Con la negativa del gobierno de Coahuila de entregar los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a las escuelas públicas, se ha iniciado una discusión sobre la definición de “libro” y su lugar en las políticas sociales.
Christian Luna, periodista, explicó al medio Reporte Índigo que si bien el gobierno de Miguel Riquelme Solis puede afirmar estar muy interesado en esta herramienta educativa, la realidad es que las bibliotecas públicas actualmente no son de su máxima prioridad.
Coahuila, junto con Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León, fue uno de los cinco estados de la nación que rechazaron los nuevos libros.
Lo anterior ocurrió luego de que el gobierno estatal interpuso un litigio constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la confusión que generó el contenido de dichos textos ante la ciudadanía en general.
Sin embargo, no se habla de cómo en seis años, cerraron 18 bibliotecas y espacios públicos culturales.
El periodista Luna señaló que, desde el comienzo del Gobierno de Riquelme, el “Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023” no mencionó a las bibliotecas públicas como una prioridad en ninguna de sus 68 páginas, lo que se vio reflejado en el “abandono evidente de los espacios públicos y en el cierre paulatino de éstos en las zonas rurales de Coahuila”.
Según datos a los que Luna accedió a través de transparencia, la entidad contaba con 140 bibliotecas operativas en 2011; después de seis años adicionales, ese número aumentó a 147, pero hasta ahora, sólo quedan 129 de ellas; siete bibliotecas cerradas se ubican en el Sureste del estado, seguidas de seis en la región Lagunera, una en la Región Central y las siete restantes en la región fronteriza.
Según Luna, desde 2017 el problema con las bibliotecas de la entidad se ha agravado ya que se han comenzado a retirar para que otras entidades puedan ocupar los espacios.
Para darle cabida al Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, la Biblioteca Pública Central de Saltillo tuvo que retirar los libros en 2017.
Señala que la Biblioteca Elsa Hernández vivió la misma situación, al verse obligada a desalojar el local para trasladar su colección al barrio Valle de las Flores al oriente de Saltillo.
El periodista también dice, que la falta de financiamiento para las bibliotecas públicas de Coahuila se contradice con la cantidad de recursos que brinda el gobierno para mejorar la reputación de la institución en los medios.
Según información de su cuenta pública, el gobierno del estado dedica actualmente más de 2 millones de pesos diarios a promover la reputación del Gobierno y sus logros.
El portal Border Hub, proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, ha publicado una investigación en la que deja ver cómo el gobierno de Coahuila, encabezado por Miguel Riquelme Solís realizó convenios con Grupo Orlegi, cuyo presidente es el empresario Alejandro Carlos Irarragorri Gutiérrez, considerado uno de los personajes más influyentes del fútbol mexicano, al ser propietario de los clubes Santos Laguna y el Atlas de Guadalajara, ambos de primera división.
Fue a través de una solicitud de transparencia que se ha dado a conocer que a través de un contrato con razón social Club Santos Laguna S.A de C.V. se acordaron la entrega de recursos y beneficios fiscales para el club, que pasó a manos de Irarragori en 2013.
“Derivado de la relación de asistencia mutua que une a “El Municipio” con “las empresas”, a lo largo de los años y hasta el día de hoy, “Las Partes” se han empeñado en unir sus esfuerzos y brindarse apoyo recíproco para alcanzar un objetivo común: el desarrollo y crecimiento social, económico, deportivo y cultural de la sociedad torreonense”, se lee en el primer contrato expuesto.
Vía BorderHub
Este primer contrato deja ver que en 2021se incluyeron convenios previamente pactados desde el 2011, que beneficiaron a las razones sociales Club Santos Laguna S.A de C.V, Territorio Santos Modelo S.A de C.V y Promotora Cultural y Deportiva de La Laguna S.A de C.V, para que tanto el estado como el municipio de torreón les condonara el 100 por ciento de los seis distintos tipos de impuestos y derechos estatales, como lo son el impuesto predial, el Impuesto Sobre Nómina, el derecho por concepto de vigilancia, el impuesto estatal y municipal sobre diversiones y espectáculos públicos, así como los derechos de expedición y/o refrendo anual de licencias de anuncios espectaculares.
Por su parte Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, asegura que tales beneficios fiscales se deben a que forma parte de una estrategia para la prevención del delito:“Siempre el apoyo al deporte tiene que ver con un tema de seguridad y obviamente un equipo que representa no solamente a Torreón, sino a toda la Comarca Lagunera y a Coahuila“, respondió el edil al ser entrevistado para el reportaje.
