Durante los últimos años, la expresión narcogobierno ha ido ganando terreno en el lenguaje político mexicano. Se trata de una palabra estridente y de un recurso de la confrontación partidista, pero también de una operación discursiva compleja que pretende tomar un señalamiento concreto sobre la posible relación de una persona con el crimen organizado, extenderlo hacia el partido al que pertenece y terminar convirtiéndolo en una característica que define a todo un gobierno e incluso al Estado. Ese fue precisamente el fenómeno que me interesó estudiar en el artículo “La construcción discursiva del narcogobierno: del vínculo criminal atribuido a la identidad política (México, 2024-2026)”, recientemente publicado en la revista Symbolum de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Los resultados obligan a mirar con mayor cuidado esta estrategia utilizada predominantemente por la oposición mexicana, porque una cosa es investigar y denunciar posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales, y otra completamente distinta convertir una acusación en una identidad colectiva. Por supuesto que una democracia necesita una oposición que investigue, cuestione y denuncie cualquier indicio de complicidad criminal; pretender lo contrario sería absurdo y antidemocrático, pero precisamente por la gravedad de esas acusaciones, tendría que existir una correspondencia igualmente rigurosa entre aquello que se afirma y aquello que puede demostrarse.
En el corpus de la investigación encontré que sería metodológicamente irresponsable determinar que las acusaciones de la oposición son falsas por completo; sin embargo, para el debate público, lo revelador es la distancia que puede existir entre aquello que inicialmente se atribuye a una persona y la identidad política colectiva que termina construyéndose a partir de esa acusación. Es legítimo cuestionar si determinado personaje sostuvo relaciones con integrantes del crimen organizado y exigir que se investigue hasta sus últimas consecuencias, pero se requiere otro nivel de demostración para sostener que su partido es un narcopartido, que su gobierno constituye un narcogobierno o que México se ha convertido en un narcoestado. Entre una afirmación y otra, la repetición política puede volver imperceptible, aunque la evidencia, no necesariamente la cubra.
En ese sentido, la oposición encontró en el prefijo narco una herramienta poderosa para simplificar a sus adversarios, pues se deja de discutir el fondo de las decisiones de seguridad, resultados gubernamentales o responsabilidades administrativas y se opta por colocar el prefijo delante de una persona o institución. Así, la acusación deja gradualmente de funcionar como una hipótesis que debe demostrarse para operar como definición: narcopolítico, narcopartido, narcogobierno. Bajo esa lógica podríamos trasladarnos deliberadamente al absurdo: Si una acusación contra una persona fuera suficiente para definir políticamente a todo el colectivo al que pertenece, entonces también podríamos inventar una nueva categoría: la “narcooposición”. ¿Sería razonable semejante simplificación? Evidentemente no, porque una acusación individual no demostraría por sí misma la naturaleza criminal de toda la oposición y justamente ahí reside la ironía: esa es la misma operación discursiva que permite pasar de una relación atribuida a una persona a una identidad adjudicada a todo un partido, un gobierno o incluso al Estado.
Vista de esa manera, narcooposición es una expresión deliberadamente absurda, pero su absurdo permite exhibir el problema: dejamos de preguntar qué está probado y hasta dónde alcanza realmente la evidencia para comenzar a construir identidades políticas mediante asociaciones sucesivas. Si consideramos injustificado generalizar una acusación individual para caracterizar a toda la oposición, tendríamos que aplicar el mismo estándar cuando la generalización se dirige contra el gobierno. Por eso mi crítica a la oposición puede resumirse en una exigencia muy sencilla: demostrar más y etiquetar menos porque si la acusación sustituye a la prueba, la discusión termina convertida en un círculo políticamente rentable, pero socialmente estéril.
Finalmente, la oposición mexicana tiene el derecho y la obligación democrática de cuestionar posibles vínculos criminales, pero si aspira a presentarse como alternativa de gobierno, tendría que comprender que la contundencia de una denuncia no depende del tamaño del adjetivo y su repetición permanente, sino de la solidez de la evidencia que sea capaz de colocar detrás de él.
https://uatx.mx/publicaciones/revistas/ftssyp/SYMMOLUM_2026_6_12.pdf
Luis Tovar
Secretario General de la Fundación para la
Defensa del Medio Ambiente. FUDEMAH A.C.
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