El creador de contenido tenía 25 años y contaba con miles de seguidores en plataformas digitales; la Fiscalía de Nuevo León busca esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
El creador de contenido salvadoreño conocido como El Komanche, de 25 años, fue localizado sin vida en una vivienda de renta en el sector Cumbres de Monterrey, en Nuevo León. La Fiscalía General de Justicia del estado inició las investigaciones para determinar qué ocurrió antes de su fallecimiento.
El hallazgo se reportó en un domicilio ubicado sobre la calle Paseo de Bruselas, en la colonia Paseo de las Cumbres, cuarto sector, en el municipio de Monterrey. Tras el reporte, las autoridades comenzaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso.
El joven había ganado popularidad en redes sociales por sus transmisiones, conversaciones espontáneas y colaboraciones con otros creadores de contenido. Su actividad en distintas plataformas digitales le permitió reunir miles de seguidores y ampliar su presencia en internet durante los últimos meses.
Algunos de los videos en los que participó alcanzaron una amplia difusión, lo que contribuyó a consolidar su reconocimiento entre las comunidades digitales. La noticia de su muerte generó atención debido a su actividad reciente y a la presencia que mantenía en redes sociales.
Entre los reportes preliminares se mencionó que el influencer presuntamente atravesaba por dificultades relacionadas con su salud mental. Sin embargo, esta versión no constituye una causa confirmada del fallecimiento y deberá tratarse con cautela mientras avanzan las investigaciones oficiales.
La Fiscalía de Nuevo León quedó a cargo de las indagatorias para establecer las circunstancias de la muerte y reconstruir los hechos previos al hallazgo. Hasta el momento, la información disponible no permite confirmar una causa oficial del deceso, por lo que las autoridades deberán determinarla a partir de las diligencias correspondientes.
Persiste el problema de los taxis pirata recogiendo pasajeros en los aeropuertos de Monterrey y Guadalajara sin que las autoridades hayan logrado frenar el problema. La falta de resultados mantiene la preocupación por los abusos contra viajeros y exhibe la ineficacia de los controles en ambas terminales.
Han pasado semanas y los taxis pirata siguen operando como si nada en los aeropuertos de Monterrey y Guadalajara. Pese a los señalamientos públicos, la actividad irregular continúa a la vista de los pasajeros y, en Monterrey, incluso cerca de las oficinas de la Guardia Nacional. ¿De qué sirven las denuncias si el problema permanece intacto?
En el Aeropuerto Internacional de Monterrey, se ha reportado la presencia de conductores sin identificaciones visibles que acrediten su autorización, así como vehículos con placas de entidades como Tlaxcala y Durango. Mientras tanto, los transportistas concesionados deben cumplir requisitos y sujetarse a controles, pero los operadores irregulares siguen buscando clientes dentro de la terminal. La falta de acciones contundentes alimenta la percepción de que las reglas no se aplican por igual y de que nadie consigue poner orden.
En Guadalajara, las quejas tampoco son nuevas: reportes difundidos desde finales de septiembre señalaron presuntos abusos vinculados con el transporte irregular, entre ellos cobros excesivos, robo de equipaje y asaltos. Sin embargo, la problemática continúa sin una solución visible. La Guardia Nacional, las administraciones aeroportuarias, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y las demás autoridades competentes deben explicar qué han hecho y presentar resultados concretos.
No basta con recibir denuncias ni con prometer vigilancia: después de semanas, los pasajeros siguen expuestos y la irregularidad continúa a la vista de todos.
Miguel “N” llevaba cuatro maletas con 189 botellas; un juez ordenó prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Un juez de control vinculó a proceso a Miguel “N” por introducir cocaína al país. Fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey con cuatro maletas que contenían 189 botellas con 94.5 litros de cocaína líquida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En la audiencia, el juez le impuso prisión preventiva oficiosa en el CERESO Número 1 Norte, en Apodaca, Nuevo León, y fijó un plazo de tres meses para cerrar la investigación complementaria.
De acuerdo con la FGR, personal de aduana revisaba las maletas que ingresaron por la Terminal A cuando notó por rayos X que el líquido de las botellas lucía más denso de lo normal. Miguel “N” dijo que se trataba de un medicamento, pero no tenía documentos que lo comprobaran. Un binomio canino detectó el contenido ilícito y el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.
Los análisis de química forense confirmaron que la sustancia es cocaína líquida. La FGR recordó que el detenido se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.
