El Partido Verde ha presentado a sus candidatos en 17 estados mientras condiciona su alianza con Morena, disfrazando sus prácticas de presión política, intereses familiares y debilitando la credibilidad electoral.
El Partido Verde Ecologista de México ha adelantado su estrategia rumbo al 2027 con la definición de aspirantes en 17 gobernaturas, pero más que una estrategia política, lo que refleja es una presión insistente sobre Morena para asegurar sus lugares.
El Verde repite un sistema al proponer figuras sin identidad clara que, lejos de representar una renovación política, parece reaccionar a cuotas internas y acuerdos, donde lo importante no es la competitividad, sino garantizar su presencia en el puesto.
El caso de San Luis Potosí, con la defensa para la candidatura de Ruth González, vinculada directamente al gobierno estatal al ser la esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, evidencia una actitud que refleja prácticas que otros partidos dicen erradicar, como el nepotismo. Aunque su argumento se basa en la legalidad, su mensaje político se traduce en privilegiar vínculos personales sobre principios.
A eso se añade la amenaza de Manuel Velasco, coordinador del PVEM, de romper la alianza con Morena si no obtiene respaldo en San Luis, justificando que en 2021 ganaron solos y en 2024 en el Senado ocurrió la misma situación, lo que confirma un chantaje político al no dialogar y preferir condicionar y exigir.
En su intento por asegurar posiciones, PVEM termina exhibiendo sus propias limitaciones, siendo más que un aliado estratégico un partido que sobrevive a partir de acuerdos tensando la coalición con tal de no perder poder.
El conflicto entre el gobierno estatal oaxaqueño y el Partido del Trabajo se elevó tras un desalojo violento de manifestantes, evidenciando tensiones políticas, acusaciones de autoritarismo y un incremento desgaste en la relación con grupos sociales.
El gobierno de Salomón Jara enfrentó un nuevo evento de confrontación política tras el desalojo violento de una protesta en la capital de Oaxaca, un hecho que no sólo exhibe el control de represión de la inconformidad social, sino que también profundiza su ruptura con el Partido del Trabajo (PT), la cual debería ser aliada dentro del mismo entorno político.
La movilización, originada por obras inconclusas de infraestructura hidráulica y pavimentación, terminó siendo un operativo policial que dejó personas heridas así como abusos contra ciudadanos, entre ellos adultos mayores. En vez de resolver una demanda validada, la resolución del gobierno fue el uso de la fuerza, reforzando el poder que resuelve mediante la intimidación en lugar de soluciones.
Legisladoras del PT, Martha Aracely Cruz Jiménez y Margarita García han señalado un entorno de fastidio social reforzado por promesas incumplidas, obras mal ejecutadas y una gestión que, en vez de rendir cuentas, recurre a la represión y abusos. La exigencia de transparencia sobre las empresas responsables de los trabajos inconclusos quedó sin respuesta, lo que empeora las sospechas sobre posibles irregularidades.
A esto se suma el señalamiento directo contra el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, acusado de operar bajo lógicas de nepotismo y acuerdos políticos separados de las demandas sociales. La falta de diálogo con organizaciones que no forman parte de su círculo cercano refuerza la idea de un gobierno selectivo, que prioriza a quienes comparten sus ideas y limitando al resto.
El conflicto escala aún más con la aparición de mensajes intimidatorios contra legisladores del PT, a quienes se les ha señalado públicamente tras votar en contra de una reforma electoral, por lo que no sólo intensifica la relación entre fuerzas aliadas, sino que da pauta un estado que destaque por la conflictos políticos-sociales.
El caso evidencia un rumbo que preocupa a la administración de Salomón Jara, de un discurso “cercano al pueblo” a una realidad que utiliza viejos métodos de control político. La represión de protestas, la falta de transparencia y el enfrentamiento con aliados demuestran un gobierno que, en vez de consolidarse, comienza a debilitar el respaldo que sostiene su autoridad.
