El Ejército de EE.UU. tomó control de nuevas zonas en Texas y Arizona bajo el esquema de Áreas de Defensa Nacional (NDA), sumando ya cerca de mil kilómetros fronterizos militarizados. Aunque por ley no pueden hacer tareas civiles, los soldados han detenido a más de 1,400 migrantes en los últimos meses por “intrusión”.
La estrategia, impulsada por Donald Trump, ha reducido en más de 90% los cruces irregulares. Organizaciones legales advierten que se evade la Ley Posse Comitatus, pero aún no hay recursos legales. Algunas tierras son privadas, pero se usan por acuerdos con autoridades fluviales.
Ganaderos tienen paso permitido, pero cazadores y excursionistas ya han sido advertidos: entrar sin autorización podría costarles una denuncia penal.
A pesar de las críticas, fiscales como Justin Simmons han reiterado que seguirán presentando cargos federales por entrada ilegal. Aunque algunos jueces han desechado casos por falta de señalización, las autoridades migratorias mantienen firme la política de expulsión inmediata.
En junio, los cruces de migrantes sin documentos por la frontera entre México y Estados Unidos cayeron a un mínimo histórico: solo se registraron 6 mil 070 detenciones, según datos preliminares de Aduanas y Protección Fronteriza. Es la cifra más baja en años, superando incluso el récord previo de 7 mil 200 en marzo.
El despliegue de la Guardia Civil, operativos del ICE incluso en ciudades santuario y el endurecimiento de la política migratoria bajo la influencia de Donald Trump han frenado el flujo de personas que buscan ingresar a EE.UU. sin autorización.
Durante el gobierno de Joe Biden, el promedio diario superaba los seis mil ingresos irregulares, con picos de más de 10 mil hacia finales de 2023. Hoy, la situación cambió radicalmente. Tom Homan, zar fronterizo del Presidente Trump, celebró que por segundo mes consecutivo no se liberó a ningún migrante detenido al cruzar ilegalmente.
Trump promete ir más allá: si se aprueba su “gran y hermoso proyecto de ley”, se contratarán 10 mil nuevos agentes para el ICE y cinco mil más para la Patrulla Fronteriza. Además, se construirán más centros de detención exprés como el recién inaugurado “Alligator Alcatraz”, edificado en solo ocho días.
El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, calificó como “de pronóstico reservado” la iniciativa que propone un impuesto del 1% a las remesas, pues aún falta que se complete su proceso legislativo.
Moctezuma recordó que el Senado estadounidense ya aprobó la medida, que fue calificada por el presidente Donald Trump como “una gran y hermosa ley”, y ahora está en manos de la Cámara de Representantes, donde los republicanos necesitan mantener la mayoría para que avance.
Les informo sobre el “Big & Beautiful Act”, iniciativa que incluye el tema de las remesas. pic.twitter.com/AcYZ4gDKpU
— Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) July 1, 2025
La iniciativa contempla que el impuesto se aplique solo a transacciones en efectivo, y la presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció que el Gobierno mexicano apoyará a los migrantes con un programa de reembolso mediante la tarjeta paisano de Finabien, en caso de que la ley sea aprobada.
Además, Moctezuma destacó que, de aprobarse la medida antes del 4 de julio, el impuesto entraría en vigor rápidamente, por lo que el Gobierno de México se prepara para implementar estrategias que mitiguen el impacto económico en las familias migrantes que dependen de estas transferencias. La comunidad migrante sigue atenta al desarrollo del proceso legislativo y a las posibles negociaciones entre partidos en Estados Unidos.
Durante una visita a un nuevo centro de detención en Florida, apodado el “Alligator Alcatraz”, el expresidente Donald Trump sugirió deportar a personas nacidas en Estados Unidos, si tienen ascendencia extranjera. “Quizá ese sea el próximo trabajo que hagamos”, lanzó ante medios, entre bromas sobre caimanes y seguridad fronteriza.
Trump insistió en que su administración fue forzada a endurecer la migración por la “política de puertas abiertas” de Biden, a quien responsabiliza de una supuesta ola delictiva. Aseguró que este nuevo centro albergará a “los migrantes más peligrosos del planeta” y destacó su ubicación en los Everglades como un sitio “del que nadie quiere escapar”.
La instalación tiene capacidad para 3 mil personas, con 400 agentes de seguridad y más de 200 cámaras, además de 8,500 metros de alambre de púas. Fue diseñada para disuadir y retener a personas consideradas de “alto riesgo”.
A la par, Trump buscó calmar las críticas del sector agrícola ante las redadas masivas, proponiendo que empleadores registren a sus trabajadores migrantes, quienes podrían permanecer legalmente, sin acceso a ciudadanía. “Pueden pagar impuestos, estar aquí legalmente… pero no obtienen la ciudadanía”, afirmó.
El presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se reencontraron este martes durante la presentación de “Alligator Alcatraz”, un centro de detención temporal para migrantes, construido en apenas ocho días en los Everglades y rodeado por caimanes.
El centro, impulsado por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, tiene capacidad para albergar a 5 mil personas en espera de ser deportadas. La instalación, financiada con 450 millones de dólares anuales del Programa de Refugios y Servicios de FEMA, busca impedir fugas mediante la inhóspita fauna del entorno.
Trump y DeSantis —distanciados por sus apoyos a distintos aspirantes a la gubernatura estatal— se mostraron unidos en el recorrido, donde el mandatario elogió la rapidez con la que se levantó el centro: “En ocho días, una nueva instalación estaba en funcionamiento”, dijo DeSantis. Trump calificó el trabajo como “un 10”.
“Alligator Alcatraz” será operado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y representa un endurecimiento de la política migratoria bajo el actual gobierno republicano.
Con más de 20 mil usuarios, ICEBlock es una aplicación para iPhone que permite reportar la presencia de agentes migratorios (ICE) en tiempo real. Fue lanzada por el desarrollador Joshua Aaron como una respuesta a las redadas y deportaciones masivas impulsadas por el gobierno de Donald Trump.
La app funciona como un sistema de alerta comunitaria: cualquier persona puede registrar en un mapa dónde vio a agentes de ICE, incluyendo detalles como la ropa o vehículos que usaban. Usuarios cercanos reciben notificaciones instantáneas dentro de un radio de 8 kilómetros.
ICEBlock asegura anonimato total: no recopila datos personales, ubicación ni direcciones IP. Tampoco está disponible para Android por razones de seguridad. Los reportes caducan en cuatro horas y hay restricciones para evitar abusos, como limitar las alertas por usuario y ubicación.
Aaron afirma que su objetivo no es interferir con la ley, sino informar y proteger a comunidades vulnerables. ICE no ha respondido sobre la aplicación. Mientras tanto, ICEBlock continúa creciendo como herramienta digital de resistencia comunitaria ante las políticas migratorias más agresivas.
El plan migratorio de Donald Trump para trasladar a migrantes a países centroamericanos comienza a fracturarse. En El Salvador, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusa al gobierno de Nayib Bukele de posibles delitos de desaparición forzada y tortura contra 238 venezolanos recluidos en el penal de máxima seguridad CECOT. En Costa Rica, la Corte Suprema ordenó la liberación de 28 migrantes detenidos arbitrariamente tras ser deportados por Estados Unidos.
Los señalamientos contra el gobierno salvadoreño surgen a partir de una carta firmada por 12 expertos de Naciones Unidas, que exige a Bukele explicar la situación legal y médica de los migrantes detenidos desde marzo. El documento —enviado en abril y dado a conocer esta semana— advierte que su gobierno podría estar incurriendo en violaciones graves al derecho internacional, incluidas desapariciones forzadas.
El texto señala que los venezolanos se encuentran en un limbo legal, sin acceso a abogados, sin información sobre cargos y sin claridad sobre la base jurídica de su reclusión. “Ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han revelado los nombres, ni su situación legal, ni si existe una investigación penal en su contra”, denuncia el documento.
Además, la ONU recuerda que ninguna emergencia, ni siquiera un régimen de excepción como el que rige en El Salvador, justifica la desaparición forzada. Tampoco se ha permitido el acceso a organizaciones independientes de derechos humanos ni al consulado venezolano, con quien Bukele rompió relaciones diplomáticas desde 2019.
Mientras tanto, en Costa Rica, la Sala Constitucional determinó que el Gobierno violó los derechos de 28 migrantes de origen asiático al retenerlos sin justificación en albergues cerrados. Ahora exige su liberación inmediata.
Los acuerdos para convertir a países centroamericanos en “terceros países seguros” —firmados este año con EE. UU. bajo presión de Trump— han sido duramente cuestionados. En el caso de El Salvador, el pacto se ha mantenido en secreto, sin aprobación del Congreso ni publicación oficial. Versiones periodísticas revelan que el interés de Bukele no sería económico, como ha dicho públicamente, sino obtener la deportación de líderes de la MS-13 que podrían incriminarlo en una corte de Nueva York.
De confirmarse, se trataría de una negociación política a costa de los derechos de cientos de migrantes.
Juan Francisco Gim Nogales, alcalde de Nogales, Sonora, generó controversia nacional e internacional al expresar su respaldo a las políticas migratorias del expresidente Donald Trump, en una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News el pasado 29 de mayo.
“Estados Unidos está haciendo limpieza con su política migratoria”, declaró el edil morenista en el Palacio Municipal. La frase, difundida por medios latinos en Estados Unidos, causó indignación entre comunidades migrantes mexicanas y fue interpretada como una validación a las deportaciones masivas y a la criminalización de migrantes impulsadas por Trump.