A más de dos semanas de las primeras denuncias, los taxis pirata continúan captando pasajeros en los aeropuertos de Monterrey y Guadalajara, pese a la presencia de la Guardia Nacional y los señalamientos sobre los riesgos para los viajeros.
La operación de taxis irregulares persiste en los aeropuertos de Monterrey y Guadalajara, de acuerdo con reportes publicados hasta el 14 de octubre. En la Terminal A de Monterrey, conductores continúan ofreciendo traslados a los pasajeros, incluso cerca de las oficinas de la Guardia Nacional, sin que las denuncias públicas hayan logrado frenar esta actividad.
En el Aeropuerto Internacional de Monterrey, se ha reportado la presencia de operadores sin identificaciones visibles que acrediten su autorización. Algunos vehículos portan placas de entidades como Tlaxcala y Durango, mientras los transportistas concesionados cuestionan la falta de medidas efectivas para impedir que los servicios irregulares capten usuarios dentro de la terminal.
En Guadalajara, la problemática también continúa. El Grupo Aeroportuario del Pacífico ha recibido quejas por abusos relacionados con el transporte irregular, incluidos cobros excesivos, robo de equipaje y asaltos, según un reporte difundido a finales de septiembre. La persistencia de estos casos mantiene las alertas sobre los riesgos que enfrentan quienes aceptan traslados de conductores cuya autorización no pueden verificar.
Ante la continuidad del problema, el llamado se mantiene para la Guardia Nacional, las autoridades aeroportuarias, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y las demás dependencias competentes: hacen falta controles eficaces y resultados verificables. Mientras los servicios autorizados deben cumplir requisitos y supervisiones, los operadores irregulares siguen ofreciendo viajes a la vista de los pasajeros. La pregunta permanece: ¿qué medidas concretas están tomando las autoridades para impedir que esta situación continúe?
Dias después de las denuncias, los conductores irregulares siguen cazando pasajeros en las terminales, incluso a pocos metros de la Guardia Nacional.
Quien llega hoy al aeropuerto de Monterrey o al de Guadalajara se topa con la misma escena de hace dos semanas. Choferes sin permiso abordan a los viajeros y les ofrecen un traslado.
En la Terminal A de Monterrey, los operadores irregulares ofrecen sus servicios a plena vista. Trabajan incluso cerca de las oficinas de la Guardia Nacional. Eso demuestra que las denuncias no bastaron para frenarlos. Estas personas no portan identificaciones visibles que acrediten su autorización. Algunos vehículos llevan placas de Tlaxcala y Durango. Mientras tanto, los operadores concesionados advierten que ninguna intervención efectiva detiene la captación irregular de pasajeros.
El problema golpea el bolsillo y la tranquilidad de miles de personas. Ambas terminales movieron cerca de 34.6 millones de pasajeros durante 2025. Quien cae con un taxista pirata enfrenta cobros excesivos y riesgo de robo de equipaje. Además, le cuesta identificar al conductor y exigirle cuentas.
Un caso ya denunciado muestra el tamaño del riesgo. Un operador habría exigido cerca de 3 mil 200 pesos a unos pasajeros, mientras sus maletas seguían en la cajuela. Basta imaginar la escena: un viajero cansado, con su equipaje en un vehículo ajeno y un precio que sube sin explicación.
Los transportistas autorizados, en cambio, cumplen requisitos y aceptan supervisiones. Los irregulares operan a la vista de todos y sin consecuencias.
Por eso, el reclamo apunta de nuevo a la Guardia Nacional, a las autoridades aeroportuarias y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). A ellas les toca explicar por qué estos servicios siguen operando pese a las denuncias y a la vigilancia. Hasta ahora, nadie ha frenado el problema.
A dos semanas de que se denunció públicamente el problema, los taxis pirata continúan captando pasajeros en los aeropuertos de Monterrey y Guadalajara, incluso en zonas donde hay presencia de la Guardia Nacional, sin que las medidas de vigilancia hayan logrado frenar su operación.
Pese a que la presencia de taxis pirata en los aeropuertos de Monterrey y Guadalajara fue denunciada desde hace dos semanas, el problema persiste. En la Terminal A de Monterrey, operadores irregulares siguen ofreciendo traslados a los viajeros, incluso cerca de las oficinas de la Guardia Nacional, lo que evidencia que las denuncias no han sido suficientes para detener esta actividad.