Beatriz y María Zavala Pérez se han mantenido dentro del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México respectivamente y, tan solo la primera, tiene un sueldo de más de 178 mil pesos mensuales netos, es decir, 44 mil pesos más que la presidenta de México.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) enfrenta cuestionamientos por su limitada actuación contra el nepotismo.
Luego de que una investigación de La Jornada en 2022 evidenciara que en más de siete años únicamente se sancionó a una persona por contratar a familiares, al interior del organismo se daban redes de parentesco y designaciones de allegados en cargos directivos que hoy salen a relucir derivado de sus altos salarios.
Y es que resuelta contradictorio que un organismo electoral, que suele posicionarse públicamente como vigilante de la legalidad y la transparencia, en la práctica ha mostrado una escasa capacidad —o voluntad— para sancionar prácticas de favoritismo dentro de su propia estructura.
Diversos reportes también han documentado presuntos casos de nepotismo dentro del instituto, donde familiares y personas cercanas a consejeros electorales han sido colocadas en áreas estratégicas con salarios elevados.
Un ejemplo es María Guadalupe Zavala Pérez, titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, quien es hermana de Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).
Pero déjeme contarle con datos duros.
María Guadalupe Zavala, titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, gana un sueldo mensual neto de 97 mil 657 pesos. ¿Lo cuestionable? Pues su hermana, Beatriz Claudia Zavala Pérez, es consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), sí, la misma consejera señalada de ser “aliada” del PRIAN.
En 2023, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que Claudia Zavala Pérez preside, emitió medidas cautelares contra el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ordenándole abstenerse de emitir comentarios de carácter electoral en sus conferencias matutinas.
La decisión se tomó con el argumento de garantizar la imparcialidad y neutralidad rumbo a las elecciones de 2024, lo que incluyó ordenar al Gobierno federal eliminar o modificar contenidos de cinco conferencias mañaneras por considerar que contenían mensajes políticos.
Posteriormente, Zavala también respaldó la decisión del INE de retirar un spot de campaña de Claudia Sheinbaum, entonces candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. Tras ello, el dirigente de Morena en ese momento, Mario Delgado, la acusó de “atacar a la Cuarta Transformación y beneficiar a la derecha”.
Las críticas también se intensificaron en 2022, cuando Zavala cuestionó la implementación de un plan de austeridad impulsado por López Obrador para financiar la consulta de Revocación de Mandato en México de 2022. En ese contexto, la consejera sostuvo que el INE debía seguir el marco legal vigente y rechazó la posibilidad de usar fideicomisos o reducir salarios. Ese mismo año, la comisión que encabeza ordenó retirar una carta firmada por gobernadores y por la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, al considerar que difundía propaganda gubernamental durante el periodo de veda electoral.
Pero la hipocresía se revela cuando, a pesar de haber criticado acciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la “humilde” consejera gana 44 mil pesos más que la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, como lo está leyendo. De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, Claudia Zavala Pérez gana 178 mil 464 pesos netos mensuales. Eso significa que al año la consejera se lleva del erario 2 millones 141 mil 568 pesos, eso sin contar el seguro de vida con el que cuenta en el INE, ni la prima vacacional.
Lo irónico es que ella y dos consejeros más del INE, ligados al PRI y al PAN, concluyen su periodo de siete años el próximo 4 de abril. Se trata de Dania Paola Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez.
Las hermanas Zavala Pérez, con presencia dentro de las instituciones electorales, se han convertido en un caso que ha despertado fuertes cuestionamientos por posibles prácticas de nepotismo. En conjunto, ambas perciben 276 mil 121 pesos mensuales, una cifra que ha generado críticas debido a la responsabilidad que tienen estos organismos de garantizar imparcialidad, transparencia y ética en la vida pública.
Así, mientras el organismo atraviesa un proceso de reestructuración, las críticas apuntan a una evidente contradicción: un instituto que exige transparencia y legalidad a partidos y autoridades, pero que ha sido señalado por tolerar prácticas de nepotismo y la colocación de allegados en su propia estructura.
