzas estatales, lo que llevó a presentar denuncias ante la FGR. La detención de varios exfuncionarios de la administración de Aureoles, incluyendo al exsecretario de Finanzas, Carlos Maldonado, es un paso importante en la búsqueda de justicia.
🔴 #ÚltimaHora⚡| 📹 #Vídeo | El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó orden de aprehensión contra el experredista Silvano Aureoles, ahora prófugo de la justicia y señalado de varios delitos en contra del erario público. pic.twitter.com/IumVlTg0gM
La FGR continúa con las investigaciones para cumplimentar la orden de aprehensión, mientras que Ramírez Bedolla ha enfatizado que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en el gobierno de Michoacán.
La estafa conocida como “La Licuadora”
En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló detalles sobre la estafa conocida como ‘La Licuadora’, que ha dejado al estado en una situación financiera crítica. Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, se encuentra prófugo tras la emisión de una orden de aprehensión por delitos como peculado, administración fraudulenta y asociación delictuosa.
El gobernador destacó que un cuartel se pagó alrededor de 980 millones de pesos, lo que consideró “totalmente ilógico” y “fuera de la realidad”, ya que un cuartel similar no debería costar más de 200 millones de pesos. La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) se centra en cuestiones financieras y fraude en materia de seguridad pública, relacionado con el arrendamiento y construcción de cuarteles.
La situación jurídica de los cuatro ex funcionarios del ex gobernador Silvano Aureoles podría llegar a una resolución en el transcurso de la próxima semana.
Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de la misma dependencia y Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad, están implicados en operaciones irregulares, relacionadas con el arrendamiento, mantenimiento y adquisición de siete cuarteles policiacos en el estado, generando un daño patrimonial que supera los 3 mil 400 millones de pesos.
Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.
Durante una audiencia celebrada este domingo en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, la jueza Patricia Sánchez Nava decretó un receso para revisar las medidas cautelares que se impondrán a los imputados.
La audiencia, que inició la noche de ayer, se extendió a lo largo de varias horas, tiempo durante el cual la defensa solicitó más tiempo para analizar los documentos del caso. En un intento por retardar el proceso, Carlos Maldonado argumentó tener problemas de presión arterial, no obstante, las revisiones médicas confirmaron que su presión era normal.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las operaciones irregulares que se llevaron a cabo entre 2016 y 2021 involucraron la autorización directa del ex gobernador Aureoles, resultando en procedimientos que fueron calificados como “sumamente inexplicables e irracionales”.
Estos cuarteles, ubicados en los municipios de Huetamo, Jiquilpan, Apatzingán, Coalcomán, Uruapan, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, fueron objeto de una serie de transacciones que, según la fiscalía, ocasionaron un daño patrimonial que asciende a 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.
Se espera que la situación de los ex colaboradores de Aureoles se resuelva a más tardar el próximo fin de semana, lo que podría marcar un punto de referencia significativo en el proceso de justicia de Michoacán.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este sábado que hasta el momento no ha recibido confirmación oficial sobre la posible detención del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, luego de que trascendiera la existencia de una orden de aprehensión en su contra.
Al ser cuestionada sobre el tema tras su participación en un evento en la Unidad Deportiva Sur, alrededor de las 16:40 horas, Sheinbaum reiteró que el caso es competencia exclusiva de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que evitó hacer comentarios adicionales sobre el proceso legal.
“No”, respondió tajante cuando se le preguntó si tenía información sobre la captura del exmandatario michoacano. Ante la insistencia de si existen investigaciones abiertas contra otros exgobernadores, se limitó a señalar que corresponde a la FGR llevar a cabo dichas indagatorias.
Mientras tanto, hace algunas horas se confirmó la detención del exsecretario de finanzas de Aureoles, quien está acusado de desviar miles de millones de dólares bajo distintos conceptos mientras detentaron el poder. Las declaraciones de la mandataria vienen a contraponerse a las declaraciones del hermano del corrupto ex gobernador, quien apunta a una falsa persecución política, pues destacan la autonomía con la que se están conduciendo las investigaciones en este caso.
Este 1 de marzo de 2025, las autoridades confirmaron la detención de Carlos Maldonado Mendoza, quien se desempeñó como secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Michoacán entre 2015 y 2021. El exfuncionario fue arrestado en Miami, Florida, en relación con el presunto desvío de miles de millones de pesos durante su gestión.
Según información difundida por el medio Quadratín Michoacán, la captura de Maldonado Mendoza fue realizada por la Interpol y agentes federales mexicanos. Su arresto responde a los requerimientos de las autoridades de Michoacán, quienes lo investigan por presuntos actos de corrupción.
El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla presentó al menos 15 denuncias por irregularidades en la administración de recursos públicos, lo que llevó a la apertura de diversas carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR). Entre los casos señalados destaca el presunto desvío de 5 mil 186 millones de pesos, particularmente en la construcción de diversos cuarteles en el estado.
Uno de los hechos que más ha llamado la atención de las autoridades es la compra de un inmueble que fue valuado en 100 millones de pesos, pero cuyo costo final reportado ascendió a 900 millones, lo que representa un sobreprecio de 800 millones de pesos. Esta y otras irregularidades fueron detectadas tras las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la FGR, en coordinación con el gobierno de Michoacán.
Desde marzo de 2023, el gobernador Ramírez Bedolla había informado que su administración investigaba a Maldonado Mendoza y estimó inicialmente un daño al erario por más de 30 millones de pesos, aunque la cifra podría ser mucho mayor.
Con esta detención, el exsecretario de Finanzas se convierte en el primer funcionario de alto nivel del gobierno estatal anterior en ser arrestado tras más de tres años de indagatorias. Hasta el momento, no se ha determinado si será trasladado a Morelia, Michoacán, para continuar el proceso judicial en territorio mexicano.
