Etiqueta: Minería

  • Panamá en riesgo ecológico; Mulino entrega minas a Canadá

    Panamá en riesgo ecológico; Mulino entrega minas a Canadá

    El presidente panameño José Raúl Mulino abrió la puerta a negociar con la minera canadiense First Quantum Minerals para reactivar Cobre Panamá, una decisión que despierta críticas por el riesgo de privilegiar los intereses empresariales sobre la voluntad ciudadana y las demandas ambientales de quienes consiguieron el cierre de la mina mediante protestas.

    El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el inicio de conversaciones con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para explorar la posible reactivación de la mina Cobre Panamá, clausurada desde noviembre de 2023. El proyecto quedó suspendido después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional el contrato de concesión, en medio de multitudinarias protestas contra la explotación minera.

    Aunque Mulino asegura que cualquier acuerdo deberá garantizar beneficios económicos para el país, protección ambiental y respeto a la Constitución, su decisión abre nuevamente la puerta a una empresa cuya concesión fue invalidada por la justicia. El discurso de defender los intereses nacionales resulta cuestionable cuando el gobierno vuelve a sentarse a negociar con la compañía que estuvo en el centro de una de las mayores movilizaciones sociales de Panamá.

    La mina representaba más del 4% del PIB panameño y alrededor de 7 mil empleos directos, pero su cierre también desencadenó arbitrajes internacionales por 27 mil millones de dólares contra el Estado. Ahora, el mandatario pretende que las negociaciones incluyan la conclusión de esos procesos y un plan de cierre ordenado, aunque el propio planteamiento de una posible reactivación genera incertidumbre sobre el destino definitivo del proyecto.

    El problema de fondo es que Mulino parece dispuesto a reabrir una discusión que la ciudadanía ya llevó a las calles y que terminó con una resolución judicial contra la concesión. En lugar de respaldar con claridad a quienes se manifestaron para defender el territorio y el medio ambiente, el gobierno vuelve a colocar a la empresa minera en la mesa de negociación. La promesa de obtener mayores beneficios para Panamá no elimina las dudas sobre un posible retroceso frente a las exigencias sociales que provocaron el cierre.

  • Magnate señalado por ecocidio financia campaña de María Elvira Salazar, amiga de Alito en EUA

    Magnate señalado por ecocidio financia campaña de María Elvira Salazar, amiga de Alito en EUA

    El empresario hondureño Lenir Pérez aportó más de 112 mil dólares a comités vinculados con la congresista republicana, mientras enfrenta acusaciones por la explotación de un parque nacional protegido.

    El magnate industrial Lenir Pérez, señalado por presuntos delitos ambientales en Honduras, se convirtió en el principal donante de la campaña de reelección de María Elvira Salazar, congresista republicana por Miami, de acuerdo con una investigación publicada por The Miami Herald.

    Pérez es acusado de supervisar la explotación ilegal de recursos minerales y forestales en el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, al norte de Honduras, donde opera el proyecto minero Los Pinares. Desde hace más de una década, comunidades locales y organizaciones ambientalistas denuncian los impactos de la extracción de óxido de hierro a cielo abierto y cuestionan los permisos otorgados para la actividad. El empresario sostiene su inocencia.

    Los registros de financiamiento electoral muestran que Pérez entregó este año 105 mil dólares a comités políticos vinculados con Salazar, además de otros 7 mil dólares directamente a su comité de candidatura el 5 de mayo. Ese mismo día, aportó 88 mil dólares al Comité Nacional Republicano del Congreso. La investigación también documentó que el empresario presumió haber recibido a la legisladora en su finca ecuestre de Wellington, Florida, valuada en 10 millones de dólares y registrada por el FBI en 2023.

    El caso adquiere mayor relevancia por la violencia contra opositores al proyecto minero: desde 2019, al menos cinco activistas ambientales y un líder católico defensor de los derechos humanos fueron asesinados a tiros. En 2024, el Congreso hondureño aprobó un decreto para revertir medidas que permitían la actividad minera en el parque, aunque organizaciones ambientalistas temen que la legislación no se aplique efectivamente.

    Salazar, quien preside el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, también ha intervenido en asuntos políticos de Honduras. Sin embargo, no respondió a las preguntas del Miami Herald sobre sus conversaciones con Pérez y otros asistentes a la reunión en su propiedad. El empresario y Tomás Zambrano, presidente del Congreso hondureño, tampoco aclararon qué temas abordaron ni las razones de las aportaciones económicas. Salazar enfrenta una contienda electoral competida contra el demócrata Eliott Rodriguez por el distrito 27 de Florida.