El gobernador de San Luis Potosí aseguró que no sería nepotismo si su esposa compite por la gubernatura, argumentando que el término solo aplica cuando se contrata a familiares dentro del gobierno; su explicación desató críticas por considerarse contradictoria.
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, provocó polémica tras intentar redefinir el concepto de nepotismo para defender la eventual candidatura de su esposa, la senadora Ruth González Silva, a la gubernatura del estado. El mandatario aseguró que participar en una elección no puede considerarse nepotismo.
Durante una entrevista en el Senado, Gallardo evitó confirmar si su esposa buscará la gubernatura, pero afirmó que esa decisión corresponde únicamente a la legisladora. Sin embargo, aprovechó para argumentar que el término nepotismo ha sido “desvirtuado” en el debate político, insistiendo en que el concepto se utiliza de manera incorrecta.
De acuerdo con su explicación, el nepotismo solo ocurre cuando un gobernante contrata a familiares dentro de su administración, como “al tío, al papá o al primo”. Bajo esa lógica, sostuvo que si un familiar compite en una elección y gana en las urnas, entonces no puede hablarse de nepotismo.
La afirmación generó críticas, ya que diversos especialistas señalan que el nepotismo político también puede manifestarse cuando familiares directos buscan sucederse en el poder, especialmente si cuentan con la estructura, influencia o respaldo político del gobernante en turno. En otras palabras, no basta con no firmar un contrato laboral para que desaparezca el conflicto de interés.
En redes sociales, varios usuarios ironizaron señalando que, según esa lógica, el nepotismo desaparecería simplemente cambiando el método para colocar a los parientes en el poder.
Por ahora, el mandatario potosino afirma que no es momento de hablar de candidaturas, aunque el tema sigue generando debate ante la posibilidad de que Ruth González Silva compita por la gubernatura de San Luis Potosí en el próximo año.
El senador Saúl Monreal busca participar en la carrera por la gubernatura de Zacatecas en 2027, a pesar de que su hermano, David Monreal, es el actual gobernador.
El senador Saúl Monreal Ávila ha reiterado su deseo de contender por la gubernatura de Zacatecas en 2027. A pesar de la medida impulsada por su partido, Morena, para evitar el nepotismo, Monreal pide ser considerado una excepción. Este reclamo se produce en un contexto de debate interno en el partido.
Durante una reciente entrevista, Monreal defendió su trayectoria política. Asegura que su carrera no debería ser opacada por el parentesco con su hermano, quien actualmente dirige el gobierno estatal. Aunque la nueva regla busca frenar el nepotismo, Monreal sostiene que ha construido su propia historia en la política.
Además, el senador expresó que su prioridad es mantener una buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A través de su apoyo, espera demostrar su compromiso con el movimiento y su disciplina ante las nuevas pautas del partido.
Monreal también reflexionó sobre su relación familiar y cómo ser el hermano menor ha influido en su vida política. Reconoció que varios de sus hermanos han ocupado cargos públicos antes que él. Esta situación, según Monreal, le ha limitado en ocasiones, aunque también le ha otorgado una perspectiva distinta.
Con más de 27 años de experiencia en el servicio público, el senador considera que su caso merece un análisis especial. Propone que en lugar de excluirlo, se le permita participar en encuestas internas. Así, la ciudadanía podrá decidir si apoya su propuesta.
Monreal se mostró dispuesto a reconsiderar su posición según las condiciones políticas. A pesar de su firme deseo de competir, no quiere afectar la unidad del partido ni su relación con la dirigencia. Su aspiración está clara, pero busca lograrlo dentro de un ambiente armonioso.
Trabajadores del DIF denunciaron maltrato psicológico y explotación infantil en casas hogar, así como falta de investigaciones pese a señalamientos formales presentados desde 2025.
Personal del Sistema para el Desarrollo Integral (DIF) Oaxaca ha mantenido denuncias por presuntas irregularidades graves en la atención a menores bajo resguardo institucional. Los señalamientos indicaron maltrato psicológico, uso de niñas y niños en actividades laborales y la ausencia de sanciones, a más de un año de haberse presentado quejas ante distintas autoridades.
