Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum fue consultada sobre el reporte del The New York Times, el cual indica que el Departamento de Estado de EE.UU. está evaluando la posibilidad de incluir en esa categoría a grupos criminales de México, Colombia, El Salvador y Venezuela. En la lista figuran organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Familia Michoacana y Cárteles Unidos, además del Tren de Aragua de Venezuela, el Clan del Golfo de Colombia y la Mara Salvatrucha (MS-13), de origen salvadoreño.
Sheinbaum advirtió que la respuesta de México ante tal decisión incluiría reforzar su litigio contra la industria armamentista estadounidense. “Si llegaran a decretar a los grupos de la delincuencia organizada como terroristas, tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos porque el propio Departamento de Justicia ha reconocido que el 74% de las armas que poseen estos grupos provienen de allá”, declaró la presidenta.
México ya presentó una demanda en 2021 contra siete empresas fabricantes de armas —Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger— y contra el distribuidor Interstate Arms, a quienes responsabiliza por facilitar el tráfico ilegal de armamento hacia su territorio. Sin embargo, un tribunal de Boston desestimó la querella en agosto pasado, argumentando falta de jurisdicción, lo que benefició a seis de las compañías. La acción legal contra Smith & Wesson e Interstate Arms sigue en curso.
Además, el gobierno mexicano mantiene otro litigio en Arizona, respaldado en una ley estadounidense que sanciona la compra de armas a nombre de terceros. De acuerdo con datos de la cancillería mexicana, entre 200,000 y 750,000 armas de fabricación estadounidense ingresan ilegalmente al país cada año, y muchas de ellas han sido encontradas en escenas del crimen.
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