  • Derecha brasileña busca abrir tierras indígenas de la Amazonía a la minería

    Derecha brasileña busca abrir tierras indígenas de la Amazonía a la minería

    Organizaciones indígenas y ambientalistas alertan que el nuevo equilibrio legislativo podría facilitar la minería en territorios indígenas y debilitar las leyes que protegen los bosques.

    Las elecciones legislativas de Brasil encendieron las alertas entre organizaciones indígenas y ambientalistas por el avance de fuerzas de derecha y extrema derecha en el Congreso, ante el riesgo de que impulsen cambios que afecten la protección de la Amazonía y los derechos de los pueblos originarios.

    El Partido Liberal (PL), ligado al expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo cerca de un tercio de los escaños del Senado y casi una cuarta parte de la Cámara de Diputados, convirtiéndose en la fuerza con mayor representación en ambas cámaras. Este nuevo escenario podría favorecer iniciativas para ampliar actividades como la minería en tierras indígenas, independientemente de quién gane la segunda vuelta presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, el 25 de octubre.

    La preocupación no se limita al partido bolsonarista. Legisladores de otras fuerzas también han respaldado la minería en la Amazonía o cuestionado operativos de fiscalización ambiental. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) advirtió que el país tendrá un Congreso con mayor presión contra los derechos indígenas.

    La importancia de estos territorios va más allá de sus habitantes. Son una especie de escudo natural contra la deforestación: un análisis de MapBiomas encontró que las tierras indígenas perdieron apenas 1 por ciento de su vegetación nativa en tres décadas, frente a 20 por ciento en tierras privadas. Sin embargo, la minería de oro se expandió casi siete veces entre 2016 y 2024, aumentando también la contaminación por mercurio.

    En Brasil, cualquier actividad minera en territorios indígenas requiere aprobación del Congreso y consulta con las comunidades. El próximo Legislativo, que asumirá en febrero de 2027, deberá discutir una regulación sobre el tema por orden del Supremo Tribunal Federal. Aunque el gobierno de Lula ha reducido la deforestación amazónica y combatido la minería ilegal, organizaciones indígenas consideran que aún existen pendientes en materia de protección territorial.

  • Burkina Faso apuesta por su soberanía económica con nueva refinería de oro

    Burkina Faso apuesta por su soberanía económica con nueva refinería de oro

    La RAFFINOR-BF tendrá capacidad inicial para procesar 164 toneladas de oro al año y podría alcanzar 515 toneladas en una segunda etapa, con el objetivo de que la riqueza minera permanezca en el país.

    Burkina Faso dio un paso hacia una mayor soberanía económica y minera con la inauguración de su primera refinería nacional de oro, RAFFINOR-BF, en Uagadugú. La infraestructura fue construida con una inversión superior a 11 mil millones de francos CFA, unos 19 millones de dólares, y busca reducir la dependencia de empresas y mercados extranjeros para procesar uno de los principales recursos del país.

    La planta cuenta inicialmente con capacidad para refinar 164 toneladas de oro anuales, mientras que el Gobierno contempla elevarla hasta 515 toneladas en una segunda fase. La construcción comenzó en 2023 y fue financiada principalmente con recursos del Estado y participación del sector privado nacional, una apuesta por mantener dentro de Burkina Faso una mayor parte del valor generado por su riqueza mineral.

    Durante la inauguración, el presidente de transición Ibrahim Traoré destacó que el objetivo ya no es limitarse a extraer materias primas para enviarlas al extranjero. “Queremos refinar todos nuestros metales localmente”, afirmó, al plantear una transformación del modelo extractivo para que la cadena de valor se desarrolle dentro del territorio nacional.

    Burkina Faso produjo más de 94 toneladas de oro en 2025, de acuerdo con datos del Consejo Mundial del Oro, por lo que la nueva infraestructura representa una pieza estratégica para aumentar los ingresos derivados de este recurso. El Gobierno también busca fortalecer la supervisión de la minería informal y combatir el contrabando de oro, una actividad que ha provocado que parte de la producción salga del país sin generar todos los beneficios económicos correspondientes.