De acuerdo con los inconformes, las irregularidades se registran durante la actual administración estatal que encabeza Salomón Jara Cruz, y bajo la presidencia del DIF a cargo de Irma Bolaños Quijano. El personal aseguró que desde enero de 2025 alertaron sobre prácticas internas que vulneran los derechos de menores sin que se iniciaran investigaciones formales.
Las denuncias describieron la existencia de grupos de poder al interior del DIF involucrados en el nepotismo y tráfico de influencias. En casas hogar de la capital, menores fueron obligados a realizar trabajos físicos así como preparar y vender alimentos en espacios públicos y centros comunitarios, utilizando insumos destinados a su propia alimentación.
Lejos de cumplir con su obligación de proteger, el sistema expone a menores a prácticas que rebasan los límites en el abuso institucional donde los castigos y la violencia psicológica se utiliza para someter a los menores.
El mecanismo institucional existe sólo en el papel, pese a que las denuncias llegaron a las instancias encargadas de proteger derechos humanos, la falta de resultados y la continuidad de las autoridades señaladas exhiben una falta de acción que normaliza la impunidad y refuerza la desconfianza pública.
Ruth González, actual senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, ha desplegado una estrategia de posicionamiento que utiliza, sin ningún tapujo, la estructura del estado como una extensión de su patrimonio personal.
Pero déjeme contarle la historia con datos duros.
Empresas sin declarar y recursos estatales para promocionar su imagen, marcan los pasos de Ruth González, quien busca suceder en la gubernatura de San Luis Potosí a su esposo, Ricardo Gallardo, actual gobernador de esa entidad.
En una clara violación al artículo 444 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ruth Miriam González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, está llevando a cabo realizando actos anticipados de campaña con recursos materiales y físicos que se ha negado a transparentar.
La semana pasada, la actual senadora y presidenta del DIF en San Luis Potosí fue “destapada” por Manuel Velasco, líder del Partido Verde Ecologista, como la potencial candidata a la gubernatura del estado el pasado 12 de febrero.
El “destape” de Ruth González provocó una airada crítica de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la Mañaneradel Pueblo enfatizó, categóricamente, que no estaba de acuerdo.
Sin embargo, lo cierto es que “La primera dama” potosina ha maniobrado legal y publicitariamente para suceder a su esposo desde abril de 2025, cuando la senadora comenzó a emplear recursos humanos de la Junta Estatal de Caminos para promover su imagen bajo la denominación “RG”, un logo que ha usado como imagen visual para promocionarse en eventos donde, con un gran despliegue mediático, regala juguetes y visita a comunidades desfavorecidas.
De hecho, en diciembre pasado, el gobernador Ricardo Gallardo intentó impulsar una reforma denominada “Ley Esposa”, bajo la cual el político intentaba maniobrar para que los candidatos a la gubernatura de 2027 fuesen mujeres.
No obstante, el objetivo de fondo, de acuerdo con diferentes críticos y actores políticos, era beneficiar a Ruth González Silva.
Repudiada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, la ley se echó abajo; sin embargo, los esfuerzos de Ruth Miriam y de su esposo para continuar en el poder no han parado. Al contrario: continúan, bajo fuertes señalamientos de nepotismo y corrupción.
Ruth Miriam González es licenciada en Comunicación y, de acuerdo con su propia declaración patrimonial, su incursión en la política se debió, tristemente, a su esposo.
Antes, nunca tuvo relación ni con la política ni con el servicio público.
De hecho, hasta septiembre de 2024, Ruth González trabajó en la gerencia de ventas de CREATIVA MOTORS, S.A. DE C.V, una empresa que comercializa autos seminuevos en San Luis Potosí y de la que, por cierto, es dueña. Aunque, hasta ahora, ni haya querido declararlo.
