La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y el ministro electo Hugo Aguilar Ortiz se reunieron cerca de tres horas para acordar la integración de grupos de trabajo que garanticen una transición ordenada en la Corte, prevista para agosto.
El encuentro, realizado en la sede del máximo tribunal, fue el segundo entre ambos y contó con la presencia de la Oficial Mayor, Gisela Morales, y la secretaria general, Natalia Reyes. Aguilar destacó su compromiso de lograr una transición “buena y tersa por el bien de México”.
Aguilar Ortiz asumirá la presidencia de la SCJN en septiembre, tras ser el ministro con más votos en la elección interna, y gobernará durante dos años, para luego ser sucedido por Lenia Batres, quien obtuvo el segundo lugar en la votación.
La ministra Loretta Ortiz adelantó que los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantendrán el uso de togas en sus sesiones, pero el ministro presidente usará una con distintivos especiales. También respaldó la propuesta de realizar sesiones itinerantes para acercar el trabajo del máximo tribunal a diferentes regiones del país.
Ortiz sostuvo que este modelo busca romper con la imagen distante de la Corte y transmitir mayor cercanía con la ciudadanía, en especial con comunidades vulnerables. Asimismo, minimizó los riesgos operativos, asegurando que los expedientes pueden manejarse de forma segura, incluso de manera digital.
En conferencia, criticó a los consejeros del INE que rechazaron validar la elección judicial y defendió el uso de “acordeones” como una herramienta ciudadana para recordar nombres de candidatos, negando que hayan sido determinantes. Afirmó que hubo “mala fe” por parte de algunos consejeros al intentar desacreditar el proceso.
Ortiz también subrayó que los nuevos ministros deben resolver asuntos con mayor rapidez y eficiencia. Como ejemplo de su independencia, mencionó decisiones que ha tomado en contra de los intereses del gobierno, como en los casos Wallace y Ayotzinapa. Aclaró que, por ahora, no está prevista una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí podría haber un encuentro entre el ministro presidente electo Hugo Aguilar y la ministra en funciones, Norma Piña, para organizar la transición.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó discutir en sesiones públicas los litigios fiscales pendientes, como propuso la ministra Lenia Batres. Solo ella y la ministra Ana Margarita Ríos Farjat votaron a favor.
Con esta decisión, el 95% de los juicios que llegan a la Corte seguirán resolviéndose en salas privadas, a pesar de que están en juego más de 47 mil millones de pesos en 14 casos fiscales, según Batres. “Votan sin proyecto, sin sentencia, sin saber lo que se está resolviendo”, denunció.
La SCJN rechazó transparentar la resolución de 15 asuntos fiscales pendientes de votación en las dos salas.
Sin embargo, se deberá cumplir lo que dice el artículo 17 de la Ley Orgánica aplicable (aunque sea en las dos sesiones de salas que quedan):
La ministra presidenta, Norma Piña, pidió a las salas respetar el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exige proyectos y sentencias claras antes de emitir votos. Batres calificó la práctica actual de ilegal y oscura.
Entre los casos que se discutirán próximamente figura el de Grupo Elektra, empresa de Ricardo Salinas Pliego, con una deuda fiscal de 74 mil millones de pesos que ha sido postergada por 16 años mediante amparos. La ministra recordó que, a partir de septiembre, la Corte tiene un plazo de seis meses para resolver este tipo de litigios.
De acuerdo con la Procuraduría Fiscal, solo en el último año la deuda de Grupo Salinas creció 11 mil millones de pesos. Además de Elektra, también están en lista casos relevantes relacionados con la empresa Pegaso y criterios sobre cobro de intereses, lo que subraya la urgencia de resolver con transparencia los temas fiscales en la Corte.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya puso en marcha el proceso de entrega-recepción ante el relevo de su presidencia. La ministra Norma Piña, quien concluye funciones el 31 de agosto, rendirá cuentas sobre el estado administrativo y presupuestal del máximo tribunal antes de ceder la estafeta al próximo presidente, el ministro Hugo Aguilar Ortiz.