Gracias a la tabulación de datos de pago de predial en la zona, se ha determinado que tan solo en el año 2022, Santos Laguna evitó pagar a las arcas públicas del estado la cantidad de 14 millones 495 mil 290 pesos, por un terreno que vale poco más de 289 millones de pesos.
Vía BorderHub
Por si fuera poco, en 2016 el ayuntamiento de Torreón pagó 51 millones 737 mil 430 pesos en plazo de un año al Club Santos Luguna por adeudos que se tenían con el club deportivo, esto al inicio de la administración de Miguel Riquelme como alcalde.
Por el dinero establecido, según un convenio modificatorio del contrato, celebrado el 3 de enero de 2014 entre el municipio y Santos Laguna S.A de C.V, la institución deportiva se comprometió con el municipio a transmitir por televisión abierta todos los juegos de local del equipo, participación del equipo en programas sociales del ayuntamiento, presencia de imagen del municipio en anuncio LED de cinco por ocho metros en el estadio, 700 boletos en la zona de cabecera para cada uno de los partidos de la fase regular de la Liga Mx y 500 boletos de zona cabecera para los partidos que no sean de la LIGA MX, tales como Copa MX, Copa Libertadores, Concachampions, entre otros, detalla la investigación.
La mencionada cantidad de 51.7 millones de pesos equivale al 54 por ciento del recurso que destinó el Gobierno de Coahuila en 2023 al fomento del deporte, que es de 101 millones 067 mil 159 pesos e incluso durante la administración de Riquelme como alcalde, se creó un anuncio institucional en donde el ahora gobernador externó su apoyo al club privado.
A cambio de tan grandes cantidades de dinero, Santos laguna se comprometió con Riquelme a entregar al municipio de Torreón 100 boletos de la fase regular, 200 pases para encuentros de la liga femenil. actividades de voluntariado con jugadores, 10 visitas guiadas para grupos vulnerables, 10 boletos en zonas de discapacidad y firmas de autógrafos entre otros.
Aunque no se puede conocer con precisión cuánto dinero ha dejado de pagar el Club Santos al menos, desde 2014 hasta le fecha, el costo de una licencia de alcoholes, de acuerdo con el tabulador más reciente del Ayuntamiento de Torreón, que data del presente año y consultado en la página oficial del municipio, es de 376 mil 945 pesos, mientras que el pago por un anuncio espectacular que mida entre seis y 15 metros cuadrados, es de 100.73 pesos por metro, de acuerdo con el propio municipio, se puntualiza.
Los acuerdos de Torreón con el Club Santos Laguna establecen que se proponía generar sinergias para promover el desarrollo sociales y humano que condujera a la prosperidad de las comunidades, sin embargo no hay datos ni evidencias de que esto se haya llevado a cabo tal y como se justificó.
Vía BorderHub
Autoridades negaron dar respuesta ante las investigaciones presentadas
BorderHub publica que pese a las diversas solicitudes de transparencia, autoridades de Coahuila han negado dar respuesta sobre los contratos y convenios con Grupo Orlegi y el gobierno estatal, las cuales por ley deberían ser públicas.
Vía BorderHub
“En principio de cuentas el autor de esta investigación solicitó, paralelamente a la Secretaría de Finanzas y a la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Coahuila todos los contratos convenidos entre las empresas ligadas a Grupo Orlegi y la administración estatal desde el 2017 a la fecha por el concepto de servicios publicitarios y la presencia de marca que tiene la entidad en el Estadio Corona. Y aunque la presencia publicitaria estuvo hasta este último torneo, en el clausura 2023, la Coordinación de Comunicación Social únicamente facilitó un contrato que se convino en 2018, así como una relación de pagos de marzo de 2017 al agosto de 2022”, se lee en la publicación.
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a prestar servicios profesionales consistentes en un paquete de servicios publicitarios en diversos espacios de su propiedad durante cada uno de los encuentros que el equipo de futbol Santos Laguna dispute como local dentro de su participación en la fase regular y fase final de la Liga MX y Copa MX, para la difusión de las obras, acciones y programas de EL GOBIERNO DEL ESTADO”, detalla el acuerdo que formó Fernando Simón Gutiérrez, coordinador general de Comunicación del Gobierno del Estado de Coahuila y José Alfredo Jiménez Tejeda, apoderado legal de Santos Laguna S.A de C.V.
