La Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para su última sesión bajo la presidencia de Norma Piña, donde el próximo 12 de agosto se debatirá un tema clave: la posible eliminación o limitación de la prisión preventiva oficiosa, una figura que ha sido fuertemente cuestionada por organismos nacionales e internacionales.
De acuerdo con una investigación de La Silla Rota, los proyectos 20 y 21, de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Ana Margarita Ríos Farjat, proponen declarar inconstitucional la ampliación de delitos con prisión automática aprobada en 2021. El argumento central es que contraviene los derechos humanos y normaliza una medida extrema, afectando la presunción de inocencia.
Además, uno de los proyectos responde directamente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “García Rodríguez y otro vs. México”, que considera esta figura contraria a estándares internacionales. La propuesta implica que el Poder Judicial de la Federación debe acatar dicho fallo.
Actualmente, el artículo 19 constitucional establece la prisión preventiva oficiosa para delitos graves como delincuencia organizada, feminicidio, robo violento y corrupción, entre otros. Tras la reforma de 2021, se ampliaron a 45 delitos, decisión hoy en tela de juicio por su impacto en la justicia penal.
La discusión se dará en un contexto de cierre institucional: el 31 de agosto concluye el periodo de la actual Corte. La nueva integración será presidida por Hugo Aguilar, e incluirá a figuras como María Estela Ríos, Irving Espinosa y Sara Irene Herrerías, junto con las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes permanecen.