El medio “La Opinión” de Los Ángeles calificó como “insólito” que un funcionario mexicano celebre públicamente las políticas que han separado familias y reforzado el discurso antiinmigrante en EE. UU.
En su participación, Gim Nogales también elogió la estrategia estadounidense de deportaciones a zonas más alejadas de la frontera, argumentando que “rompió el círculo vicioso” de reingresos. Las declaraciones del alcalde no solo sorprendieron por su contenido, sino por difundirse en una plataforma como Fox News, conocida por su línea editorial abiertamente antiinmigrante.
— Juan Francisco Gim Nogales (@JGimNogales) May 29, 2025
Tras la polémica, Gim Nogales intentó matizar sus palabras en redes sociales, asegurando que sus declaraciones fueron “malinterpretadas” y que en Nogales “siempre estaremos del lado de nuestros hermanos migrantes”. En su mensaje, citó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en un intento de alinear su postura con la visión humanista del movimiento de la Cuarta Transformación.
Sin embargo, su aclaración no ha calmado la indignación, y hasta el momento no ha ofrecido una disculpa ni ha dado una entrevista en medios nacionales.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que colaborará con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para desmantelar bandas del crimen organizado . Durante una ceremonia por el 249 aniversario de la independencia de EE.UU., Johnson destacó que estas organizaciones han aprovechado las debilidades fronterizas.
En su discurso, el diplomático subrayó la importancia de la relación entre ambos países, describiéndola como única y especial . Johnson hizo hincapié en el compromiso del presidente Donald Trump de combatir las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a las comunidades de ambos lados de la frontera.
El embajador también mencionó que los cárteles fueron designados como “organizaciones terroristas extranjeras”. Afirmó que “la justicia debe y va a prevalecer” en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo.
En su primer discurso público como embajador, desde su llegada el 15 de mayo, Johnson expresó su orgullo por trabajar con la administración de Sheinbaum. Resaltó la necesidad de detener el tráfico de fentanilo y contrarrestar el paso ilegal de armas desde EE. UU. Hacia México. “La frontera está cerrada por toda actividad ilegal”, enfatizó.
Sobre la migración irregular, Johnson comentó que ambos países enfrentan este desafío juntos. “Eso salva vidas”, dijo, y añadió que la migración ilegal consume recursos y atención, dificultando el manejo adecuado de la migración legal.
Finalmente, el embajador destacó que en EE.UU. viven 40 millones de personas de herencia mexicana, lo que considera muy especial. También habló sobre el trabajo conjunto en la frontera para impulsar el comercio legítimo y reducir costos, lo que beneficiará a las comunidades en ambos lados.
El gobierno de Estados Unidos ha decidido reabrir cárceles privadas con un historial atroz de abusos, maltratos y negligencia para encerrar migrantes como si fueran criminales de guerra. Como si la historia no hubiera dejado suficiente lección, ahora la política migratoria se parece más a una amenaza de operación de limpieza étnicadisfrazada de legalidad.
La empresa CoreCivic y el grupo GEO, dos corporaciones expertas en lucrar con el encierro humano, han recibido contratos millonarios, y sin licitación, para reactivar prisiones desacreditadas que parecían condenadas al olvido. Entre ellas, Delaney Hall, en Nueva Jersey, o el centro de Leavenworth, en Kansas, donde unajueza llegó a describir las condiciones como “un infierno absoluto”. Ahora ese “infierno” está listo para llenarse de personas cuyo único “delito” fue buscar una vida mejor.
No es casualidad. Es racismo y xenofobia institucionalizada, elevada a política de Estado. Las cifras no mienten: el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) planea duplicar, si no triplicar, su capacidad de detención migrante. De las 41 mil camas actuales, quieren llegar a 100 mil, incluso 150 mil.
Y mientras tanto, las grandes cárceles privadas celebran. “Nunca habíamos tenido tanta demanda”, dijo Damon Hininger, CEO de CoreCivic, ante sus accionistas. Claro, ¿qué mejor negocio que el sufrimiento humano cuando viene con fondos públicos?
Lo que está pasando en Estados Unidos no es un tema administrativo, es una catástrofe moral. Estamos viendo centros de detención operando bajo condiciones insalubres, sin acceso suficiente a comida o atención médica, y con registros de agresiones, tortura psicológica y hasta asesinatos. En North Lake, Michigan, donde GEO reabrió una prisión con capacidad para 1,800 migrantes, los vecinos no lo dudan: “Esto es una abominación”.
El Congresoaún discute el presupuesto de 45 mil millones de dólares para sostener esta maquinaria de detención masiva. Pero las redadas ya aumentaron y criminalizaron a nuestros migrantes. Y los centros, disfrazados de instalaciones de detención, no son otra cosa que jaulas, donde se encierra la dignidad de miles.
Estados Unidos no está enfrentando una crisis migratoria, está ejecutando una estrategia de odio.