Finalmente el documento se encontró gracias a una búsqueda avanzada en Google y posteriormente autoridades estatales también los hicieron públicos, pero se negaron a mencionar la existencia de la información luego de una nueva solicitud de transparencia.
El último contrato que las autoridades se dignaron a entregar no contiene cifras que pagó el gobierno de Coahuila al Club Santos Laguna S.A de C.V a cambio de la presencia publicitaria en una de las cabeceras, en las vallas electrónicas a nivel de cancha y con dos spots que se transmiten continuamente en las pantallas del complejo deportivo.
En total, por un periodo comprendido entre febrero y diciembre de 2018, pagaron 5 millones 305 mil 260 pesos, por el espacio publicitario en la valla fija central, cifra que equivale al 14.94 por ciento del recurso que se destinó aquel año como parte de los compromisos plurianuales para fomentar el deporte, de acuerdo con el presupuesto de egresos, es decir, 35 millones 500 mil pesos.
Vía: BorderHub
Otra solicitud de transparencia solicitada deja ver que el Ayuntamiento de Torreón, desde el 22 de marzo de 2017 al 16 de agosto de 2022, en favor de las razones sociales Grupo Inmobiliario Orlegi S.A de C.V, Santos Laguna S.A de C.V e Inmobiliaria Orlegi S.A de C.V por un total de 18 millones 634 mil 206.50 pesos por contratos convenidos entre el municipio y las razones sociales para tener presencia publicitaria en los partidos.
Tan solo en los últimos cinco años, el municipio de Torreón ha entregado a Grupo Orlegi más de 70 millones 371 mil 636.5 pesos, sin embargo esta cifra es un aproximado y se obtiene con la información a la que se ha logrado acceder por diversas vías, sin que sepa la cantidad exacta y que ocultan las autoridades.
Territorio Santos Modelo está en litigio y serían de un hombre de la tercera edad
La investigación también deja ver que de las hectáreas de las 23 hectáreas del Territorio Santos Modelo, por lo menos 2.44 están en litigio, según ha señalado desde el 2020 el abogado Alfredo Ochoa que asegura que parte de la tribuna y el estacionamiento con propiedad de un adulto mayor invidente y su familia.
“Esas parcelas pertenecían al señor Juan Nava. Juan Nava era un ejidatario del ejido Paso del Águila, en Torreón y como ejidatario tenía las parcelas que le correspondían, las cuales sus hijos trabajaban, él no las podía trabajar porque tenía varias décadas de ser invidente, una ceguera total”.
Desde 2007 la familia Nava comenzó un juicio de nulidad para que les regresaran sus parcelas. Este pleito continuó por años y tuvo una resolución hasta 2019, pocos meses antes de la pandemia y pocos meses antes de la muerte de Juan Nava.
“En el 2019 se emite un fallo por parte del Tribunal Agrario con sede en Torreón, en donde condenan a Grupo Orlegi a la nulidad absoluta de ese contrato, el cual, no se necesitaba ser jurista, estaba viciado a todas luces porque en el contrato en el que Juan Nava cedía sus parcelas, se asentaba que él lo había leído y que lo firmaba en puño y letra, pero Juan Nava no pudo haber leído el contrato porque estaba ciego”.
Al momento, los hijos de Juan Nava, que falleció a la edad de 89 años en 2022 siguen peleando el terreno que por derecho les corresponde y del que fueron despojados por el Grupo Orlegi.
Este domingo 4 de junio el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, reportó la desaparición de Rubén Flores, presidente del Comité Ejecutivo de Morena en Zacatecas, quien estaba haciendo labores de monitoreo electoral en Coahuila.
Mediante una conferencia de prensa en el municipio de Toluca, el líder de Morena denunció que Flores fue levantado junto con otros morenistas en Saltillo, acumulando un total de 27 personas desaparecidas.
“Nuestros abogados en Coahuila han presentado un amparo por la desaparición de estas 27 personas. Es lamentable lo que está ocurriendo”, dijo. Es una muestra de cómo está operando el Gobierno corrupto de Riquelme”.
Asimismo, Mario Delgado agregó que la Fiscalía de Coahuila no les ha brindado información oficial sobre el caso desde ayer, ante esto es que se les considera desaparecidas. El dirigente partidista precisó que en la entidad existe una operación sistemática de la policía “hostigando y haciendo levantones”.
Sobre la detención del Alcalde morenista Iván Guadalupe López Colín, quien habría sido detenido por transportar propaganda de la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, opinó que “a estas alturas de la elección todos sabemos que no tiene caso distribuir propaganda, es la idea de tratar de manchar la elección”.
