El IPAM otorgó 100 apoyos económicos del programa “Migrante Emprende” y 50 visas de “Reencuentro Familiar”, beneficiando a familias y connacionales.
El Gobierno de Puebla, a través del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), entregó 100 apoyos económicos del programa“Migrante Emprende” y 50 visas del programa“Reencuentro Familiar”, con el objetivo de respaldar a poblanos que regresan al estado y facilitar la reunificación de familias separadas por la migración.
La estrategia tiene presencia en distintas regiones de la entidad y beneficia a 26 municipios mediante apoyos para migrantes emprendedores, así como a 36 municipios con la entrega de visas aprobadas para que familiares puedan reencontrarse después de años de separación.
El IPAM destacó que también brinda apoyo en procesos de repatriación, atención a personas que regresan de manera involuntaria y gestión de trámites a través de lasCasas Por Amor a Puebla, ubicadas en Nueva York, Los Ángeles y Nueva Jersey.
Human Rights Watch (HRW) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunciaron abusos, violencia, condiciones inhumanas y muertes en el mayor centro de detención migratoria de Estados Unidos, donde exigen una investigación y el cierre de las instalaciones.
Human Rights Watch (HRW) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunciaron presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Camp East Montana, el mayor centro de detención migratoria de Estados Unidos, ubicado en Fort Bliss, Texas. De acuerdo con un informe conjunto, los migrantes enfrentan golpizas, negligencia médica, aislamiento prolongado y condiciones insalubres, por lo que ambas organizaciones exigieron el cierre inmediato del recinto y una investigación independiente.
El informe documenta el caso del migrante cubano Geraldo Lunas Campos, de 55 años, quien murió tras ser inmovilizado por varios guardias. Según testigos citados por HRW, sus últimas palabras fueron: “No puedo respirar, que Dios me bendiga”. La autopsia concluyó que falleció por asfixia provocada por la compresión del cuello y el torso, y el médico forense clasificó el caso como homicidio. HRW calificó la muerte como una posible “ejecución extrajudicial” conforme al derecho internacional.
Las organizaciones entrevistaron a 71 personas detenidas en el centro, provenientes de 12 países de América Latina y el Caribe. La mayoría aseguró haber sufrido agresiones físicas o presenciado palizas por parte de los guardias, además de denunciar que quienes solicitan atención médica, alimentos o reclaman sus derechos suelen ser objeto de represalias. También describieron instalaciones hacinadas, baños en malas condiciones, falta de productos de higiene y demoras de semanas o meses para recibir atención médica.
El reporte sostiene además que los detenidos reciben alimentos insuficientes o en mal estado, lo que habría provocado pérdidas significativas de peso entre algunos migrantes. HRW y la ACLU advirtieron que las condiciones en Camp East Montana constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes y reiteraron su llamado a las autoridades estadounidenses para cerrar el centro, investigar los abusos denunciados y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes.
La agencia migratoria presumió récord de detenciones en la frontera, mientras aumentan las denuncias por abusos y el uso de la fuerza contra migrantes.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) informó que arrestó a 238 migrantes en un solo día en el Valle del Río Grande, al sur de Texas, la cifra más alta registrada en esa región fronteriza. El operativo, realizado en coordinación con otras agencias, fue presentado por la dependencia como un “hito” dentro de la estrategia de deportaciones impulsada por la administración de Donald Trump.
Aunque ICE aseguró que las acciones estuvieron dirigidas contra personas con antecedentes penales, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes denunciaron que los operativos también han afectado a personas sin historial delictivo. Entre los casos más polémicos destaca la detención de la monja nigeriana Letty Ugboaja, arrestada cuando se dirigía a una misa en McAllen y liberada al día siguiente, hecho que provocó cuestionamientos por el uso de los recursos migratorios.
La política de incrementar las detenciones responde a la presión de la Casa Blanca para cumplir con la promesa de Trump de ejecutar deportaciones masivas. Bajo esta lógica, el éxito de ICE se mide por el número de personas detenidas, con lo que prioriza las estadísticas sobre el respeto a los derechos humanos y el debido proceso.
