El Instituto Nacional Electoral respalda a tres consejeros señalados por el líder del PRI ante Washington.
El conflicto entre Alejandro “Alito” Moreno y el árbitro electoral mexicano subió de tono esta semana. El dirigente priista pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos sancionar a tres consejeros del INE. Solicitó también el retiro de sus visas y el congelamiento de sus cuentas.
Los señalados son Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga. Los tres integran la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo electoral. Ese grupo ordenó a Moreno retirar publicaciones donde llamaba “narcopartido” a Morena.
Moreno basó su denuncia en la Ley Global Magnitsky. Esa legislación castiga a funcionarios extranjeros por corrupción o violaciones graves a derechos humanos. Citó como precedente el caso del juez brasileño Alexandre de Moraes, sancionado por Washington en 2025.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con dureza desde su conferencia matutina. Calificó la estrategia del priista como el “nivel más bajo” al que puede llegar un partido político. Cuestionó además que Moreno busque el respaldo de autoridades extranjeras en lugar de convencer al electorado mexicano.
La mandataria fue todavía más directa días después. Preguntó qué político mexicano estaría dispuesto a “arrodillarse” ante Estados Unidos. Comparó a los priistas con los “herederos de Santa Anna” por acudir al gobierno estadounidense.
“Alito” Moreno ha viajado cinco veces a Washington desde que Sheinbaum llegó al poder. Su denuncia contra los consejeros no será la única vía legal. El PRI ya impugnó la medida cautelar ante el Tribunal Electoral y anunció acciones ante la ONU, la OEA y la CIDH.
Hasta ahora no existe pronunciamiento oficial del Departamento de Estado sobre el caso. Tampoco hay confirmación de que Washington vaya a abrir un procedimiento contra los tres consejeros. La disputa ocurre en paralelo a golpes judiciales contra el entorno de Moreno en Campeche.
