La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo publica una carta, la cual, fue enviada a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucia Piña, en relación al caso Ayotzinapa.
En la carta, la cual, fue mandada a Piña desde el 12 de diciembre de 2023, expone la posible liberación de 8 militares, implicados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Esta carta advierte a la Presidenta de la SCJN, lo que sucedería con el fallo, el cual, favoreció a los ocho militares implicados.
Lo anterior hecho por Alcalde sucedió en acción a la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de transparentar el proceso y resaltar la importancia del asunto para el Estado mexicano.
Atendiendo a la instrucción del Presidente @lopezobrador_, hacemos pública la carta que enviamos a la ministra Norma Piña desde el 12 de diciembre sobre la posible liberación de 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa.
El pasado 22 de enero se ordenó por parte de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, que los ocho implicados en el caso, llevaran su proceso en libertad.
Esta mañana en la conferencia mañanera, AMLO lamentó la protección del Poder Judicial en el caso, en referencia a la liberación de los militares implicados.
La recién nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres solicitó formalmente a la Corte que su remuneración como ejecutora de la justicia no exceda lo que determina la Constitución y que se le inscriba al ISSSTE y no a algún seguro privado.
A través de sus cuentas oficiales, Batres dio a conocer la carta que le envío a la presidenta de la Corte, Norma Piña donde hizo dicha solicitud, siendo la primera vez en la historia que una ministra hace este tipo de peticiones.
En la misiva, la ministra solicita tres cosas: se le inscriba al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE), con fundamento en el Art. 1, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; se le asigne un salario conforme a lo impuesto en el Art. 127 de la Constitución y se le otorguen prestaciones que conforme a derecho correspondan, sin incluir seguro de separación individualizado, ni cajas de ahorro especiales.
Por último, expresó que sí solicita se garanticen las condiciones materiales necesarias para el buen desempeño de su cargo.
En la publicación, dijo que la solicitud se hace en congruencia con lo que ha expresado en múltiples ocasiones.
“En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la @SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”, escribió.
En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la @SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados. pic.twitter.com/XHh62wPF3N
La nueva ministra emitió un discurso en donde destacó que es deber de las autoridades mexicanas garantizar los derechos humanos de la ciudadanía, así como prevenir, sancionar y reparar las violaciones a las leyes. Asimismo, comentó que hay derechos que están poco desarrollados en diversos ámbitos.
Batres destacó que el PJF no ha estado cumpliendo en su totalidad los derechos que requiere la ciudadanía, mientras que la SCJN se ha limitado y se ha tenido como resultado una confusión con las diferentes jerarquías, refiriéndose a que ha buscado estar por encima de los demás poderes que confirman la estructura de México (ejecutivo y legislativo).
Este jueves 4 de enero, se realizó una Sesión Solemne del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde se le otorgó la simbólica toga a la nueva ministra, Lenia Batres Guadarrama.
El evento fue realizado por la mañana de este jueves en donde estuvo presente el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (PJF).
🔴 #ÚltimaHora⚡| 📹 #Vídeo | Comienza el saneamiento de la #SCJN: @LeniaBatres asume como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a los intentos de la derecha de evitar un cambio en el máximo tribunal del país. pic.twitter.com/kxj7YDDLGM
Para la recepción de la nueva ministra, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, brindó un breve discurso en donde destacó la imposición de la toga magisterial a Batres:
“Reciba usted esta prenda representativa de la alta investidura que el estado mexicano le ha conferido como integrante de este Tribunal Constitucional”.
Indicó Piña.
Además de la toga, Piña también hizo entrega de su credencial correspondiente como nueva ministra de la SCJN.
En medio de aplausos, Lenia Batres tomó su lugar en el podium para acompañar a los demás ministros y ministras que forman parte del organismo jurídico.
El discurso de Batres.
La nueva ministra emitió un discurso en donde destacó que es deber de las autoridades mexicanas garantizar los derechos humanos de la ciudadanía, así como prevenir, sancionar y reparar las violaciones a las leyes, también comentó que hay derechos que están poco desarrollados en diversos ámbitos.
Batres destacó que el PJF no ha estado cumpliendo en su totalidad los derechos que requiere la ciudadanía, mientras que la SCJN se ha limitado y se ha tenido como resultado una confusión con las diferentes jerarquías, refiriéndose a que ha buscado estar por encima de los demás poderes que confirman la estructura de México (ejecutivo y legislativo).