La ofensiva migratoria también ha estado marcada por episodios de violencia. En los últimos días, tres migrantes, entre ellos un mexicano y un colombiano, murieron tras ser baleados por agentes de ICE en distintos operativos, alimentando las denuncias de un endurecimiento de las prácticas de la agencia. Una política migratoria que criminaliza a quienes buscan una mejor oportunidad de vida y convierte la persecución de migrantes en un objetivo político.
En lugar de respaldar un frente común tras la muerte de 17 mexicanos bajo acciones del ICE, dirigentes del PRIAN rechazaron el llamado de la presidenta.
La dirigencia del PRI y del PAN respondió con críticas al llamado de unidad nacional realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien convocó a todas las fuerzas políticas a defender a los migrantes mexicanos tras la muerte de 17 connacionales durante operativos y bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
Mientras el Gobierno de México anunció que presentará denuncias penales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por estos fallecimientos, el PRI difundió un comunicado en el que descalificó el llamado presidencial y aseguró, sin presentar pruebas, que Morena busca proteger a presuntos “narcopolíticos”. Además, acusó al gobierno federal de abandonar a la comunidad migrante y utilizar políticamente la crisis.
Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, también rechazó la convocatoria de la mandataria y sostuvo que la oposición no necesita un llamado para defender a los mexicanos en el extranjero. Aunque expresó solidaridad con las familias de las víctimas, afirmó que la unidad nacional no debe limitarse y cuestionó la relación del Gobierno con la oposición.
Las posturas del PRI y del PAN fueron señaladas como muestra de que la oposición es incapaz de intentar unirse a la causa nacional y preferir la confrontación política incluso cuando se trata de defender a los connacionales en el extranjero, en un momento en que el Gobierno mexicano busca justicia por la muerte de los connacionales y reforzar la defensa de los derechos de los migrantes en Estados Unidos.
Tras el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladores y dirigencias partidistas exigieron investigar la muerte de 17 mexicanos en operativos del ICE y reforzar la defensa de sus derechos humanos.
El llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a construir una unidad nacional en defensa de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos encontró respaldo en Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), cuyos dirigentes y legisladores manifestaron su apoyo a los connacionales y condenaron los presuntos excesos cometidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Luego de que se reportara la muerte de 17 mexicanos durante operativos migratorios, la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, expresó su respaldo absoluto a la estrategia impulsada por el Gobierno de México. El partido destacó que las acciones legales, diplomáticas y consulares buscan garantizar justicia para las víctimas y protección para las familias afectadas.
Por su parte, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que el Estado mexicano debe actuar con firmeza para defender los derechos humanos de los mexicanos dentro y fuera del país, al considerar que los operativos del ICE han evidenciado un uso desproporcionado de la fuerza. En el mismo sentido, la Junta de Coordinación Política del Senado condenó los hechos y anunció que recurrirá a los mecanismos del derecho internacional para exigir justicia.
En la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, llamó a dejar de lado las diferencias partidistas y construir una postura común desde el Congreso. A su vez, la bancada del PT solicitó la intervención de organismos internacionales, entre ellos la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para dar seguimiento a los casos e impulsar investigaciones independientes.
Aunque el respaldo a los migrantes también fue expresado por sectores de la oposición, PAN y PRI marcaron distancia del exhorto presidencial. El dirigente panista Jorge Romero consideró que la unidad debe convertirse en una política permanente y no responder únicamente a una coyuntura, mientras que el PRI rechazó el llamado del Gobierno Federal y calificó la estrategia como una simulación. Pese a ello, la mayoría de las fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de proteger a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos y garantizar el respeto irrestricto a sus derechos.
ICE duplicó el ritmo de arrestos bajo la administración de Donald Trump, en medio de operativos más intensivos y discretos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha detenido a más de 10 mil personas en apenas cinco días, un incremento que duplica el ritmo de arrestos registrado a inicios de año, de acuerdo con información publicada por The New York Times. El repunte forma parte de una estrategia de endurecimiento migratorio impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
Según documentos internos y testimonios de funcionarios federales citados por el diario, la dirección del U.S. Immigration and Customs Enforcement instruyó a sus oficinas regionales a intensificar las detenciones de personas consideradas deportables. Los operativos han incluido controles migratorios, inspecciones en tránsito y arrestos en la vía pública, con una escalada que elevó el promedio diario de detenciones de alrededor de mil a cerca de dos mil.
