El pasado fin de semana, Isaac de la Paz González, profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California y aspirante a contender el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) por parte del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo (CEPE), compartió en su cuenta de X (hoy Twitter), una nota de la Jornada sobre el aplazo a la discusión del proyecto que pondría punto final al conflicto entre las suspensiones de amparos de jueces de distrito y las sentencias de magistrados electorales respecto a la elección judicial que se llevara el cabo el próximo 1° de junio de este año. Respondí a esta publicación que “ansiaba verlo próximamente ejerciendo ese cargo tan delicado, del cual se necesitaba de un buen criterio jurídico”. Lo que no esperaba, era una respuesta inmediata por parte del Dr. De la Paz, “Es de mucha responsabilidad y -sobre todo- de profundo estudio constitucional. Un alto tribunal no está para caprichos y admisiones NOTORIAMENTE improcedentes” así lo argumento en su respuesta en la red social por parte del profesor-investigador.
A raíz de la falta de respeto por parte del Poder Judicial a nuestra Constitución y a los poderes de la Unión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no invitó a Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte, al 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 llevada a cabo el pasado 5 de febrero del 2025 en el histórico Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro. La ausencia de la ministra desató una ola de críticas destructivas por parte de las derechas partidarias y la comentocracia, quienes lo consideraron como un “acto autoritario” o “una acción que atenta contra el respeto hacia la Constitución”.
Así por ejemplo Francisco Burgoa, abogado opositor a las políticas sociales de la 4T, manifestó que el acto debía representar una conmemoración de unidad y en su lugar se convirtió en una estrategia de “apropiación política” por parte de Morena, “haciendo invisible al Poder Judicial” y “restarle importancia a la labor de la Corte”. Así mismo, la senadora panista Kenia López Rabadán instó a la mandataria a corregir esta exclusión injusta, insinuando que la exclusión de Piña es una violación del respeto por las mujeres en la política.
Ha transcurrido un año, desde que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de 20 reformas constitucionales, con el fin de devolverle el carácter público, social y humanista a nuestra Carta Magna promulgada en 1917. Una de aquellas reformas, es la Reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), en la que pone sobre la mesa política y pública la elección de jueces, magistrados y ministros, de manera directa por el pueblo en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los Congresos. Por todo esto, los jueces y la máxima corte dirimieron sus pretensiones al paralizar la aprobación de esta reforma constitucional, desde el otorgamiento de amparos hasta el desesperado intento de tomar las instalaciones del Senado de la República, por parte de trabajadores del PJF, violando la división de poderes en defensa del status quo.
Norma Piña y sus partidarios siguen sin comprender el momento político en el que estamos viviendo, que esto ya es una reforma constitucional válida, vigente y en proceso de su implementación. Prefieren seguir aferrados a su orientación política y escuchar a los núcleos de oposición y del mundo de los intelectuales, como Enrique Krauze o Federico Reyes Heroles. “El sistema judicial está podrido “totalmente, totalmente… no se trata solamente de legalidad, es un tema de justicia”, aseveró la ministra Loretta Ortiz Ahlf en una entrevista para La Jornada. Más aún, manifestó que los ministros viven en “el Olimpo de los dioses”, en el que viven despreocupados y felices sin ser alcanzados la ciudadanía y al servicio de los grandes intereses.
De modo que, las acusaciones de “apropiación política” y “violencia política son ridículas, cuando existen casos de jueces que han facilitado las liberaciones de personas vinculadas al crimen organizado, bajo el mecanismo de “sabadazos”. Este mecanismo ha permitido que estas personas salgan de los penales entre viernes y domingo sin una revisión exhaustiva en un plazo de horas, por parte de las autoridades. Así por ejemplo, el caso reciente de una mujer y su familia que fueron privadas de sus vidas por parte de un ex policía de Mineral de la Reforma, Hidalgo, debido a que la jueza Janeth Montiel Mendoza, suspendió condicionalmente su proceso por cargos de violencia familiar y privación ilegal de la libertad.
Ellos no son dioses inmortales que deban ser venerados por súbditos, son funcionarios civiles con cargos de mucha responsabilidad y tienen el deber de servir a la ciudadanía. Los dioses pueden ser heridos en el campo de batalla, como sucede en La Ilíada de Homero. La ciudadanía votó por cambiar la naturaleza del sistema judicial mexicano, que no esté apegado a los intereses de las élites económicas o de los poderes fácticos. Ya iremos comprobando sobre la marcha, si funciona o no.
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