    La apuesta de Uagadugú va más allá de construir una planta: busca recuperar soberanía sobre sus recursos naturales y dejar atrás el esquema en el que África extrae materias primas mientras otros países concentran su transformación y buena parte de las ganancias. Con RAFFINOR-BF, Burkina Faso pretende que el oro se produzca, refine y genere mayor valor dentro del propio país, mientras proyecta ampliar el procesamiento de otros minerales como manganeso, cobre y zinc.

  • Veracruz se consolida como quinto lugar nacional en crecimiento industrial

    Veracruz se consolida como quinto lugar nacional en crecimiento industrial

    Minería, energía y manufactura impulsan un avance de 6.8% en la entidad durante mayo.

    Fuente: Coordinación General de Comunicación Social del Estado. Este contenido no fue elaborado por la redacción de Los Reporteros MX.

    El estado de Veracruz alcanzó un crecimiento anual de 6.8% en su actividad industrial durante mayo, según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa del INEGI. Esta cifra colocó a la entidad en el quinto lugar nacional del sector.

    El resultado refuerza la trayectoria positiva que mantiene Veracruz en inversión y desarrollo industrial. La entidad continúa fortaleciendo su papel como pieza clave para la producción, la logística y la creación de nuevas cadenas de valor en el país.

    La minería lideró el crecimiento con un incremento anual de 27.2%, convirtiéndose en el sector más dinámico dentro del desempeño industrial veracruzano. Este avance marcó una diferencia notable frente a otros rubros productivos de la entidad.

    El sector de energía eléctrica, agua y gas también mostró un comportamiento favorable. Registró un aumento anual de 8.8%, cifra que contrasta con la caída de 0.9% que enfrentó este mismo sector a nivel nacional.

    Las industrias manufactureras aportaron un crecimiento anual de 2.7%, resultado que ubicó a Veracruz como la sexta entidad con mejor desempeño en este rubro. El dato cobra relevancia porque, en el ámbito nacional, la manufactura cayó 1.4% en el mismo periodo.

    La construcción fue el único sector con números negativos en la entidad, con una variación anual de -0.7%. Aun así, esta cifra se mantuvo cercana al promedio nacional, que fue de -0.5%.

    Estos indicadores reflejan que Veracruz cuenta con una base industrial diversa. La entidad ha logrado sostener tasas de crecimiento positivas pese a un contexto económico nacional complicado.

    La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García, trabaja en una estrategia orientada a fortalecer las capacidades productivas locales. El plan busca atraer nuevas inversiones y generar empleos que beneficien directamente a las familias veracruzanas.

  • De la Espriella elimina las APPA y de la nada “aparecen incendios forestales” 

    De la Espriella elimina las APPA y de la nada “aparecen incendios forestales” 

    En Colombia, el gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó derogar las resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), para proteger territorios frente a actividades como la minería y la expansión urbana. Y, prácticamente de la nada, comenzaron a aparecer incendios forestales en distintos municipios del Tolima, varios de ellos en zonas que coinciden con territorios con intereses mineros.

    Las APPA no son una “ley” que haya desaparecido de un plumazo, sino una figura creada en 2023 mediante el artículo 32 de la Ley 2294, que para mayo de 2026 protegía más de 864 mil hectáreas en 48 municipios. Apenas llegó al poder, De la Espriella instruyó a su ministro de Agricultura para derogar las resoluciones que las establecieron, bajo el argumento de eliminar restricciones al uso productivo de la tierra y recuperar la confianza de productores e inversionistas. El problema es que hasta su propia cartera advirtió que la medida podría significar un retroceso en el derecho humano a la alimentación y en la protección de los derechos campesinos.

    La decisión adquiere una dimensión todavía más delicada ante los incendios forestales registrados en municipios del Tolima como Alvarado, Villahermosa, Rovira, Chaparral y Coyaima. El gobierno los atribuye a disidencias de las FARC y redes de minería ilegal que buscarían generar caos, pero el senador Kevin Gómez Paz sostiene otra hipótesis: denunció que varios de los terrenos afectados coincidirían con zonas APPA, Zonas de Reserva Campesina y predios con solicitudes de títulos mineros. En el departamento existen, según su denuncia, 655 solicitudes mineras que abarcan unas 767 mil hectáreas, además de otras 374 mil hectáreas bajo interés relacionado con el fracking.