Funcionarios citados por el medio advierten que el ritmo actual podría no ser sostenible, lo que abre interrogantes sobre la viabilidad de una política centrada en la masificación de arrestos más que en criterios individualizados de seguridad o debido proceso. La ofensiva migratoria también ha sido señalada por su cambio táctico hacia operativos de bajo perfil, en contraste con las acciones públicas y de alto impacto de meses anteriores.
Sentencia de 18 años de prisión contra Isaac “N” por tráfico de personas, responsable de introducir al país a 191 personas extranjeras sin documentación legal.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 18 años de prisión contra Isaac “N”, por el delito de tráfico de personas agravado, relacionado con hechos ocurridos en diciembre de 2021 en el estado de Chihuahua, donde murieron 56 personas migrantes.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), el imputado fue hallado responsable de introducir a territorio mexicano a 191 personas extranjeras sin documentación legal, con el fin de trasladarlas de forma irregular dentro del país.
Los hechos derivaron en un accidente sobre la carretera Tuxtla–Chiapa de Corzo, en Chiapas, cuando el tráiler en el que eran transportadas las víctimas volcó. El siniestro provocó lesiones en 135 personas y la muerte de 56 migrantes.
Además de la pena de prisión, el juez impuso una multa de un millón 824 mil pesos y la suspensión de derechos civiles y políticos del sentenciado, mientras que la reparación del daño quedó reservada para la etapa de ejecución de sanciones.
El máximo tribunal de Estados Unidos mantuvo bloqueado el decreto que buscaba negar la ciudadanía automática a hijos de migrantes nacidos en territorio estadounidense, una de las medidas más controvertidas del republicano.
La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un duro golpe a la agenda migratoria de Donald Trump al rechazar los intentos de restringir la ciudadanía por nacimiento, un derecho protegido por la Constitución estadounidense desde hace más de un siglo. Con esta decisión, el máximo tribunal ratificó los fallos de instancias inferiores que habían bloqueado la orden ejecutiva impulsada por el mandatario republicano durante su segundo mandato.
La medida de Trump pretendía impedir que los hijos de personas migrantes, tanto en situación irregular como con estancias temporales, obtuvieran automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en el país. Sin embargo, los jueces concluyeron que el decreto contradecía principios constitucionales consolidados y precedentes históricos que han definido el alcance de la 14ª Enmienda.
El caso generó una intensa batalla judicial durante meses y puso a prueba una de las promesas centrales del discurso antimigrante de Trump. Incluso durante las audiencias, magistrados conservadores y liberales cuestionaron la legalidad de la orden ejecutiva, mientras el propio presidente acudió personalmente al tribunal en un hecho inusual para un mandatario en funciones.
Los tribunales inferiores ya habían considerado que la medida era probablemente inconstitucional al contradecir el histórico fallo de 1898 en el caso Wong Kim Ark, mediante el cual la Corte Suprema estableció que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Esa interpretación ha permanecido vigente durante más de un siglo y constituye uno de los pilares del sistema jurídico estadounidense.
De haberse aplicado la orden de Trump, cientos de miles de menores habrían quedado excluidos del acceso automático a la ciudadanía cada año. Estudios especializados estimaron que más de 250 mil bebés nacidos anualmente en Estados Unidos podrían haber sido afectados. Además, la medida no solo impactaba a migrantes indocumentados, sino también a estudiantes extranjeros, trabajadores temporales y personas en proceso de regularización migratoria.
La resolución representa una importante derrota política y jurídica para Trump, cuya estrategia migratoria ha enfrentado múltiples obstáculos en los tribunales. Con este fallo, la Corte Suprema reafirma que la ciudadanía por nacimiento sigue siendo un derecho constitucional protegido, cerrando la puerta —al menos por ahora— a uno de los intentos más agresivos por restringir la inmigración en Estados Unidos.
El veterano agente de Oklahoma, con casi tres décadas en las fuerzas del orden, sería el encargado de ejecutar la estrategia de deportaciones impulsada por Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación de Lance Schroyer como próximo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una de las agencias más influyentes y controvertidas del gobierno estadounidense. El nombramiento fue dado a conocer a través de la red social Truth Social y refuerza la apuesta de la administración republicana por endurecer la política migratoria.
