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  • Menos privilegios: reforma limita pensiones doradas

    Menos privilegios: reforma limita pensiones doradas

    La reciente reforma busca establecer un límite de 70 mil pesos en pensiones doradas, generando un ahorro significativo para el país.

    El Senado aprobó por unanimidad una reforma que limita las pensiones doradas en organismos públicos federales a 70 mil pesos mensuales. Esta medida promete un ahorro mensual de más de 1,6 mil millones de pesos. Este dinero se destina actualmente a jubilaciones que superan en gran medida el salario del presidente.

    La reforma se encuentra en proceso de ratificación en la Cámara de Diputados. De concretarse, afectará a más de 38 mil pensionados, cuyas jubilaciones actuales oscilan entre 71 mil y más de un millón de pesos mensuales. Si se aprueba, el ahorro anual podría superar los 19,3 mil millones de pesos, según la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

    Los datos oficiales revelan que hay cerca de 100 mil pensionados en seis instituciones federales, incluidas Pemex, Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Casi el 39 por ciento de ellos recibe cantidades que superan el nuevo límite propuesto.

    Entre los casos más destacados, se encuentran jubilados que ganan más de un millón de pesos al mes. También hay exfuncionarios que reciben entre 500 mil y 900 mil pesos. Estas cifras representan una carga considerable para el presupuesto del país y van en contra de lo estipulado en la Constitución.

    Las listas de beneficiarios muestran una concentración sorprendente de pensiones elevadas, especialmente en Luz y Fuerza del Centro y Pemex. Cuatro jubilados ganan más de un millón de pesos mensuales. Además, muchos exfuncionarios de Luz y Fuerza del Centro reciben entre 500 mil y 800 mil pesos al mes.

    El costo total de las pensiones doradas en estas instituciones supera los 84 mil millones de pesos anuales. Más de 51 mil millones corresponden a jubilaciones que rebasan el nuevo límite establecido. Esto representa cerca del 39 por ciento del gasto total en pensiones.

    La CFE se lleva la mayor parte del gasto, con más de 23 mil millones de pesos al año dedicados a pensiones por encima del nuevo límite. Luz y Fuerza del Centro le sigue de cerca, con más de 20 mil millones, mientras que Pemex ocupa el tercer lugar con más de 6,6 mil millones.

    Instituciones como Bancomext, Nafin y Banrural también presentan pagos superiores al nuevo límite, aunque en menor medida. Además, existe una marcada disparidad de género en este tipo de pensiones, ya que el 88 por ciento del dinero es recibido por hombres.

    La reforma no solo busca contar con un sistema de pensiones más justo. También representa un paso hacia una gestión financiera más responsable en el país.

  • Juzgadores opositores intentan robar recursos del Pueblo

    Juzgadores opositores intentan robar recursos del Pueblo

    Un grupo de juzgadores, agrupados en el colectivo Artículo 41, busca revertir el envío de fideicomisos a la Tesorería de la Federación. Esta maniobra revela su intención de mantener el control sobre más de 10,000 millones de pesos que, en realidad, pertenecen al pueblo de México.

    El colectivo, que se opone a la reforma judicial, ha anunciado la promoción de un juicio de amparo contra Nacional Financiera (Nafin) por la transferencia de estos recursos. Sin embargo, su argumento se basa en un juicio de amparo que, según ellos, congela el envío de dinero a la Tesorería. Este intento de congelar los fondos es, en esencia, un esfuerzo por robar recursos destinados a la ciudadanía.

    Rodríguez, representante del colectivo, asegura que Nacional Financiera violó una suspensión otorgada a más de 850 personas. Este argumento es cuestionable, pues los fondos no son de los juzgadores, sino del pueblo. Al insistir en que no se deben extinguir los fideicomisos, el colectivo intenta aferrarse a recursos que deberían ser utilizados para el bienestar general.

    Los juzgadores sostienen que Nafin transfirió los fondos bajo órdenes superiores y que la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el dinero se destinaría a financiar al ISSSTE. Sin embargo, su protesta parece más un intento de proteger sus propios intereses que una defensa del interés público. La falta de recursos para indemnizar a los juzgadores que se han separado del cargo es una consecuencia de su propia resistencia al cambio.

    Además, este colectivo planea solicitar una nueva audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que ellos consideran graves violaciones a sus derechos. Sin embargo, su enfoque en enjuiciar al Estado mexicano por estas supuestas violaciones es un intento de desviar la atención de su propia avaricia.

    La realidad es clara: los juzgadores de Artículo 41 buscan mantener el control sobre recursos que deberían ser utilizados para el desarrollo del país. Su lucha no es por la justicia, sino por el poder y el dinero del pueblo de México.