En el Aeropuerto Internacional de Monterrey se ha vuelto a documentar la presencia de personas que ofrecen transporte sin identificaciones visibles que acrediten su autorización. Algunos vehículos portan placas de entidades como Tlaxcala y Durango, mientras operadores concesionados advierten que la captación irregular de pasajeros continúa sin una intervención efectiva que la frene.
La persistencia de estas prácticas preocupa por los riesgos para los usuarios de ambas terminales, que durante 2025 movilizaron alrededor de 34.6 millones de pasajeros en conjunto. Entre los peligros señalados están los cobros excesivos, el robo de equipaje y las dificultades para identificar al conductor y exigir responsabilidades. Un caso previamente denunciado involucró a pasajeros a quienes un operador habría exigido cerca de 3 mil 200 pesos, mientras sus maletas permanecían en la cajuela.
Ante la falta de una solución visible, el llamado se dirige nuevamente a la Guardia Nacional, las autoridades aeroportuarias y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que expliquen por qué estos servicios siguen operando pese a las denuncias y la vigilancia existente. Mientras los transportistas autorizados deben cumplir requisitos y supervisiones, los operadores irregulares continúan a la vista de los pasajeros, sin que hasta ahora se haya frenado el problema.
El derrumbe ocurrió cerca de Félix U. Gómez, presuntamente durante las obras de la Línea 6 del Metro; el conductor del vehículo afectado sobrevivió y el incidente provocó un severo congestionamiento vial.
Un puente peatonal de concreto colapsó la tarde de este martes 13 de octubre en Monterrey, Nuevo León, y cayó sobre un automóvil que circulaba por los carriles exprés de la avenida Constitución. El incidente movilizó a cuerpos de emergencia y generó largas filas de vehículos en una de las principales vialidades de la ciudad.
El derrumbe ocurrió a la altura de Félix U. Gómez, frente a la Escuela Normal Miguel F. Martínez y a pocos metros del Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMSS. Imágenes difundidas en redes sociales muestran la estructura sobre un automóvil gris oscuro, cuyo cofre quedó destrozado. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor sobrevivió al impacto.
De manera preliminar, se señaló que una máquina que realizaba trabajos relacionados con la construcción de la Línea 6 del Metro de Monterrey habría golpeado parte del puente, lo que presuntamente ocasionó el colapso de la estructura. Sin embargo, hasta el momento no se había confirmado oficialmente la causa del accidente.
Un automovilista que circulaba por la zona relató que escuchó un fuerte golpe antes de que la estructura cayera. Según su testimonio, la maquinaria involucrada no habría librado el puente durante las maniobras. Otro conductor logró frenar a tiempo al escuchar el estruendo y evitó quedar debajo de los restos.
Tras el incidente, elementos de Protección Civil y paramédicos acudieron al lugar para atender la emergencia. Al cierre de los primeros reportes, las autoridades no habían emitido información oficial sobre las causas del derrumbe ni confirmado si hubo personas lesionadas, por lo que se esperaba una actualización sobre el saldo del accidente.
El colapso provocó un caos vial en avenida Constitución, con filas de automovilistas que se extendieron hasta avenida Churubusco. La circulación hacia el poniente avanzaba lentamente, mientras las autoridades atendían la situación y se evaluaban las condiciones de la zona afectada.
A dos semanas de que se dio a conocer el problema, los taxis pirata continúan captando pasajeros en los aeropuertos de Monterrey y Guadalajara.
La presencia de taxis pirata continúa en los aeropuertos de Monterrey y Guadalajara, pese a que la situación ya fue exhibida públicamente y a la presencia de elementos de la Guardia Nacional en las terminales. En Monterrey, particularmente en la Terminal A, operadores irregulares siguen ofreciendo traslados a los pasajeros, incluso en puntos cercanos a las oficinas de seguridad federal, lo que vuelve a poner en duda la eficacia de los controles para impedir estas actividades.
En el Aeropuerto Internacional de Monterrey se ha documentado nuevamente a personas que ofrecen servicios de transporte sin identificaciones visibles como unidades autorizadas. Algunos vehículos portan placas de entidades como Tlaxcala y Durango, mientras operadores concesionados señalan que la captación de pasajeros continúa sin que se observe una intervención capaz de frenar la actividad. El hecho de que estos operadores permanezcan en zonas de alta afluencia evidencia que el problema no ha sido contenido, pese a las denuncias previas.