Acudí a la ceremonia de incorporación de la Ministra @LeniaBatres al pleno de la @SCJN. Retomó los temas de Justicia Social, los excesos remunerativos del Poder Judicial y su Invasión de facultades del Poder Legislativo. Fue un discurso valiente, congruente y esperanzador. pic.twitter.com/9DERYoFw0t
Asimismo, destacó que la SCJN ha incumplido con el artículo 127 que establece que ningún funcionario puede obtener ingresos mayores a los del Presidente de la República:
“Estos excesos indican que no tenemos una SCJN subordinada a la Constitución, si no una Constitución subordinada a la SCJN”.
Expresó Lenia.
Posteriormente, Lenia Batres destacó que la SCJN no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparadas en que sus decisiones son definitivas.
Concluyó expresando que esta contenta por las felicitaciones de haber llegado a su nuevo puesto y aseveró en que su educación es producto de la educación pública y gratuita, también agradeció a su familia y comentó que es producto de la época actual, en donde las mujeres pueden desarrollar nuevas mejoras para el pueblo de México.
“Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo”.
Durante la mañanera de este miércoles, el periodista Hans Salazar le preguntó al Presidente López Obrador sobre los 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que serían donados a los afectados de Acapulco y Coyuca de Benítez en Guerrero.
Ante esto, el primer mandatario llamó a recapacitar a los jueces y ministros, que pese a las indicaciones de Norma Piña, han accionado para frenar la extinción de los fideicomisos y que no sean donados para el pueblo de Guerrero.
Sin embargo, AMLO reiteró que la Cuarta Transformación garantiza la reconstrucción y el apoyo que sea necesario para las y los afectados, pese a que no hay cooperación del Poder Judicial.
“No podemos estar esperando si nos van a dar o no nos van a dar el apoyo o si les van a dar el apoyo a los damnificados de Acapulco, son 15 mil millones, podrían por ejemplo pagar los electrodomésticos, se les dan las facturas, o sea para que se pruebe o podrían ellos decir todo el costo de las viviendas ahí está y qué más comprobante si van a tener los recibos de la gente, lo que ellos quiera aportar”.
“Es de sabios cambiar de opinión, además es en beneficio de la población afectada, en beneficio de Acapulco, pero además es consolidar una institución, no deteriorarla, porque si hacen eso no nada más quedan mal ellos, cómo queda el Poder Judicial, cómo queda la Suprema Corte”.
Incluso Andrés Manuel mencionó que si aceptan donar, el mismo Poder Judicial puede decidir en que tipo de ayuda se empezará el dinero de los fideicomisos.
“Nos importa que ese dinero se utilice para el plan de desarrollo urbano, ahí está o para cualquier otra necesidad. Vamos con ese dinero, queremos que se resuelva todo el problema del drenaje y se pavimenten las calles de Acapulco, se presenta el proyecto, ahí está, ellos van a decidir”.
Cabe mencionar que a comienzos de diciembre, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó ante la Suprema Corte un recurso de reclamación contra la medida cautelar otorgada por el ministro Javier Laynez, en contra del decreto legislativo que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial.
También se invitó al máximo tribunal a honrar la palabra de su presidenta, Norma Piña, de entregar los recursos de los extintos fideicomisos para entregarlos en Guerrero.
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no estará presente en el informe de actividades de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña; en su representación asistirá la titular de Gobernación, María Luisa Alcalde Luján.
“Va la secretaría de Gobernación”, respondió AMLO en la mañanera.
Por otra parte, el mandatario expresó que desde este miércoles se va a Acapulco, Guerrero para seguir con los trabajos de reconstrucción tras el paso del huracán Otis y adelantó que la próxima semana la conferencia mañanera se realizará allá.
Además indicó que este jueves, día en el que Norma Piña presentará su informe visitará Campeche porque el viernes se inaugura el Tren Maya, que va de esa entidad a Cancún, Quintana Roo.
Esta mañana en la conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que antes de que termine el año 2023, enviará una iniciativa para la creación de una reforma que prohiba el uso de cigarros electrónicos, o también llamados “vapeadores”.
El primer mandatario expreso sus inconformidades con las decisiones que ha tomado el Poder Judicial de la Federación (PJF), las cuales siempre son en contra del pueblo mexicano, sin embargo, hizo énfasis en que está vez el ministro Javier Laynez resolvió que la venta de cigarros electrónicos es legal, generando un daño a la ciudadanía pues se ha comprobado que son peligrosos para la salud.
Luego de que el PJF resolviera que los 13 fideicomisos millonarios seguirían en el organismo para la compra de sus privilegios, Andrés Manuel destacó que es una vergüenza que no quieran ayudar a la ciudadanía de Acapulco y Coyuca de Benitez que se encuentra afectada por el paso del huracán “Otis”.
