Durante la presentación del IV Informe Periódico del Estado mexicano ante el Comité encargado de supervisar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció el liderazgo internacional de México en la promoción y protección de los derechos de las personas migrantes.
La delegación mexicana fue encabezada por la embajadora Francisca Méndez Escobar, representante permanente ante los Organismos Internacionales en Ginebra, y por funcionarias y funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del Consejo de la Judicatura Federal.
Durante las sesiones del 7 y 8 de abril en Ginebra, Suiza, el Comité de la ONU destacó los esfuerzos del Gobierno de México en armonización legislativa, ratificación de instrumentos internacionales y adopción de políticas integrales que abordan el fenómeno migratorio desde una perspectiva de derechos humanos, dejando atrás la visión punitiva de administraciones anteriores.
“México ha puesto en marcha políticas que garantizan la atención integral y la protección internacional de las personas migrantes, incluso en contextos complejos de movilidad irregular”, subrayó Jennifer Feller, directora general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE.
Por su parte, Fátima Ríos, directora general de Movilidad Humana y Desarrollo, destacó la creación del Modelo Humanitario de Movilidad Humana desde la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM), así como el fortalecimiento de la protección consular, la atención a víctimas de trata y la integración socioeconómica de personas en contexto de movilidad.
El Consejo de la Judicatura Federal, a través de Arturo Guerrero Zazueta, informó al Comité sobre acciones específicas para garantizar el acceso a la justicia para personas migrantes, incluyendo desarrollos jurisprudenciales, capacitación judicial y criterios de no discriminación.
Finalmente, la embajadora Méndez Escobar hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre órganos de tratados de derechos humanos de la ONU, para mejorar la articulación de sus recomendaciones y generar impactos concretos en la vida de migrantes y sus familias.
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