La situación representa un riesgo para los millones de personas que utilizan ambas terminales. Durante 2025, los aeropuertos de Monterrey y Guadalajara movilizaron alrededor de 34.6 millones de pasajeros, por lo que la presencia de servicios irregulares puede exponer a viajeros a cobros excesivos, robo de equipaje o dificultades para identificar al conductor y exigir responsabilidades. Un caso previamente documentado involucró a pasajeros a quienes un conductor habría exigido alrededor de 3 mil 200 pesos, mientras sus maletas permanecían en la cajuela y el operador conocía su domicilio.
Ante este escenario, el llamado vuelve a dirigirse a la Guardia Nacional, autoridades aeroportuarias, SICT y demás dependencias responsables, para que expliquen cómo los operadores irregulares continúan captando pasajeros pese a la vigilancia existente. La exigencia de los transportistas autorizados no se limita a una mayor presencia de elementos, sino a controles efectivos que impidan la operación de servicios no regulados. Mientras las unidades concesionadas deben cumplir requisitos y supervisiones, los taxis pirata siguen a la vista de los usuarios, dejando una pregunta pendiente: ¿quién está permitiendo que continúen operando?
A cinco días de que se documentó la problemática, los vehículos irregulares continúan captando pasajeros en Monterrey y Guadalajara, por lo que operadores autorizados exigen acciones concretas de las autoridades.
Los taxis pirata continúan operando al 5 de octubre en los aeropuertos de Monterrey y Guadalajara, pese a la presencia de la Guardia Nacional y a que la problemática ya fue exhibida públicamente. Conductores siguen ofreciendo traslados directamente a pasajeros en las inmediaciones de las terminales, sin que resulte claro qué autoridad está impidiendo su operación.
En el Aeropuerto Internacional de Monterrey, se ha documentado a personas ofreciendo estos servicios en la Terminal A, incluso a unos 100 metros de las oficinas de la Guardia Nacional. Algunos vehículos carecen de identificaciones visibles como transporte autorizado y portan placas de entidades como Tlaxcala y Durango. Trabajadores de empresas concesionadas han señalado que estos operadores continúan captando clientes sin una intervención visible.
La situación representa un riesgo para miles de pasajeros. Durante 2025, los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey movilizaron alrededor de 34.6 millones de personas, por lo que la falta de controles efectivos sobre quién ofrece transporte en las terminales deja a turistas, familias, adultos mayores y viajeros que llegan de noche en una posición de vulnerabilidad. Entre los riesgos señalados están cobros excesivos, robo de equipaje y dificultades para identificar al conductor o exigir responsabilidades.
Un caso documentado exhibió precisamente este problema: pasajeros que abordaron uno de estos vehículos denunciaron que el conductor terminó exigiéndoles alrededor de 3 mil 200 pesos, mientras sus maletas permanecían en la cajuela y el operador conocía su dirección exacta. En Guadalajara, el director del Grupo Aeroportuario del Pacífico también alertó sobre prestadores irregulares y recomendó utilizar exclusivamente taxis oficiales o plataformas autorizadas.
Por ello, el llamado es a la Guardia Nacional, autoridades aeroportuarias, SICT y demás dependencias responsables de la vigilancia para que revisen cómo estos vehículos continúan captando pasajeros dentro o en las inmediaciones de las terminales. El reclamo de los transportistas autorizados no es por mayor presencia de seguridad, sino por que la vigilancia se traduzca en controles efectivos y se garantice que los usuarios tengan acceso únicamente a servicios identificados y regulados.
La pregunta permanece sobre la mesa: ¿quién está permitiendo que los taxis pirata sigan operando frente a puntos de vigilancia federal? Mientras las unidades autorizadas cumplen requisitos y controles, los servicios irregulares continúan a la vista de los pasajeros, por lo que las autoridades tienen pendiente dar una respuesta y actuar.
La presencia de vehículos que captan pasajeros sin autorización plantea dudas sobre los mecanismos de identificación, vigilancia y control en las zonas de ascenso de las terminales.
Los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey concentran millones de pasajeros cada año y, con ello, una alta demanda de transporte terrestre. En este contexto, también se registra la presencia de vehículos que ofrecen traslados sin que los usuarios puedan comprobar fácilmente si cuentan con autorización, quién es el conductor, qué seguro tienen o bajo qué condiciones operan.