Con este objetivo, se creó un grupo de trabajo especial que será responsable de preparar el acta de entrega, revisar los recursos y garantizar una transición ordenada. El equipo lo integran funcionarias y funcionarios de alto nivel: desde la Oficialía Mayor y la Secretaría General, hasta la Contraloría interna, pasando por la Subsecretaría de Acuerdos.
Además, la Corte ya fijó las fechas clave para cerrar el año presupuestal. Por ejemplo, antes del 18 de agosto todas las áreas deberán completar trámites de pagos, adquisiciones, fondos, viáticos y registros en los sistemas administrativos. También hay fechas límite para temas de obra pública, recursos humanos y plataformas digitales.
Este protocolo no es improvisado. Se deriva del Acuerdo General 3/2025, aprobado en marzo por el Pleno, en el que se establecieron lineamientos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas tanto a nivel institucional como individual. De hecho, desde el 17 de junio, la Contraloría ya emitió lineamientos específicos para que cada servidora y servidor público de la Corte integre su informe de gestión en el sistema oficial (SAER), detallando desde equipos informáticos hasta personal a su cargo.
Norma Piña presentará su último informe de labores el próximo 15 de agosto y el nuevo Pleno del máximo tribunal asumirá funciones el 1 de septiembre. La intención, según los acuerdos, es que el cierre administrativo no solo sea ordenado, sino también público y claro.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, ha atraído la atención de los partidos de oposición. Tras los resultados de la jornada electoral del 1 de junio, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han hecho acercamientos para invitarla a contender por una diputación federal en 2027.
Contrapeso a la hegemonía de Morena
La oposición considera que la candidatura de Piña podría servir como contrapeso a la hegemonía de Morena en el sistema judicial mexicano. Con el avance de los aliados de la Cuarta Transformación, los opositores temen la eliminación de los contrapesos en el Poder Judicial.
Una propuesta estratégica
El medio digital La Política Online reveló que los partidos han propuesto que Piña se una a sus filas. Esta invitación incluye la posibilidad de que asuma una diputación federal, lo que la convertiría en una figura crítica en el nuevo contexto político.
Un cambio de rol potencial
Este movimiento recuerda el caso de Lorenzo Córdova, expresidente del INE, quien también fue cortejado por la oposición después de dejar su cargo. Así, Piña podría transitar de jueza constitucional a opositora política, simbolizando la resistencia a la 4T.
Litigio Estratégico en el Horizonte
Los opositores consideran que Piña podría unirse a un nuevo frente de “litigio estratégico”. Esta estrategia busca contrarrestar decisiones gubernamentales desde los tribunales, similar a lo que se hizo contra megaproyectos como el Tren Maya.
La decisión de Norma Piña
Analistas ven la exclusión de allegados a Norma Piña en la elección judicial como una derrota para su proyecto judicial. A pesar de las especulaciones, la ministra no ha hecho pública su decisión. La SCJN ha aclarado que las afirmaciones sobre su incursión política son falsas, pero el interés persiste en círculos opositores.
Un futuro incierto
La oposición enfrenta el riesgo de depender de una figura como Piña para revitalizar su agenda. En lugar de construir un liderazgo sólido y coherente, parece buscar atajos al coquetear con una figura judicial en lugar de proponer soluciones efectivas.
Integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezados por el excanciller chileno, Heraldo Muñoz, se reunieron con Norma Piña, Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuestamente para “conocer su opinión” sobre las próximas elecciones judiciales del 1° de junio.
Y es que realmente ¿qué tendrían que hablar?, si se han encargado de oponerse abiertamente al ejercicio democrático del próximo domingo. Ahora, también es de considerarse el hecho de que esta organización ha respaldado golpes de estado al rededor de Latinoamérica.