Curiosamente, en el mismo periodo, la “primera dama” de San Luis Potosí también dejó de laborar como “comerciante de productos al por menor” en una empresa que llevaba su nombre, Ruth Miriam González Silva, una empresa de su propiedad y que, extrañamente, se dedicaba a un giro que jamás se especificó.
Pero le digo más: mientras Ruth era vendedora y se desempeñaba como “comerciante al por menor”, eso no le impedía ser la titular del DIF en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, para luego saltar a la titularidad del DIF estatal y, finalmente, convertirse en flamante senadora.
Acostumbrada al ámbito privado, Ruth dejó a un lado sus obligaciones como servidora pública y ninguna de sus ganancias fueron transparentadas o declaras.
En su última declaración patrimonial, presentada en 2024, la senadora del Partido Verde Ecologista omite declarar si tuvo ingresos extraordinarios por su papel como funcionaria o como vendedora o emprendedora.
Tampoco ha dicho a cuánto asciende su dieta en el Senado y tampoco ha querido declarar si tiene propiedades junto a su esposo, Ricardo Gallardo.
Ruth ha tratado de combinar sus trabajos como emprendedora y vendedora con sus inclinaciones políticas familiares. Pero la verdad es que no le ha ido nada bien. En 2018 compitió por la candidatura de la coalición PAN-PRD en el Senado en sustitución de su esposo Ricardo Gallardo, quien fue acusado de corrupción.
Sin embargo, Ruth perdió y ambos migraron al PVEM, un partido bajo el que han logrado consolidar un pernicioso cacicazgo en San Luis Potosí.
Y tal como intentaron hacer en la contienda hacia el Senado en 2018, Ruth busca sustituir a su esposo en la gubernatura del estado. Y por eso ha desplegado una aparatosa máquina de ayuda social, con la que busca granjearse el favor de los potosinos y diluir los señalamientos de nepotismo que la rodean.
Le pongo un ejemplo: en abril de 2025 una escuadrilla de la Junta Estatal de Caminos fue captada mientras realizaba labores de limpia. Pero, aunque, correspondería a una actividad normal de la dependencia, llamó la atención que los trabajadores portaban un chaleco cuyo logo principal era RG, es decir: las siglas de Ruth González, pero en forma de logo.
Un logo con el que Ruth se ha promocionado en distintos eventos, ya sea regalando juguetes (como ocurrió el pasado 6 de enero, Día Reyes) u organizando bailes para celebrar la Navidad.
Ruth y Gallardo: la ingeniería del nepotismo en San Luis Potosí
Lo cierto es que se trata de toda una ingeniería del nepotismo perfectamente bien aceitada.
Lamentablemente, este intento de suceder a su esposo no es un acto de emancipación femenina, sino la vulgar estrategia de supervivencia de un clan.
El senador insiste en competir por la gubernatura que hoy encabeza su hermano David Monreal y advierte que impugnará cualquier candado interno; su visita a la televisora de Ricardo Salinas Pliego desata cuestionamientos.
El senador Saúl Monreal acudió a TV Azteca, propiedad del evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego, para defender su intención de contender por la gubernatura de Zacatecas en 2027, cargo que actualmente ocupa su hermano, David Monreal.
En entrevista, el legislador aseguró que “va contra corriente” y que no renunciará a su aspiración, pese a los llamados internos en Morena para frenar el nepotismo electoral. Sostuvo que, como ciudadano, tiene derecho constitucional a participar y pidió que se le permita “medirse” en encuesta.
Sin embargo, su aparición en la televisora ligada a uno de los personajes más críticos de la Cuarta Transformación encendió alertas. Para muchos militantes, resulta contradictorio que un senador de Morena recurra a ese espacio mediático para presionar públicamente al partido, justo cuando se discuten reglas internas para evitar la sucesión familiar inmediata.
Monreal defendió su trayectoria —exalcalde de Fresnillo y exdiputado local— y rechazó que su aspiración sea producto de influencias. No obstante, el hecho de buscar suceder a su propio hermano alimenta el debate sobre herencias políticas y concentración de poder en Zacatecas.