Comentó que la ministra Norma Piña ha puesto en juego su dignidad pues anteriormente había aceptado ayudar a la población con el dinero de los fideicomisos en lugar de gastarse en sus lujos, sin embargo, el ministro Laynez, decidió que no se ayudará a la población y que los millones de pesos seguirían para el servicio de sus comodidades.
Asimismo, López Obrador expuso que Laynez es el “más tenaz” en los temas de corrupción y por ello, frecuentemente resuelve amparos en contra del pueblo, además de también ir en contra de las leyes pues han pasado por encima del Poder Legislativo.
Por último, aseguró que enviará la iniciativa de la reforma que prohiba la venta de vapeadores, pues no será cómplice del daño que ocasionan los aparatos.
Este lunes 27 de noviembre, una jueza federal ha concedido la suspensión definitiva del juicio del amparo contra la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), a pesar de que la reforma ya había sido aprobada en el Senado de la República.
De nueva cuenta el PJF, como ya se volvió costumbre, vuelve a quebrantar las leyes y a actuar con la ambición de por medio, pues una ministra federal suspendió el juicio de amparo de los fideicomisos, luego de que se había realizado un acuerdo por escrito entre el gobierno federal y la titular de los organismos “jurídicos”, Norma Piña.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jefes de Distrito del PJF emitieron un comunicado en donde indican que se suspende de manera definitiva en el juicio de amparo 1754/2023, mismo que promueve la extinción de los fideicomisos.
Tomado de @SPRInforma
En el comunicado se despliegan algunos puntos en donde redactan que la extinción de dichos fideicomisos afecta a los derechos adquiridos previstos en las Condiciones Generales de Trabajo, que no se pueden extinguir los contratos ni pasar a manos de algún otro organismo pues les pertenece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y al Tribunal Electoral del PJF.
Destacan que la extinción de los fideicomisos genera afectaciones a todo el personal de la Judicatura Federal, por ello, seguirán cumpliendo “su objetivo” y su destino final, se determinará en una sentencia constitucional.
Las mentiras de Norma Piña
El Presidente Andrés Manuel López Obrador y Norma Piña realizaron un acuerdo en donde la ministra había aceptado que los fideicomisos fueran retirados del PJF para que el dinero fuera donado para la reconstrucción de Acapulco por el huracán “Otis”, posteriormente Piña dejó de cumplir con su palabra y comenzó a dar largas a la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, quien estaba a cargo de dicho acuerdo.
Aunque la reforma ya había sido aprobada por el Senado de la República e incluso, se había creado un comité de transparencia para que el PJF pudiera reiterar que los recursos efectivamente serían utilizados para la reconstrucción de Acapulco, el organismo jurídico ignoró todo el proceso previamente realizado y de nuevo quebrantó las leyes y la decisión de las y los senadores.
#Ahora🔴| Otorgan suspensión definitiva contra la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial.
Esto a pesar de que Norma Piña, la ministra presidenta de la @SCJN, había aceptado por escrito que los recursos se utilizarán para la reconstrucción en Acapulco. pic.twitter.com/0lCcKf89PP
La ciudadanía se ha pronunciado en redes sociales en donde han hecho notoria su molestia e inconformidad por la falta de seriedad del organismo, mismo que trabaja únicamente en favor de la delincuencia.
Con ese tipo de actos el PJF solo demuestra su falta de compromiso y seriedad con el pueblo mexicano, sobre todo con la ciudadanía de Acapulco quien está siendo respaldada por el gobierno federal y el plan de reconstrucción, sin embargo, la falta de humanidad del ente jurídico demuestra que ni un fenómeno natural es suficiente para el desapego de sus privilegios.
Asimismo, en diversas ocasiones se ha demostrado que los fideicomisos no afectan a los trabajadores del PJF ya que los sueldos son producto del Proyecto de Egresos de la Federación (PEF), mismo que se hace de forma anual.
Durante su conferencia matutina de este martes, el Presidente López Obrador mencionó que muy probablemente la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, fue sometida a mucha presión por parte de quienes la colocaron en el máximo tribunal.
Esto lo dijo debido a que ya no se pudo sostener un diálogo para entregar los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial a los damnificados de Acapulco y Coyuca de Benítez en Guerrero.
“Ahora se comprometieron a regresar los recursos de 14 fideicomisos, 15 mil millones de pesos para que se destinen a apoyar a los damnificados de Acapulco, pero eso fue lo que dieron a conocer al principio (…) Sin embargo, no sé si de manera acordada o sin respetar la decisión de la presidenta de la Corte, empiezan los jueces a presentar amparos para que el dinero no se entregue.”