    La acusación más grave es que el fuego podría terminar convirtiéndose en una herramienta de despojo: incendiar tierras protegidas, modificar las condiciones del suelo y posteriormente abrirlas a otros intereses económicos. Gómez Paz pidió congelar la entrega de títulos mineros sobre los predios incendiados, mientras análisis que han cruzado información oficial de minería, imágenes satelitales de la NASA y cobertura terrestre han encontrado coincidencias geográficas entre áreas bajo presión extractiva y zonas donde se detectaron anomalías térmicas. El gobierno de De la Espriella debería responder con absoluta transparencia, especialmente después de haber decidido desmontar las protecciones territoriales.

    Si el gobierno elimina las barreras que protegían tierras agrícolas y, al mismo tiempo, aparecen incendios en territorios sometidos a presión minera, lo mínimo exigible es una investigación antes de permitir que esos terrenos terminen convertidos en mercancía. No basta con invocar “inversión” y “productividad” mientras se debilitan mecanismos destinados a garantizar la producción de alimentos y proteger al campesinado. 

  • Deslizamiento en mina de oro ilegal deja al menos 100 muertos en República Centroafricana

    Deslizamiento en mina de oro ilegal deja al menos 100 muertos en República Centroafricana

    Un deslizamiento de tierra en una mina de oro ilegal en República Centroafricana dejó al menos 100 personas muertas, cerca de la frontera con Camerún. Las labores de búsqueda continúan, mientras autoridades advierten que la cifra de víctimas podría aumentar.

    Un deslizamiento de tierra ocurrido en una explotación minera artesanal de oro dejó al menos 100 muertos en la República Centroafricana, cerca de la frontera con Camerún, informaron autoridades locales. El accidente ocurrió el martes en la mina de Zamboyé, ubicada a unos 50 kilómetros de Baboua, y los equipos de rescate continúan buscando posibles sobrevivientes y víctimas entre los escombros.

    Souleymane Bi, vicealcalde de Zamboyé, señaló que la cifra de fallecidos es preliminar y podría aumentar conforme avancen las labores de búsqueda. Al menos cuatro de las víctimas eran ciudadanos cameruneses, mientras que un número indeterminado de heridos fue trasladado a Bouar para recibir atención médica.

    Las autoridades atribuyeron el accidente al colapso de varios túneles subterráneos utilizados por los mineros y señalaron que el derrumbe era previsible debido a las condiciones en las que operaba la explotación. El fiscal de Baboua anunció la apertura de una investigación judicial, mientras el gobierno expresó su respaldo a las familias afectadas y a las labores de rescate.

    Los accidentes de este tipo son recurrentes en la República Centroafricana debido a la proliferación de explotaciones mineras ilegales que operan sin medidas adecuadas de seguridad. En junio pasado, otro derrumbe en una mina de oro de Be Mbari, también cercana a la frontera con Camerún, dejó varias decenas de personas muertas, evidenciando los riesgos que enfrentan quienes trabajan en estas actividades.

  • Investigación exhibe vínculos de Trump con millonario proyecto minero financiado por EUA

    Investigación exhibe vínculos de Trump con millonario proyecto minero financiado por EUA

    Una investigación The New York Times reveló que familiares de Donald Trump y del secretario de Comercio, Howard Lutnick, obtuvieron beneficios en un proyecto de extracción de tungsteno en Kazajistán, mientras el gobierno de EUA impulsaba apoyo financiero y político para concretar la inversión.

    Una investigación de The New York Times reveló que el presidente de EUA, Donald Trump, participó directamente en una llamada con el presidente de Kazajistán para respaldar un acuerdo que otorgó a la empresa estadounidense Kaz Resources acceso a una de las mayores reservas de tungsteno sin explotar del mundo. Este mineral es considerado estratégico para la fabricación de ojivas de misiles, aviones de combate, semiconductores y otros equipos esenciales para la industria y la defensa estadounidense.

    Antes de concretarse el acuerdo, el gobierno de Trump aprobó solicitudes preliminares de hasta mil 600 millones de dólares en financiamiento federal para el proyecto. Semanas después, inversionistas de Dominari Securities, firma con sede en la Torre Trump y copropiedad de Donald Trump Jr. y Eric Trump, adquirieron una participación del 20% en una entidad vinculada al desarrollo minero en Kazajistán.

    La investigación también señala que Cantor Fitzgerald, empresa controlada por la familia del secretario de Comercio, Howard Lutnick, colaboró para recaudar 210 millones de dólares destinados a otra entidad relacionada con el mismo proyecto. Este tipo de operaciones suele generar millonarias comisiones para las firmas financieras involucradas.