El senador también advirtió que, si Morena incluye en su convocatoria un candado contra el nepotismo para 2027, acudirá a tribunales, argumentando que la reforma constitucional aplicará plenamente hasta 2030. Con ello, dejó abierta la posibilidad de judicializar el proceso interno.
La Presidenta insiste en que familiares de gobernadores deben esperar seis años para contender y advierte que las candidaturas se definirán por encuesta abierta y con paridad de género.
La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que Morena deberá decidir si compite en coalición con partidos aliados que impulsen candidaturas de familiares directos para suceder a gobernadores en 2027, al reiterar su postura firme contra el nepotismo electoral.
Luego de que Manuel Velasco destapara a Ruth González como aspirante en San Luis Potosí, Sheinbaum subrayó que no está de acuerdo con que haya sucesión inmediata entre familiares y recordó que, aunque la prohibición constitucional aplicará plenamente en 2030, Morena estableció en sus estatutos impedir estas prácticas desde 2027.
“No es correcto que un familiar suceda de manera directa, deben esperar seis años”, sostuvo la mandataria, quien aclaró que, aunque está de licencia partidista, esa ha sido siempre su posición dentro del movimiento.
En paralelo, el coordinador morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, negó cualquier “rebelión” interna por las aspiraciones de familiares en Zacatecas y San Luis Potosí, y llamó a cerrar filas en la 4T. Confió en que su hermano Saúl “recapacitará” y respete los acuerdos contra el nepotismo.
Candidaturas por encuesta y con paridad garantizada
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum también recordó que Morena definirá sus candidaturas a gubernaturas en 2027 mediante encuestas abiertas a la población, no solo a militantes. Señaló que ese fue el método por el cual ella obtuvo la candidatura presidencial, en un proceso donde participaron figuras como Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña y el propio Velasco.
“Quien quiera competir tiene que ganar la encuesta”, afirmó, al recalcar que además se deberá garantizar la paridad de género, con mitad de candidaturas para mujeres y mitad para hombres en las 17 entidades que renovarán gubernatura.
El mensaje es claro: sin imposiciones familiares y con reglas internas definidas por encuesta, Morena enfrentará el proceso electoral de 2027, mientras la dirigencia deberá valorar si mantiene alianzas con partidos que impulsen perfiles cuestionados por posible nepotismo.
Las reglas internas de Morena, impulsadas por Claudia Sheinbaum, impiden que familiares del gobernador en turno compitan en la elección inmediata; el senador analiza esperar hasta 2033.
El senador de Morena, Saúl Monreal, admitió que su aspiración a la gubernatura de Zacatecas en 2027 enfrenta un muro interno: la normativa antinepotismo del partido le impide contender al ser hermano del actual mandatario estatal, David Monreal. “Espero que Dios me ilumine para tomar la mejor decisión. Jurídicamente me asiste la razón, pero políticamente a lo mejor no”, declaró.
Desde 2025, Morena aprobó lineamientos que prohíben postular a hermanos, padres, hijos o pareja del titular del Ejecutivo saliente en el proceso inmediato. En Zacatecas, la medida impacta de lleno al legislador. Además, la reforma promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum busca extender esta restricción a todos los partidos hasta 2030.
Monreal sostuvo que su aspiración no es un capricho ni un desafío a la dirigencia nacional. Sin embargo, ha cuestionado que se le descarte por su apellido, especialmente si encabezara preferencias en encuestas. Aun así, reconoció que no tomará una decisión que signifique un “suicidio político”.
Sheinbaum ha sido enfática: la prioridad es evitar la concentración de poder en grupos familiares y fortalecer la institucionalidad de la 4T. En el caso de Saúl Monreal, sugirió esperar un sexenio y buscar la gubernatura hasta 2033, cuando ya no aplique la restricción interna.
De cara a 2027, el senador evaluará el impacto real de los lineamientos, el respaldo ciudadano en Zacatecas y la opinión de su equipo —incluido el diputado Ricardo Monreal— antes de definir su ruta.