AMLO mencionó que Norma Piña aceptó donar los más de 15 mil millones para buscar una salida a la situación, sin embargo está rodeada, un claro ejemplo de que la autoridad no es libre y depende de intereses creados.
“Me imagino que le empezaron a hablar por teléfono y a decirle: ‘¿qué hiciste?’. Y la sometieron a fuertes presiones y la hicieron cambiar de parecer porque no creo que ella haya escrito esto y al mismo tiempo haya dado la orden o le haya indicado a jueces”.
“Han de haber dicho: ‘nos hiciste hacer el ridículo, hasta salimos a marchar, nos asoleamos y ahora tú cambias’. Más que nada eso es lo que pienso, porque son intereses, no sólo en lo económico, sino también mucho conservadurismo, mucha carga ideológica de derecha”.
Fue el pasado 10 de noviembre cuando Luisa Maria Alcalde, Secretaria de Gobernación, mencionó que la ministra Norma Piña pidió que se suspendieran los diálogos hasta que se resolvieran los amparos y controversias.
Este miércoles, el Pleno del Senado de la República tras una discusión de dos horas y media, aprobó con 63 votos a favor y 43 en contra, la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión de Gobernación, que preside, Olga Sánchez Cordero afirmó que “se cuenta con las condiciones para que este Senado de la República ejerza la facultad prevista en los artículos 76, fracción VIII; 89, fracción XVIII y 98, párrafo tercero de la Constitución’’.
📹 #Video: Con un total de 63 votos a favor y 43 en contra, el Pleno del Senado aprobó la renuncia de @ArturoZaldivarL a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. pic.twitter.com/joofZZ8cV6
De ahí que propuso al pleno cameral votar a favor porque “existen las condiciones necesarias para que este Senado apruebe la renuncia” presentada por Zaldívar Lelo de Larrea.
La renuncia aprobada fue remitida a la ministra presidenta Norma Lucía Piña y al presidente López Obrador, quien anunció que hoy mismo enviará su terna.
Las palabras de la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, sobre aceptar destinar los fideicomisos del poder a los damnificados de Guerrero quedaron en el olvido ya que este viernes, en fast track el juez decimosegundo de Distrito en el estado de Chihuahua otorgó una suspensión definitiva para impedir que estos recursos entreguen a la Tesorería de la Federacióny puedan destinarse a tal fin.
Asimismo, la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, también otorgó la suspensión con efectos generales que le favorece, así como a los demás jueces y magistrados, hayan promovido o no, juicio de amparo. La suspensión solo debía otorgarse de existir un acto concreto derivado de la norma que afectara la esfera jurídica de los quejosos, y no en favor de terceros ajenos al juicio.
En un comunicado, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que con dicha decisión violan en su beneficio el principio de imparcialidad del artículo 17 constitucional, el cual señala que “ningún juez debe conocer de su propia causa”; así lo dispone también el artículo 51 de la Ley de Amparo.
“El principio de derecho nemo iudex in sua causa advierte que un juez no puede conocer de un juicio en el que pueda tener interés personal; por ende, el artículo 17 constitucional, así como los numerales 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, consagran la imparcialidad judicial como un requisito necesario del Estado de derecho, donde incluso las apariencias tienen una gran importancia, pues lo que está en juego es la confianza que los tribunales en una sociedad democrática deben inspirar al público y, sobre todo, a las partes que intervienen en un determinado juicio”, se lee en el documento.
Agregaron que los jueces y magistrados solo resuelven amparos que les benefician con el pretexto de defender la independencia judicial. “Pretenden mantener el control de los recursos públicos de los fideicomisos para otorgarse beneficios extraordinarios de los que no gozan los demás servidores públicos”.
En este mismo sentido puntualizaron que el que los jueces y magistrados perciban beneficios extraordinarios a cardo de los recursos públicos no es garantía de la independencia judicial.
“Por ética judicial, los juzgadores debieron abstenerse de conocer de los juicios de amparo y recursos interpuestos en contra de la extinción de los fideicomisos del PJF. No debieron anteponer sus intereses meramente económicos por encima del bienestar de la población de Acapulco, que requiere una actitud solidaria. Están perdiendo la confianza de la sociedad mexicana sobre su imparcialidad, al ser juez y parte en asuntos de su interés”.
Además, por lo dicho de Piña en donde señaló que era una alternativa real para los recursos del Poder Judicial, el gobierno solicitó a la presidenta de la Corte a que “ejerza la facultad de atracción del alto tribunal y resuelva de forma prioritaria los juicios de amparo promovidos por integrantes del PJF, ya que éstos, al estar interesados en mantener el control de recursos públicos obtenidos con las aportaciones de los contribuyentes (pueblo), están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios de amparo”.