El 11 de marzo de 2026, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que Uber no cuenta con autorización para prestar servicios dentro del polígono del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y otros aeropuertos. La dependencia señaló que una suspensión judicial relacionada con operativos no representa una autorización para prestar el servicio y recomendó utilizar transporte autorizado.
En este contexto, uno de los puntos de atención son los mecanismos de acceso y vigilancia dentro de las terminales. La Guardia Nacional participa en tareas de seguridad y vigilancia aeroportuaria, por lo que entre los aspectos a revisar se encuentra la forma en que vehículos no autorizados ingresan a determinadas zonas, permanecen en ellas y tienen contacto con pasajeros.
Una experiencia con un taxi pirata
Personas que utilizaron uno de estos servicios relataron que, después de llegar al aeropuerto, olvidaron comprar un boleto de taxi autorizado y aceptaron el servicio de uno de los vehículos que ofrecen transporte en las inmediaciones de la terminal. Aunque observaron a elementos de la Guardia Nacional cerca de los conductores, decidieron abordar para evitar una espera prolongada.
Durante el trayecto, según su relato, el conductor les informó inicialmente que el cobro sería mediante taxímetro. Sin embargo, al llegar cerca de su destino les exigió alrededor de 3 mil 200 pesos. Las personas señalaron que sus maletas permanecían en la cajuela y que las puertas estaban cerradas, por lo que finalmente realizaron el pago con tarjeta.
También explicaron que habían proporcionado al conductor su dirección exacta, situación que incrementó su preocupación. Su experiencia pone nuevamente en el centro la forma en que estos vehículos captan pasajeros dentro o en las inmediaciones de las terminales.
Millones de pasajeros y transporte irregular
En 2025, los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey registraron aproximadamente 34.6 millones de pasajeros: 18.8 millones en Guadalajara y 15.8 millones en Monterrey, de acuerdo con las cifras preliminares de la ficha informativa consultada. Para el Mundial de 2026, la Secretaría de Turismo reportó 7.8 millones de viajeros nacionales e internacionales en las tres ciudades sede.
Uno de los principales puntos de atención para los pasajeros es la falta de información verificable cuando se aborda un servicio irregular. En estos casos puede resultar difícil conocer la identidad del conductor, comprobar que el vehículo cuenta con el seguro correspondiente, verificar sus condiciones de operación o reconstruir el recorrido en caso de un incidente.
En el Aeropuerto Internacional de Monterrey, por ejemplo, hombres ofrecen a gritos servicios de taxis pirata en la Terminal A, incluso a unos 100 metros de las oficinas de la Guardia Nacional. Durante recorridos no se observó intervención de la autoridad. Los vehículos no cuentan con logotipos que los identifiquen como taxis autorizados y algunos portan placas de estados como Tlaxcala y Durango.
Trabajadores de empresas autorizadas señalaron que la Guardia Nacional no interviene contra estos vehículos.
Los puntos de control
Entre los pasajeros que pueden enfrentar mayores dificultades para verificar estos servicios se encuentran turistas extranjeros, mujeres que viajan solas, adultos mayores, familias con menores y personas que llegan durante la noche. Entre los riesgos asociados a este tipo de transporte se encuentran robos, agresiones, acoso, delitos sexuales, cobros abusivos, accidentes y dificultades para determinar responsabilidades.
Entre las medidas planteadas para reducir estos riesgos se encuentran reforzar la vigilancia en puertas de llegada, bahías y zonas de ascenso, establecer padrones verificables de vehículos y conductores autorizados, colocar identificaciones visibles y habilitar mecanismos digitales que permitan al pasajero comprobar la autorización del servicio antes de abordarlo.
El punto central es identificar quién puede recoger pasajeros, dónde puede hacerlo y bajo qué controles. Contar con información verificable sobre el conductor, el vehículo, el seguro y el recorrido permitiría establecer con mayor claridad quién presta cada servicio y qué autoridad corresponde a su supervisión.
Al final, la pregunta es simple: ¿de qué sirven los controles si los taxis pirata operan prácticamente frente a la Guardia Nacional? La presencia de estos vehículos evidencia que la vigilancia no está funcionando como debería. Mientras los pasajeros quedan expuestos a cobros abusivos y otros riesgos, los servicios irregulares siguen operando con aparente facilidad dentro de los aeropuertos.