“Exigimos que Riquelme saque las manos de la elección y nos regresen con vida a nuestros compañeros”, pidió en conferencia de prensa.
“Se trata de desapariciones forzadas, incomunicaciones ministeriales, judiciales, así como detenciones ilegales. Hasta este momento la lista es de 27 personas, tan sólo 15 de ellas fueron detenidas hoy a medio día en Piedras Negras. Todas estas detenciones fueron sin orden de aprehensión, sin orden de comparecencia”, denunció Diego del Bosque, dirigente de Morena en Coahuila.
Al frente del gobierno de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles dejó pendiente de comprobar 13 mil 679 millones de pesos del erario nacional en 2021.
Informes de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación revelaron que otro gobierno que omitió presentar comprobantes del gasto federalizado fue el de Durango: en 2021, la gestión del panista José Rosas Aispuro dejó sin aclarar 8 mil 20 millones de pesos
Con 1 mil 668 auditorías, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio cuenta de los resultados de la fiscalización correspondiente al ejercicio 2021 sobre gasto federalizado y su impacto económico sobre las finanzas públicas del país. Esto arrojó una cifra multimillonaria de 52 mil 211 millones 900 mil pesos que debe ser aclarada por gobiernos estatales, municipales, organismos públicos descentralizados locales, etc.
De ese gasto sin aclarar que rebasa los 52 mil millones de pesos, el 80 por ciento corresponde a gobiernos estatales, los cuales son responsables de despilfarrar recursos públicos sin comprobar, por lo que el amplio informe de la ASF, órgano dependiente del Congreso de la Unión, les demanda explicar el gasto y destino de 40 mil 968 millones de pesos.
De las entidades más opacas y corruptas destaca Michoacán: durante el último año de gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo (2021) –quien además tiene investigaciones federales y locales por corrupción, desvío de recursos públicos, asociación delictiva y hasta lavado de dinero–dejó de comprobar 13 mil 679 millones de pesos sólo en un año, que corresponde al 31.5 por ciento del total de aclaraciones que tienen que hacer las 32 entidades federativas de la República.
El segundo con mayores problemas de comprobación del gasto federalizado fue Durango, durante la gestión del panista José Rosas Aispuro, quien en 2021 dejó sin aclarar 8 mil 20 millones de pesos, que representa el 18.5 por ciento del total de aclaraciones que demanda la ASF a los estados.
Es decir, sólo esos dos gobiernos estatales, el del michoacano Silvano Aureoles y el duranguense Rosas Aispuro no pudieron comprobar 21 mil 699 millones de pesos en 2021, pero si se suman los otros cinco años de gobierno de cada uno de los dos exmandatarios estatales, las cifras sin aclarar rebasarían los 100 mil millones de pesos.
Michoacán y Durango concentran entonces el 50 por ciento del gasto federalizado no aclarado de todos los estados del país, por lo que se abre la inquietud para conocer el monto total que pudo ser desviado en los gobiernos de Silvano Aureoles y Rosas Aispuro, además de la exigencia de que se les abran las investigaciones penales respetivas.
Otro estado con problemas de aclaraciones a la fiscalización de la Auditoría Superior es Coahuila, gobernado por el priísta, quien del gasto del presupuesto federal correspondiente a 2021 debe aclarar el destino de 2 mil 510 millones 900 mil pesos, equivalentes al 7.8 por ciento de todo el gasto que falta por comprobar en las entidades publicas.
Otros estados con aclaraciones pendientes del gasto federalizado correspondiente al ejercicio de 2021 son, en orden progresivo, Nayarit con un monto de 2 mil 119 millones 900 mil pesos en el último año de gobierno correspondiente al panista Antonio Echevarría García; Nuevo León, gobernado en ese año por el priísta Jaime Rodríguez Calderón, alías el Bronco, quien además de que estuvo preso por supuestos desvíos de recursos públicos, le faltó aclarar 1 mil 881 millones 400 mil pesos.
En la lista de los 32 estados, Baja California Sur ocupa el séptimo lugar: debe aclarar el gasto de 1 mil 791 millones 700 mil pesos correspondientes al último año de ejercicio del panista Carlos Mendoza Davis; la octava posición fue para Colima, gobernado hasta 2021 por el priista José Ignacio Peralta, quien dejó la administración del estado sin aclarar el destino de 1 mil 618 millones 100 mil pesos.