Sospechoso que los representantes de la #OEA se reúnan con los ministros golpeadores, Norma Piña, Javier Laynez, etc. Es históricamente conocido que está Organización de Estados Americanos, son desestabilizadores y al servicio de los intereses de EU ¿Que estarán planeando? pic.twitter.com/XUILBjGzki
¿Por qué una organización desestabilizadora se reúne con abiertos opositores de la democracia?: Norma Piña, quién quizo mover la ley a su antojo para tratar de remover la reforma judicial; Potisek que utilizó medios de comunicación para desacreditar el movimiento diciendo que “el pueblo de México es ‘incapaz’ de elegir a sus juzgadores”.
Cabe destacar que la OEA también se reunió con Guadalupe Taddei, presidenta del INE, y con Gerardo Fernández Noroña, titular del Senado, con el propósito de dialogar sobre el proceso electoral que está en puerta.
Un grupo de juzgadores, agrupados en el colectivo Artículo 41, busca revertir el envío de fideicomisos a la Tesorería de la Federación. Esta maniobra revela su intención de mantener el control sobre más de 10,000 millones de pesos que, en realidad, pertenecen al pueblo de México.
El colectivo, que se opone a la reforma judicial, ha anunciado la promoción de un juicio de amparo contra Nacional Financiera (Nafin) por la transferencia de estos recursos. Sin embargo, su argumento se basa en un juicio de amparo que, según ellos, congela el envío de dinero a la Tesorería. Este intento de congelar los fondos es, en esencia, un esfuerzo por robar recursos destinados a la ciudadanía.
Rodríguez, representante del colectivo, asegura que Nacional Financiera violó una suspensión otorgada a más de 850 personas. Este argumento es cuestionable, pues los fondos no son de los juzgadores, sino del pueblo. Al insistir en que no se deben extinguir los fideicomisos, el colectivo intenta aferrarse a recursos que deberían ser utilizados para el bienestar general.
Los juzgadores sostienen que Nafin transfirió los fondos bajo órdenes superiores y que la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el dinero se destinaría a financiar al ISSSTE. Sin embargo, su protesta parece más un intento de proteger sus propios intereses que una defensa del interés público. La falta de recursos para indemnizar a los juzgadores que se han separado del cargo es una consecuencia de su propia resistencia al cambio.
Además, este colectivo planea solicitar una nueva audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que ellos consideran graves violaciones a sus derechos. Sin embargo, su enfoque en enjuiciar al Estado mexicano por estas supuestas violaciones es un intento de desviar la atención de su propia avaricia.
La realidad es clara: los juzgadores de Artículo 41 buscan mantener el control sobre recursos que deberían ser utilizados para el desarrollo del país. Su lucha no es por la justicia, sino por el poder y el dinero del pueblo de México.
El ex gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, logró frenar temporalmente la ejecución de una orden de aprehensión en su contra, tras obtener una suspensión provisional concedida por un secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal.
Sobre el conservador pesan acusaciones graves por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el contexto de la adquisición de cuarteles para la Guardia Civil durante su administración, operaciones que según la Fiscalía General de la República (FGR) se realizaron a sobreprecio y con daño directo al erario federal y estatal.
La suspensión, otorgada bajo el argumento de mantener “las cosas en el estado que actualmente guardan”, impide de momento que la orden de captura sea ejecutada, y además protege al ex gobernador incluso si en el proceso penal se le llegara a imponer prisión preventiva justificada. La medida está condicionada a que Aureoles deposite una garantía de 52 mil pesos en un plazo de cinco días.
La FGR estima que el perjuicio al erario público supera los 3 mil 400 millones de pesos, por la compra inflada de instalaciones de seguridad en municipios clave como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en el periodo en que Silvano Aureoles estuvo al frente del gobierno estatal.
En marzo pasado, una jueza federal vinculó a proceso a cuatro ex funcionarios de su administración, señalados como cómplices en esta red de contratos irregulares que habría beneficiado a empresas cercanas y violentado procedimientos de adquisición pública.
Pese a la gravedad de las imputaciones y al monto multimillonario del presunto desfalco, el ex gobernador ha evitado comparecer formalmente ante las autoridades, optando por estrategias legales para dilatar su proceso, como el amparo que ahora lo mantiene fuera del alcance de la justicia penal.
