Cinco ex funcionarios de Aguascalientes enfrentan proceso penal por un contrato millonario que nunca se cumplió.
La Fiscalía General de la República busca abrir proceso penal contra cinco ex funcionarios del municipio de Aguascalientes. El caso involucra un desvío de recursos ocurrido entre 2019 y 2021, cuando María Teresa Jiménez, hoy gobernadora del estado, era alcaldesa. El contrato en disputa supera los 848 millones de pesos y una parte del dinero provino de la Federación.
La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades graves. El ayuntamiento pagó 132.4 millones de pesos a la empresa Next Energy durante 2021 por un servicio que nunca inició. Los registros contables clasificaron ese gasto como “consumo de energía eléctrica”, aunque el servicio jamás se prestó.
Las revisiones de la ASF confirman algo más grave todavía. Los pagos comenzaron desde 2019 y continuaron hasta el 31 de diciembre de 2021. Durante todo ese periodo, los trabajos del “Programa de Eficiencia Energética” ni siquiera habían arrancado.
El pasado 13 de agosto, un juez de control fijó la fecha para la audiencia inicial. En ese momento, la FGR presentaría las pruebas del daño causado por el desvío de recursos federales. El proyecto se acordó mediante el contrato PPS 002/2019, firmado el 28 de marzo de 2019 por 948 millones 913 mil 59 pesos.
Minutos antes de iniciar la audiencia ocurrió un giro inesperado. El Juzgado Séptimo de Distrito en Aguascalientes ordenó suspender la diligencia, como resultado de un juicio de amparo. Esta decisión contradice la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 de la Suprema Corte, que prohíbe frenar una audiencia inicial por esta vía.
Las investigaciones revelan además un rastro confuso del dinero. Next Energy devolvió 154.1 millones de pesos al municipio, cifra que incluye el IVA correspondiente. Pero el ayuntamiento registró ese reembolso como un ingreso bajo el concepto “energía eléctrica por APP”.
Ahora las autoridades federales perdieron el rastro completo del dinero. El municipio nunca canceló el gasto original por “consumo de energía” en sus registros. Tampoco entregó documentos que expliquen el destino final de los 132.4 millones de pesos devueltos.
Denuncian persecución contra empresario
Este lunes, los abogados de Eugenio Javier Domene presentaron una denuncia ante la FGR. Domene es propietario de Next Energy y permanece privado de la libertad en Aguascalientes. La denuncia señala a ex funcionarios municipales y a la propia gobernadora Jiménez por presuntos actos de corrupción.
En conferencia de prensa, representantes del despacho Vega-Macgregor-Arellano hicieron una acusación fuerte. Aseguraron que existe una intención del gobierno estatal de mantener detenido ilegalmente al empresario. El abogado Adrián Arellano explicó los detalles del caso ante los medios.
Según su relato, Domene enfrentaba inicialmente una denuncia civil por fraude, ligada a contratos con el gobierno estatal. Obtuvo la libertad en ese proceso, pero de forma rápida y sospechosa surgió una segunda carpeta de investigación en su contra.
Al salir libre de ese segundo caso, apareció una tercera acusación por el delito de amenazas. Después llegó otra carpeta más. Hoy suman cinco investigaciones abiertas por la fiscalía local contra el empresario.
Arellano calificó estas acusaciones como improbables y falsas. Aseguró que incluso le fabricaron delitos de narcotráfico y extorsión. Domene enfrenta también un proceso penal distinto, por presunto fraude en contratos de Next Energy con Baja California y Aguascalientes.
El empresario ha presentado cartas dirigidas a la presidenta. En ellas responsabiliza a la gobernadora por su vida e integridad, pues todas estas carpetas surgieron dentro del penal de Aguascalientes.
Los abogados lamentaron que el Poder Judicial y la fiscalía locales permitan esta situación. Señalaron que Domene nunca vivió en Aguascalientes y que su familia reside en Nuevo León. Piden trasladarlo para que continúe sus procesos legales cerca de los suyos. Su esposa e hijos viven con enorme preocupación esta persecución sin precedentes en el estado.