Trump describió a Schroyer como un “patriota” con amplia experiencia operativa y destacó su trayectoria en la detención de criminales y en la aplicación de leyes migratorias. Según el mandatario, el nominado cuenta con las capacidades necesarias para “detener y deportar” a inmigrantes indocumentados vinculados con actividades delictivas, una de las principales promesas de su agenda de gobierno.
¿Quién es Lance Schroyer? Se trata de un veterano de las fuerzas del orden con más de 29 años de experiencia, exagente de la Policía Estatal de Oklahoma y exintegrante de la Infantería de Marina de Estados Unidos. Aunque gran parte de su carrera se desarrolló a nivel estatal, ha participado en operaciones conjuntas con autoridades federales de inmigración, especialmente a través del programa 287(g), mecanismo que permite la colaboración entre corporaciones locales y el ICE.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, respaldó la designación y aseguró que Schroyer proviene directamente del terreno operativo, donde encabezó acciones de gran escala para localizar y expulsar a inmigrantes en situación irregular. Además, llamó al Senado a aprobar cuanto antes su nombramiento para fortalecer las capacidades de la agencia.
La nominación cobra relevancia porque el ICE no cuenta con un director confirmado por el Senado desde 2017, por lo que durante casi una década ha operado bajo administraciones interinas. De ser ratificado, Schroyer asumiría el control de una institución clave en las políticas de detención, deportación e investigaciones relacionadas con delitos transfronterizos.
El proceso de confirmación en el Senado podría abrir un nuevo debate sobre el futuro de la política migratoria en Estados Unidos. Mientras los partidarios de Trump celebran la designación como un paso para reforzar la seguridad fronteriza, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes advierten que un endurecimiento de las acciones del ICE podría incrementar la tensión en comunidades migrantes de todo el país.
Entre las víctimas había 18 mexicanos y dos ecuatorianos, quienes permanecían en una casa de seguridad donde presuntamente eran vigilados por integrantes de una red dedicada al tráfico de personas.
Un total de 20 migrantes, entre ellos cuatro mujeres, fueron rescatados en Tijuana, Baja California, tras permanecer privados de su libertad en una presunta casa de seguridad operada por una red internacional de traficantes de personas. Las víctimas denunciaron que llevaban varios días sin acceso suficiente a alimentos mientras esperaban ser trasladadas hacia la frontera con Estados Unidos.
De acuerdo con información de autoridades estatales, el operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la colonia Nueva Tijuana, donde fueron localizados 18 migrantes mexicanos y dos ciudadanos ecuatorianos. El rescate ocurrió luego de que elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) atendieran una denuncia anónima recibida a través del número 089.
La alerta fue emitida por vecinos de la zona, quienes observaron durante varios días el ingreso constante de hombres y mujeres al inmueble ubicado sobre la calle Sebastián Arteaga. Según el reporte ciudadano, algunas de las personas lograron pedir ayuda al exterior al señalar que tenían hambre y que se encontraban retenidas contra su voluntad.
Al arribar al sitio, los agentes confirmaron la presencia de las personas en contexto de movilidad, quienes manifestaron que su intención era cruzar hacia Estados Unidos, pero que habían sido mantenidas ilegalmente dentro del inmueble bajo vigilancia de dos hombres jóvenes. Los migrantes señalaron que permanecieron varios días en condiciones precarias mientras esperaban instrucciones para continuar su trayecto hacia territorio estadounidense.
El operativo formó parte del programa Espejo, implementado en coordinación con la Patrulla Fronteriza de San Diego, en una de las zonas con mayor actividad relacionada con el tráfico de personas en la frontera norte del país. Sin embargo, pese al hallazgo de las víctimas, no se reportó la detención de presuntos integrantes de la organización criminal responsable de la retención.
Tras ser liberados, los migrantes fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana para recibir atención y rendir su declaración como víctimas del delito de tráfico de personas. El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan miles de migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos, donde frecuentemente quedan expuestos a redes criminales que lucran con su vulnerabilidad.