    El reportaje sostiene que este caso no es aislado, ya que las familias Trump y Lutnick mantienen vínculos financieros con al menos 14 empresas que participan en proyectos mineros estratégicos respaldados por el gobierno federal. De acuerdo con la investigación, estas compañías han recibido apoyo financiero o mantienen solicitudes de autorización ante el Departamento de Comercio por un monto conjunto que supera los 8 mil 900 millones de dólares, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en la actual administración.

  • SAT exhibe brecha fiscal: grandes bancos, mineras y maquilas pagan hasta cinco veces menos impuestos

    SAT exhibe brecha fiscal: grandes bancos, mineras y maquilas pagan hasta cinco veces menos impuestos

    El fisco reveló que los grandes contribuyentes reportan tasas efectivas muy por debajo del ISR del 30%, y llamó a la autocorrección para cerrar la evasión legal.

    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer su listado de tasas efectivas de impuestos pagadas por grandes contribuyentes en 2022 y 2023, y el resultado exhibe una amplia brecha fiscal: bancos, aseguradoras, mineras, maquiladoras y comercios pagan hasta cinco veces menos que la tasa general del Impuesto Sobre la Renta (ISR), fijada en 30%.

    En el sector financiero, los grandes contribuyentes enteraron 5.78% en 2022 y 6.32% en 2023, apenas una quinta parte de lo que marca la ley. El SAT recordó que este ejercicio —vigente desde el sexenio pasado— busca incentivar la autocorrección entre empresas con ingresos anuales superiores a mil 500 millones de pesos, con base en declaraciones, dictámenes, CFDI y pedimentos.

    El reporte también revela tasas particularmente bajas en el comercio. En el mayoreo, el promedio fue de 4.17% en 2022 y 4.90% en 2023; mientras que en el menudeo cayó a 2.33% y 2.61%, respectivamente. En industrias manufactureras —de autopartes a farmacéutica— las tasas fueron 4.14% y 4.35%.

    La minería fue el sector con mayor carga relativa, aunque aún distante del ISR: 8.24% en 2022 y 9.24% en 2023. Incluso el subsector que más aportó —cobre y níquel— alcanzó 11.90% y 11.19%, casi un tercio de la tasa general.

    El subsector con menor pago fue la venta de vehículos nuevos: las agencias de autos de menos de 150 mil pesos reportaron 1.6% en 2022 y 2.52% en 2023; para unidades de mayor precio, 1.68% y 1.77%. Pese a ello, Guillermo Rosales Zárate, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), acusó auditorías injustificadas y exacerbadas.

    El SAT subrayó que la publicación de estas tasas mínimas —finanzas, comercio, manufactura y minería— busca cerrar espacios de elusión y elevar la recaudación sin aumentar impuestos.

    Con información de Dora Villanueva para La Jornada.

  • México recupera 1,126 concesiones mineras y fortalece su soberanía sobre recursos estratégicos

    México recupera 1,126 concesiones mineras y fortalece su soberanía sobre recursos estratégicos

    La recuperación de 1,126 concesiones mineras marca un paso firme hacia el control nacional de recursos clave. La medida frena la especulación privada, protege territorios y refuerza la soberanía económica.

    La decisión del gobierno federal de cancelar y recuperar 1,126 concesiones mineras representa una señal clara: el subsuelo mexicano no puede permanecer en manos de la especulación. Muchas de estas concesiones no registraban actividad productiva o incumplían obligaciones legales, mientras mantenían bajo control privado territorios estratégicos, incluso en zonas ambientalmente sensibles.

    Con esta medida, el Estado retoma capacidad de decisión sobre minerales fundamentales para el desarrollo industrial y tecnológico. En un escenario internacional donde potencias como EUA y China compiten por litio, cobre y tierras raras, fortalecer el control nacional no solo es una acción administrativa, sino una estrategia de soberanía económica y energética.

    Además, la recuperación de estas áreas abre la posibilidad de impulsar proyectos con mayor regulación ambiental, participación social y beneficios directos para las comunidades. La redefinición del modelo minero puede traducirse en desarrollo regional con reglas más claras y menor margen para abusos históricos.

    En un país donde durante décadas las concesiones se otorgaron de forma amplia y permisiva, la decisión envía un mensaje contundente: los recursos estratégicos deben servir al interés público y al bienestar nacional.