El Poder Judicial del Estado de México avanza en el caso por simulación de secuestro; la Fiscalía sostiene que habría un presunto montaje para encubrir un desfalco millonario en el ayuntamiento.
Un juez de control del Estado de México vinculó a proceso a Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” por el delito de simulación de secuestro, en el caso relacionado con la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, tras considerar que existen elementos suficientes presentados por la Fiscalía estatal.
La resolución ocurre mientras la edil mantiene su postura de que fue víctima de una privación ilegal de la libertad real, y no de un montaje. En entrevistas radiofónicas, Nápoles aseguró que las acusaciones en su contra responden a una persecución política y denunció posible violencia política en razón de género.
La alcaldesa también rechazó que exista un desfalco de 40 millones de pesos en el ayuntamiento, señalamiento que forma parte de la línea de investigación de la Fiscalía del Estado de México, la cual sostiene que el presunto “autosecuestro” habría sido planeado para justificar el faltante de recursos públicos.
De acuerdo con el expediente, uno de los testimonios recabados apunta a que el supuesto plan habría involucrado a Oscar “N” y José Roberto “N”, este último esposo de la alcaldesa, quienes presuntamente organizarían el falso secuestro para simular el cobro de un rescate millonario y encubrir irregularidades financieras.
La investigación también incluye el análisis de videos del día de los hechos, en los que la Fiscalía asegura que no se observan signos de violencia ni resistencia, lo que ha reforzado la hipótesis de una posible simulación del delito. Además, se documenta la participación de otras personas que habrían sido contactadas para ejecutar el plan.
Mientras tanto, el juez otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó prisión preventiva justificada para los imputados, mientras continúa el proceso judicial.
La Fiscalía advirtió que, de confirmarse los hechos, los involucrados podrían enfrentar hasta 16 años de prisión, mientras que la funcionaria pública sería sancionada con hasta 700 jornadas de trabajo comunitario, conforme a la legislación en materia de secuestro.
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