La Fiscalía del Estado de México sostiene que el presunto secuestro fue un montaje para justificar la exigencia de un rescate millonario; la edil rechaza las acusaciones y denuncia persecución política.
La presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, fue vinculada a proceso por el delito de secuestro simulado, luego de que un juez de control considerara suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). No obstante, el mismo juzgador autorizó la suspensión condicional del proceso por un periodo de seis meses, por lo que la alcaldesa podrá permanecer al frente del Ayuntamiento mientras cumple las medidas impuestas.
De acuerdo con la investigación de la FGJEM, el supuesto secuestro ocurrido el 31 de mayo habría sido un montaje presuntamente planeado por la edil, con la participación de su esposo, José Roberto “N”, y su cuñado, Cristian “N”, ambos considerados prófugos, además de otras personas. La autoridad ministerial sostiene que el objetivo era simular un plagio para solicitar un rescate de 40 millones de pesos, dinero que presuntamente serviría para cubrir un supuesto desfalco en las finanzas del Ayuntamiento.
Durante la audiencia inicial, celebrada a puerta cerrada por petición de la defensa y con el aval del Ministerio Público, el juez resolvió primero la vinculación a proceso, requisito indispensable para analizar la solicitud de suspensión condicional. Tras casi 12 horas de diligencia, la petición fue concedida bajo diversas condiciones judiciales.
Entre las medidas impuestas destacan residir en el domicilio registrado ante la autoridad, realizar servicio social, someterse a vigilancia judicial y presentarse periódicamente a firmar ante el juzgado. Ninguna de estas restricciones implica la separación del cargo, por lo que Nancy Nápoles continuará como alcaldesa de Tenancingo mientras transcurre el plazo fijado por el juez.
Por su parte, la edil rechazó las acusaciones y reiteró que sí fue víctima de un secuestro, del cual asegura haber escapado. Además, negó la existencia de un desfalco en la administración municipal y afirmó que el proceso judicial responde a una estrategia para desacreditarla políticamente y obstaculizar una eventual búsqueda de reelección.
